Con el fin de dejar la casa limpia, a tres meses del cambio de presidente de la República, las fuerzas armadas decidieron reactivar expedientes relacionados con la “narco-milicia”, los cuales, a pesar de las múltiples denuncias públicas hechas dentro y fuera del país, mantuvieron archivados durante años.
Así, en vísperas del sexto y último informe presidencial, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) dio a conocer la detención de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, como resultado de una investigación iniciada en 1988 por la Procuraduría General de la República (PGR) -averiguación previa número PGR/056/98-, cuyo desglose fue turnado a la Fiscalía castrense en julio de 1999.
Con una larga trayectoria en tareas de contrainsurgencia e inteligencia militar, particularmente -al primero inclusive se le mencionó entre los candidatos a ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio salinista -, ambos oficiales aparecen en la indagatoria SC/003/99/E de la PJM como presuntos responsables de haber brindado protección al cártel de Juárez cuando era encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Rafael Macedo de la Concha, procurador militar, dejó abierta la causa penal porque, según confió a Joaquín López Dóriga la noche del jueves 31, se tienen sospechas fundadas de que otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas y exfuncionarios públicos están implicados en el narcotráfico.
Macedo de la Concha, en una conferencia de prensa, dejó ver que la detención de los generales no fue producto de una concienzuda investigación policiaca ni, menos aún, de una acción emprendida a partir del trabajo de inteligencia militar, sino de delaciones de expolicías, sicarios y empresarios al servicio del cártel de Juárez, ahora convertidos en testigos protegidos de las justicias mexicana y estadunidense.
Lo cierto es que, desde 1997, la inteligencia militar tenía informes sobre los nexos de Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Javier García Morales -hijo de Javier García Paniagua, ya fallecido y que fue director de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y jefe de la policía capitalina- con Amado Carrillo (Proceso 1082). Sin embargo, la investigación formal de la PGR se inició en 1998 y la de la Fiscalía militar un año después, en julio de 1999.
La investigación surgió de las declaraciones ministeriales de testigos protegidos que, en el marco de otras averiguaciones previas, hicieron iguales imputaciones contra funcionarios y exfuncionarios públicos, como Raúl Salinas de Gortari, Liébano Sáenz -secretario del presidente Zedillo- y el exsecretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán, así como en contra de Francisco Stanley, pero que no provocaron el mismo efecto legal.
Los testigos que hundieron a los generales son: José Tomás Coldsa McGregor, próspero joyero y compadre del narcotraficante Pedro Lupercio Serratos; José Jaime Olvera Olvera, guardaespaldas de Carrillo Fuentes; Carlos Colín Padilla, uno de los cerebros financieros de El Señor de los Cielos; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Rubén Gardea Vara, Juan Aguilar Romero, Víctor Manuel Villalobos Gutiérrez, Miguel Domínguez Nagel, Miguel Nagel León, Alfredo, Fernando y Michael Roger Batista.
Los dos primeros pagaron con su vida la delación pues fueron asesinados en diferentes momentos y circunstancias.
Olvera Olvera fue el que relacionó con el narco a Sáenz en su declaración ministerial rendida en 1998. En ese entonces, el procurador general Jorge Madrazo salió al paso y restó toda credibilidad al testigo. Se trata, dijo, de un “tipo que tenía problemas psiquiátricos… Para nosotros, su información no tiene valor. Su información es totalmente falsa”, declaró en junio de 1999 al periodista norteamericano Tim Golden.
El mejor informado, sin duda, era el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, pues desde el 6 marzo de 1997 la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena, donde se concentra la inteligencia militar, tenía, entre una serie de documentos clasificados, el siguiente informe:
Hemos interrogado a X, quien dice tener relación e información relativa a Amado Carrillo Fuentes. Nos ha dicho, entre otras cosas, que le consta que en octubre de 1995 se reunieron en la casa de Javier García Paniagua su hijo Javier García Morales, tú, Acosta Chaparro y Amado Carrillo Fuentes, ¿es esto cierto?
Dice que Javier García Morales tiene negocios de narcotráfico con Carrillo Fuentes, ¿qué sabes de esto?
Menciona que Javier García Morales le dijo que Amado Carrillo les daba dinero a ti y a Acosta Chaparro a cambio de protección. ¿Es cierto?
Dice que Amado Carrillo tiene relación con Carrillo Olea (Jorge, exgobernador de Morelos y también militar) y con los gobernadores de Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Campeche y Chihuahua, ¿qué sabes de eso?
¿Es cierto que el general Maldonado Vega trabaja para Amado Carrillo?
¿Qué tanta información me puedes proporcionar de la relación de Amado Carrillo y otros narcotraficantes con militares y funcionarios?
Meses después y apenas unas horas antes de que terminara su mandato y se quedara sin fuero constitucional, la PGR procedió penalmente contra uno de los mencionados en esa tarjeta: Mario Villanueva, gobernador de Quintana Roo, prófugo de la justicia desde hace 15 meses. La PGR lo tenía en la mira desde 1995.
Implicado en el denominado “maxiproceso”, detenido el 9 de diciembre de 1998 y absuelto posteriormente al no poderse comprobar su participación en el cártel de Juárez, el empresario Irving Trigo Segarra cuenta en su libro Caso Cancún cómo el coronel de Infantería Froylán Carlos Cruz, en aquel tiempo coordinador técnico de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), pretendió involucrarlo en la misma causa penal que ahora tiene en la prisión del Campo Militar Número Uno a Quirós Hermosillo y a Acosta Chaparro, la número PGR/056/98.
Según el exmilitar, exoficial de la Policía Federal de Caminos y actual presidente del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de Agencias de Seguridad Privada A.C. (Anaspac), mediante torturas físicas y psicológicas -relata- querían que firmara documentos en los que se involucraba en actividades relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero a Francisco Labastida Ochoa, Liébano Sáez, Emilio Gamboa Patrón, Manuel Bartlett, Carlos Hank González y su hijo Jorge Hank, Mario Villanueva y por lo menos 15 generales del Ejército (Proceso 1241).
Más militares
Además de Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, esos generales eran: Evandoro García, Jesús Beltrán Guerra, Gastón Menchaca Arias, Federico Antonio Reynaldo del Pozo, Guillermo Álvarez Nahara, Oliver Cen, Jorge Mariano Maldonado Vega, Roberto Miranda, Curiel García, Tapia García y Murillo Soberanís.
Miranda es el actual jefe del Estado Mayor Presidencial y, como tal, responsable de la seguridad de la familia presidencial; Oliver es coordinador de Operaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud de la PGR; Reynaldo del Pozo era parte de la escolta personal de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas; Álvarez Nahara perteneció a la funesta Brigada Blanca, en la época del presidente Luis Echeverría, y Menchaca Arias participó en las acciones militares de Chiapas contra los zapatistas y es uno de los más de 400 oficiales del Ejército egresados de la Escuela de las Américas, con fama de formar torturadores y golpistas.
Efímero director de la Academia de Policía en el Distrito Federal -duró apenas cinco meses, de diciembre de 1988 a mayo de 1989-, el general brigadier retirado Maldonado Vega purga una condena en la cárcel militar de “La Mojonera”, situada en la XV Zona Militar de Guadalajara, por sus vínculos con el narcotráfico. Un informe militar difundido por este semanario en diciembre de 1997 (Proceso 1097) dice de Maldonado Vega:
Se entrevistó aproximadamente en cinco ocasiones con el extinto Amado Carrillo Fuentes, negó categóricamente que haya impartido instrucción a elementos de seguridad del citado narcotraficante. Señaló que Amado Carrillo Fuentes le ofreció encargarse de su seguridad personal, ofrecimiento que rechazó atendiendo a su rectitud como militar.
(…) Manifestó que Amado Carrillo Fuentes se mostró muy agradecido por su intervención cuando fue detenido por personal militar, ya que, debido a su intervención, el narcotraficante consideraba que se le había salvado la vida porque ya no fue golpeado ni torturado.
En reciprocidad por esa acción, Amado Carrillo le ofreció regalarle cinco millones de dólares; en un acto de orgullo, Maldonado Vega le dijo que no se los regalara, que se los prestara pero sin rédito. Amado Carrillo le preguntó en qué los iba a invertir. Posteriormente, el general brigadier retirado Jorge Maldonado Vega tomó contacto con el extinto narcotraficante, una vez que tenía ya listo el proyecto de inversión. Carrillo Fuentes le contestó en ese momento que no tenía dinero en efectivo; entendió el mensaje y no lo volvió a molestar.
Entre la información clasificada que estaba bajo resguardo de la secretaria particular de Enrique Cervantes, había otra tarjeta fechada el 7 de febrero de 1996, aunque, por los hechos que refiere ocurrieron en realidad, corresponde a 1997. Dirigido al presidente, dice:
Me permito informar a usted que el 6 del actual, a las 2315 horas, me reuní con los generales Juan Heriberto Salinas Saltés, jefe del Estado Mayor de esta Secretaría, Tito Valencia Ortiz, director del CENDRO, mi secretario particular, Tomás Ángeles Dauahare y el jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos, coronel Augusto Moisés Ochoa, convocando, además, al general Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado en el Instituto para el Combate a las Drogas.
El general Gutiérrez Rebollo vive actualmente en un departamento marcado con el número 2-A, ubicado en Sierra Chalchihui No. 215, Torre Cuadro, Col. Lomas de Barrilaco, delegación Miguel Hidalgo, DF, departamento que habitó el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes en el mes de noviembre de 1993. Al preguntarle al respecto, el general Gutiérrez Rebollo manifestó que el departamento fue rentado por la mujer con quien actualmente vive y que él desconocía esa situación.
Le hice ver la gravedad de su error y las repercusiones que éste pudiera tener. Asimismo, dispuse que fuera conducido al Hospital Central Militar, donde permanecerá, con las seguridades debidas, a disposición de este Alto Mando, por considerarlo razón de Estado.
Gutiérrez Rebollo no tardó en caer. El 18 de febrero, el secretario de la Defensa, reunido con la cúpula militar, informó, en rueda de prensa, que el responsable de la lucha contra el narcotráfico brindaba protección a Amado Carrillo.
En esa ocasión, el general Enrique Cervantes admitió que él había propuesto a Gutiérrez Rebollo para ocupar el cargo de comisionado del INCD, a partir de sus antecedentes.
Con el general Gutiérrez Rebollo fue detenido el capitán Horacio Montenegro Ortiz, en ese momento responsable de Seguridad Pública en Guadalajara.
Por esas mismas fechas, en Tijuana fueron sujetos a proceso, acusados de delitos contra la salud, Fernando Gastélum Lara, exdirector de Seguridad Pública en Baja California, y Alfredo Navarro Lara, excomandante de la V Zona Militar, con sede en esa región.
Como ahora, la investigación contra Rebollo no fue obra de una investigación propia, sino de la casualidad. Su chofer, el subteniente Juan Galván Lara, lo delató. Sin identificarse, el miércoles 5 de febrero de 1997 hizo una llamada telefónica a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional:
Quiero informarles que el general Gutiérrez Rebollo vive actualmente en un departamento lujoso, donde estuvo viviendo el reconocido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, que es el dueño del departamento ubicado en la calle de Sierra Chachihui 215 interior 2-A, colonia Lomas de Chapultepec (Proceso 1060).
Días después, el general Cervantes daba otra mala noticia al presidente Zedillo. Con base en información proporcionada por su área de inteligencia, el 27 de febrero, reportó:
Me permito informar a usted que, a las 18:05 horas de esta fecha, el señor John Hall, de la embajada de los Estados Unidos en México, informó que el señor Brian Sheridan le comunicó que, a las 15:00 horas de hoy, el periodista Andrés Openheimer del Miami Herald, le dijo que dentro unos días publicará una noticia en la que señalará que los generales Francisco Quiroz (sic) Hermosillo, Arturo Acosta Chaparro Escapite y Demetrio García Rojas se encuentran involucrados en el narcotráfico. De este último no se tienen antecedentes militares.
No pasó nada.
Al escritorio del actual secretario de la Defensa llegó también, el 4 de marzo de 1997, otro informe confidencial con el resultado de la investigación realizada en 1991, en la jurisdicción de la XV Zona Militar, en la que aparecía implicado el general Juan Félix Tapia García, se incluye en el expediente penal PGR/056/98, por el que fueron detenidos Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro.
Dice el escrito de inteligencia militar publicado por este semanario en julio de 1997: Implicación.- Es señalado como socio y protector de Ernesto Fonseca Carrillo (A) Don Neto, de quien recibió obsequios y dinero, directamente o por conducto del exteniente coronel Jorge Garma o de otro narcotraficante llamado Roberto Orozco; se dice que Caro Quintero le obsequió un Grand Marquis color tinto y otro al coronel Beltrán Guerra. Garma Díaz causó baja del Ejército y la Fuerza Aérea.
Consignaba también que un amigo del general Tapia “sirvió de contacto para coludir al teniente coronel Leopoldo Martínez Velarde, quien, a su vez, tenía contacto con los narcotraficantes Juan José Esparragoza (a) El Azul y el doctor Fonseca, hermano de Don Neto”.
De manera soslayada, inmiscuye a Miguel Ángel Godínez García, hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial en el sexenio de José López Portillo y jefe de la VII Región Militar en Chiapas en 1994, durante el levantamiento zapatista, general brigadier Miguel Ángel Godínez Bravo.
Fue intermediario entre “Don Neto” y el ‘Hijo del general Godínez”, para la compraventa de unos vehículos blindados que usaba Fonseca Carrillo y que habían sido propiedad del Lic. José López Portillo (versión del teniente coronel Martínez Velarde).
Nombre.- Tte. Cor. Int. D.E.M. Ret. Leopoldo Martínez Velarde (Subjefe del E.M. de la 15ª/. Z.M.) actualmente en situación de retiro.
Implicación: Fue introducido en el narcotráfico por Jorge Garma Díaz, quien le presentó a “Don Neto”, y a partir de entonces frecuentó diversos domicilios donde conoció a otros narcotraficantes, como “El Azul” Esparragoza, Rafael Caro Quintero y el “doctor Fonseca”.
Escuchó en varias ocasiones a “Don Neto” hablar por teléfono, mencionando que se trataba del hijo del general Arévalo Gardoqui y Manuel Bartlett.
Asistió al sepelio del “doctor Fonseca”, al cual asistieron también otras personas, el gral.Tapia, Mario Cuevas Sarta, coordinador de la PGR y muy relacionado con el gral. Tapia, Miguel Aldana y el procurador de Justicia del estado.
En la amplia relación de militares implicados en el narcotráfico, destacan también los del excomandante del Tercer Regimiento, coronel Miranda Hernández; el coronel Orlando Carrillo Olea, excomandante del 17 Regimiento, y el teniente coronel Guillermo Vega Brahms, exencargado de la tienda de la Sedena en la prisión militar.
De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, Miranda Hernández recibió vehículos, maquinaria agrícola, puercos y toretes de Fonseca Carrillo, actualmente preso en Almoloya de Juárez con Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero.
A Carrillo Olea se le acusó de haber tolerado la siembra de mariguana de su suegro en las inmediaciones de la región militar a su cargo, en Ameca, y a Vega de asistir, en compañía del general Tapia, a actos organizados por narcotraficantes y de hacer fuertes depósitos de dinero en sus cuentas bancarias.
En el caso de este último, el informe de Inteligencia añade: Escuchó que en una operación, realizada en los límites de Colima, se detuvo al hijo del gral. Arévalo y el gral. Tapia lo dejó en libertad.
Salvo Miguel Ángel Godínez García, ninguno de los implicados desdijo los informes de inteligencia militar. El hijo del exjefe del Estado Mayor Presidencial y exdiputado local, dueño de varios negocios en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, replicó: “Nunca, en lo absoluto, he tenido relación con el narcotráfico. Somos gente honesta, leal y trabajadora, y jamás he tenido qué ver en la compra de vehículos blindados del expresidente José López Portillo”.
Los testimonios
Entre los testimonios que sirvieron de base a la averiguación previa iniciada contra los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, destaca la de un expolicía con un largo historial: Adrián Carrera Fuentes.
Carrera comenzó a sobresalir cuando trabajó al lado de Francisco Sahagún Baca en la desaparecida Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) de la Ciudad de México. En ese entonces, José González González, jefe de escoltas del jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno, le descubrió que había obtenido ilegalmente más de 600 mil pesos (Proceso 361)
Ya en el sexenio de Salinas, fue jefe de la Policía Judicial Federal y tuvo a su cargo la investigación sobre el atentado contra El Señor de los Cielos en el restaurante Ochoa Bali Hai, en el Distrito Federal.
En agosto de 1994, el nombre de Adrián Carrera apareció vinculado al de Marcela Bodenstedt, una expolicía vinculada con el narcotraficante Juan García Ábrego, que tejió relaciones con las altas esferas del poder, incluidos José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Salinas, y Emilio Gamboa Patrón, secretario de Comunicaciones.
Desde entonces, los problemas lo siguieron a donde iba. Interrogó a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y fue acusado por Mario Ruiz Massieu de haber digirido mal las investigaciones sobre el asesinato de su hermano José Francisco.
En marzo de 1998, fue detenido por agentes de la Unidad contra el Crimen Organizado de la PGR, en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud, lavado de dinero, cohecho y contra la administración de la justicia.
Carrera Fuentes fue detenido, paradójicamente, gracias a las declaraciones de tres testigos protegidos de la PGR: José Luis Antú Martínez, exagente federal; Herson Zirahuén Guevara Morales, empresario de aviación, y José Tomás Coldsa McGregor, joyero y compadre del narco Lupercio Serrato.
En sus declaraciones -rendidas entre 1985 y 1998-, los tres refieren frecuentes encuentros entre jefes de la PJF, militares y los principales capos mexicanos (Proceso 1133).
El 14 de octubre de 1995, el piloto Herson Zirahuén Guevara declaró que Carrera era quien coordinaba las operaciones de protección a los narcotraficantes, principalmente de la banda de Carrillo Fuentes. El exdirector de la PJF cobraba mil 500 dólares por cada kilo de cocaína introducido al país.
Zirahuén Guevera tuvo su última participación en julio de 1994, cuando el agente federal Edgar Hernández, adscrito a la plaza de Quintana Roo, le propuso transportar 1.5 toneladas de cocaína. En esa operación, el intermediario fue un ingeniero de nombre Raúl, que se presentó como compadre de Carrera Fuentes.
En marzo de 1997, José Tomás Coldsa rindió su declaración y declaró que en 1986 el entonces comandante de la Policía Federal de Caminos, Fernando Ramírez, le presentó a Amado Carrillo en Guadalajara. Sigue su relato:
Ambos llegaron al domicilio del declarante, en Paseos del Prado número 1424, colonia Colinas de San Javier, en Guadalaara, puesto que Amado Carrillo Fuentes tenía interés en comprar protección de altos comandantes de la Policía Judicial Federal y de la Federal de Caminos, con quienes el declarante mantenía estrecha amistad.
Y dio una lista de policías: Enrique Harari, Rafael Chao López, Miguel Silva Caballero y Guillermo González Calderoni, quienes estuvieron de acuerdo en brindar la protección solicitada a cambio de recibir entre 100 mil y 500 mil dólares, según la cantidad de droga que pasara. González Calderoni es testigo protegido en Estados Unidos y Chao López fue acribillado en Cancún.
Coldsa relató también que en marzo de 1986 recibió un telefonema del capitán Vega, de la XV Zona Militar, quien lo puso sobreaviso de un operativo que preparaban los militares para capturar a Amado Carrillo.
En la causa penal SE/006/95-03, Adrián Carrera negó haber torturado, en 1995, a los presuntos cómplices del asesino de José Francisco Ruiz Massieu. Entonces, acusó a Jorge Stergios, brazo derecho de Mario Ruiz Massieu, y prófugo de la justicia.
Después de acogerse al programa de testigos de la PGR, Carrera recuperó la memoria y reveló que Mario, entonces subprocurador, lo obligó a torturar a los implicados en la muerte de su hermano para que omitieran el nombre de Raúl Salinas de Gortari en sus declaraciones ministeriales y que tenía nexos con el narcotráfico.
Por sus declaraciones, la PGR le prometió la reducción de la pena. Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal se negó a otorgar ese beneficio, con el argumento de que Carrera Fuentes no pertenecía a ninguna banda delictiva, sino que era servidor público.
“Así paga el sistema”
Desconcertado por la aprehensión de Acosta Chaparro, Miguel Aldana Ibarra, quien pasó un tiempo en la cárcel acusado de narcotráfico, dice: “Así te cobra el sistema, se olvida de las buenas acciones”.
En entrevista vía telefónica, el ahora dirigente de un grupo de abogados sostiene que le da tristeza ver cómo el gobierno se deshace de los buenos policías, “a los que verdaderamente saben trabajar, y en el pecado lleva la penitencia: El país está en manos de la delincuencia y nadie hace nada”.
Contemporáneo de Acosta Chaparro, Aldana Ibarra recuerda que, en su época, terminaron con la guerrilla y metieron bajo control a la delincuencia, mientras que ahora, por el contrario, “los delincuentes son los que tienen bajo control a los policías. México no se convirtió en una Centroamérica cuando tuvimos en Chiapas a más de 30 mil refugiados y 5 mil guerrilleros; ahora vean cómo está el país, en el pantano”.
