SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- Sin que el presidente electo Vicente Fox Quesada defina aún su postura sobre la preservación del patrimonio arqueológico y cultural del país, una importante zona monumental ubicada en la frontera norte de la cultura tolteca corre el peligro de quedar a la libre disposición de su propietaria.
Se trata de una alemana-argentina que acaba de adquirir el rancho ganadero donde se localizan los vestigios.
La propiedad fue comprada al hoy diputado electo del PAN, Jesús Cobián, quien siendo regidor del ayuntamiento en el trienio anterior ofreció donar una parte del terreno donde se localiza el sitio, pero nunca lo hizo.
Y no sólo no cumplió, sino que repentinamente decidió vender el rancho con todo y el sitio, transacción por la cual supuestamente recibió 800 mil pesos por una extensión total superior a las 5 mil hectáreas, pagados por una empresa de origen misterioso.
A pesar de que arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tenían ya casi cinco años limpiando y estudiando el lugar, apoyados económicamente por el propio gobierno de Fox Quesada y el Municipal, ni el INAH ni el actual gobernador Ramón Martín Huerta han atendido las peticiones hechas desde hace casi medio año para expropiar la zona en cuestión.
Informada del asunto mediante una carta enviada en marzo por el Comité de Defensa de la Zona Arqueológica “Cañada de la Virgen”, la directora general del INAH, Teresa Franco, hasta ahora no ha respondido a la petición que le hizo para salvar dicha zona, mediante una declaratoria de zona de monumentos arqueológicos.
“Creíamos que la pelota era del INAH; le pedíamos su intervención para la declaratoria y considerar su expropiación, compra o la donación. Cualquier cosa que garantizara la pertenencia de la nación. Pensamos que nos iba a contestar. Y no, nada de nada”, expresó uno de los voceros del Comité, César Arias de la Canal.
En tanto, el arqueólogo que inició los trabajos de rescate de la Cañada, Luis Felipe Nieto, ha sido literalmente arrojado fuera por la nueva propietaria del lugar, quien cerró las puertas del rancho.
De paso, se quedó en su propiedad gran parte de un camino trazado con recursos públicos otorgados por Vicente Fox en 1996, cuando era gobernador, para acceder al lugar de los vestigios.
“Éste es un mensaje a la nueva administración federal; qué posición va a tener ante el patrimonio cultural de la nación: ¿estará a la oferta y la demanda, será botín del capital especulativo internacional?, o qué pasará”, aventuró Arias de la Canal: “Fox tiene qué definirla”.
Al rescate de la Cañada
A unos 20 minutos de San Miguel de Allende, cerca de la carretera que comunica a este municipio con la capital del Estado, se localiza el rancho Cañada de la Virgen.
El camino de terracería que lleva al rancho fue construido con recursos públicos, como resultado de un compromiso de Vicente Fox Quesada, luego de conocer el proyecto de rescate. Costó unos 700 mil pesos hace casi cuatro años.
La terracería comienza en el ejido Boca de la Cañada. De ahí pasa al rancho y se divide en dos: un ramal llega hasta el casco de la hacienda, y otro al rancho Los Toriles.
Hoy, los habitantes de este rancho deben rodear para llegar a la carretera, puesto que el camino ha quedado vedado al uso público por decisión de la nueva propietaria de la Cañada de la Virgen.
Ahí, en una extensión superior a las 700 hectáreas, se localizan los vestigios que han recibido el nombre de la hacienda.
Se trata de una zona arqueológica que inicialmente se creyó de origen chichimeca. Pero los estudios fueron revelando –al relacionarlos con otras zonas de entidades vecinas, como Querétaro– que se trata de una franja de la frontera mesoamericana, de la cultura tolteca.
Además, el sitio presenta características ecológicas únicas en cuanto a algunas de sus especies vegetales.
Un recuento hecho por el arqueólogo Luis Felipe Nieto da cuenta de la labor que ahí se ha efectuado.
El proyecto de la Cañada de la Virgen es el producto de un estudio de patrones de asentamiento que se inició hace unos 15 años –a mediados de los ochenta– entre el arqueólogo mexicano y Don Patterson. En ese lapso, se registraron y documentaron unos 100 sitios arqueológicos y muchas más estructuras coloniales.
Dentro de las labores efectuadas por este equipo, figuran el rescate y habilitación como museo de la casa del general Ignacio Allende, en pleno centro de San Miguel.
Cuando se delimitaban los siguientes objetivos a trabajar, los arqueólogos recibieron la visita del entonces director del INAH, Enrique Florescano, a quien le expusieron el proyecto y llevaron a conocer la zona de la Cañada.
“Se quedó sorprendido de la magnitud del centro ceremonial sobre la tan alegada frontera de Mesoamérica.”
Con el apoyo del funcionario, se acudió a la Dirección de Monumentos Prehispánicos y a la de Monumentos Coloniales, y este fue el punto de partida.
Poco a poco, los investigadores fueron obteniendo apoyos privados, económicos y en especie, con los que procedieron primero a limpiar la zona de la vegetación que cubría los vestigios, entre ellos una calzada similar a la de Teotihuacán, con una pirámide al centro, y una represa prehispánica.
Además, se repararon los daños causados por los saqueadores.
A partir de 1995 se integraron al proyecto los respaldos financieros del gobierno municipal, que entonces encabezaba un priísta, así como el del entonces gobernador Vicente Fox, a quien en marzo de 1996 se le presentó, visitó la zona y “se mostró muy entusiasmado”.
Tanto, que otorgó en los siguientes meses más de 2 millones de pesos.
En aquella ocasión llegó en helicóptero al lugar, conoció los planes de los arqueólogos, platicó con ellos y aceptó el plan de excavación y restauración de una parte del centro ceremonial, así como la elaboración de un folleto informativo y área de atención turística para que sirviera como promoción de San Miguel de Allende.
Así, la primera etapa de los trabajos de excavación duró más de un año, entre 1995 y 1996, tiempo que alcanzó a otro gobierno municipal, esta vez del PAN, que ratificó el apoyo económico al proyecto.
Los arqueólogos, con ayuda de algunos colaboradores y representantes de asociaciones civiles de la ciudad, no sólo excavaron, sino que habilitaron varias represas para detener la erosión.
En cinco años se restauraron 760 metros cúbicos de paredes y estructuras, así como 2 mil 600 metros cuadrados de arquitectura, incluyendo la recuperación ecológica del lugar y de varias de sus especies.
Esto permitió que el lugar pudiera ser mostrado a estudiantes y otros visitantes, aunque su número había sido muy limitado por los encargados de la zona.
Oídos sordos
Sin embargo, todo se vino abajo en enero de este año, cuando la nueva propietaria, Regina Thomas von Bohlen, decidió impedir el paso a los arqueólogos del INAH para continuar con el rescate.
Von Bohlen adquirió el rancho de 5 mil 17 hectáreas de extensión a Jesús Cobián el 7 de junio del año pasado. La venta se hizo a nombre de una empresa denominada “La Cañada de la Virgen”, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada. El pago, según la escritura, fue de 800 mil pesos.
Sin embargo, hay algunos misterios en esta adquisición. La citada empresa “La Cañada de la Virgen” se constituyó exactamente el 7 de junio, justo a tiempo para la compra. Y está formada por dos empresas, Arawak Holdings y London Terraces, que registraron como domicilios las islas Tourk y Caicos, del Caribe.
“Este consorcio no tiene oficinas aquí en San Miguel. Nadie sabe de dónde salieron o a qué se dedican”, cuestionan los voceros del Comité de Defensa de la Zona Arqueológica de la Cañada, Andrea Álvarez, Michael Vidargas, César Arias y Rubén Pérez Fryman.
Después de conocer la compraventa, los arqueólogos y algunos representantes de agrupaciones civiles que habían colaborado con ellos en el rescate decidieron buscar a Regina Thomas von Bohlen para pedirle que donara el terreno donde se localiza el centro ceremonial, o se llegara a un convenio con el INAH y el municipio para poder preservar esta zona.
Aunque también se pidió ayuda al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la Coordinadora de Turismo y el Instituto de Ecología, debido a las características del lugar, que podía salvarse inicialmente mediante un decreto de área natural protegida.
“Hemos recibido apoyo de la Coordinadora de Turismo. Su titular, Elizabeth Yáñez, dijo que esa zona tiene que ser reconocida como patrimonio de los mexicanos. Y respaldó la solicitud de expropiación presentada ante el gobernador.”
Pero después de algunas reuniones ríspidas, la propietaria ofreció al INAH un contrato de comodato en condiciones que se consideraron inaceptables: que Antropología tuviera acceso durante cinco años para continuar la restauración del lugar, y después saldrían para que ella pudiera hacer la explotación del sitio.
Y aunque aparentemente el INAH aceptó un convenio para que el comodato fuera más amplio, éste aún no se define.
Además, se le pidió alejar al ganado del centro ceremonial, idea que rechazó porque esas laderas son las mejores para las vacas.
A principios de enero, cuando Luis Felipe Nieto ya no pudo pasar a la Cañada, acudió con un agente del Ministerio Público, quien levantó un acta para certificar que el arqueólogo se deslindaba de cualquier daño al centro ceremonial, puesto que ya no estaba en sus manos vigilarlo.
Esta acción molestó aún más a Von Bohlen, quien dos meses después, entre febrero y marzo, comenzó a ofertar recorridos turísticos por las ruinas de la Cañada, con ella como guía.
Fue entonces cuando el Comité de Defensa de la Zona Arqueológica decidió enviar las cartas a Teresa Franco, directora del INAH, primero, y al gobernador panista Ramón Martín Huerta, después, enterándolos de la situación y solicitando su intervención para protegerla.
La organización pidió al INAH una declaratoria de zona monumental para la Cañada, y al gobernador la expropiación del área.
“La solicitud se fundamenta en la expropiación del valor histórico y monumental del sitio arqueológico, así como la riqueza paisajística y natural de su entorno, conjugación única de indudable potencialidad turística. Así mismo establece que un sitio con tales características debe ser reconocido como patrimonio nacional y no puede estar a merced de las grandes transacciones del comercio inmobiliario”, refirieron los voceros del comité.
En el INAH, el asunto fue a parar al departamento jurídico, de donde no han salido soluciones.
Cuatro meses después de la pasividad del INAH y el silencio del gobernador Martín Huerta, los impugnadores vuelven a la carga. La semana pasada pidieron al ayuntamiento sanmiguelense pronunciarse e intervenir en el asunto, no sólo por obligación, sino porque “una cantidad significativa de recursos entregados al proyecto arqueológico, hoy interrumpido, para la restauración del sitio, proviene de las arcas municipales”.
Además, advierten:
“El resultado inmediato de la cancelación del proyecto es devastador: la pérdida de recursos gestionados ante el gobierno estatal, el despido forzado de un grupo de campesinos entrenado durante años en el trabajo de campo y el grave riesgo de que el sitio se deteriore por la desatención e impericia de la administradora del rancho ganadero”, quien además ha anunciado que traerá a otros arqueólogos para trabajar en la zona, según refirió César Arias.
Mediante un desplegado, los integrantes del comité expresaron su preocupación “por la falta de respuesta del Ejecutivo estatal a una demanda justa (la expropiación) y hemos decidido hacerla pública para encontrar el apoyo de muchísimos mexicanos que, al igual que nosotros, exigen a las autoridades una política decidida y eficaz de salvaguarda de nuestro patrimonio más preciado”.
Según los solicitantes, la decisión de expropiar la Cañada de la Virgen “significaría un precedente importante a nivel nacional, para garantizar que en toda la República tesoros históricos y naturales como éste no se conviertan en mercancías a merced de los grandes negocios inmobiliarios, sino que constituyan, para nuestra identidad y disfrute, el Patrimonio incuestionable de la Nación”.
Para ellos, Vicente Fox tiene la palabra.
