El Renave se ha transformado en la evidencia explosiva de un conjunto de problemas que van mucho más allá del registro de automóviles. Por la puerta entreabierta por el escándalo Cavallo, se cuelan interrogantes sobre las funciones del Estado y la empresa privada y las relaciones que deben existir entre ellos; la eficacia de los servicios de información mexicanos; la metamorfosis en el marco de la globalización, de mafias represivas del pasado en flamantes empresas comerciales; los valores éticos y políticos que orientan las decisiones de nuestro tecnocrático secretario de Comercio y las vías más eficaces de la lucha contra el robo y el contrabando de automóviles.
Van cinco reflexiones sobre el tema:
1. ¿Necesitamos realmente un registro federal de automóviles? Ésta es sin duda, una necesidad urgente. Bien manejado, sería un instrumento fundamental en la lucha contra el robo masivo de autos que es una de las principales expresiones del crimen organizado. Es, además, importante en la aplicación de la ley contra infracciones graves de tránsito. Puede también ser una fuente de información para otras necesidades legítimas del Estado en el cumplimiento de sus funciones. A todos los ciudadanos nos interesa que se constituya siempre y cuando sirva realmente para esos fines.
2. ¿Quién debe manejar el registro, el Estado o una empresa privada? Los argumentos a favor de la primera opción son que se trata de información que no puede dejarse en manos de empresas privadas porque éstas pueden hacer uso indebido de ella o ser fácilmente penetradas por las mafias que se pretende combatir. Además -sostienen los partidarios del Estado-, existen leyes que impiden la privatización de esa función. Los argumentos de quienes en cambio se inclinan por la licitación son que el gobierno manejó el registro durante 28 años y lo hizo muy mal; que luego lo suspendió arbitrariamente por motivos políticos y que, finalmente, los registros locales existentes actualmente, son muy deficientes.
Se trata sin duda de un problema delicado, de difícil solución. Se pueden tomar medidas para asegurarse que el Estado sea eficiente. O si se entrega a una empresa, se puede redactar una reglamentación estricta de las actividades de la empresa seleccionada, acotando su campo de acción, obligándola a rendimientos de cuenta rigurosos e imponiendo sanciones severas por incumplimiento. Lo que no puede hacerse es que el Estado vuelva a hacerse cargo de la tarea en las mismas condiciones que en el pasado o que se le entregue el paquete a una empresa privada, sin leyes y reglamentos estrictos y una vigilancia directa del Estado. El asunto no es de principios, pero tampoco es exclusivamente de eficiencia. Además, está el problema de la credibilidad del usuario, que debe estar predispuesto a colaborar con el registro.
3. ¿Por qué tantos errores de Secofi en el Renave? Es evidente que, en la licitación del registro, Herminio Blanco cometió todos los errores posibles: No se expidió un reglamento para la Ley del Renave antes del otorgamiento de la licitación. El concurso no contenía la exigencia de analizar la “solvencia moral” de la empresa favorecida y sus funcionarios, como es común. Esto hubiera permitido cancelar sin dificultad el contrato. Ahora sabemos que la empresa conocía el pasado de Cavallo pero sólo se revisaron la solvencia financiera y técnica de los postulantes. Los poderes que se otorgan a la compañía triunfadora son excesivos. La licitación es demasiado larga. Se otorga por un período de 10 años con opción a otros 10 si lo solicita el concesionario a tiempo. La nueva disposición se iba a aplicar en forma retroactiva, lo que contradice la ley. Las cuotas para el registro de los carros nuevos son muy superiores al costo real de la operación. El proceso de preparación del registro duró cinco años y, sin embargo… ¡Qué resultados!
Evidentemente, después de lo sucedido, el Renave debe quedar en manos del Estado. Por un buen tiempo, la credibilidad de las empresas privadas para esta función se ha desvanecido. Si los bancos y el Fobaproa no son prueba suficiente, agreguemos el Renave.
4. ¿Qué pasa con los órganos de inteligencia mexicanos? La empresa favorecida está probablemente implicada en un circuito mafioso en el cual participan personas que tomaron parte en las represiones de las dictaduras sudamericanas en los años setenta y ochenta. Una de las mayores fuentes de ingreso de los torturadores eran los bienes de los secuestrados, a quienes obligaban a vender. Ese dinero fue posteriormente utilizado en la creación de empresas entre las cuales está Talsud, por medio de la cual llegó Cavallo para establecerse en México. Esto era ampliamente conocido en varios países de América Latina. Sólo el gobierno mexicano lo ignoraba. Es evidente que esas compañías están tratando de penetrar las redes de información de varios países Latinoamericanos, entre ellos, México.
5. La posición de Herminio Blanco sobre el tema es verdaderamente siniestra. Defiende a la compañía y considera que no hay argumento legal para retirar la concesión. Cavallo, según él, “cometió delitos terribles, pero no hay acusación de que haya robado autos”. “La responsabilidad de la contratación de Cavallo es de los accionistas. Secofi aplicó la ley al otorgar la concesión”.
En efecto, no hay argumento legal para revocar, porque los términos aprobados por Herminio Blanco para la concesión son demasiado flexibles. El principal ejecutivo de la compañía que iba a controlar nuestro registro de automóviles es un torturador fascista, pero eso no invalida la concesión ¡Lo grave hubiera sido que además de haber asesinado a uno que otro argentino sedicioso, hubiere (¡horror!) participado en el robo de coches!
¿De qué están hechos moral y políticamente los tecnócratas que nos gobiernan? Es verdad que Herminio Blanco es un caso extremo de identificación fanática con los principios del libre mercado, la eficiencia económica y la pericia técnica. Para él los actos de tortura son lamentables, pero no tan graves como el robo de coches. Ésta es la tercera vez que Blanco demuestra incapacidad flagrante, falta de ética espeluznante y una posición política hacia el neoliberalismo y el fascismo inaceptables en un representante político de México. Que renuncie.
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