Las expectativas de cambio que ha despertado el próximo gobierno se advierten especialmente en relación con la educación nacional, sin duda por la prioridad que Vicente Fox ha prometido dar a ésta; mucha gente espera que el siguiente gobierno transforme profundamente el sistema educativo y, además, que lo haga en poco tiempo. Por añadidura muchos están convencidos de que de los cambios educativos se seguirá la solución de casi todos los problemas del país.
Estas expectativas son exageradas. Olvidan el carácter de “transición” que el próximo gobierno necesariamente tendrá (empezando por la circunstancia de que en su primer año habrá de ajustarse a un presupuesto diseñado por el gobierno actual), pero sobre todo olvidan la naturaleza de los sistemas educativos que son estructuras sociales sumamente complejas por el número de actores que en ellos intervienen, los procesos que desarrollan, los intereses en juego, los conflictos que se dan entre esos intereses y la diversidad de tiempos de sus acciones. Transformar el sistema educativo para que la educación sea mejor o imprimirle una orientación diferente no dependerá de la sola voluntad del gobernante sino de otros factores, algunos imponderables: cambios de mentalidad, nuevas valoraciones públicas, nuevas esperanzas compartidas y sobre todo negociaciones exitosas con todos los involucrados.
Los actores más visibles del sistema educativo son los maestros, los alumnos, sus familias y las burocracias que lo manejan (directores, supervisores y mandos medios de la administración); pero los intentos por producir cambios en la educación tienen que tomar en cuenta a otros muchos actores: gobiernos estatales y municipales, iglesias y grupos ideológicos, escuelas privadas, empresas y otros empleadores, partidos políticos, legisladores, comunidades que demandan servicios y grupos de la sociedad organizada, sin olvidar a los electores en cuanto tales. Ante todos ellos se encuentra el titular de la Secretaría de Educación Pública como un actor cualificado: su poder es ciertamente grande pero está estrechamente acotado por realidades políticas, sociales y psicológicas altamente complejas. Es un puesto de alto riesgo, y no es el menor el de quedarse inmóvil ante el temor de alterar un frágil equilibrio.
Conocemos sólo parcial y superficialmente la manera como estos actores actúan e interactúan y los márgenes en que es posible lograr que modifiquen sus conductas o, como suele decirse, en que el sistema educativo sea capaz de aprender. Sabemos que los maestros son particularmente renuentes a modificar sus prácticas docentes o que el SNTE es un factor de poder considerable que condiciona muchas decisiones que afectan la calidad educativa; pero en contraparte poco conocemos de las energías favorables a algunos cambios educativos que representan los padres de familia, no pocas comunidades y aun los medios de comunicación comerciales (que generalmente vemos como desfavorables); la imaginación política tendría aquí la tarea de identificar esas energías.
Las decisiones que quisiera tomar todo nuevo gobierno aspiran seguramente a mejorar la educación en los contextos reales y concretos de la vida cotidiana; quisieran poder impactar a cada alumno y a cada maestro; pero su eficacia pasa por muchas mediaciones; tienen que conciliar intereses opuestos y alcanzar consensos difíciles, so pena de ser inoperantes. De esta clase de decisiones bien intencionadas pero voluntaristas podría decirse con humor negro que cualquier semejanza entre lo que los políticos deciden y la realidad educativa es pura coincidencia. Harían bien los funcionarios en colocar en sus oficinas en lugar visible el verso de John Lennon: “La vida es lo que sucede mientras andas ocupado planeando otras cosas”.
En otros tiempos se creía que el éxito de una reforma educativa dependía fundamentalmente de que estuviese bien concebida y fundamentada; el Estado era el factor decisivo y se daba por supuesto que los burócratas y maestros, una vez convencidos, se convertirían en dóciles ejecutores de lo que se mandaba. El fracaso de muchas reformas ha abierto el camino a una concepción diferente, más política, que enfatiza la importancia de involucrar a los diversos actores, identificar sus intereses y sumarlos a las metas propuestas; inclusive invitarlos a definir esas metas conjuntamente con las autoridades.
La teoría del análisis de los actores (en inglés los llaman stakeholders, por concebirlos como titulares de un particular interés en el sistema educativo) fue importada del campo de la planeación estratégica de las empresas: intenta responder a la complejidad de los sistemas educativos y a las demandas de una sociedad democrática. Existen inclusive juegos computacionales para que los estudiosos de estos asuntos elaboren “mapeos políticos” de todos los actores y de sus posiciones ante una determinada medida de reforma y analicen su grado de factibilidad, juegos que por lo demás tienen que adaptarse a las características de cada sociedad y sistema político. Lo esencial de este enfoque es la convicción de que la eficacia de una reforma depende de que la hagan suya cuantos van a ser afectados por ella.
En consecuencia, la pregunta por las probabilidades de que el próximo gobierno lleve a cabo una transformación profunda del sistema educativo no tiene respuesta fácil: se equivocan los que esperan una “gran reforma educativa” que lo renueve todo, y se equivocan también quienes crean que la complejidad de los cambios impondrá una obligada continuidad. La respuesta transita en medio de ambos extremos y es más humilde y matizada: por una parte, es verdad que estamos ante una coyuntura inédita que permite esperar innovaciones mayores a los de los pasados cambios sexenales; el distinto signo político del gobierno y la extinción del partido de Estado facilitarán nuevos planteamientos de las relaciones con el sindicato magisterial y lograrán suprimir algunas costumbres viciadas y abrir espacios a prácticas diferentes; también es verdad que el cambio político está ya alentando en la sociedad una visión más estimulante y motivadora de la educación, lo que por sí mismo amplía las fronteras de lo factible. Por otra parte, también es verdad que la complejidad del sistema educativo obligará a las próximas autoridades a avanzar despacio y a extremar su habilidad negociadora con todos los actores: su principal cualidad debiera ser la de ser capaces de entablar conversaciones constructivas con todos ellos.
La peor tentación de los políticos responsables de la educación sería confundir el poder que representan los recursos económicos y de autoridad de que disponen con el poder de transformar a las personas; en el fondo, de lo que se trata es de lo segundo.
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