Enredada en lagunas jurídicas y omisiones de autoridades del sexenio pasado y del actual, la solución del gobierno de Ernesto Zedillo para enfrentar el conflicto de las cajas de ahorro populares -un fideicomiso para tratar de pagar a más de 1 millón y medio de ahorradores de 458 sucursales en 25 estados- genera más dudas que respuestas.
Y es que, según denuncias de ahorradores y de legisladores que encabezan su defensa, el Comité Técnico del Fideicomiso de las Cajas de Ahorro, integrado el 13 de julio último por las Secretarías de Hacienda y Gobernación, la Procuraduría General de la República y 25 gobiernos estatales, arma lentamente el avalúo de los bienes incautados a José Cirilo Ocampo, el llamado “Rey de las cajas de ahorro” -preso ahora en el Reclusorio Norte- y aún no hay un marco formal para reintegrar el dinero a los agraviados.
El director del fideicomiso, Manuel Pérez Cárdenas, se comprometió públicamente el 24 de julio a que, a finales de septiembre, se empezarían a devolver los ahorros -el saldo neto de lo invertido más intereses, menos los préstamos vigentes- a quienes fueron defraudados por las cajas de ahorro, la mayoría administradas por Ocampo, cuyos bienes fueron decomisados por la Procuraduría General de la República desde febrero último, amparada en una acusación por lavado de dinero.
El monto de los recursos manejados mediante las cajas de ahorro -según el grupo de trabajo formado en la Cámara de Diputados para atender el problema-, podría llegar a 7 mil millones de pesos.
Ocampo, en entrevista telefónica desde la cárcel, asegura que el fideicomiso carece de validez, pues la firma del convenio mediante el cual presuntamente entregó los inmuebles de su propiedad -que serán parte del patrimonio que servirá para pagar a los ahorradores- le fue arrancada bajo amenazas del coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Yunes, y que el documento no es legal pues no tiene la firma de su esposa, con quien está casado por bienes mancomunados.
En Colima, donde se encuentra el mayor número de bienes decomisados a Ocampo -cerca de 70-, los ahorradores advierten que no permitirán que los inmuebles sean integrados al patrimonio del fideicomiso si no les dan un trato preferencial en el pago.
De hecho, el 24 de agosto los diputados defensores de cajahorristas y el Consejo Nacional de Ahorradores (CNA) -integrado por ahorradores de 13 estados- presentaron una solicitud de juicio político contra el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, por sus “comprobadas omisiones” en la regulación y vigilancia de las cajas populares, “causando perjuicios graves a la sociedad”.
Marcelo Ebrard, integrante, hasta el jueves 31, de la comisión legislativa para atender el conflicto, señala: “La negligencia y omisión de Hacienda afecta a más de millón y medio de ahorradores. Se llegó al extremo de que el gobierno federal decía que era un problema de fraude entre los ahorradores, como si fueran las famosas pirámides, pero en 1992 se dictaron las normas para que Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores vigilaran esas instituciones, que crecieron explosivamente y, según lo quiere hacer ver el gobierno, nadie se dio cuenta. La responsabilidad oficial es evidente”.
El alegato entre ahorradores y autoridades lleva ya más de tres años, y se inició cuando se destaparon los primeros escándalos de fraude y corrupción en cajas de ahorro, las cuales crecieron vertiginosamente ante la falta de crédito bancario y las altas tasas de interés. El gobierno siempre ha insistido en que las cajas de ahorro no son entidades del sistema financiero, pues no están reguladas por la legislación financiera, sino por la Ley General de Sociedades Cooperativas, es decir, que son autorregulables y que el dinero que reciben no tiene el carácter de depósitos bancarios ni las suyas son operaciones de banca y crédito.
Según las autoridades financieras, las “sociedades cooperativas de ahorro”, las “cajas solidarias”, las “cajas populares” y las “cajas de ahorro” -las figuras jurídicas que admite la legislación- no necesitan la autorización de Hacienda, por lo que tampoco la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está obligada a vigilar sus operaciones.
A la fecha, Hacienda sigue sin responsabilizarse directamente del asunto. Tuvo que entrar al quite -para apaciguar los ánimos de los ahorradores- la PGR, en principio, con el decomiso de los bienes de Ocampo.
Sin embargo, en su Denuncia para iniciar el procedimiento de juicio político en contra de Gurría, presentada el 24 de agosto, los legisladores y el Consejo Nacional de Ahorradores dan cuenta precisa de que, en efecto, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito -reformada en diciembre de 1991, noviembre de 1995, abril de 1996 y mayo de 1997- reconoce jurídica, económica y socialmente a las cajas de ahorro como intermediarios financieros, bajo el nombre de “sociedades de ahorro y préstamo”. En suma: Hacienda y la CNBV sí tienen competencia en el problema.
Me amenazaron: Ocampo
El 25 de junio, en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, Yunes -según la versión de Ocampo- le dijo: “El secretario Diódoro Carrasco me instruyó para ‘que firmes este poder para solicitar un crédito y empezar a pagar a los ahorradores. Si firmas, ahorita mismo te trasladan al Reclusorio Norte. Si no lo haces, tú y toda tu familia van a estar aquí en Almoloya. Si firmas, te regresamos al Reclusorio Norte para que te sigas defendiendo de la acusación de lavado de dinero’”.
Ocampo replicó a Yunes: “Mire, licenciado, la única solución que tiene este problema soy yo. Déjenme mis propiedades, vuelvo abrir las cajas y entonces que el gobierno nos ayude para empezar a pagar a los ahorradores”.
El enviado de Gobernación respondió: “Eso nunca pasará, no vas a salir ni te van a devolver las propiedades. Ya tienes más de 500 mil demandas. Firma o te quedas y te traigo a tu familia”.
Ocampo, desde el Reclusorio Norte, dice en entrevista con Proceso: “Yunes me amenazó. Después de estar dos meses y 20 días totalmente incomunicado en una prisión tan deshumanizada como Almoloya, no me quedó otra que firmar”.
Sin embargo, asegura que el fideicomiso que el gobierno federal creó para tratar de pagar a los ahorradores, “carece de validez” por tres razones: Se firmó en un penal sin la presencia del juez de la causa, el traslado al penal de alta seguridad fue considerado como ilegal y los bienes incautados por la PGR están a nombre de Ocampo… quien está casado por bienes mancomunados. “Ese papel no vale si no tiene la firma de mi esposa”.
Considera que el fideicomiso “es una farsa, pues no hay institución que desembolse mil millones de pesos para garantizar el pago a los ahorradores. No creo que haya alguna institución que con ese papel que firmé dé un crédito tan fuerte”.
En la conversación, la primera después de estar en Almoloya del 5 de junio al 23 de agosto, Ocampo reafirma lo que dijo a Proceso en junio último, días antes de su traslado: su detención obedece a intereses políticos: “Me llevaron a Almoloya porque querían calmar a los 4 millones de ahorradores, familiares y empleados de las cajas populares antes de las elecciones, pero les salió mal la jugada. El problema social lo agrandaron y fue capitalizado por otros partidos”.
-Entonces ¿por qué la solución por medio del fideicomiso?
-El gobierno ya no sabe qué hacer. Los socios deben darse cuenta de que el gobierno está armando toda una jugarreta. Los gobernadores están malinformando y me echan a pelear con los socios, quienes deben entender que si ellos presentan denuncias se están autodemandando pues son parte de una cooperativa. La solución, aunque se oiga ostentoso, la tenemos yo y Dios. El gobierno quiere empezar a rematar mis bienes para quedarse con una parte y tengo pruebas de que los coches, aviones y hoteles bajo mi nombre los utilizan la PGR y otras dependencias del gobierno federal. Lo único que le pido al presidente Ernesto Zedillo es que haga algo bueno por el país y nos deje en paz a mí y a los socios.
Las pifias
Américo Delgado de la Peña, abogado de Ocampo, sostiene que Gobernación y la PGR muestran en el juicio “un total desacato a las leyes”. Como prueba, cita que la juez sexto de distrito de esta capital, María Elena Leguízamo Ferrer, ordenó el 25 de julio el retorno de Ocampo al Reclusorio Norte y fijó un plazo de tres días para que Gobernación cumpliera la orden.
Pero como no cumplió, el abogado envió el 14 de agosto un telegrama “urgente” al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, en el cual denunciaba que el traslado “era ilegal e infundado” y que los directores de Prevención Social y del Cefereso de Almoloya de Juárez “desacatan abiertamente (la) decisión judicial” de la juez. Nueve días después, Ocampo fue regresado al Reclusorio Norte.
Explica que “la PGR ya reconoció que no tiene pruebas para respaldar que el dinero de las cooperativas es producto del narcotráfico. Si no hay pruebas, si no hay un avalúo y las propiedades ahí están, no hay fraude y el proceso penal debe sobreseerse. Estoy seguro de que, si esto se falla conforme a derecho, Ocampo será liberado”.
Por lo pronto, el abogado interpondrá esta semana un nuevo recurso a fin de que la juez fije fecha de la audiencia para determinar la anulación de la causa.
Resistencia en Colima
Miguel Acosta Vargas, uno de los 13 miembros del Consejo de Administración de la Caja Popular del Pacífico -organismo elegido hace un mes en sustitución del que encabezaba Ocampo- dice a Proceso: “No vamos a firmar el convenio con el fideicomiso si no se incluye la condición de que el producto de los bienes que están en Colima se destine para pagar en primer lugar los ahorros de los colimenses. Es una condición irrenunciable”.
Si es aceptada esa condición, “no entregaríamos los bienes y seguiríamos con las demandas por fraude, ésa sería nuestra arma. Así, con fideicomiso o sin él, los ahorradores de Colima tenemos asegurados los recursos en comparación con otras entidades”.
Según el gobernador Fernando Moreno Peña, el valor de las propiedades embargadas en Colima asciende a 170 millones de pesos conforme al precio que Ocampo pagó por ellas, aunque su costo actual podría ser superior. Sin embargo, el monto reclamado en las denuncias de los ahorradores locales es superior a 136 millones.
La verdad es que hasta ahora nadie conoce el valor total de los bienes, el número de ahorradores ni la cantidad reclamada en todo el país. Actualmente, ahorradores de cinco estados -Colima, Durango, Aguascalientes, Puebla y Michoacán- se disputan judicialmente los bienes de Ocampo en esta entidad, de acuerdo con los requerimientos existentes en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
-¿Cree que podrá repararse totalmente el daño a los ahorradores de todo el país? -se le pregunta al gobernador Moreno Peña.
-Bueno, supongo que a los de Colima sí, porque tienen bienes embargados que garantizan el pago.
-¿Y los que no tienen?
-La Secretaría de Gobernación, mediante el fideicomiso, se ha comprometido a pagar. Se ha hablado de que el señor Ocampo tiene recursos fuera del país, que los va a traer. Y supongo que también habrá recursos fiscales. Así como se hizo el Fobaproa para apoyar a los ahorradores de los bancos, ahora tiene que apoyarse a estos pequeñísimos y modestísimos ahorradores. Tiene que hacerse con recursos fiscales para complementar lo que falte.
-¿En qué proporción deben aportarse recursos fiscales?
-No tengo conocimiento de lo que se adeuda nacionalmente. Para eso son las auditorías que practicará el Comité Técnico del Fideicomiso.
Las omisiones
En la demanda de juicio político contra Gurría, el Consejo Nacional de Ahorradores establece que los ilícitos en las cajas de ahorro “no se hubieran actualizado si la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hubieran mantenido la vigilancia y supervisión que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito ordenan, particularmente en el artículo 95… el cual dicta disposiciones de carácter general para prevenir y detectar a las organizaciones auxiliares del crédito…”.
Hacienda, dice la denuncia, no vigiló ni sancionó la publicidad de las cajas de ahorro constituidas como cooperativas, no obstante que no cumplían con los requisitos del artículo 51-B de la citada ley ni el 71, que faculta a la CNBV para ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las organizaciones auxiliares de crédito cuando a su juicio implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre ellas o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error respecto de sus operaciones y servicios.
El ahora exdiputado Marcelo Ebrard -hasta el jueves 31, cabeza del grupo legislativo de apoyo a los ahorradores- señala que es imposible que el gobierno “quiera esconder tanta omisión. La gente iba a depositar el dinero como a un banco. Había un flujo de efectivo, pues todos los depósitos de las cuentas de Ocampo se hicieron en la banca comercial. Es imposible que la autoridad no haya tenido noticia de esos movimientos, sobretodo por la magnitud, estamos hablando de más de 5 mil millones de pesos. A una empresa normal, con movimientos por 100 mil pesos, la tienen bajo investigación”.
Entonces las cajas de ahorro “operaban con un respaldo oficial. Y ahora Hacienda no quiere siquiera decir cuántas cajas hay en el país. Es como un secreto de Estado. Pero ahora que tienen el problema encima, producto de omisiones en la regulación, imponen medidas que sin lugar a dudas no beneficiarán a los ahorradores. Este conflicto va para largo”.
Y, en efecto, consciente de que no alcanzará lo que resta de la actual administración para resolver el problema de las cajas de ahorro, el presidente electo, Vicente Fox, se comprometió, apenas el miércoles 30, en Guadalajara, a “resolver definitivamente” el problema de los defraudados.
