El último informe del doctor Zedillo es también el último que dará un presidente surgido del viejo régimen. Las y los legisladores que acudieron a la primera sesión del Congreso asistieron también a un acto anacrónico que ya no tiene correspondencia con lo que la sociedad exige. Se trató de un acto protocolario proveniente de la época en que la figura presidencial prevalecía y mantenía el control sobre el Legislativo. Lejos estuvo del reclamo actual de la sociedad de que exista una verdadera rendición de cuentas, en un acto de respeto republicano entre los Poderes de la Unión.
La presentación del sexto informe de gobierno de Ernesto Zedillo se enmarca en el fin del régimen político que perduró en México durante siete décadas. Podemos decir, en términos políticos, que no fue sino hasta el 2 de julio cuando se inició el nuevo siglo en México. La derrota del partido oficial marca una nueva época en el país, donde deberán transformarse las instituciones y las prácticas que hasta ahora han normado la relación entre los Poderes de la Unión y entre el Estado y la sociedad.
El fin de régimen nos deja un testamento de agravios y tareas pendientes. Uno de los más graves es el desmoronamiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y en quienes han llevado la dirección del país, ya que una de las características esenciales del viejo sistema político fue la falta de transparencia en las acciones de gobierno, llegando a la presencia del abuso y la corrupción, no como un hecho aislado, sino como un fenómeno generalizado que se infiltraba en todas las esferas del poder.
Tan sólo en este sexenio tenemos el caso del exgobernador Mario Villanueva, inmiscuido en el narcotráfico; Óscar Espinosa Villarreal huyendo de la justicia por peculado; y, más recientemente, el escándalo del Secretario de Comercio, Herminio Blanco, que hace de un servicio, que por sus características debería de ser público, un negocio privado a favor de un genocida y torturador.
Uno de los más grandes agravios a los mexicanos, cometido en este sexenio, fueron las condiciones en que se asumieron los quebrantos de los bancos, con la entrega de los recursos de la nación, incluyendo el endeudamiento de varias generaciones, para pagar en el Fobaproa alrededor de 1 billón de pesos para el rescate de los capitales de los hombres económicamente más poderosos del país, quienes hicieron un redituable negocio con la crisis que golpeaba a todos los mexicanos, especialmente a los trabajadores de menores ingresos.
El de Zedillo es un sexenio que llega a su fin en medio del desmoronamiento del sistema de control del viejo régimen, especialmente en un ámbito que ha sido sustancial: el corporativismo de las organizaciones obreras, campesinas, empresariales y ciudadanas.
Este período final del régimen, correspondiente a los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se caracteriza por la falta de capacidad del sistema económico para dar respuesta a las necesidades sociales. Ya no se garantizan las condiciones para que la mayoría de la población tenga acceso a los beneficios del crecimiento económico. El sistema de bienestar social que legitimaba parcialmente al régimen autoritario fue desmantelado casi por completo, y con ello se agotaron los controles que lograban tener sobre importantes sectores de la sociedad.
A partir de ese momento, el principal factor de inestabilidad fue el propio gobierno mexicano con la aplicación de un programa económico neoliberal generador de pobreza y desigualdad, lo cual lleva a que en el último año en que gana una elección presidencial el PRI, ocurra un levantamiento armado de miles de indígenas en Chiapas, en un conflicto que quedó pendiente de resolver por la negativa de Ernesto Zedillo a aceptar los acuerdos firmados con el EZLN.
Con el último gobierno del viejo régimen, llega también el fin del sistema político en el que el interlocutor central era el presidente, y a él acudían por igual los obreros, los empresarios y las organizaciones sociales por ser el único factor de decisión. Ahora, después de los triunfos de la oposición en el Congreso y encabezando importantes gobierno estatales -donde se incluye especialmente el del Distrito Federal-, empezaron a crearse nuevos espacios de decisión y nuevos interlocutores, lo cual le dio una gran dinámica al ejercicio de la política en nuestro país.
En este sexenio empieza a perderse el poder casi absoluto que tenía el presidente. Evidentemente, el mérito esencial por los cambios efectuados no es de Ernesto Zedillo, es de todos los ciudadanos, cada vez más comprometidos con hacer valer sus derechos. Sin embargo, a Zedillo habría que acreditarle que su falta de interés en la política -incluso su desprecio hacia ella- favoreció a que se soltaran las amarras que mantenían inmóvil a una parte importante de la sociedad.
Una vez más, en su informe de gobierno, el presidente Zedillo eludió mencionar las asignaturas pendientes. Éstas ya le corresponderá resolverlas a una sociedad que afortunadamente está cada vez más comprometida con ejercer su ciudadanía; a los partidos políticos, si es que están a la altura de este momento, y al nuevo gobierno.
Desde mi calidad de presidenta del PRD, estoy convencida de que a los partidos políticos nos corresponde sentar las bases para un nuevo pacto social que reconstruya la nación, estableciendo una nueva institucionalidad democrática.
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