El destino volvió a unir, ahora en la cárcel, a los generales Francisco Quirós Hermosillo y a Mario Arturo Acosta Chaparro. Sus vidas y carreras crecieron de manera paralela. En principio, la contrainsurgencia los ligó. Al final del camino, su presunta vinculación con el narcotráfico los hundió.
Ambos oficiales, uno en activo y otro en retiro, surgieron a la luz pública casi en forma paralela con la aparición de la Brigada Blanca antiguerrillera a principios de la década de los setenta.
Quirós Hermosillo, entonces director de la Policía Judicial Militar, compartió los mandos de la Brigada Blanca con Salomón Tanús y Miguel Nazar Haro. Acosta Chaparro era su subalterno.
Antes habían estado en la Escuela de Paracaidistas y posteriormente en la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial. Tiempo después, fueron comisionados en la Dirección Federal de Seguridad.
En 1974, como miembros de un agrupamiento especial creado para resolver el secuestro del entonces senador Rubén Figueroa, fueron enviados al estado de Guerrero. Para entonces, llevaban ya 10 años de trabajar de manera estrecha en Inteligencia Militar.
La liberación de Rubén Figueroa los llevó por caminos diferentes. Quirós Hermosillo ascendió y llegó a ser mencionado como posible secretario de la Defensa Nacional para el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Acosta Chaparro se quedó como jefe de la policía del gobernador Rubén Figueroa.
El escritor Ricardo Garibay, en su libro Fascinante y terrible Acapulco, describió así a Acosta Chaparro:
El teniente coronel no bebe gota de alcohol; su gente dice que es durísimo pero justiciero; sabe la biblia sobre los delincuentes, mafias de drogas y activistas de todas denominaciones; le va a sus manos y a nadie más, lo cual significa que confía sólo en su memoria y destreza, y es capaz de sacarle el hilo en unos cuantos minutos a un intríngulis criminal, o de ver conexiones secretas entre 20 sucesos aislados de una maraña guerrillera…
A Acosta Chaparro se le atribuyó haber recuperado 25 millones de pesos de los 50 millones que se pagaron por el rescate de Rubén Figueroa. “No sé cómo supieron, pero Acosta Chaparro y otros militares se enteraron dónde estaba ese dinero y fueron, lo desenterraron y lo sacaron”. (Los 25 millones de pesos entregados a don Sergio Méndez Arceo fueron devueltos a los familiares de Figueroa, después de su rescate, como se documentó en Proceso 453).
Esa versión fue desmentida por el mayor retirado Elías Alcaraz, quien en declaraciones a la corresponsal Gloria Leticia Díaz aseguró que encabezó las patrullas militares que liberaron a Figueroa, secuestrado por Lucio Cabañas, y afirma que Acosta Chaparro nada tuvo que ver con ese hecho: “La liberación de Figueroa se produjo el 8 de septiembre de 1974, después de 15 minutos de balacera, en un lugar llamado La Pascua, cerca de Zacualpan, Atoyac de Álvarez, a 10 kilómetros de la carretera. En el rescate fueron heridos Febronio Díaz Figueroa y Luis Cabañas, que después murió; también liberamos a Pascual Cabañas y a Gloria Brito, secretaria de Figueroa”.
Cierto o no, el nombre de Acosta Chaparro aparecía por todas partes. Por ejemplo, un mes después del asesinato del periodista Manuel Buendía, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reveló que se investigaba a personal que laboraba bajo las órdenes de Acosta Chaparro.
Se sabía que Rubén Figueroa había amenazado a Buendía y que Acosta Chaparro era su brazo ejecutor, según denuncias del Comité Estatal Pro Defensa de Presos, Desaparecidos y Perseguidos Políticos (Proceso 448).
En 1992, sobrevivientes de la guerrilla de Guerrero identificaron plenamente a los culpables de las desapariciones políticas y crímenes de lesa humanidad ocurridos en la década de los setenta. De nueva cuenta apareció el nombre de Acosta Chaparro:
“Es evidente que el gobierno mexicano -suscribieron David Cabañas, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Ana María Guerra Smith, Blanca Lirio Muro Gamboa, Delfino de Jesús Aguilar, Ítalo Ricardo Díaz Díaz y Rey Venegas Castro, entre otros-, a través de la CNDH, evade la responsabilidad de una política de Estado violatoria de las leyes nacionales y de los convenios internacionales sobre el trato de prisioneros de guerra y en materia de derechos humanos. Que en ese afán, la CNDH pretende cerrar el caso con un documento parcial, en el cual no señalan a los responsables; se omite que quienes dieron las órdenes que autorizaron el genocidio contra el pueblo guerrerense y a nivel nacional, fueron:
“El expresidente Luis Echeverría; el exsecretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz; el exsecretario de Gobernación, Mario Moya Palencia; el expresidente José López Portillo; el exsecretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, y el exsecretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles.
“Y como algunos de los ejecutores: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo Acosta Chaparro, Carlos Ulises Acosta Vázquez, Wilfrido Castro Contreras, Eliseo Jiménez Ruiz, Arturo Durazo Moreno, Francisco Sahagún Baca, José Salomón Tanús, Rafael Rocha Cordero y Jesús Miyazawa Álvarez, entre otros.” (Proceso 836)
En las exequias de Rubén Figueroa, el modelo de dinosaurio político mexicano, amigos y enemigos estuvieron para rendirle homenaje. Acosta Chaparro no podía faltar.
El escritor e historiador Carlos Montemayor se refirió también al ya para entonces general Mario Arturo Acosta Chaparro, al citar el informe que el militar publicó en 1990: Movimientos subversivos en México, con listas, gráficas y análisis sucintos de la guerrilla mexicana, que abarcaba algo más de tres décadas.
Según Acosta Chaparro, hasta 1981 los cuerpos de seguridad e investigación, encargados de mantener el control sobre los factores subversivos en el país, desempeñaron una labor de neutralización efectiva, ya que prácticamente fueron exterminados los focos de insurrección que representaron una serie de problemas entre 1973 y 1977.
Como general brigadier, Acosta Chaparro entregó en 1995 sus archivos al Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, la que luego editó en un tomo de 300 páginas como Manual de ambientación sobre el levantamiento zapatista
(Proceso 978).
Otro de sus estudios se titula Movimiento subversivo en México, y en él menciona
a todas las organizaciones armadas en el país, y sólo la parte final, de 30 páginas, a manera de epílogo, la dedica al EZLN.
Ahí, Acosta Chaparro critica la incapacidad de los servicios de inteligencia por no haber detectado las maniobras de entrenamiento de los zapatistas durante los 10 años que duró su preparación (Proceso 978), precisamente toda la segunda mitad de los ochenta y la primera de los noventa.
Cambio de giro
Hasta entonces, las actividades de Acosta Chaparro se circunscribían a acciones antiguerrilleras, pero ya desde 1992 su nombre había sido vinculado al narcotráfico, primero en documentos de la DEA y del FBI (Proceso 483), y después por el Departamento de Justicia estadunidense, cuando se le señaló como protector del presunto tráfico de estupefacientes y lavado de dinero destinado a las cuentas de Mario Ruiz Massieu en el Texas Comerce Bank:
Mayo de 1993, Residencia de Massieu en Acapulco, México. $2.000,000: Mario Ruiz Massieu; comandante Pizarro; el hermano del comandante Pizarro, Raúl Nava Arontes; comandante en jefe Cadena; Enrique Montaño; el jefe de la policía de Acapulco, México, general Acosta Chaparro; Rubén Figueroa Estrada.
El pago de Massieu por el desvío de porciones de aproximadamente 22 toneladas de cocaína decomisadas cerca de Acapulco, Guerrero, México.
