El miércoles 16 de agosto, en vísperas de concluir la primera Legislatura sin hegemonía priista, los cinco grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tomaron una decisión terminante: No hacer pública la lista de legisladores faltistas.
“Esta información podría dañar prestigios” o ser “objeto de burla pública”, alegaron los coordinadores. Y solamente por eso decidieron mantener oculta la identidad de los legisladores que, justificadamente o no, se ausentaron de su responsabilidad.
Con base en el artículo 6 constitucional, que garantiza el derecho a la información, el reportero solicitó la lista al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco José Paoli, quien respondió no tener esa información.
-¿A quién debo dirigirme?
-A quien quiera, pero ninguno se la va a dar.
-¿Por qué?
-Porque hay una disposición.
El reportero dijo que recurriría entonces al artículo 8 constitucional, que establece que “los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa”, y cuya respuesta deberá ser -también por escrito- en un breve término.
Paoli Bolio: “Le contesto que no. El derecho de petición no quiere decir que todo lo que se pida se otorga. Quiere decir que se conteste. Puedo no darle la información si le contesto fundadamente. Usted puede insistir”.
-¿Pero cómo un acuerdo de los coordinadores está por encima de la Constitución?
-No está por encima, está colgado “de”…
-Como periodista quedo en estado de indefensión…
-Nosotros recibimos millones de votos, a ustedes los elige una empresa y los manda a averiguar, con ciertos intereses que a veces… responden a intereses de un capital, de un comercio, de un país extranjero. Nosotros no.
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Esta estampa en la Cámara de Diputados suele repetirse en los órganos del Estado y muestra los límites fácticos del derecho a la información que garantiza la Constitución a los ciudadanos.
Ni siquiera la propia Cámara de Diputados pudo obligar al Ejecutivo a abrir los archivos militares y de inteligencia sobre la masacre de Tlatelolco, y ningún ciudadano tiene acceso a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Desde hace cinco lustros, los intentos por reglamentar el derecho a la información han fracasado. El más reciente fue justamente en la Legislatura que acaba de concluir, luego de que los dueños de los medios instrumentaron una campaña que liquidó el intento, confundiéndola una vez más con una “ley mordaza”.
Pero hay otros subtemas que han complicado el ejercicio pleno de estos derechos constitucionales: La colusión entre el gobierno y los dueños de estaciones de radio y televisión; la falta de transparencia en la asignación de la publicidad oficial, y la trama de negocios conexos entre autoridades y empresarios de medios impresos y audiovisuales.
“Lo lógico y lo histórico sería que se cambiara este modelo de relación entre medios y poder público que surge de los gobiernos posrevolucionarios y que algún autor ha llamado la cultura de la colusión de intereses. Ese modelo surgió con un régimen político que, suponemos, llega a su fin”, plantea José Carreño Carlón, jefe del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana.
Exvocero de Carlos Salinas, sentencia: “Si hay un cambio de relación con los medios, tendremos indicios de que sí es un cambio de régimen político. Pero si sigue el mismo tipo de relación, con algunos cambios cosméticos, habrá una continuidad de régimen”.
El PAN, sin claridad
El triunfo presidencial de Vicente Fox y el crecimiento en el Congreso del Partido Acción Nacional (PAN) plantea nuevos escenarios en torno de la reforma al marco legal de los medios de comunicación, considerada por analistas como una condición para el cambio de régimen.
Pero hasta ahora no existe claridad del nuevo gobierno ni de los legisladores del PAN. La posición de Fox al respecto es más bien ambigua, y la de su vocera, Martha Sahagún, lo es más.
En la Tercera Conferencia Internacional “Medios de comunicación y procesos electorales, un compromiso para el futuro”, celebrada en mayo de este año a instancias de la Cámara de Diputados, Fox aseguró que era preciso “poner al día” las leyes e instituciones en la materia, pero enseguida hizo suya la posición oficial del gobierno de Ernesto Zedillo:
“Para mí siempre es más importante la libertad amplia de los medios de comunicación que sujetarles a un marco legal restrictivo y que, sobre todo, pudiera argumentarse que esté en contra de la libertad de expresión.”
Aun así, reconoció que “la transparencia, la rendición de cuentas y la información” son sustento de la democracia.
Martha Sahagún, que como responsable de Comunicación Social en Guanajuato mandó rotular bardas con leyendas como “sonríe”, ha reconocido que ni siquiera conoce las iniciativas para modernizar el marco legal sobre medios, pero en cambio ofrece “mucho off the record” a los periodistas.
En la bancada del PAN en la Cámara de Diputados tampoco hay una definición clara. No aparece como prioridad en su agenda legislativa. Y la diputada que promovió el tema en la LVI Legislatura, María Teresa Gómez Mont, dice que primero es cambiar el régimen político y luego legislar sobre medios.
“Lo primero que se tiene que discutir es la forma de gobierno. Ya que se haya aprobado, en el momento en que se empiece a ver cada especialidad, vamos a tener que llegar a los medios”, dice la exlegisladora, quien cruzó acusaciones con sus compañeros diputados de la LVII Legislatura, Javier Corral y Rocío Morgan, por los enfoques distintos del tema.
“Hicieron una crítica muy feroz e inclusive me molesté. No me dejaban ni siquiera defenderme. Quise entender que mi tiempo había pasado”, recuerda Gómez Mont, quien regresa a la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura, y con quien trataron de limar asperezas, en una comida en su casa el 25 de julio, el ahora futuro senador Corral y la diputada electa Heidi Storsberg, quien presumiblemente se hará cargo del tema en la nueva Legislatura.
Como Gómez Mont, la diputada Storsberg cree que sí es importante legislar sobre el derecho a la información, las concesiones de televisión y los permisos de radio, así como introducir la cláusula de conciencia de los periodistas, pero tiene un enfoque distinto.
Crítica, dice que los diputados Corral y Morgan, así como legisladores del PRD, fracasaron en intentar actualizar la legislación sobre medios, porque “se quisieron comer el pastel de una sola tajada”, y afirma: “Vamos a tener que volver a empezar”.
-Hay quien dice que inclusive les faltó humildad…
-Posiblemente sí. Hay muchos intereses en el tema.
-¿Puede haber reforma del Estado sin reforma en los medios?
-Por supuesto que no. La reforma del Estado en general tiene que pasar por los medios de comunicación. Esto hilvana todas y cada una de las acciones para poder echar adelante la reforma del Estado. Debe ir a la par.
Para Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, estas inconsistencias entre los propios legisladores panistas, y las posturas de Fox y de Sahagún, “denotan buenas intenciones, pero también un absoluto desconocimiento del tema”.
Aunado a esto -apunta el investigador de la Universidad Iberoamericana-, “la actitud de un sector de los medios de comunicación que comenzaron a estrechar su relación” con el presidente electo “no son señales positivas”.
Ejemplifica: “Está pasando algo semejante a España: En su campaña, en 1996, José María Aznar criticó fuertemente a la radio y televisión oficiales por ser proclives al Partido Socialista, por lo que prometió que como jefe de gobierno haría cambios legales.
“Pero al llegar al gobierno dijo que la ley no era necesaria, sólo cambio de personas. Al contrario, en las más recientes elecciones, la radio y la televisión oficiales se volcaron, en buena medida, a favor de Aznar y de los candidatos del Partido Popular, que reprodujeron lo mismo que criticaban.”
-¿Eso puede pasar en México?
-Claro. Ojalá no. Hay que apostar a que haya congruencia con lo que ha postulado el PAN. Me queda claro que algunos diputados y senadores van a seguir con el tema, pero eso no significa que tengan el apoyo del PAN y del gobierno.
En tanto, Televisa y Televisión Azteca, así como diarios como Excélsior y Unomásuno, han tratado de recomponer su relación con Fox. El dueño de El Universal, Juan Francisco Ealy, fue más pragmático y designó a un fotógrafo de tiempo completo para cubrir la campaña foxista, que ya es el oficial del presidente electo.
-¿Los medios se están acomodando?
-Sí -responde Carreño Carlón, exsubdirector de El Universal-, pero en términos tradicionales. Se están portando con Fox como se comportarían con uno del PRI. Cambió el hombre providencial.
Concesionarios: Siempre sí
Pero mientras el PAN se define, el PRI tendrá un diputado, Javier Sánchez Campuzano, que representa a la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), de la que fue presidente cuando se instrumentó la campaña contra la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía con el argumento de que se cocinaba una “ley mordaza”.
Sánchez Campuzano dice que se sintió “impotente” para llamar a los legisladores al diálogo y, pese a que éstos se quejaron de la cerrazón de los concesionarios, el empresario afirma, entrevistado en sus oficinas de Polanco:
“En esta mesa, mi amigo, bajo mi palabra de honor, se sentaron los líderes de todos los partidos políticos. Y mi postura siempre ha sido: ‘Por favor, hablemos’. Pero no se dio. Y ahora, ¿por qué voy a ir como diputado? Porque quiero hablar. Mi primera cuestión: tratar la Ley Federal de Radio y Televisión. ¡Claro que sí!
“Quiero llegar para decir: ‘Ahora sí, amigos, vamos a establecer un puente de diálogo con objeto de que todo lo que resulte sea lo que le conviene al país. Si no ponemos a México por delante, en algunas décadas de proceso cultural vamos a estar macdonalizados. Tenemos que poner a nuestro país enfrente.”
El representante de la CIRT achaca la falta de comunicación a la actitud de los diputados, calificada por muchos como soberbia, sobre todo por Javier Corral, ahora senador.
Una muestra: En un mensaje electrónico enviado a una gran cantidad de interesados en la materia, al que el reportero tuvo acceso, Corral califica a dos especialistas en medios, cuando se intentaba crear la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi):
“Con respecto a Fátima Fernández y Raúl Trejo me parece muy importante que se incorporen desde la convocatoria inicial, pues payasos y todo tienen su rating…”. Y de la primera dice: “No sé qué me pasa, pero no veo a Fátima como presidenta, me la imagino medio sacatona.”
De Carreño Carlón escribió: “No sé hasta qué punto sea recomendable sacar de esta primera convocatoria a Pepe Carreño Carlón, pues en realidad lo que necesitamos es gente definida con el tema; como puede perjudicar puede beneficiar…”.
Desamparo ciudadano
En la Cámara de Diputados hubo ciertos avances en relación con los medios y el derecho a la información: La creación del Canal Legislativo -que encabeza Virgilio Caballero-, la publicación de la Gaceta Parlamentaria y los tableros electrónicos de votación.
La habilitación de un palco para los periodistas, que lo denominaron el “corral de la ignominia”, es también un “avance enorme de orden y de respeto”, asegura el panista Paoli, quien pronto se incorporará como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Sobre las quejas de la prensa que cubría la Cámara de Diputados cuando se tomó esa medida, Paoli dice que “las reglas de la casa no las sacan los visitantes, aunque vengan a cumplir una tarea importante. Las sacan los dueños de casa, que son los diputados”.
-En sentido estricto, en tanto ciudadanos, es casa también de los periodistas.
-¡No, ah no! Ésta no es casa de los ciudadanos, ésta es casa de los representantes de los ciudadanos. Y ustedes (los periodistas) no lo son. Son representantes de los medios informativos que tienen parciales intereses, nosotros representamos los intereses generales.
-¿No responden a un grupo político?
-Una vez que somos diputados, no.
-¿A poco los legisladores de Guanajuato, que aprobaron la punibilidad del aborto aun en caso de violación, respondieron a los intereses generales de la nación?
-Yo no digo que en todos los casos lo hagan, digo cuál es el deber ser. No, hay diputados sectarios… ¿Hasta dónde llega, y quién define el interés de la ciudadanía? ¿lo define un periodista?
-¿Lo define un diputado?
-No, un diputado no define nada. Éste es un órgano colegiado que toma sus decisiones por mayoría.
Y así como el bloqueo a las listas de los diputados faltistas, Paoli acepta, al final, que en general la ciudadanía está desarmada para acceder a información que debe ser pública.
“Hay que reglamentar el derecho a la información del artículo 6. Mientras no esté reglamentado éste queda… no como letra muerta, pero sí congelado. Y en este sentido acepto lo que me está diciendo. Usted como periodista, pero el ciudadano podría decir lo mismo.”
Concluye:
“La Cámara de Diputados dio pasos en la dirección correcta, pero falta. No hay más cera que la que arde. A mí me gustaría que hubiera un cirio, pero tenemos una velita así. ¿Ésa es suficiente para iluminar? No.”
