Miles de tonaltecas de colonias y fraccionamientos ubicados a los lados de la autopista Guadalajara-México se muestran indignados porque, dicen, el gobernador Emilio González Márquez les mintió al anunciar el retiro de las casetas de peaje en esa zona. En realidad sólo quiso ganar tiempo para presumir los Juegos Panamericanos, comentan a Proceso Jalisco. E insisten en que lucharán para que se le retire la concesión a la empresa Red de Carreteras de Occidente (RCO) y se suprima el pago de las cuotas.
Nos dieron atole con el dedo”, comentaron los habitantes de varias colonias de Tonalá ubicadas a ambos lados de la autopista Guadalajara-México, y acusaron que el “retiro” de las casetas de cobro, que prácticamente estaban a las puertas de sus viviendas, es sólo una maniobra del gobernador Emilio González Márquez.
Los vecinos arguyen que el objetivo de González Márquez fue simplemente evitar que los inconformes se manifestaran durante la celebración de los Juegos Panamericanos y bloquearan algunos cierres de la carretera de cuota.
Varios oficios enviados por el Ejecutivo y por la actual administración de Tonalá, encabezada por el priista Antonio Mateos Nuño, demuestran que los lugareños “respaldan” las pretensiones de Red de Carreteras de Occidente (RCO) de cobrar el peaje a los automovilistas que circulen por un tramo de apenas cuatro kilómetros de autopista.
Con alarde de publicidad, el viernes 7 González Márquez retiró las plumas de las dos casetas laterales ubicadas a la altura de El Cortijo de los Fernández para que los residentes de seis fraccionamientos, entre ellos Paseo de la Cañada, El Moral y El Vado, queden exentos del pago.
Acompañado por el senador Ramiro Hernández y el diputado federal Jorge Arana, el gobernador firmó ese día un escrito en el que, dicen los vecinos, se comprometió a dar mantenimiento al tramo carretero; incluso ordenó a la policía estatal que vigilara el sitio para que RCO no volviera a cobrar a quienes transitaran por el lugar mientras se tramitaba ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la anulación de la concesión.
Juan Carlos Ruvalcaba, uno de los afectados, asegura que González Márquez se quedó con el documento. Algunos vecinos indican que nadie se atrevió a pedir al mandatario el escrito, firmado por el ayuntamiento tonalteca, porque lo traía bajo el brazo y tras ordenar el retiro de las plumas se marchó.
“Y ahora que pedimos una copia a la Subsecretaría de Asuntos del Interior y a otras instancias, nos responden que no lo tienen; lo mismo nos dicen en el ayuntamiento”, afirma uno de los residentes.
Ruvalcaba y sus vecinos desconfían del mandatario porque, arguyen, pese a que ordenó al secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, que enviara policías estatales a las casetas, los uniformados nunca llegaron.
Y cuando se presentaron elementos de seguridad de Tonalá, el funcionario llamó por teléfono al alcalde Antonio Mateos Nuño para exigirle que los retirara. De no hacerlo, le dijo, “los iban a quitar a chingadazos”, relata Ruvalcaba.
Los vecinos se enteraron de la amenaza de Guzmán Pérez Peláez en una reunión posterior con el alcalde para agradecerle su apoyo. Fue él quien les comentó por qué tuvo que retirar la vigilancia, expone Ruvalcaba.
Hoy, RCO pretende colocar cuatro casetas en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera y en los accesos a Tonalá. La caseta original de esta cabecera municipal ha sido retirada en dos ocasiones: la primera se colocó precisamente en El Vado, adelante de Tonalá, pero hace dos años se trasladó a la bifurcación Los Altos-México.
Lo peor, dicen, RCO le comunicó a Mateos Nuño que se cobrará el peaje a quienes transiten por ese tramo. A cambio, la concesionaria se compromete a construir un cruce vehicular subterráneo en las avenidas Tonaltecas y Tonalá “para dar más fluidez”, refiere Ruvalcaba.
Según él, Mateos Nuño y el gobierno estatal están de acuerdo con la obra, como se desprende de los numerosos oficios enviados a la SCT. En uno de ellos (PMT/161/2010, fechado el 11 de marzo de 2010) el ayuntamiento de Tonalá dice que está de acuerdo con el proyecto.
En otro documento del 15 de marzo último (SEDUR/0736/2011), el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona expone que la dependencia no tiene ningún inconveniente en emitir la factibilidad del proyecto denominado Distribuidor vial Tonalá 3 carriles.
Vecinos en resistencia
Juan Carlos Ruvalcaba comenta a la reportera que, además de los residentes de los fraccionamientos Del Moral, Las Cañadas, Francisco Villa, Praderas de Tonallan, La Aurora, Cañada Real, Palomas, El Vado, Las Jícamas, así como las colonias Santa Cruz de las Huertas, Loma Dorada y Xólotl, el Consejo de Comerciantes Tonaltecas y la Cámara de Comercio local se oponen a ese proyecto.
De hecho, agrega el entrevistado, se están organizando para exigir el retiro de las casetas que ya están instaladas y para impedir que se construyan más, porque “sólo dañarían el bolsillo de los usuarios y decaería el turismo”; también se oponen a la construcción del túnel porque afectaría a los comercios establecidos y al tianguis de artesanías de los jueves y domingos.
Ruvalcaba asegura que se tuvieron dos reuniones con personal de RCO y de la SCT en la Ciudad de México sin llegar a un acuerdo. Comenta que los funcionarios les dijeron que antes de protestar por la instalación de casetas, deben investigar en qué consiste realmente el proyecto.
Al hacerlo, expone Ruvalcaba, encontraron un oficio de la Comisión Federal de Electricidad del 21 de julio de 2011 (número ZTJII213) en el cual el superintendente de la zona de transmisión Jalisco, Édgar David Cabuto Torres, pide a RCO reubicar las casetas de El Cortijo por encontrarse en el derecho de vía de las líneas de transmisión de alta tensión de “230 KV Atequiza-93740-Zapotlanejo y Atequiza-93J10-Aguazul entre estructuras 46/47”.
El documento agrega: “(…) Por lo anterior, le solicito la reubicación de su instalación ya que de lo contrario no se daría cumplimiento a la norma de referencia NRF-014-CFE-2004, la cual menciona un derecho de vía de 26 metros de ancho a todo lo largo de la línea, es decir, 13 metros a cada lado partiendo del eje central de las estructuras metálicas, dentro de esta área no deberán existir construcciones permanentes o provisionales de ninguna naturaleza”.
Los afectados encontraron otro dato: el desnivel que conduce a los fraccionamientos ubicados a la altura de El Cortijo no fue construido por SCT, sino por Dynámica, la desarrolladora urbana que construyó el complejo habitacional Valtierra. Dicen que no se explican por qué ahora la concesionaria RCO pretende explotar ese paso.
Señalan también que la lateral que corre de Guadalajara a Zapotlanejo, a la altura de El Cortijo, fue construida por otro particular. Como prueba muestran a la reportera el oficio 3.3.405.088/10 con fecha 6 de agosto de 2010, que el director general de servicios técnicos de la SCT, Juan M. Orozco y Orozco, envió al titular de Desarrollo Carretero, José Martín Romero.
De acuerdo con el documento, “se recibió el oficio No. SCT-6.14.306.188/2010, mediante el cual el director general del Centro SCT comunica la solicitud de autorización presentada por el ingeniero Rafael Martín del Campo Mena, representante legal de Consorcio de Casas Mexicanas para realizar la construcción de un acceso al centro de distribución Farmacias Guadalajara”.
La convocatoria
El 7 de noviembre de 2006, la SCT lanzó una convocatoria pública internacional para otorgar la concesión de cuatro autopistas, entre ellas la de Guadalajara-Zapotlanejo.
El 3 de octubre del año siguiente, la dependencia anunció que grupo ICA y Goldman Sachs se adjudicaron la obra. Ambos acordaron que a través de su filial RCO, explotara, operara y conservara el tramo carretero de 26 kilómetros Guadalajara- Zapotlanejo.
Además, según el convenio, el concesionario está obligado a ampliar la autopista a seis carriles (tres en cada sentido) a partir de 2008 del kilómetro nueve al 25+500; también menciona la ampliación y reforzamiento a seis carriles del puente Fernando Espinoza, aprovechando la estructura existente, lo que no se cumplió.
El 14 de septiembre de 2010, RCO envío un escrito a la SCT para proponer una alternativa a lo estipulado en el acuerdo de concesión. Su propuesta consiste en ampliar a seis carriles el tramo que va del
kilómetro 21 al 26 –sólo cinco de los 16.5 estipulados originalmente–, así como construir calles laterales y un paso vehicular inferior paralelo en el distribuidor Tonalá y sus respectivas gazas, así como a reforzar el puente Espinoza.
El 28 de febrero último, la SCT autorizó la construcción del paso deprimido que debe quedar terminado a más tardar en marzo de 2012. La dependencia advirtió a la concesionaria que si no podía cumplir con este compromiso, debería iniciar a más tardar en junio de 2011 “los trabajos de construcción del tercer carril al centro en ambos sentidos del kilómetro 21 al nueve (según estipula el acuerdo original) en una longitud en que la inversión sea equivalente a la de la construcción del paso deprimido y a concluir su construcción a más tardar en marzo de 2012”.
Tres meses después, el 26 de mayo, RCO solicitó a la SCT, entre otros puntos, la autorización del proyecto de convenio con el ayuntamiento de Tonalá y el gobierno estatal para realizar el túnel vehicular y “suspender el cómputo del plazo para dar cumplimiento a lo establecido (en el convenio otorgado en 2007)”.
RCO incumplió de nuevo. El 24 de agosto pasado, el director general de Desarrollo Carretero de la SCT, Adolfo Xavier Zagal Olivares, envió a Juan Sebastián Lozano García Teruel, representante legal de RCO, el oficio número 3.4.1426 en el que le comunica que la documentación que presentó es insuficiente.
Por ello, la dependencia no puede autorizar la construcción del paso deprimido, toda vez que no cuenta con las autorizaciones en materia ambiental ni el consentimiento de los colonos. Zagal Olivares subraya también que en el proyecto de convenio se establece que el paso deprimido estará a cargo del gobierno del estado y no de la concesión federal.
Y como RCO tampoco pudo concluir el procedimiento de expropiación de los terrenos necesarios para la construcción de la gaza de incorporación a carriles laterales de la autopista en el kilómetro 21, la SCT solicitó a la concesionaria construir el tercer carril al centro del kilómetro 21 al nueve para que esté listo a más tardar en marzo de 2012.
Ante la serie de irregularidades, los vecinos afectados insisten en que se le retire la concesión a RCO. Refieren que en su capítulo V, artículo 29, fracción II, la Ley de Vías Generales de Comunicación asienta que las concesiones pueden caducar “por no construir o no establecer dentro de los plazos señalados en las concesiones, la parte o la totalidad de la vía u obras convenidas”.
Además, en su artículo 43 la ley indica: “dentro de los límites urbanizados y urbanizables de las poblaciones, las empresas de vías generales de comunicación no podrán poner obstáculo de ningún género que impida o estorbe en cualquier forma o que moleste el uso público de las calles, calzadas o plazas, a juicio de las autoridades locales”.
Los vecinos comentan que no se explican por qué, pese a que existen argumentos jurídicos para echar atrás la concesión, el delegado de la SCT, Heriberto González Rodríguez, se empecina en proteger a RCO, como lo hizo el pasado 6 de septiembre, cuando declaró a los reporteros que “nada se puede hacer” para retirarle la concesión a la empresa.
Opacidad informativa
Por la autopista a Zapotlanejo ingresa a Guadalajara alrededor de 70% de la carga vehicular procedente del oriente de la ciudad, lo que representan ingresos diarios mínimos superiores al millón de pesos sólo en el tramo a Zapotlanejo.
El 22 de agosto último, Gerardo Herrera, vecino de Paseo de la Cañada, solicitó información a la SCT por medio de la Ley de Transparencia sobre el aforo vehicular que registra cada día la caseta de El Cortijo, así como sus costos de operación.
La dependencia pidió a Herrera que se dirigiera a RCO; y la Dirección General de Desarrollo Carretero le respondió que las casetas auxiliares de la autopista ubicadas en Tonalá y El Cortijo no están aplicando ninguna tarifa, ya que se está “dando acceso libre, en tanto la concesionaria llega a un acuerdo con los vecinos de los fraccionamientos”.
Inconforme con esa respuesta, Herrera interpuso un recurso de revisión. La Dirección de Desarrollo Carretero le aseguró que no se cuenta con la información desglosada por plaza de cobro “en virtud de que el concesionario no la integra de esa manera”.
Las casetas instaladas por RCO hace cinco meses afectan a cerca de 100 mil habitantes. Moisés Aguayo, vecino del fraccionamiento Paseo de la Cañada, escribió en su correo electrónico que, al momento de vender, la constructora Consorcio Hogar informó a los inquilinos que el fraccionamiento tendría un acceso desde la autopista.
“Lo que no nos dijeron es que pondrían caseta de peaje para entrar y salir. Los vecinos tenemos más de un año manifestándonos: primero para que se abriera el acceso a la autopista, y luego para solicitar que se retiren las casetas de cobro”, escribió Aguayo.
Relata que antes de que se abriera el paso por la autopista, los residentes tenían que transitar por una brecha donde varios automovilistas incluso fueron asaltados.
Aguayo recuerda que cuando Emilio González levantó las plumas para el libre tránsito subrayó que Tonalá no es una zona federal y que el cobro era ilegal. Sin embargo, él y sus vecinos se enteraron que lo único que deseaba era evitar que entorpecieran los Juegos Panamericanos. Ahora, dice, todos sabemos que “nos engañó”.
De hecho, cuando un automovilista cruza cualquiera de las casetas de El Cortijo recibe un boleto de peaje en el que se lee en la parte superior que el costo es cubierto por “el gobierno del estado hasta el día 31 de octubre de 2011”.
Y mientras los afectados aseguran a la reportera que continuarán las protestas hasta que se suprima definitivamente el peaje, el vocero de RCO, Guillermo Fierro, declaró que las casetas se instalaron porque al construirse el túnel que conecta a la autopista con el camino a El Vado, los constructores no se pusieron de acuerdo en dar una aportación económica para que el paso fuera común, por lo que la concesionaria asumió los gastos.
