BUENOS AIRES.- Ricardo Miguel Cavallo es acusado de haber sido oficial de la Armada argentina y torturador en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), todo un símbolo de la guerra sucia, de una política de Estado destinada al exterminio de los disidentes y de los sospechosos de serlo.
Cavallo formó parte de un equipo adiestrado para el exterminio, pasando por la tortura y culminando con la desaparición definitiva de miles de personas. Fue un subordinado del almirante Emilio Massera, comandante en jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar gobernante, condenado después por genocidio. Y condiscípulo de Alfredo Astiz, torturador emblemático, condenado por secuestro y asesinato.
Juzgados y amnistiados algunos, prófugos otros, camuflados en la muchedumbre la mayoría, los represores de las muchas dictaduras latinaomericanas aparecen de tanto en tanto, detectados por alguna memoria vigente.
Escondidos tras identidades falsas, como antes tras nombres de guerra, niegan ser quienes fueron y haber hecho lo que hicieron. El abrumador peso de las evidencias los convierte en prisioneros, como sus víctimas de ayer. Pero con una ventaja que ellas no tuvieron: la posibilidad de un juicio justo.
Tal es el caso del capitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, o Sérpico o Marcelo o Miguel Ángel o Ricardo…
El eje operativo
La ESMA fue, además de uno de los 340 centros clandestinos de detención y torturas de la guerra sucia argentina (1976-1983), el eje operativo de una compleja organización, un centro en el que se proyectó y efectuó una enorme variedad de actividades delictivas clandestinas. Fue el mayor campo de exterminio de la última dictadura argentina.
Todo lo que allí se hizo fue con conocimiento y aprobación de las autoridades jerárquicas de la Armada y del país. Para ejecutar los programas se utilizó a un grupo especial, adiestrado ex professo: el Grupo de Tareas 3.3.2 (GT), integrado en sus inicios por una docena de oficiales de la Marina, que con el tiempo aumentó considerablemente. En su creación participó personalmente Emilio Massera, quien dictó una conferencia inaugural a sus integrantes, que concluyó con la exhortación a “responder al enemigo con la máxima violencia sin trepidar en los medios”.
Massera demostró su compromiso con el proyecto participando en los primeros operativos clandestinos del GT, usando como nombres de guerra Negro y Cero.
Al comienzo, el GT trabajó en coordinación con el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) pero, siete meses después de su creación, el GT incorporó a nuevos integrantes y se independizó, y dependió directamente de Massera mediante el director de la ESMA, el capitán de Navío Rubén Jacinto Chamorro, Delfín o Máximo, ascendido después y por sus “méritos” a contralmirante.
El GT dividía sus labores en tres áreas: Inteligencia, Operaciones y Logística. El área de Inteligencia tenía a su cargo el manejo de la información arrancada a los prisioneros mediante tortura y el estudio de los documentos incautados al momento de cada detención.
El área de Operaciones realizaba los secuestros en automóviles robados y con placas alteradas. Cuando el secuestro se realizaba en el domicilio de la víctima, el comando se encargaba de la incautación de documentos, del saqueo de objetos y de la destrucción de lo que considerara inservible a sus intereses.
El producto del saqueo era trasladado a la ESMA. Los documentos pasaban al área de Inteligencia y los objetos -que incluían mobiliario, electrodomésticos, etcétera- eran trasladados al “pañol” y repartidos entre los miembros del GT como “botín de guerra”.
El área de Logística incluyó, además de los oficiales, a suboficiales encargados del mantenimiento y refacción de las instalaciones del GT y la administración de las finanzas. Esta última actividad cobró cada vez mayor importancia pues a los fondos destinados por la institución al GT se sumó el producto de los saqueos; además, mediante falsificación u obtención de firmas bajo presión o tortura, se apoderaron de títulos de propiedad de los detenidos que derivaron en desaparecidos. Entre finales de 1978 y comienzos de 1979, Massera y sus oficiales inauguraron una empresa inmobiliaria.
El “traslado”
“Trasladar” a un detenido significó, en la ESMA, desaparecerlo para siempre, aunque se hacía creer a los detenidos que trasladarlos sería llevarlos a cárceles donde quedarían en calidad legal de presos.
En 1995, el capitán de corbeta retirado Francisco Scilingo se presentó ante el periodista Horacio Verbitsky y le dijo: “Yo estuve en la ESMA…”. Muchas horas de conversación entre ambos se tradujeron en el libro El Vuelo (Planeta, 1995), en el cual el represor, abrumado por sus recuerdos, relató con todo detalle cómo eran eliminados los prisioneros de la ESMA no aptos para la “recuperación”: Dopados con pentotal, eran subidos a aviones y desde el aire lanzados al mar, adormecidos pero vivos, con elementos pesados adheridos a sus cuerpos para asegurar que se hundieran y desaparecieran para siempre (Proceso 963).
Scilingo ratificó en 1997 ante el juez Baltasar Garzón, en Madrid, los pormenores de esos operativos.
Los oficiales del área de Inteligencia declararon muchas veces que sólo sobrevivirían a la ESMA los “elegidos para el proceso de recuperación”, lo que en algunos casos significó colaborar con la represión. La inmensa mayoría -alrededor de 4 mil 500- de los secuestrados de la ESMA desaparecieron en el mar o fueron incinerados.
Massera era el comandante en jefe de la Armada en marzo de 1976, cuando el general Jorge Rafael Videla encabezó el asalto del poder. Formó, por tanto, parte de la Junta Militar gobernante.
Massera era famoso por su afición a la vida nocturna y a los amores extraconyugales. Se cuenta que en una ocasión salió a navegar con el esposo de su amante. Y regresó solo…
El bajo perfil de la Armada en el régimen militar debía ser elevado. Por eso Massera decidió convertir a la ESMA en el “mejor” centro operativo. El área de Operaciones del GT realizaba hasta seis misiones por día, secuestrando “subversivos” o sospechosos de serlo, en la calle o en sus domicilios. De inmediato eran llevados a la ESMA, vendados y esposados. Y entregados al área de Inteligencia, donde eran torturados en presencia de un miembro de Operaciones, por si las confesiones originaban un nuevo secuestro.
Tal eficiencia tenía sus compensaciones: los bienes de los secuestrados -dinero, joyas, muebles, casas, automóviles, empresas- pasaban a manos de los secuestradores como “botín de guerra”, con la anuencia de Massera. Los comandos operativos recibían su parte. Ese “botín de guerra” llegó a sumar 70 millones de dólares y aún hoy se investigan cuentas en Suiza de exintegrantes de la ESMA.
Pero Massera quería más que ser parte de un trío. Cuando Videla optó por seguir el modelo económico de su colega chileno Augusto Pinochet, Massera decidió marcar la diferencia y formó el Partido de la Democracia Social, reivindicando un populismo de corte peronista. Para sus fines le serían muy útiles los prisioneros leales a la línea nacionalista de Juan Domingo Perón. Los militantes del Movimiento Peronista Montoneros, de izquierda radical, fueron excluidos y, en gran parte, exterminados.
Algunos prisioneros seleccionados para la “recuperación” fueron presionados a colaborar en tareas como síntesis de prensa, traducción de artículos publicados en el extranjero y análisis de contenidos que el almirante convirtió luego en discursos o propaganda política que transmitió por los medios de difusión que controlaba (radioemisoras de onda corta y el canal 13 de televisión).
La difusión de sus propuestas en el extranjero le permitió conectarse con la logia italiana P-2 y su líder Licio Gelli.
Con la ambición de ser cabeza y no parte de un gobierno, Massera dejó la Junta en septiembre de 1978. No logró el liderazgo político soñado y el retorno de la democracia le significó ser juzgado y condenado a cadena perpetua por genocidio y tortura. Recuperó su libertad en 1989, gracias al indulto de Carlos Menem. Y volvió a perderla en 1998, esta vez por el robo de niños de prisioneros durante la guerra sucia.
Pero había dejado su huella indeleble y una doctrina que hizo escuela: el GT 3.3.2 y sus “cachorros”.
De la “camada” de Astiz
Además de ser discípulo de Massera, Cavallo fue compañero de generación de Alfrerdo Astiz, quien tenía 25 años en mayo de 1976, cuando se creó el GT de la ESMA. Recién graduado en la Academia Naval, recibió instrucción para atacar edificios e infiltrar grupos sospechosos.
Una de sus hazañas fue infiltrarse entre las Madres de la Plaza de Mayo, a las que conmovió con su rostro de niño y la angustia por “su hermano desaparecido”. Su tarea fue exitosa: las traicionó.
En 1977 ingresó al área de Operaciones del GT. Cumplía un sueño. Pero ese mismo mes cometió un error que lo hizo famoso: en su intento por atrapar a una militante de Montoneros, Astiz disparó contra Dagmar Hagelin, una sueco-argentina de 17 años, hoy desaparecida. Testigos dicen haberla visto en la ESMA y un soldado que confesó su participación en ese centro de tortura afirmó que fue trasladada, inválida, a un instituto de rehabilitación de la Armada, en Mar del Plata.
Astiz protagonizó también el secuestro de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, ambas desaparecidas. Por estos delitos los gobiernos sueco y francés pidieron su extradición, que fue denegada.
Sus “hazañas” lo convirtieron en personaje emblemático de la ESMA, y un ejemplo para sus compañeros que lo consideraban un héroe. Se le llamó “El Ángel Rubio de la Muerte” y también “El Cuervo”.
Despreciaba en Masssera su populismo y su corrupción. Y despreciaba al también corrupto capitán de corbeta Jorge Acosta, El Tigre, un psicópata a cargo del equipo de torturadores de la ESMA, pero admiraba de él la eficiencia en el exterminio de los subversivos, que coincidía con su propia premisa: “Hay que terminar de matar a todos los irrecuperables, porque si quedan dos o tres vivos, dentro de unos años el baile empieza de vuelta”.
En 1985 Astiz fue juzgado y condenado. Y en 1987 recuperó su libertad gracias a la Ley de Obediencia Debida, dictada por el presidente Raúl Alfonsín. En 1990 fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal francés. Y en 1995, pasado a retiro, con grado de capitán de fragata, por el presidente Menem, aunque siguió trabajando para la Armada en tareas de inteligencia.
En 1998 declaró a una revista argentina: “Soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista”. Reivindicó a la ESMA: “No era la sede de las Carmelitas Descalzas presidida por la Madre Teresa. Era el lugar para encarcelar al enemigo”. Y remató: “No me arrepiento de nada”.
En la ESMA funcionó un organizado sistema de procesamiento y archivo de toda la información sobre los detenidos, sus familiares, personas vinculadas con las víctimas, que se complementó con un registro fotográfico de cada detenido.
Además, en la ESMA se montó un centro de falsificación de documentos que contó con una imprenta, un taller de diagramación y un laboratorio fotográfico. Todos los integrantes del GT usaron documentos falsos: pasaportes, cédulas de identificación, títulos de propiedad, licencias de conducir, credenciales de la Policía Federal, títulos universitarios y otros.
Allí se confeccionó una credencial para Cavallo con el nombre de Miguel Ángel. Su defensa intenta hoy utilizarla para demostrar que Cavallo, el director del Renave, no es el mismo Cavallo que torturó en la ESMA -aunque sus víctimas sobrevivientes lo reconocieron sin lugar a dudas- y así salvarlo de la extradición a España, donde el juez Garzón espera juzgarlo -como a otros 97 uniformados argentinos- por la desaparición de 330 ciudadanos españoles durante la guerra sucia.
Por eso la urgencia de Ricardo Miguel Cavallo de regresar a Argentina al ser descubierto en México. Aunque parezca inverosímil, el país donde cometió sus crímenes es el único refugio seguro para él.
A las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Raúl Alfonsín se sumó más tarde el indulto presidencial de Menem. Y para no dejar nada al azar, en 1996 el gobierno menemista declaró que no reconocía la jurisdicción de España para juzgar crímenes cometidos en Argentina y, por tanto, no concede las extradiciones. Ese principio sigue vigente en el gobierno de Fernando de la Rúa.
Así, Argentina es para Ricardo Miguel Cavallo una garantía de impunidad, pese a las 226 acusaciones en su contra por sendos crímenes contra la humanidad que incluyen la desaparición de las monjas francesas y de la ciudadana sueco-argentina que figuran en el prontuario de Astiz.
Cavallo, como Astiz, fue un convencido. No sólo de la validez de los métodos empleados en la guerra sucia, sino incluso de sus bondades. Una de sus víctimas recuerda que después de una sesión de tortura, se quejó ante Sérpico de los dolores en su cuerpo, secuelas de la picana eléctrica. Él respondió: “No es tan malo. Cuando termino muy cansado (de torturar) y me duelen las muñecas, me aplico un poco de esto (la picana) y siento un gran alivio”.
