BUENOS AIRES.- En Argentina, ¿las leyes se compran? Tal fue la pregunta que se instaló en la opinión pública a partir de una nota de prensa.
Y la respuesta, hasta ahora, es abrumadoramente afirmativa: 89% de los consultados al respecto responde que sí.
El tema, convertido en uno de los mayores escándalos políticos desde la reinstauración de la democracia -en 1983– se refiere concretamente a “coimas” (sobornos) que algunos senadores habrían recibido del gobierno para votar favorablemente la controvertida reforma de la ley laboral, de reciente aprobación.
Los sobornos se habrían pagado con dinero de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El asunto llegó ya a los tribunales de justicia que deberán determinar si los sobornos existieron, quiénes los cobraron, quiénes los pagaron y por órdenes de quién.
Sea cual sea el resultado de las indagaciones, la credibilidad del Senado está en serio entredicho. Y la del Ejecutivo, también.
Cuestión de precio
En marzo, mientras se debatía en el Congreso la reforma a la Ley Laboral, rechazada por el sindicalismo disidente y aceptada con reservas por el oficialista (Proceso 1233), el ministro del Trabajo, Alberto Flamarique –principal negociador de la reforma ante los senadores–, se reunió con Hugo Moyano, líder del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), para intentar un acuerdo. Moyano reiteró al ministro que el MTA no variaría su posición y le advirtió que la reforma no pasaría en el Senado, donde el opositor Partido Justicialista (PJ, peronista) tiene mayoría. La respuesta del ministro: “A los senadores yo los arreglo con una Banelco así de grande”. Flamarique se refiría a la tarjeta de crédito de un banco con ese nombre.
El 25 de marzo Moyano denunció ante periodistas la insólita afirmación del ministro. El hecho, sin embargo, no fue considerado noticia: desde hacía más de un año se hablaba de tráfico de favores en el Senado. Se suponía, sin embargo, que el cambio de gobierno –el presidente Fernando de la Rúa asumió en diciembre–, significaría el fin de esas prácticas deshonestas.
El 26 de abril la reforma laboral fue aprobada por el Senado, con votos del PJ. Moyano dijo: “Ésta es la traición histórica del justicialismo a la clase trabajadora”. Hoy se afirma que la reforma laboral era requisito previo para lograr préstamos extranjeros, inversiones y otros beneficios económicos y financieros. Y era concretamente un requerimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El periodista Joaquín Morales Solá, del diario La Nación, escribió el 25 de junio una columna en la cual informó de posibles “favores personales” a favor de senadores del PJ a cambio de su voto para la reforma laboral.
El senador justicialista Antonio Cafiero comentó a sus colegas Pedro del Piero y Silvia Sapag, que lo escrito por Morales Solá tenía mucho fundamento y agregó que un compañero de bancada le había confesado: “Yo cobré 50 mil (dólares) por levantar el brazo”.
Ese comentario de Cafiero fue escuchado por reporteros… Y publicado.
El rumor cobró caracteres de escándalo. A partir de ese momento se sucedieron los trascendidos, los desmentidos y hasta los anónimos. El 12 de julio Cafiero presentó una moción ante el Senado para que el tema de los eventuales sobornos fuera investigado. El ministro Flamarique se apresuró a negar cualquier soborno. Y, por cierto, negó haber dicho nada de la Banelco.
El 9 de agosto De la Rúa se reunió con senadores justicialistas, les reiteró su confianza y calificó a los rumores de soborno como ‘versiones fantasiosas’.
El 15 de agosto, Morales Solá publicó una segunda nota al respecto en la que informó que varios miembros del gobierno sabían de las versiones de soborno por lo menos desde hacía dos meses.
Consultado al respecto, Rodolfo Terragno, jefe de gabinete, reconoció haber escuchado del tema.
El 15 de agosto el expresidente Raúl Alfonsín, líder de la Unión Cívica Radical (UCR) –a la que pertenece el presidente De la Rúa– adelantó que de confirmarse la versión de los sobornos, renunciaría definitivamente a la política. Al día siguiente, De la Rúa visitó a Alfonsín y tras escucharlo pidió que el Senado se autoinvestigara.
Por el “patriarcado” que Alfonsín ejerce en el radicalismo, su declaración conmocionó a la coalición gobernante, que integra también el Frente País Solidario (FREPASO), en cuyas filas milita el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, quien ejerce además la presidencia del Senado. En tal calidad, Álvarez instó de inmediato a sus colegas a entregar información y pruebas, si las tienen y los urgió a investigar, así como a presentarse voluntariamente ante la Oficina Anticorrupción (OA). Públicamente sentenció: “Si todo esto se confirma, estaremos frente a la decadencia terminal”.
Hasta mediados de agosto lo enunciado por Morales Solá y confirmado coloquialmente por Cafiero seguía siendo una sospecha coherente para la opinión pública, pero sin pruebas concretas.
Pero el escándalo siguió creciendo.
El anónimo
El 16 de agosto el vicepresidente se reunió con sus pares del Senado y les leyó algo que había llegado a sus manos, sin firma y por vía no aclarada. El documento daba cuenta de una reunión en la que participaron el propio presidente De la Rúa, el ministro Flamarique y durante la cual se decidió aprobar la reforma, el monto de los sobornos y sus destinatarios. Según ese escrito, estaban presentes los senadores nacionales José Genoud, Alberto Tell y Augusto Alasino e incluso Enrique Nosiglia, exministro del gobierno de Memem. En algún momento Tell preguntó a De la Rúa: “Presidente, ¿con quién arreglamos la ley?”. Respuesta de De la Rúa: “Con Flamarique”. Contrapregunta: “¿Y las otras cosas, con quién las arreglamos?”. Respuesta del presidente: “Con Santibañes”.
Se trata de Fernando de Santibañes, director de la SIDE. Ese documento, calificado de “panfleto” por la mayoría de los involucrados en el asunto, menciona también a los choferes de algunos de los protagonistas de esa hipotética reunión y del secretario de uno de esos senadores. Todos aparecen ahora como potenciales testimoniantes.
A esa altura, Álvarez decidió tomar un papel más protagónico en el asunto: instó a todos sus colegas a renunciar a sus fueros y ponerse a disposición de los tribunales de justicia, ante los cuales presentó él mismo una denuncia, dando por hecho el pago de sobornos. Declaró a la prensa que este asunto puede compararse a la operación mani pulite (manos limpias), de Italia, “que comenzó como una cosa menor pero tuvo enorme trascendencia en cuanto a combatir la corrupción política”. A renglón seguido entregó el “panfleto” a los medios informativos.
El senador aliancista José Genoud –implicado por el anónimo en la reunión con De La Rúa– fue más lejos al proponer el cese inmediato de funciones de todos los senadores y la elección anticipada de sus 72 integrantes, prevista para diciembre del 2001. Esta propuesta requiere de un gran acuerdo político porque implicaría una reforma constitucional previa.
En cuanto a la investigación de las “coimas”, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Jorge Yoma, del PJ, propuso que la SIDE levante el secreto acerca de sus fondos reservados e informe y entregue al Senado documentos de sus gastos recientes a fin de determinar si hubo o no desembolsos destinados a presuntos sobornos. Se propuso también la participación de la Procuraduría General de la Nación en la indagatoria de este caso.
El 22 de agosto, el Senado en pleno solicitó a Cafiero los nombres de los sobornados que él había dicho conocer, que serían cinco. Cafiero negó haber dicho lo que dijo a Del Piero y a Sapag: “Ellos tienen problemas auditivos o hicieron sus propias conjeturas”, alegó. Sus defensores explican: “Si da el nombre del senador que le comentó haber recibido las 50 lucas y éste lo niega, sería la palabra de ese senador contra la de Cafiero”. Respecto de los otros cuatro, explicaron que no había pruebas.
Entretanto, Moyano volvió a concitar apoyo de las otras centrales sindicales, como ocurrió frente a la convocatoria del paro nacional del 9 de junio, para oponerse a la reforma laboral. Ahora los sindicalistas en su conjunto exigen que esa reforma sea derogada dado que se consiguió con métodos ilegítimos.
Al anochecer del 23 de agosto se inició una agitada sesión en pleno del Senado que duró varias horas. Hubo gritos e imprecaciones. Blanco de ellos fue Antonio Cafiero, a quien sus pares le enrostraron haber “tirado la piedra y escondido la mano” al ocultar los cinco nombres de sobornados que había dicho –off the record–, conocer.
“Usted, es un irresponsable y, aunque ahora lo niegue, usted es la fuente no revelada de Morales Solá”, le gritó otro legislador.
Casi a la medianoche, Flamarique irrumpió en el Senado y tomó la palabra para conminar a los senadores –en presencia de los reporteros y las cámaras apostadas allí– a decirle en su cara a quién de ellos le pagó sobornos. La prensa coincidió en calificar la actitud del ministro de “ingenua” o “amañada”: “¿Esperaba de veras que alguien le dijera ‘sí, usted me sobornó a mí’?”
El peso de los rumores
La Oficina Anticorrupción (OA) –dependiente del ministerio de Justicia– inició de oficio una investigación acerca del eventual pago de sobornos a senadores “porque esta es una cuestión de significación institucional muy poderosa”, afirma su director, José Massoni.
En su calidad de fiscal de control administrativo, el titular de la OA no descartó citar a funcionarios del Poder Ejecutivo que aparezcan involucrados en el asunto. Desde ya podrían tener que comparecer ante la OA Flamarique y De Santibañes. Pero también Moyano, Cafiero, los choferes y el secretario presuntamente al tanto del tema.
Massoni solicitó al vicepresidente Álvarez mediante un oficio que le haga llegar toda información que posean los titulares de los bloques en el Senado respecto de cualquier intervención de miembros de la administración nacional en el tema que se investiga. Así mismo, la OA se sumará como parte querellante en las causas que, acerca de este caso, se presenten ante la justicia. Al respecto, a la querella de Carlos Álvarez se sumaron ya las del diputado Guillermo Francos y la del senador Pedro del Piero, y las de dos abogados: Ricardo Monner Sanz y Eduardo Barcesat.
El caso de los sobornos es el mayor escándalo político de los últimos años y el primer cataclismo para el gobierno de De la Rúa. Ya está en tribunales y todo indica que tendrá más nuevas repercusiones. Sin embargo, hasta ahora, no hay pruebas.
La nota del periodista Morales Solá es considerada el detonante del caso. Pero mientras algunos opinan que él podría ser pieza clave en el esclarecimiento de estos hechos, otros replican que llamarlo a declarar sería un atentado a la libertad de prensa y expresión. Esta teoría encuentra argumentos en contra: nadie puede obligar al periodista a revelar sus fuentes, pero sí a dar elementos que permitan calificar la veracidad de la información. Quienes sostienen esta teoría aclaran que hay intereses superiores al de la defensa corporativa, y explican: “Si un médico tiene elementos para determinar que una muerte fue causada por alguien, no puede escudarse en el secreto profesional para ocultar esos datos”.
Por ahora, Morales Solá se mantiene dentro del marco de defender el anonimato de sus fuentes y delega en los propios senadores la responsabilidad de colaborar al esclarecimiento de este asunto.
El 23 de agosto por la noche corrió el insistente rumor de que Flamarique renunciaría a su cargo. En vivo y en directo, Darío Lopérfido, Secretario de Cultura y Medios –vocero del Ejecutivo– desmintió enfáticamente esa versión. Descalificó lo que llamó “montaje armado en torno a los supuestos sobornos”, destinado, dijo, a perjudicar al gobierno en beneficio de “las internas de partidos opositores”. Y garantizó con su renuncia la inocencia absoluta del Ejecutivo en este asunto. “Si se comprueba que hubo sobornos en el Senado, yo renuncio irrevocablemente a mi cargo”.
El jueves 24 por la tarde surgió un nuevo rumor: un sobornado arrepentido estaría dispuesto a confesarse. Pero hasta entonces era sólo eso: otro rumor.
Lo cierto y concreto es y seguirá siendo que la inmensa mayoría de los argentinos está convencida, aún sin pruebas, de la existencia de los sobornos. Y está igualmente convencida de que este escándalo, como otros anteriores, no será totalmente esclarecido, ni sus responsables sancionados. Surgen preguntas: ¿Por qué la gente cree en la culpabilidad de los acusados aún sin pruebas? ¿Por qué el vicepresidente de la Nación recurre a la lectura de un anónimo para sustentar las sospechas de sobornos a senadores, otorgándole validez de prueba?
La respuesta parece encontrarse en estos datos: la imagen positiva del Congreso Nacional en comparación con otras instituciones es de apenas un 12%. En una medición de instituciones y sectores sociales sospechosos de corrupción, la opinión pública argentina asigna el primer lugar a los sindicalistas, el segundo a los políticos y el tercero a los legisladores.
Siendo más específicos, los analistas opinan que el Senado ha hecho méritos suficientes para ser sujeto de sospecha. Así, cualquier indicio en contra de su probidad, cobra valor de prueba. Carlos Chacho Álvarez está empeñado en que este asunto se esclarezca y no escatimará ningún recurso para lograrlo. “A falta de pruebas, bueno es un anónimo…”
La sospecha y la duda han permeado a la sociedad argentina en todo aquello que tenga relación con la política, explican los especialistas. Y rubrican: “En el inconsciente colectivo se ha instalado la convicción de que política y corrupción son sinónimos”.
