Fernando de la Rúa tratará que su breve visita a México -que empieza este lunes 4- se “desmarque” del escándalo suscitado por la detención del represor Ricardo Miguel Cavallo (Miguel Ángel o Sérpico). Aunque el presidente argentino defenderá el principio de “territorialidad”, no presionará a su par Ernesto Zedillo para que éste niegue la extradición que reclama el juez español Baltasar Garzón.
Fuentes diplomáticas consultadas por Proceso aseguran que De la Rúa y su canciller Adalberto Rodríguez Giavarini mantendrán la posición de “asistencia consular” que se proporciona a cualquier ciudadano argentino detenido en el exterior y no lo plantearán como un tema “de Estado a Estado”, que es lo que hizo Chile con Gran Bretaña cuando exigió que el dictador Augusto Pinochet regresara a Santiago y no fuera extraditado a Madrid, donde también lo reclamaba Garzón, en la misma causa por “genocidio y terrorismo de Estado” en la que tiene encartado a Cavallo y a otros torturadores de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).
La “asistencia consular” ya fue aplicada hace unos días por la Cancillería argentina cuando la policía italiana detuvo a otro antiguo represor, el mayor retirado Jorge Olivera, en el aeropuerto de Fiumicino de Roma. A Olivera lo reclama el juez francés Roger Le Loir por el secuestro, tortura, violación y asesinato de la joven francesa Marie Anne Erize, secuestrada en Argentina el 15 de octubre de 1976.
Más allá de los eufemismos diplomáticos, la “asistencia consular” podría leerse de la siguiente manera: si los represores de la última dictadura militar se quedan en el territorio nacional están amparados por los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, si salen al exterior lo hacen por su cuenta y riesgo. La teoría puede resultarle bastante cínica a los organismos de derechos humanos que luchan para que los genocidas argentinos sean juzgados y castigados en Argentina, pero ése es el invento del nuevo gobierno de la Alianza para diferenciarse del justicialista (peronista) que presidió Carlos Saúl Menem, que defendía a rajatabla el principio de territorialidad y se negó siempre a cooperar con el juez español.
Pero la metáfora futbolística de la “desmarcación” no le va a resultar tan fácil al mandatario argentino: es un tema aún más candente en México que en Argentina y los reporteros mexicanos van a tratar de aprovechar las escasas oportunidades que deja la agenda, para preguntarle por el tenebroso pasado de Sérpico-Cavallo y sus conexiones privilegiadas con los gobiernos de El Salvador y México. También los “argenmex”, esos argentinos que llegaron a México con el exilio y se quedaron por cariño o necesidad en la patria de adopción, tratarán de hacerse escuchar por el mandatario visitante. Y entre los “argenmex”, de manera primordial, los muchachos de la sección mexicana de H.I.J.O.S., la organización que agrupa precisamente a los hijos de desaparecidos, asesinados, presos y exiliados.
Nada de esto será grato para De la Rúa, un político que, a despecho de la imagen progresista que quieren construirle, es netamente conservador y tiene como cuñado y amigo al contralmirante retirado Basilio Pertiné, señalado indirectamente por el represor arrepentido Adolfo Scilingo como uno de los aviadores navales que durante la guerra sucia habría participado en los “vuelos de la muerte”, en los que arrojaban al Atlántico a los desaparecidos. Por una extraña casualidad, que fuentes oficiales rechazaron comentar, el único jefe militar que integra la comitiva presidencial es el almirante Joaquín V. Stella, actual comandante de la Armada. Su presencia entre los invitados del presidente De la Rúa despierta inevitables suspicacias.
La detención en México del capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo -que se hacía llamar Miguel Ángel en los años de plomo de la dictadura militar- causó indudable malestar en las filas de la Marina de Guerra argentina, una institución que no ha hecho ninguna autocrítica y sigue defendiendo a sus integrantes con un esprit de corps que en algunos casos podría aproximarse a la protección mafiosa. Aunque ya no existen planteos del poder militar al poder civil como ocurría en la década de los ochenta con Raúl Alfonsín y los “carapintadas”, los reclamos por debajo de la mesa siguen existiendo. E incluso han ido en aumento por culpa del ministro de defensa Ricardo López Murphy, un economista neoliberal que ha concedido a los militares espacios que habían perdido durante el menemismo. Es significativo, por ejemplo, que el nuevo jefe del Ejército, general Ricardo Brinzoni, haya revertido en pocos meses la autocrítica sobre la guerra sucia que hizo su antecesor, el general Martín Balza.
En ese contexto no sería de extrañar que De la Rúa haya incluido al almirante Stella en su comitiva como una forma de limar asperezas con la Marina, a la que efectiva y afectivamente sigue perteneciendo el almirante Pertiné, hermano de doña Inés Pertiné, la primera dama, que dedicará sus escasas horas en el Distrito Federal a visitar Antropología y otros museos con la esposa del presidente Zedillo. En plan más susceptible podría suponerse que Stella procurará interesarse “personalmente” por su “camarada de armas” Ricardo Miguel Cavallo. La versión puede resultar excesiva pero no es disparatada: hace pocos días un reportero del diario Clarín de Buenos Aires, que se basaba en “fuentes de la inteligencia mexicana”, reveló que el primer llamado telefónico que hizo Cavallo cuando fue capturado por la Interpol local, no fue a su mujer ni a sus abogados, sino al Servicio de Inteligencia Naval (SIN), una de las temibles estructuras que participaron en el terrorismo de Estado en tiempos del general Videla. La versión es plausible e indica lo que muchos saben sin necesidad de trascendidos y revelaciones: los hombres de inteligencia no suelen jubilarse. Si esto es así y el almirante Stella comete la torpeza de interesarse por el hombre que hasta hace pocos días conducía el Renave, la visita de De la Rúa podría engendrar un nuevo escándalo.
El presidente pensaba hace poco menos de dos meses que su paso por México sería una grata aunque corta escala en su viaje a Estados Unidos. Una parada de 20 horas en la que condecoraría a Ernesto Zedillo convirtiéndolo en una suerte de Mijail Gorbachov mexicano y negociaría lo que hubiera que negociar de importante con el presidente electo Vicente Fox. Pero en el medio se cruzó el destape del exrepresor de la Marina Ricardo Miguel Cavallo, devenido en empresario y director del Renave. Un asunto muy sucio que cae como una mancha de tinta china sobre la agenda de los dos presidentes y opaca la bendición democrática que Zedillo descuenta obtener de su par pampeano a modo de despedida de Los Pinos.
Un affaire que viene a sumarse a otro mucho más preocupante para el visitante De la Rúa: el escándalo por los presuntos sobornos habidos en el Senado, que coloca a la clase política argentina (tanto peronista como aliancista) en el nivel más bajo desde que el país sudamericano reconquistó la democracia.
Identidad plenamente probada
Para colmo, el propio mandatario vinculó innecesariamente el affaire Sérpico-Cavallo con las preguntas que pueden hacerle en su viaje a México, al decir a los periodistas que, según algunos diarios, había dudas sobre la identidad del exrepresor convertido en empresario internacional. Como se sabe, los defensores mexicanos del marino basan su estrategia precisamente en el punto de la identidad: Baltasar Garzón buscaría a un “Miguel Ángel” Cavallo y el hombre detenido en Cancún se llama Ricardo Miguel Cavallo.
Por suerte, obraban en poder de este reportero dos documentos decisivos, de cuyo cotejo surge con nitidez que el represor de la ESMA buscado por Garzón y el hombre al cual la Secretaría de Comercio mexicana concesionó el registro automotor son una misma persona. Los dos documentos -que ya están en poder de Garzón- son irrefutables. El primero es una credencial de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que fue rescatada de las catacumbas de la ESMA por Víctor Basterra, uno de los pocos detenidos-desaparecidos que lograron sobrevivir a ese infierno que devoró para siempre a 5 mil argentinos. Basterra, que era fotógrafo de profesión, era obligado por los marinos a realizar toda clase de falsificaciones. Así cayó en sus manos la credencial del temible Sérpico y el prisionero tuvo la astucia de esconderla y conservarla -con otros documentos estratégicos- para un improbable futuro en el que pudiera denunciar a los verdugos.
Contra la estadística temible de ese campo de concentración -uno de los mayores de la guerra sucia-, Basterra logró sobrevivir y sacar las evidencias que había escondido. En 1985, cuando se produjo el juicio a los comandantes de las juntas militares, fue uno de los testigos más valiosos: no sólo por lo que dijo, sino por las pruebas materiales que entregó al alto tribunal. Una de ellas era esta credencial. Que está a nombre del teniente de navío Miguel Ángel Cavallo, cédula de identidad número 6.275.013.
Este reportero, por su parte, tuvo acceso al prontuario que tiene Ricardo Miguel Cavallo en la Policía Federal Argentina, donde figuran sus distintas solicitudes para renovar la cédula de identidad y el pasaporte. Allí figuran sus distintos grados en la Marina de Guerra y sus diferentes destinos. En esos papeles -auténticos e irrefutables- figura que revistó en la ESMA en 1978 y 1981, fechas en que lo vieron varios de los sobrevivientes que lo denunciaron en el célebre artículo de Reforma que hizo detonar el escándalo. Pero uno de esos formularios, fechado el 22 de enero de 1981, lleva adosada la misma fotografía que fue estampada en la credencial capturada por el exdesaparecido Basterra. El número de cédula de identidad de “Miguel Ángel” Cavallo es 6.275.013 y el de Ricardo Miguel Cavallo el 6.275.013. Por si fuera poco, la firma de Miguel Ángel es idéntica la de Ricardo Miguel. ¿Hace falta mucho más para demostrar que el genocida y el director del Renave son una misma persona?
Hay más. La semana pasada comenzó el desfile de sobrevivientes por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional de España, el mismo desde el cual se dictó orden internacional de aprehensión contra el exdictador Augusto Pinochet.
Una de las primeras víctimas de Sérpico que se acercó al tribunal fue el periodista Juan Gasparini, que reside en Suiza y ya había prestado testimonio en el gigantesco expediente sobre terrorismo de Estado y genocidio en Argentina que se viene siguiendo desde hace casi cuatro años. En este segundo testimonio, Gasparini reconoció al exdirector del Renave, Ricardo Miguel Cavallo, como el mismo hombre que hace más de 20 años lo metió en un auto a punto de pistola y lo llevó al mismísimo refugio clandestino del prisionero, donde otros hombres de metal cazaban a tiros a Mónica Jáuregui, la esposa de Gasparini. Veintitrés años más tarde el antiguo prisionero seguía recordando la sonrisa y la mirada distante de ese otro joven como él que lo obligaba a presenciar la cacería de su compañera. Sentado en un auto que, por cierto, era robado. Un detalle nada secundario en las actuales circunstancias.
Ajeno al recuerdo de la muerte que conservan las víctimas, el secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Herminio Blanco, ensayaba en rueda de prensa una curiosa defensa de Sérpico: “A Cavallo sólo se le acusa de genocidio”. Ante las risas de los reporteros, Blanco explicó su paso en falso: el exdirector del Renave no tenía cargo alguno por robo de vehículos. Al gigantesco acto fallido que acababa de consumar, el funcionario le añadía falta de información, porque uno de los cargos por los cuales Garzón imputó a Cavallo en la causa fue, justamente, por robo de vehículos. En el auto del 16 de octubre de 1998, del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de España, en el sumario 19/97, el magistrado Baltasar Garzón acusa a los miembros del sector “Operaciones” de la ESMA, al que pertenecía Cavallo, de varios delitos: secuestros, saqueo de viviendas y también “sustracción de automóviles” (sic). Los miles de secuestros que perpetró el Grupo de Tareas 33/2 de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada se llevaban a cabo en vehículos robados, con la identificación cambiada.
Tampoco dijo la verdad Blanco cuando presentó a Cavallo como un “empleado” de la empresa argentina Talsud, que en setiembre de 1998 ganó la concesión del Renave con HDS (Henry Davis) y la francesa Gemplus. Según los registros de la Inspección de Justicia de la Argentina que consultó este reportero, Ricardo Miguel Cavallo es miembro del directorio. En la asamblea de 1998 figuraba como vicepresidente y en la de 1999 como director. El número dos y el tres debajo de un hombre que en estos días abandonó precipitadamente México, el señor Victor Taiariol, presidente de Talsud. Blanco y sus segundos podían desconocer la sucia madeja que se ha ido desovillando en estos días y que muestra a Talsud en sociedad con Seal Lock, otra firma donde actuó Cavallo y uno de sus más conspicuos camaradas de la represión clandestina: el exteniente de fragata (contador) Jorge Carlos Radice (alias Ruger). Tal vez el pistolero más efectivo y temible del Grupo de Tareas. Y, a la vez, el hombre que negociaba el botín de la guerra sucia: las pertenencias de los desaparecidos que comercializaba en locales clandestinos, como la célebre inmobiliaria de la calle Zapiola, regenteada por un pariente del marino. Radice, quien también fue secretario privado del genocida Emilio Eduardo Massera cuando éste se dedicaba a comprar fragatas a los ingleses y venderle artillería a Tachito Somoza, estuvo ligado a los negocios sucios del menemismo y al propio secretario general de la Presidencia en tiempos de Menem: el geólogo Alberto Kohan.
El secretario Blanco podía ignorarlo con todo derecho, pero tal vez tenía la obligación de investigar a fondo a la empresa Talsud y no lo hizo. Desde que José Vales destapó a Cavallo en Reforma, el titular de la Secofi ha defendido la solvencia, idoneidad y experiencia de la empresa argentina.
Esta experiencia, en el caso argentino, no es muy grande y sin duda ha merecido críticas. En Mendoza obtuvieron la concesión de los registros en un consorcio, donde también estaban Seal Lock y la francesa Gemplus, gracias a la indudable influencia de uno de sus socios, Luis María Casero, vinculado al procesado “banquero de Menem”, Raúl Moneta, y al Grupo Vila-Manzano, que reúne a José Luis Manzano (político peronista que tuvo que dejar el Ministerio del Interior acusado de “robar para la corona”) con el grupo anticastrista de Jorge Mas Canosa, acusado de trabajar para la CIA y traficar con drogas. En la localidad mendocina de Godoy Cruz cometieron una grave irregularidad: se presentaron a la licitación y la ganaron antes de formalizar el consorcio. De allí saltaron a La Rioja, provincia natal de Menem, y a El Salvador, adonde entraron de la mano de viejos camaradas de la guerra sucia: los hombres del mayor Roberto D’Aubuisson.
La globalización y el fin de la guerra fría han hecho que antiguos espías y represores (de la propia CIA o el FBI) se “reciclen” como empresarios que venden seguridad, inteligencia y espionaje industrial a gobiernos y empresarios que no entienden mucho de “genocidios”. Descontroladas y poderosas las empresas de los antiguos hombres de los servicios siguen en lo de siempre, bajo otras formas, al controlar datos privados de millones de personas. A esa oscura ralea pertenece Ricardo Miguel Cavallo, alias Miguel Ángel, alias Marcelo, alias Sérpico, cuya extradición es reclamada por un juez español gracias a la clase política argentina que consagró la impunidad con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos de Menem. Creyendo -con una perversidad no exenta de candor- que la losa jurídica podía sepultar un pasado que se empeña tercamente en reaparecer.
