ROMA.- Italia también tiene su “caso Cavallo”: el 7 de agosto la policía arrestó en el aeropuerto internacional romano de Fiumicino al mayor retirado del Ejército argentino Jorge Olivera, acusado de secuestrar y torturar a la ciudadana francesa Marie Anne Erize, quien en octubre de 1976 desapareció en la provincia de San Juan, Argentina.
El de Olivera es el primer caso de arresto de un militar argentino en el exterior. Ocurrió 17 días antes de la detención de Ricardo Miguel Cavallo en México. Coincidentemente, ambos fueron detenidos momentos antes de abordar sus aviones para regresar a Argentina. Una vez detenidos, ambos se declararon inocentes de las acusaciones de tortura y terrorismo. Ambos también se encuentran en vías de ser sometidos a un proceso de extradición.
Olivera fue detenido por la policía minutos antes de abordar, con su esposa, el vuelo 1141 de Aerolíneas Argentinas. Hasta esa noche, era el abogado defensor del exgeneral Guillermo Suárez Masón, quien es procesado en ausencia por la justicia italiana con otros seis militares argentinos por la desaparición de ciudadanos de este país.
Cuatro agentes de la “polaria” -la policía del aeropuerto- fueron los encargados de comunicarle que existía un pedido de extradición en su contra de la justicia francesa.
Su esposa, Marta Ravasi, contó a la agencia argentina DyN que en el aeropuerto, “cuando entregamos los pasaportes, la empleada dijo el apellido de mi marido en voz alta. Se nos acercaron cuatro hombres muy elegantes y nos dijeron: ‘Están arrestados’. Se hizo entonces un silencio como de dos minutos porque no entendíamos qué pasaba. Nos llevaron caminando a un cuarto del aeropuerto, revisaron todas las valijas y nos leyeron una orden de extradición de un juez de Francia por la supuesta desaparición de una mujer de la que no recuerdo el nombre.
“Mi marido les dijo entonces que no recordaba para nada el apellido de la ciudadana francesa supuestamente desaparecida y les pidió que a mí me dejaran volver a Buenos Aires, ya que allí están nuestros cuatro hijos.”
La misma noche fue trasladado a la vieja cárcel pontificia de Regina Coelli, en pleno centro de Roma, donde antiguamente los Papas solían enviar a sus enemigos.
Desde entonces, el exmilitar argentino permanece en una celda de aislamiento. Sus únicos contactos con el exterior son su abogado, Carlo Longari, y el consulado
argentino.
“Cuando llegó (a la cárcel) se le hicieron las fotografías de identificación. Vestía de verano: pantalones y una remera. No se mostraba nervioso. La primera noche cenó normalmente, pero en ningún momento, desde que entró a la celda de aislamiento, quiso hablar con nadie”, dijo una fuente de la cárcel Regina Coelli.
El único caso anterior a la detención de Olivera corresponde al exmarino Adolfo Scilingo, “detenido” en octubre de 1977 por órdenes del juez español Baltasar Garzón. Pero, a diferencia de Olivera, Scilingo se presentó de manera espontánea a declarar sobre los “vuelos de la muerte”.
La actual situación legal de Olivera no difiere de la de Cavallo: ambos pueden enfrentar un proceso de extradición. Los sistemas jurídicos francés e italiano reconocen la “jurisdicción por nacionalidad”. Es decir, que las magistraturas de ambas naciones pueden juzgar los delitos cometidos en el exterior contra ciudadanos de sus respectivos países.
De acuerdo con el tratado de extradición italo-francés, el pedido del juez Roger Le Loir, tramitado a través de la Interpol, permite el arresto provisorio de Olivera. A partir del momento de su detención, Francia dispone de un máximo de 40 días para presentar a Italia el pedido de extradición y la documentación sobre los cargos.
En caso de que Italia conceda la extradición, el militar argentino podría alcanzar una condena de cadena perpetua.
El arresto de Olivera fue, sin embargo, paradójico: el 4 de julio, acompañado de su socio abogado, el también militar retirado Jorge Humberto Appiani, presentó ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra la exprimera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, por crímenes de guerra cometidos durante la guerra de las Malvinas de 1982.
La acusación se refería el hundimiento del crucero “General Belgrano”, el 2 de mayo de 1982, que costó la vida a 323 de los mil 93 tripulantes.
Sin embargo, el tribunal rechazó la petición y Appiani decidió volver a Argentina, mientras que Olivera decidió permanecer un tiempo para vacacionar. Mala decisión, pues a finales de julio la justicia francesa ordenó su captura.
La postura adoptada por el gobierno argentino es clara: guardar un perfil bajo. La misma noche de la detención, el gobierno argentino emitió un comunicado de prensa
-que difundió aquí su embajada- en el que señaló que sólo prestaría “asistencia legal” al detenido, como a cualquier ciudadano común. Tal actitud fue definida por la misma Cancillería como “la usual en estos caso, de acuerdo con la legislación argentina”.
El comunicado, firmado por el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, destaca que Olivera “no tiene causas penales abiertas” en Argentina. No obstante, reconoce también que figura en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), elaborado durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Y es que, antes de emitir la postura del gobierno, Rodríguez Giavarini analizó cuidadosamente los antecedentes de Olivera y encontró un amplio repertorio de denuncias en su contra. El informe que le envió el Ministerio de Justicia argentino incluye datos sobre el procesamiento del militar por la Cámara Federal de Mendoza en una causa referida a la represión ilegal, y su sobreseimiento posterior por la Ley de la Obediencia Debida.
También menciona las tres denuncias contra Olivera que constan en el informe de la Conadep, relacionadas con su actuación como teniente en el Regimiento 22 de Infantería de Montaña en la provincia de San Juan. A esa época se remonta un legajo que abrió la subsecretaria de Derechos Humanos en una investigación posterior, en la que figura el caso de Marie Anne Erize.
En entrevista con el diario Clarín, la hermana de Marie Anne, Maria Noelle, que vive con su madre en España, confió en que la captura de Olivera concluya con el castigo para los asesinos de su hermana.
“Esperamos que se haga justicia”, dijo, y refirió el papel que durante la dictadura argentina jugaba Olivera: “Todos los miembros del comando que secuestró a mi hermana han sido identificados. Los testigos señalaron al capitán Carlos Luis Malatto, al capitán Eduardo Ángel Vic, al teniente Eduardo Daniel Cardozo, al teniente Jorge Olivera y al sargento Benito Martel”. Todas estas personas fueron procesadas y posteriormente amnistiadas gracias a la Ley de Obediencia Debida.
Al recordar el secuestro de su hermana, que entonces tenía 24 años de edad, Maria Noelle revela que una semana después del rapto “allanaron nuestra casa en Buenos Aires. Yo me desperté y vi a un hombre que me encañonaba con una pistola. Cuando bajamos por las escaleras vi a mis hermanos tirados en el suelo y controlados con armas largas. Uno de los que comandaban el ‘grupo de tareas’ le dijo a mi madre: ‘Recen por su hija porque ya esta dos metros bajo tierra’”.
José Luis Gioja, senador justicialista por la provincia de San Juan -secuestrado durante cuatro meses, y cinco meses preso en el penal de Chimbas- rindió también su testimonio. “Olivera manejaba una camarita de ‘pendejones’ que eran los que dirigían los operativos de secuestro en los años de dictadura. Como responsable de inteligencia en el Regimiento 22 del Ejercito, él decidía quién salía y quién desaparecía”.
Con estos casos documentados, la familia de Marie Anne Erize presentó en septiembre del año pasado el caso ante el juez español Baltasar Garzón. Aunque el sistema jurídico español no permite la condena en ausencia de un procesado, Garzón podría pedir a Francia la extradición del militar, siempre y cuando Italia conceda primero la extradición a la justicia francesa.
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