Rodrigo Vera
CHIHUAHUA, Chih.— La Iglesia católica chihuahuense, comprometida anteriormente con la llamada opción preferencial por los pobres, atraviesa actualmente por un período de “servilismo” ante el gobierno estatal y un estancamiento en su vida pastoral, al grado de que está solapando las “evidentes injusticias” provocadas por el narcotráfico, el desempleo, la marginación social y la violencia que azota a la zona fronteriza.
Esta situación es descrita por gran parte de los sacerdotes de la arquidiócesis de Chihuahua en un libro, en el que señalan que su arzobispo, José Fernández Arteaga “ha mostrado hacia las autoridades civiles una actitud servil y oportunista a la que somos ajenos en la diócesis. Por ejemplo, callando o dejando de orientar ante evidentes injusticias y solicitando o aceptando ‘favores’ que comprometen nuestra labor pastoral”.
Recuerda que Fernández Arteaga, tan pronto sucedió en el cargo a don Adalberto Almeida, en 1991, dijo los sacerdotes: “Aquí nunca ha habido pastor y yo vengo a poner orden”. Así, “comenzó a desmantelar toda clase de actividad que tuviera que ver con la pastoral social. Neutralizó las Comunidades Eclesiales de Base que, de hecho, desaparecieron. Retiró todo su apoyo efectivo a la comisión diocesana de Pastoral Social, que se convirtió en un fantasma. Prohibió toda colaboración de los católicos en causas que tuvieran que ver con la defensa de los derechos humanos y de problemáticas de tipo social”.
Titulado JFA –las simples iniciales de José Fernández Arteaga–, el libro incluye testimonios personales, documentos y cartas privadas, elaborados en distintas fechas por sacerdotes, monjas y laicos de Chihuahua, aunque sólo se atrevieron a firmarlo 18 sacerdotes. Sin embargo, se aclara que entre los laicos y los 80 curas de la arquidiócesis, el “rechazo” al arzobispo es “prácticamente general”.
Del libro sólo se editaron 200 ejemplares. Se repartieron entre el presbiterio chihuahuense, los obispos del país y el nuncio apostólico Giuseppe Bertello, a quien se pidió que solicite al Vaticano una “revisión” a fondo sobre los señalamientos del libro.
El sacerdote Dizán Vázquez Loya, uno de los firmantes del libro, señala en entrevista: “Desde que monseñor Justo Mullor era el nuncio apostólico, hemos pedido al Vaticano que realice una investigación en nuestra arquidiócesis. Pero jamás hemos tenido respuesta. Por eso publicamos el libro, para dejar por lo menos un testimonio”.
Explica que lo ideal sería que el Vaticano envié un visitador apostólico para que investigue. Aclara: “Que no nos crea a nosotros. No pretendemos eso. Sólo pedimos que mande un investigador para que hable con unos y con otros. Y que allá tomen la decisión que crean pertinente. Es el procedimiento canónico ordinario.
–¿Piden también la destitución de Fernández Arteaga?
–No. En lo absoluto. Los sacerdotes no estamos provocando un cisma, ni tampoco una rebelión contra el arzobispo. Respetamos su autoridad. Lo único que queremos es hacerle una corrección fraterna y que se ventilen nuestros problemas mediante el diálogo.
Dice que la otrora comprometida Iglesia del norte se ha transformado en “una Iglesia muda y totalmente ausente del escenario político y del compromiso social”.
Otro de los firmantes del libro, Raúl Trevizo Gutiérrez, párroco del templo del Refugio, agrega: “Para reanudar las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, el gobierno mexicano le pidió a la Iglesia apaciguar primero a sus obispos críticos al sistema. Y a partir de entonces se empezaron a introducir coadjutores, cambios de orientación pastoral y distintas medidas de control eclesiástico.
“En Chihuahua teníamos a obispos realmente preocupados por la situación social: José Llaguno, en la Tarahumara; Manuel Talamás, en Ciudad Juárez, y don Adalberto Almeida, en la arquidiócesis de Chihuahua. En el sur estaban Samuel Ruiz, Arturo Lona y Bartolomé Carrasco.”
–¿Había alguna diferencia entre la opción por los pobres que aplicaban los obispos del norte respecto a los del sur?
–Acá se defendieron los derechos humanos en la línea de la democracia y de la defensa del voto. Basta recordar el gran movimiento de protesta por el fraude electoral de 1986, en el que la Iglesia tuvo un papel destacado. Hoy la Iglesia local necesita levantar su voz ante los actuales problemas, como el narcotráfico, la violencia, la desintegración familiar y el problema del desempleo que, con el cierre de maquiladoras, está dejando en el desamparo a muchas personas que vienen de todo el país y de Centroamérica.
–¿Esta Iglesia está definitivamente domada, desbaratada?
–Al espíritu no se le puede encadenar. A veces le faltarán medios para realizarse, pero siempre saldrá a la luz. Y en este libro hay testimonios de muchos sacerdotes, religiosas y laicos que están inconformes. Es una especie de memoria de nuestra arquidiócesis en este período.
Amor al lujo
De 200 páginas, JFA abarca los diez años de Fernández Arteaga al frente de la arquidiócesis: su estrecha relación con el gobierno; su inclinación al lujo; el prolongado e inútil sínodo diocesano que realizó; su desinterés por la vida pastoral; el hostigamiento y la represión que emprendió contra sacerdotes, religiosas e instituciones católicas, así como la indiferencia del Vaticano ante las constantes quejas del presbiterio.
Al principio del libro aparecen las advertencias del clero de la diócesis de Colima, donde Fernández Arteaga fue obispo, que ya lo señalaban como “palero del PRI” y que “periódicamente” recibía dinero del gobernador Elías Zamora Verduzco.
Después se reproduce una carta publicada en los medios, mediante la cual el arzobispo se puso a disposición del gobernador Patricio Martínez, tan pronto ganó las elecciones en Chihuahua en 1998: “Estoy convencido que no hay autoridad que no venga de Dios… De modo que, quien se opone a la autoridad, se revela contra el orden divino”.
El arzobispo invitó al gobernador al VI Encuentro Sacerdotal de la Región Pastoral Norte, celebrado en Cuauhtémoc, en abril último. Los cerca de 150 sacerdotes reunidos quedaron sorprendidos al verlo llegar. En protesta, algunos abandonaron el recinto.
Los sacerdotes también denuncian que Fernández Arteaga para remodelar su residencia lleva ya gastados “unos dos millones de pesos”. Aparte, aceptó otra residencia “bella y confortable”, que le regaló la familia Terrazas. Pero exigió que antes le hicieran unas modificaciones como que le instalaran un jacuzzi y sustituyeran “la reja que protege la casa por una barda que la sustrajera a los ojos de la gente”. Las oficinas del arzobispado las acondicionó a todo lujo, “gastando en ello más de un millón y medio de pesos”.
Una de las primeras medidas tomadas por Fernández Arteaga fue manejar el dinero de la arquidiócesis totalmente a su arbitrio, dejando al ecónomo diocesano como “una figura prácticamente decorativa”. Y para recaudar más dinero, implementó cuotas fijas y obligatorias para los fieles que soliciten los servicios de la arquidiócesis, de manera que empezó a cobrar mil pesos por boda y 400 por misa de quince años, por citar algunos casos. Así, desterró la práctica de “aportación voluntaria” impuesta por Adalberto Almeida.
Aseguran los sacerdotes en el libro que “su apego al lujo, a la comodidad, al prestigio social, a relacionarse con gente de dinero y sobre todo de poder, son sustitutos de otros valores de que carece”, como “espiritualidad y espíritu pastoral”, pero muestra “ignorancia”, “autoritarismo”, “trato despótico” y “mediocridad personal”.
Borrón y cuenta nueva
El libro recuerda que “la arquidiócesis se distinguió, en las décadas de los setenta y ochenta, por su compromiso social y por tratar de hacer efectivas las consignas de las encíclicas sociales de los papas y de los documentos de Medellín y Puebla, emanados del CELAM, así como de los documentos sociales de la Conferencia Episcopal Mexicana. Todo lo hizo con un riguroso apego al magisterio de la Iglesia y dentro de la más estricta ortodoxia”.
Pero con la llegada de Fernández Arteaga –impuesto por el entonces delegado apostólico, Jerónimo Prigione– todo empezó a cambiar. Hizo “borrón y cuenta nueva”.
Prosigue el libro: “Desde un principio se notó que JFA llegaba a la arquidiócesis no como un padre y pastor para los sacerdotes, sino como un enemigo. En primer lugar ya traía una lista negra con un número de sacerdotes a los que, sin darse oportunidad de conocer personalmente, comenzó a hostigar sordamente… La actitud negativa de JFA pronto pasó de la lista negra y se extendió a casi todo el presbiterio, por lo que sus relaciones con la mayoría de los sacerdotes fueron haciéndose cada vez más tirantes”.
De esta manera, sometió al “ostracismo y la marginación” a buen número de sacerdotes de “muchos méritos y de gran capacidad intelectual y pastoral”, sustituyéndolos, en los cargos importantes, por sacerdotes “muy nuevos o muy dóciles”.
Al padre Vicente Gallo, muy estimado en la comunidad diocesana y con 9 años al frente de la Comisión de Evangelización y Catequesis, le quitó el cargo sin mayor explicación. Al rector del seminario, Luis Leonardo Padilla, lo dejó en el puesto pero en la práctica lo ignoró. A Dizán Vázquez, director del Centro Diocesano de Comunicación, empezó a hostilizarlo al grado de hacerlo renunciar, para después retirarle las licencias para ejercer el ministerio, pero se las devolvió debido a la presión del presbiterio. Varios otros sacerdotes, como Juan Luis Gándara, Ricardo Ríosvelazco y Cornelio Corral, de plano tuvieron que salir de la arquidiócesis por sus diferencias con el arzobispo.
Tan sólo entre agosto y septiembre del 2000, fueron removidos más de 30 sacerdotes de sus parroquias y sus cargos. Sin ninguna consulta, Fernández Arteaga implantó una nueva regla; los nombramientos de párroco son válidos por seis años.
También han sido frecuentes los enfrentamientos del arzobispo con las organizaciones apostólicas, como Cáritas Diocesana, Talleres de Oración, Movimiento de Renovación en el Espíritu Santo, Encuentros Matrimoniales, Mies, las monjas Vicentinas, Centro Diocesano de Rehabilitación, Comunidades Eclesiales de Base…
En el campo de los derechos humanos, una de las organizaciones de mayor prestigio en Chihuahua es la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Cosiddhac), fundada por el obispo José Llaguno e integrada desde su inicio por católicos y organizaciones apostólicas. Fernández Arteaga “cortó toda relación con Cosiddhac y le negó cualquier apoyo y reconocimiento por parte de la arquidiócesis”.
También señala el libro que, con el actual arzobispo, “se acabaron” el diaconado permanente y los ministerios laicales, puesto que en “su concepción clerical y verticalista de la Iglesia, no había lugar ni para unos ni para otros”. En sus diez años de arzobispo “no se ha vuelto a dar ninguna ordenación”.
