Entre los temas esenciales de la agenda nacional para la Reforma del Estado deberá introducirse el conflicto en Chiapas y la participación directa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la discusión y debate de las transformaciones económicas, políticas y sociales que deben producirse en el país.
Para nadie hay duda de que el conflicto chiapaneco es un asunto de Estado y que por lo tanto debe ser tratado y atendido mediante una política estratégica de esa dimensión. En ese sentido, el tema de Chiapas, así como sus actores centrales y periféricos, obligadamente deben ser incluidos en el diálogo nacional para la Reforma del Estado.
No se trata de sobredimensionar el peso político e influencia del EZLN en los asuntos de más interés para los mexicanos, pero tampoco habría que subestimar la calidad político-moral y las razones históricas de los zapatistas; más bien se trata de darle su justa dimensión a cada uno de los actores políticos y sociales que han contribuido a las grandes transformaciones que se han suscitado en los últimos años en el país.
Si bien es cierto que la presencia e influencia del EZLN en los medios de comunicación ha disminuido significativamente en los últimos meses, también es palmario que las causas y razones que dieron origen a la insurrección comunitaria en Chiapas no han desaparecido o resuelto en su esencia. Los fundamentos del conflicto, rezago social de las comunidades indígenas, marginación, explotación y discriminación, continúan presentes en la geografía chiapaneca.
En este contexto, resultan preocupantes las declaraciones que ha manifestado el presidente electo, Vicente Fox, en el sentido de calificar el conflicto en Chiapas como un asunto local y en considerar que con el triunfo de la oposición en la entidad ya no tiene razón de ser la lucha del EZLN. Las aseveraciones del próximo mandatario del país muestran, por lo menos, insensibilidad y poco conocimiento de un problema profundo, complejo y de alcance nacional, el cual tiene que analizarse y atenderse dentro de la Reforma del Estado.
El mutismo del EZLN hacia las propuestas de la actual administración y las primeras ofertas del presidente electo puede explicarse a partir de tres factores fundamentales: primero, su escepticismo hacia el gobierno del presidente Zedillo; segundo, su desconfianza hacia el gobernador Roberto Albores Guillén y, tercero, la ausencia de ejemplos claros de la voluntad política de Vicente Fox por resolver el conflicto.
La dirigencia zapatista tiene como argumento principal, de su rechazo al diálogo, la negativa del gobierno federal para cumplir los Acuerdos de San Andrés, en materia de derechos y cultura indígenas, motivo por el cual están suspendidas las pláticas y negociaciones entre ambos actores desde 1996. En este tenor, el EZLN aduce con razón que no hay correspondencia entre el discurso del gobierno federal y las acciones que ha lanzado para contener y aislar el movimiento, por lo que no existen elementos suficientemente convincentes para aceptar las iniciativas gubernamentales.
La desconfianza zapatista hacia las propuestas del Ejecutivo Federal también encuentra justificación en los actos del gobernador Roberto Albores Guillén, quien en diversas ocasiones ha efectuado maniobras para controlar a las bases zapatistas y neutralizar las acciones de la Comandancia General del EZLN. Para algunos analistas, no hay duda de que el gobierno federal ha perdido confianza y credibilidad social por la impericia y política del todavía mandatario estatal. Pablo Salazar tiene enfrente como primera tarea contener y desarmar a los grupos paramilitares.
Por su parte, el presidente electo ha manifestado una posición contradictoria ante el conflicto chiapaneco; algunas veces sostiene que tiene voluntad política para atender las demandas de los zapatistas y en otras condiciona su solución hasta que no haya respuesta del EZLN. En su reciente gira por Estados Unidos, Vicente Fox declaró ante los medios internacionales, reunidos en el Club Nacional de Prensa, que está preparado para la negociación e incluso para “hablar de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y el retiro del Ejército a las posiciones en las que estaba antes de iniciar el conflicto, pero sólo si hay pláticas serias y formales que lleven a una verdadera intención de resolver el conflicto en Chiapas”. La posición del presidente electo ha cambiado a la de cuando era candidato, ya no son los 15 minutos, ni la aprobación de la iniciativa de la Cocopa y el hoy, hoy, hoy, se ha convertido en un pasado mañana, en un después o en un quién sabe.
El EZLN tiene que ver señales claras que demuestren la voluntad política del gobierno federal y del presidente electo para solucionar el conflicto. Por lo menos cuatro factores podrían contribuir a reiniciar las negociaciones y las pláticas de paz suspendidas desde hace cuatro años: impulsar en el Congreso de la Unión la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) sobre derechos y cultura indígenas; reposicionar las tropas del Ejército en Chiapas hacia sus cuarteles, para crear un clima de distensión en la entidad; retirar la propuesta del Ejecutivo Federal de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas y, finalmente, retirar la propuesta de cartas municipales que presentó el PAN ante el Poder Legislativo.
Para todos debe quedar claro que la pluralidad en las preferencias electorales expresada en las urnas el 2 de julio debe encontrar su correspondencia en las determinaciones de fondo que se tomen para la nación. La diversidad étnica, cultural y social que caracteriza a México es una de sus principales riquezas aunque, paradójicamente, tal patrimonio constituye un serio problema para la propia integración social del país. Siendo una nación por definición variada, los múltiples sectores que conforman a la compleja sociedad mexicana históricamente no han encontrado equilibrio en el uso de los canales de expresión y participación. En el diálogo nacional para la Reforma del Estado se tiene que contemplar la pluralidad como un elemento fundacional de la nacionalidad mexicana, ya no en el mero plano formal, sino asumirlo como un quehacer político de gran aliento. El cambio hacia formas democráticas, implica la construcción de consensos con referentes alternativos, sin centros hegemónicos. Las relaciones sociales de carácter vertical, así como las jerarquías tradicionales, entorpecen el surgimiento de elementos formadores de una nueva cohesión social, en la cual la diversidad quedaría representada.
La incertidumbre y el escepticismo social en la capacidad gubernativa de las instituciones, son el peor de los riesgos que enfrentan los mexicanos. En la evolución nacional deben fortalecerse los factores que permiten el desarrollo deliberado de los procesos políticos y sociales. El EZLN, la sociedad, las organizaciones políticas, las soberanías y los tres poderes, cada uno con sus peculiaridades, están llamados a la gran tarea de elevar el desarrollo político nacional a través de la Reforma del Estado.
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