Salvador del Toro, agente del Ministerio Público Federal durante y después del movimiento estudiantil de 1968, se presentó el jueves 5 a declarar ante el fiscal Ignacio Carrillo Prieto. En su presentación, enriqueció los datos que ya aportaba en su libro Testimonios, en 1996, en el sentido de que la represión en la Plaza de las Tres Culturas fue preparada por Luis Echeverría, secretario de Gobernación, y se convirtió en matanza a raíz de errores cometidos por los mandos que la encabezaron.
La responsabilidad de Luis Echeverría en los actos represivos contra el movimiento estudiantil de 1968 quedó demostrada una vez más después de la comparecencia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de Salvador del Toro Rosales, el jueves 5.
Del Toro Rosales era agente del Ministerio Público Federal en aquélla época. Tanto en su declaración como en su libro Testimonios, auspiciado por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, escrito en 1996, cuenta su participación en los acontecimientos de ese año.
En su calidad de agente del Ministerio Público Federal, inició su participación en los hechos tras el bazucazo contra la puerta de la Preparatoria Uno, el 30 de julio de 1968. Intervino en la integración de la averiguación penal, en la que se tomó declaración a más de mil detenidos y más de 400 estudiantes internados en diferentes hospitales.
Sus remembranzas y testimonios se presentan a lo largo de 10 capítulos. Parte fundamental es su relato sobre la planeación del operativo que culminó con la masacre del 2 de octubre.
Señala que el presidente Gustavo Díaz Ordaz se inclinó por aplicar la línea dura, al extremo de que puso en manos de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Echeverría “todo el poder del gobierno para buscar una solución definitiva al problema”.
Asegura que fue esa secretaría la que planeó poner fin al conflicto y “descabezar el movimiento estudiantil con la aprehensión de los líderes e integrantes del Consejo Nacional de Huelga y de la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y superior Pro-Libertades Democráticas.
“El operativo quedó a cargo y bajo la responsabilidad de la Dirección Federal de Seguridad, al mando del más inteligente policía de México, cuyo cerebro funcionaba igual que una computadora pues registraba y retenía en su memoria privilegiada, nombres, sobrenombres, domicilios y filiación de las personas, así como las fechas y lugares y circunstancias en que acaecieron los hechos importantes en que ellas participaron. Me refiero al famoso y temido capitán Fernando Gutiérrez Barrios.”
Asegura que la DFS se preparó para dar el golpe definitivo, de acuerdo con las facultades que le habían sido conferidas por el presidente Díaz Ordaz: “Inmediatamente procedió a incorporar a sus filas a algunos elementos de la Policía Judicial Federal y del Distrito, y a reclutar a algunos oficiales del Estado Mayor Presidencial. Con ellos aumentó sus efectivos y constituyó el llamado Batallón Olimpia.
“La DFS solicitó y obtuvo otros apoyos para la ejecución de su operativo. Desde luego, el Ejército Mexicano, pero también del ISSTE, que administraba la Unidad Tlatelolco, para proporcionar los departamentos vacíos en el Edificio Chihuahua, que servirían de guarida a los miembros del Batallón Olimpia.”
El objetivo consistía en capturar a 200 o más miembros del Consejo Nacional de Huelga, pero se tenía que hacer ante la presencia de más de 20 mil personas.
Según Del Toro, para resolver el problema se estructuró un plan dividido en dos operaciones estratégicas: una de ellas a cargo del Batallón Olimpia, “que por su acción pudiera ser denominada ‘Operación Sandwich’” y otra a cargo del Ejército Mexicano, “que puede ser llamada con propiedad ‘Operación Barredora’”.
Cuenta que cuando se recibiera determinada señal, el Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civil, ya en posesión de las plantas baja y alta, y de las escaleras y los corredores del edificio Chihuahua, simultáneamente atacaría el tercer piso, donde se encontraban los principales dirigentes del movimiento. En tanto, el Ejército, que ya había sitiado la Plaza de las Tres Culturas, entraría en acción “arrollando en la explanada a los asistentes al acto, con sus tanquetas y carros de asalto, haciendo al aire disparos de salva”.
Pero “este plan, que parecía de un éxito infalible, no llegó a realizarse, pues se cometió un error: por razones de alta seguridad y a fin de evitar filtraciones, no se dio a conocer previamente a los jefes y comandantes tanto de la policía como del ejército. Además de que tampoco se informó que al mitin no asistiría el CNH en pleno y que habían sido invitados los corresponsales extranjeros.
“A todo lo anterior debe agregarse el imprevisto más significativo: Algún agente provocador e irresponsable hizo disparo de armas de fuego que lesionaron la espalda al general José Hernández Toledo, lo que motivó que su segundo de a bordo, el general Jesús Gutiérrez Castañeda (que posteriormente fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Echeverría) diera la trágica orden de hacer fuego a discreción.”
Considera que los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco constituyeron una tragedia nacional, porque ahí se acabó la vida de un número indeterminado de mexicanos, y a muchos más se les ocasionaron daños y lesiones, además de que mostró “la brutal respuesta del Ejército a quien disparó con un arma de fuego a la espalda del general Hernández Toledo cuando éste, de pie y a bordo de un jeep, anunciaba a la concurrencia por medio de un megáfono que el mitin se había terminado y que se fueran a sus casas”.
La comedia jurídica
Cuenta que un día después recibieron instrucciones del procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, para que se entrevistaran con el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, y les permitiera entrar al Campo Militar Número Uno para tomar las declaraciones de los estudiantes detenidos en ese lugar.
Subraya que desde el inicio del conflicto estudiantil el interrogatorio contenía dos preguntas fundamentales: si pertenecían o no al Partido Comunista y si pertenecían o no a los organismos que dirigían la huelga. Si el detenido contestaba afirmativamente, se le consignaba. Pero si contestaba en sentido negativo, se revisaban los archivos. En caso de que su nombre no apareciera en las listas negras de la DFS, de inmediato se les ponía en libertad.
Las investigaciones y detenciones las ejecutaban exclusivamente agentes de la DFS. Las procuradurías “únicamente convalidaban sus actuaciones. La PGR venía desempeñando en este asunto el triste papel de auxiliar de la DFS, para respaldar y dar valor legal a las labores de investigación, persecución y detención de quienes participaban en actividades políticas contrarias al gobierno. El Poder Ejecutivo, como nunca antes, ejercía sobre el Poder Judicial una influencia determinante que lo obligaba a plegarse a sus actividades”.
El Ministerio Público Federal ejercitó acción penal en contra de Sócrates Campos Lemus, Gilberto Ramón Guevara Niebla, Ayax Segura Ramírez, José Carlos Andrade Ruiz, Florecio López Osuna, Sergio Antonio Castañeda Velez, Félix Octavio Martínez Alcalá, Carlos Martín del Campo Ponce de León, Servando Dávila Jiménez o José Luis González de Alba, Pablo Gómez Alvarez, Félix Lucio Hernández Gamundi y Leobardo López Arteche. El 12 de octubre –día que se inauguraron los Juegos Olímpico en la Ciudad de México– el juez Primero de Distrito Eduardo Ferrer McGregor, les decretó auto de formal prisión.
Posteriormente fueron consignados Miguel Eduardo Valle Espinosa, Luis Raúl Alvarez Garín, Roberto Ramírez Pérez, Joel Arriaga Moreno, José Luis Martínez Pérez, Marco Antonio Avila Cadena y Bernard Phillip Ames. En la misma fecha, más de 700 detenidos fueron puestos en libertad, después de ser amonestados por el subprocurador Franco Rodríguez.
Del Toro denuncia que la DFS desató una verdadera cacería de brujas: Con o sin orden de aprensión se detuvo a Arturo Martínez Nateras, José Revueltas, Moisés González Pacheco, Jesús Simental Banderas, José Tayde Aburto, Roberta Avendaño Martínez, Ana Ignacia Rodríguez Márquez, y Heberto Castillo.
El 12 de noviembre de 1970, Ferrer McGregor dictó sentencia condenatoria en contra de los primeros 68 procesados. Las condenas iban de los 3 a los 17 años, y el pago aproximado de dos millones de pesos en reparación del daño.
En total fueron 116 personas a las que se instruyó el proceso penal 272/68. De ellas resultaron acusadas 86; las 30 restantes –entre las que se encontraban algunos porros, reventadores y policías disfrazados de estudiantes– obtuvieron su libertad por desistimiento de la acción penal.
En entrevista, Del Toro considera que los dirigentes estudiantiles deben dar las gracias al presidente Díaz Ordaz por haberlos encarcelado, “por que de lo contrario hubieran sido secuestrados y desaparecido en administraciones posteriores”.
Recuerda que el procurador Sánchez Vargas había ordenado que el simple hecho de ser miembro del Partido Comunista o del Consejo Nacional de Huelga era suficiente para ir a la cárcel. Menciona al menos 12 nombres de funcionarios de la PGR que cometieron ilegalidades. Por ejemplo, el subprocurador David Franco dio la orden de quitar datos a la declaración de Gilberto Guevara Niebla.
Más aún, denuncia que lo obligaban a preparar pliegos de consignación, que invariablemente se negaba a firmar, y revela que Mariano Manera, director Administrativo de la PGR, pagaba las gratificaciones del juzgado, aunque reconoce que a él le tocaba llevar los sobres, uno de los cuales era para el juez Ferrer McGregor.
En su libro y en su declaración ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, afirma que se cometieron verdaderas aberraciones en los procesos de 1968.
Describe lo sucedido a Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, el “más valiente de los estudiantes”. Dice que su detención, ocurrida el 27 de septiembre de 1968, ocurrió luego de una delación de uno de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, Ayax Segura Garrido, infiltrado en el movimiento como representante estudiantil de la Escuela Normal Oral, de la Secretaría de Educación Pública.
Recuerda que Cabeza de Vaca fue internado en Lecumberri e “indebidamente” fue sacado de esa prisión para ser entregado a los militares para ser llevado al Campo Militar Número Uno.
“Aquí fue despiadadamente atormentado y sujeto a simulacros de castración y fusilamiento para obtener su declaración imputativa en contra del profesor Juan Gil Preciado, secretario de Agricultura en el gabinete de Díaz Ordaz.”
Precisa que antes de que se ejerciera acción penal en contra de Cabeza de Vaca, fue comisionado por el procurador Julio Sánchez Vargas para llevar a firma del secretario Gil Preciado un oficio, en el que se hacía constar que Cabeza de Vaca había dejado de ser alumno de la escuela de Agricultura de Chapingo.
Gil Preciado no firmó nada ni se prestó a la maniobra. En represalia, se trató de involucrar a Gil Preciado en el movimiento, pero Cabeza de Vaca “a pesar de sufrir los peores tormentos nunca señaló a Gil preciado ni a nadie como patrocinador o simpatizante del movimiento estudiantil. Tal vez por eso se interrogó con tanta crueldad a Cabeza de Vaca. Los simulacros de castración y fusilamiento fueron en serio. Se utilizó agua tibia y bisturí para lesionar el escroto, para que sintiera correr la sangre, y se efectuaron maniobras militares con paredón y formación de cuadro con pelotón de fusilamiento, utilizando balas de salva”.
Crimen de Estado
Para los exdirigentes del Consejo Nacional de Huelga, el testimonio de Del Toro tendrá serias implicaciones en la averiguación que lleva a cabo la fiscalía.
Según Raúl Alvarez Garín, aportó elementos suficientes que “permiten ir configurando el crimen de Estado”.
Sostiene que su testimonio es de la más alta calidad profesional, porque señala muchos de los elementos de ilegalidad que se vivieron durante esos años de represión. “Además de que es el primer funcionario que comparece en esos términos para ofrecer su verdad, actitud que deseamos asuman todos los indiciados.
“En principio, demuestra que la operación militar en Tlatelolco fue planeada, con elementos de engaño, para dar un golpe al movimiento. Revela el nombre del militar que dio la orden de ‘fuego a discreción’, Jesús Castañeda Gutiérrez. Descubre la subordinación de la PGR a la DFS. Plantea problemas de ética en el trabajo de muchos funcionarios de la PGR y describe paso a paso los incidentes de ilegalidad en los juicios.
