La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal comenzó a desempolvar expedientes rezagados luego de que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa puso en evidencia que dejó pasar el tiempo legal para ejercer 300 acciones contra exfuncionarios de la anterior administración.
Después de cinco años, el órgano fiscalizador del Gobierno de la ciudad concluyó el proceso administrativo CGDRS7/0/561/98 contra Fernando Peña Garavito, exdirector general de Servicios al Transporte del entonces Departamento del Distrito Federal (DDF), por el cual estuvo un largo tiempo en la cárcel.
Igual que a Manuel Merino, exoficial mayor del DDF y de la Secretaría de Turismo, la Contraloría impuso a Peña Garavito un fuerte castigo: Lo multó con 1 millón 908 mil 715 pesos y lo inhabilitó por 20 años para ocupar cargo alguno en la administración pública local.
Paradójicamente, la Contraloría “perdonó” al excolaborador de Espinosa Villarreal otros tres procesos administrativos más por irregularidades detectadas en su paso por el DDF.
Por “conflictos en la aplicación de la ley”, “dilación” de las autoridades fiscalizadoras y vacíos legales, la Contraloría decidió dejar sin efecto promociones de responsabilidad -234 correspondientes a 1995 y 66 a 1996- contra excolaboradores de Óscar Espinosa Villarreal.
Aunque el Código Financiero del DF y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa (CMHALDF), que estuvo vigente hasta el 8 de febrero de 1999, establecen un término de prescripción de cinco años, la Contraloría determinó limpiar la casa y, con base en el artículo 78, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, anuló los castigos que, por ley, debían recaer en por lo menos una treintena de exservidores públicos del desaparecido Departamento del Distrito Federal que, con su actuación, causaron daño patrimonial a la administración pública local.
Dice a la letra ese precepto legal:
Prescribirán (las sanciones) en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de 10 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de la prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo.
La fracción II del mismo artículo establece que en los demás casos prescribirán en tres años.
El tiempo y las inconsistencias en la legislación del GDF obraron también a favor de los excolaboradores de Espinosa, pues el Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta Pública del DDF correspondiente al ejercicio fiscal de 1995 se presentó casi dos años después, el 27 de septiembre de 1997.
Y entre que se fundamentan las acusaciones, se corrigen las observaciones y se elaboran los dictámenes respectivos, los plazos para poder aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes se acortan aún más, lamenta José Narro, integrante de la mesa directiva de la Comisión de Vigilancia de la CMHALDF.
Por ejemplo, la CMHALDF y la Contraloría del GDF analizaron conjuntamente en septiembre de 1999 las primeras 80 observaciones del paquete de sanciones correspondiente a 1995 y el órgano fiscalizador interno del gobierno capitalino inició el pasado 15 de febrero el envío de las resoluciones de 234 asuntos, en las que declaró la prescripción. Con la Cuenta Pública del DF correspondiente al ejercicio de 1996 sucedió lo mismo: Entre la revisión del gasto y el fincamiento de responsabilidad pasaron casi dos años.
Sin embargo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no faculta a la autoridad fiscalizadora del GDF a actuar de manera oficiosa. La única vía jurídica mediante la cual podría aplicar la prescripción es a petición expresa del afectado, y en estos casos no la hubo.
Caso contrario ocurre en materia de amparo, penal y fiscal, en lo cual las leyes especiales imponen al juzgador la obligación de analizar, sin que medie petición del interesado, las causales de prescripción o sobreseimiento.
Debido a este conflicto de ley y al “apresuramiento” de la Contraloría para decretar la prescripción de las promociones de responsabilidad, el ahora diputado federal del PT solicitó, el viernes 25, al titular de esa área, León Alazraki, que investigue la legalidad o no de la medida que puso a salvo, de un plumazo, a más de una treintena de excolaboradores de Espinosa Villarreal.
Por diversas irregularidades administrativas cometidas en 1995, la CMHALDF había pedido a la Contraloría capitalina fincar responsabilidades contra exservidores públicos de las Secretarías de Finanzas (tres promociones); Obras y Servicios (44); Educación, Salud y Desarrollo Social (una); Seguridad Pública (seis); Transportes y Vialidad (una); Medio Ambiente (tres), y Oficialía Mayor (dos).
También contra exfuncionarios delegacionales. Álvaro Obregón, con 11 promociones; Azcapotzalco, una; Benito Juárez, nueve; Coyoacán, siete; Cuajimalpa, nueve; Cuauhtémoc, 11; Gustavo A. Madero, 14; Iztapalapa, 11; Magdalena Contreras, ocho; Miguel Hidalgo, dos; Milpa Alta y Tláhuac, siete; Tlalpan, una; Venustiano Carranza, 10, y Xochimilco, seis.
No faltaron entidades paraestatales y organismos descentralizados. La Contraloría abrió seis procedimientos contra funcionarios de la Comisión de Recursos Naturales (Corena); seis contra el Sistema de Transportes Eléctricos (STE); 22 contra Servicios Metropolitanos (Servimet); 37 contra el Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (Fividesu); dos contra Corporación Mexicana de Impresión (Comisa); dos Fideicomiso de Recuperación Crediticia (Fidere), y dos contra el Fideicomiso Programa Casa Propia (Ficapro).
Por las anomalías detectadas en 1996, el segundo año de gobierno de Espinosa, la CMHALDF solicitó a la Contraloría que promoviera las acciones legales correspondientes contra exfuncionarios de 22 entidades del DDF. Las más castigadas fueron la Caja de Previsión de la Policía Preventiva, con tres promociones, y las delegaciones Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón, con 14, siete y seis, respectivamente.
Del ejercicio fiscal de 1995, sólo quedaron vigentes 25 promociones de responsabilidad administrativa y resarcitoria y, del ejercicio de 1996, únicamente ocho.
Las irregularidades
He aquí cómo se manejaron los recursos públicos durante los dos primeros años de la administración espinosista, a los ojos de la CMHALDF:
En la Dirección General de Obras, que presidió Francisco de Pablo Galán, se hicieron pagos en exceso y de obras no ejecutadas durante 1995 y 1996, por lo que la Contraloría aplicó 23 promociones de responsabilidad, a pesar de que sólo en la mitad de los casos se logró reparar parcialmente los daños.
La Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, que estuvo a cargo de Javier Vega Camargo, uno de los hombres de confianza de Espinosa, fue sancionada por erogar 242 mil 771 pesos por concepto de llamadas telefónicas “no oficiales”. Las autoridades fiscalizadoras sólo recuperaron 2 mil 165.14 pesos. El resto, 240 mil 606, quedó como saldo pendiente.
En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dirigida por el general Enrique Tomás Salgado Cordero, se encontraron desvíos de recursos. Por ejemplo, la Dirección General de Servicios de Apoyo pagó, mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas 4206, 4610 y 45985, la suma de 606 mil 100 pesos por concepto de compensaciones alimenticias correspondientes a los meses de octubre a diciembre de 1995. Después de analizar los comprobantes de ingresos, la Contraloría detectó la reintegración en efectivo de sólo 3 mil 539 pesos. La diferencia, 602 mil 561 pesos, no fue justificada.
La Dirección de Servicios otorgó la concesión de “alimento rolado” al proveedor que cotizó el precio más alto. Pagó un sobreprecio de 60 mil 916 pesos.
El 10 de agosto de 1995, el Subcomité de Adquisiciones de la SSP autorizó la compra de mobiliario para el equipamiento de nuevos dormitorios, con un tope de 500 mil pesos. Se suponía que la compra se llevaría a cabo mediante licitación pública nacional, pero, en realidad, se realizó mediante invitación restringida a tres proveedores.
En el plano delegacional, los exfuncionarios de la Delegación Gustavo A. Madero, que dirigieron José Parcero López y José Merino Castrejón, ambos prófugos de la justicia, acumularon 14 promociones de responsabilidad por pagos en exceso y por trabajos no ejecutados.
La Delegación Iztapalapa, al frente de la cual estuvo Jaime Aguilar Álvarez, se ganó 11 promociones.
Servicios Metropolitanos (Servimet) fue sancionado por excederse en el pago de horas extra a los trabajadores, por contratar personal eventual sin la autorización de la Secretaría de Finanzas y de la Oficialía Mayor y por comprar un inmueble irregular ubicado en la calzada de Tlalpan 914. De las 22 promociones de responsabilidad abiertas por la Contraloría contra funcionarios de este organismo, 11 fueron por sobrepagos.
El grueso de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública del DDF correspondiente al ejercicio fiscal de 1996 se concentró también en la Dirección General de Obras Públicas y en la Delegación Gustavo A. Madero.
