De Francisco Espinosa Villarreal

Señor director:

El domingo 13 de agosto, en Proceso 1241, el reportaje de Raúl Monge se refiere al asunto del licenciado Óscar Espinosa Villarreal, en el que destaca que está cercado legalmente por la vía penal y administrativa. Al respecto deseo aclarar lo siguiente:
1. La orden de arraigo contra mi familiar que obsequió el juez 61 de lo penal no constituyó el inicio del proceso en su contra. Al contrario, ésta quiso prolongar aún más el procedimiento, pues la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pidió 30 días para entregar la consignación correspondiente, en la que supuestamente sostiene la presunta culpabilidad de mi familiar. Como comenzó a presionarse para que la Procuraduría capitalina no retrasara la consignación, el viernes 11 por la noche lo hicieron. El lunes 14, finalmente, y otra vez por los medios, nos enteramos de que se obsequió la orden de aprehensión, por lo cual el licenciado Óscar Espinosa, por primera vez desde que fue lanzada la acusación pública, podrá ser escuchado.
2. La acusación por peculado, en efecto, la inició la Contraloría del Distrito Federal, y es la PGJDF la que lleva a cabo la denuncia; sin embargo, desde que se iniciaron las investigaciones ninguna de ambas instancias ha aportado ninguna prueba más sobre el supuesto delito de peculado. La PGJDF ha incurrido en una serie de inconsistencias.
3. Por otra parte, considero que es apresurado suponer que con base en lo que dice la parte acusadora se concluya que mi familiar “sería inhabilitado por 20 años y una multa superior a los 230 millones de pesos”. Cuando las partes –acusadora y acusado– presenten sus argumentos ante un tribunal, será esta instancia la que decida quién ha actuado con verdad.
4. Señala que “Espinosa tiene en su contra el antecedente inmediato de su exoficial mayor en el Departamento del Distrito Federal y en la Secretaría de Turismo, Manuel Merino García, quien acaba de perder la batalla legal en los tribunales para evitar la cárcel, convirtiéndose así en un prófugo de la justicia”. Al respecto deseo aclararle que el caso Merino aún no concluye y que lo único que perdió fue un amparo –contra orden de aprehensión–. Otros amparos promovidos han sido ganados, uno de ellos referido en el reportaje.
Sin otro particular, me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente
Arquitecto Francisco Espinosa Villarreal
Distrito Federal

Respuesta del reportero

Señor director:

De haber hecho una rigurosa lectura del texto, el arquitecto Espinosa Villarreal hubiera sacado, quizás, otras conclusiones. En ninguna parte se afirma que la orden de arraigo que obsequió el juez 61 penal, el pasado viernes 11, constituía, de facto, el inicio del proceso. Nadie tampoco niega que las pruebas de las partes deberán ser desahogadas durante los juicios penal y administrativo que se siguen a Óscar Espinosa.
El reportero no supuso apresuradamante que el exregente “sería inhabilitado por 20 años y una multa superior a los 230 millones de pesos”. El arquitecto también transcribe mal, pues el párrafo de referencia (página 40) dice textualmente:
“De proceder ambos recursos, Espinosa podría ser inhabilitado para volver a ocupar cargo alguno en las administraciones federal y local hasta por un período de 20 años, amén de ser castigado con una multa superior a los 230 millones de pesos.”
Es claro así que éste no es un supuesto del reportero, sino un supuesto de la ley.
Por último, quizá convenga saber al arquitecto Espinosa que la decisión del juez cuarto penal de negar el amparo al exoficial mayor del DDF y de la Secretaría de Turismo es inapelable, pues ya recorrió todas las instancias legales correspondientes.

Atentamente
Raúl Monge