CIUDAD DE GUATEMALA.- ¿Te acordás de mí?
–Ya casi no… saber si usted es mi papá.
–¡Sí, yo soy, mi’jo! Allá te agarraron en tal parte… ¿Y te querés ir con nosotros?
–Ah no, después tal vez. Ahorita no…
El diálogo corresponde al reencuentro entre Luis Natareno y su padre. Se habían dejado de ver durante nueve años, cuando Luis y su hermana Inés –que entonces tenían seis y 12 años de edad– fueron retenidos por el Ejército durante el cerco que realizó en 1984 en su aldea, Kaibil Balam en Quiché.
Eran los años de la lucha contrainsurgente en este país, cuando –con los horrores de una guerra que cobró cientos de miles de muertos– ocurrió la desaparición de por lo menos 444 niños.
En ese entonces, Luis e Inés Natareno fueron llevados a un destacamento militar. Una tía lejana los rescató. Pero los hermanos terminaron separados e hicieron su vida con familias distintas: Inés, con una mujer en Barillas, Huehuetango; Luis, con su abuela, en el poblado de Sacatepéquez.
Los padres de ambos –que se habían refugiado en lo profundo de la selva amparados por organizaciones comunitarias cercanas a la guerrilla– los empezaron a buscar cuando amainó la lucha armada. Después de visitar muchos poblados, encontraron a sus hijos, quienes prácticamente los habían olvidado y –pese a que lo intentaron– no pudieron vivir juntos otra vez.
El caso de los hermanos Natareno se encuentra recogido en el estudio Hasta encontrarte. Informe de la niñez desaparecida durante el conflicto armado de Guatemala, presentado por la Arquidiócesis de esta ciudad.
La desaparición de niños durante la guerra –1960 a 1996– supera en número a los casos más conocidos de otros países. Las Abuelas de la Plaza de Mayo, en Argentina, reclaman 231 niños y niñas desaparecidos durante la Guerra Sucia. En El Salvador, la Asociación pro Búsqueda de Niños Desaparecidos ha documentado 520 casos en 13 años. En el informe guatemalteco, han quedado documentados 444 casos de niños desaparecidos durante el conflicto armado de 36 años y se cree que existen muchos más por documentar. Los años en estudio apenas recogen lo más grave del enfrentamiento local y la propia investigación limita la meta de documentar 50 casos, además de consignar los que otros dos estudios de las crueldades ocurridas contra civiles en la guerra interna de Guatemala han dejado ya registrados.
Víctimas de la violencia
En un conflicto en el que cientos de niños murieron a manos de militares, paramilitares y en menor escala también de guerrilleros, o huyeron a campos de refugiados en México, no es difícil comprender que la sociedad en general haya minimizado el problema generado por la sustracción y la retención ilegales de menores, señala el informe.
El 86% de los casos de niños desaparecidos documentados por el estudio corresponde a desapariciones forzadas, mientras 14% se refiere a la desaparición debida a distintas circunstancias provocadas por el conflicto.
Respecto de los responsables, 92% de los 444 casos documentados es atribuido directamente al Ejército. Los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa son responsables del 3% y a la guerrilla se le atribuye 2%.
No es casual, indica el documento, que el mapa de las desapariciones de niñas y niños esté marcado por la ruta del exterminio que el Ejército siguió en las regiones donde se estaba gestando la ruptura del Estado.
El estudio revela que hubo niños a los que recogieron soldados y oficiales después de haber asesinado a sus padres. Con ellos vivieron y hasta los llegaron a querer. A muchos se les tomó como prisioneros y se les utilizó como siervos en las casas de paramilitares después de que sus aldeas fueron quemadas y sus pobladores muertos y enterrados. A otros se les abandonó en la montaña, mientras sus padres intentaban ponerse a salvo de los fusiles. Nunca se les volvió a encontrar.
En muchas ocasiones las estructuras comunitarias –mayoritariamente indígenas– permitieron a los niños perdidos reubicarse con familiares cercanos. La mayoría de los casos registrados se produjeron en las zonas montañosas de Quiché, Chimaltenango, Alta Verapaz y Huehuetenango.
Pero también hubo, como en Argentina, niños a los que se capturó en plena ciudad, cuando las fuerzas del Estado perseguían a los cuadros de la guerrilla.
Ése es el caso de las hijas de Adriana Portillo, de 47 años, que ahora vive en Chicago, quien ha iniciado un proceso legal para dar con los responsables de la detención de sus hijas: Rosaura, de 10 años, y Glenda, de ocho, las cuales desaparecieron el 8 de septiembre de 1981.
El padre de Adriana y abuelo de las niñas, simpatizante de una organización guerrillera, había llegado a visitar a la familia que vivía en Jutiapa, al este de la ciudad de Guatemala. Las dos niñas viajaron con él a la ciudad para pasar unos días. Cuando Adriana llegó por ellas, el 8 de septiembre, se encontró con que las calles que rodeaban a la casa de su padre estaba bloqueadas por la Policía Judicial. Presa de pánico, apenas preguntó por el motivo de los retenes de militares y policías armados que impedían el paso de cualquier persona. Algunos vecinos le dijeron que los policías buscaban guerrilleros. Luego supo que las fuerzas de seguridad llegaron directamente a la casa de su padre esa mañana, considerada un centro de seguridad de la guerrilla, y se llevaron a toda su familia. Entre los detenidos tenían que encontrarse sus hijas, porque nunca volvió a saber de ellas. El terror le impidió realizar las gestiones inmediatas para averiguar dónde se encontraban. Volvió a su pueblo con la angustia de ser perseguida por las fuerzas contrainsurgentes.
Cuenta: “El último día que vi a mis hijas lo recuerdo con increíble claridad. Jamás lo voy a olvidar (…) Eran muy diferentes: Rosaura era retraída, frágil y rubia, como mi madre. Glenda era muy abierta y parlanchina. Era musculosa y fuerte y de apariencia mulata (…) Debido a que había prisa por llegar a la capital antes de que oscureciera, las mujeres y los niños, incluyendo mis hijas, no tuvieron mucho tiempo para despedirse. Salieron todas corriendo y recuerdo que tuve tiempo solamente de darles un abrazo y un beso muy rápido a mis hijas antes de que se fueran. Las dos vestían vestidos de color rojo y zapatos color café de amarrar. Fue la última vez que las vi”.
Todas las gestiones de Adriana Portillo y su entonces esposo, todas sus rogativas ante la policía y ante los tribunales, aún no dan resultados.
Amar al enemigo
Los más conmovedores casos, sin embargo, son los de aquellos niños que, según recoge el documento, fueron separados de sus familias o comunidades, secuestrados y adoptados en forma fraudulenta por algunos de los victimarios. Esta práctica los condenó a vivir con los asesinos de sus familiares sin saberlo, sostiene el estudio de Recuperación de la Memoria Histórica.
El estudio refleja que la práctica de llevar a los niños consigo, sea como trofeos de guerra, como siervos o con la intención de criarlos como hijos, se volvió relativamente usual durante los años del conflicto. Así lo reconoció el general Alejandro Gramajo, cuando ya convertido en ministro de la Defensa, en 1989, ofreció una entrevista al diario Prensa Libre. “Muchas de las familias de oficiales del Ejército han crecido con la adopción de niños víctimas de la violencia, pues en determinados momentos se volvió moda en las filas del Ejército hacerse cargo de pequeños de tres o cuatro años que se encontraban deambulando en las montañas”.
Ése es, poco más o menos, el caso de Domingo, un joven de 25 años, quien sólo sobrevivió a la masacre de la población de Dos Erres porque buscó refugio entre las piernas de un soldado. Éste se lo llevó al cuartel y días más tarde lo presentó en su casa como un hijo más. Domingo ha testificado sobre la animadversión de su madre adoptiva al principio de la relación. Pero aún ahora, años más tarde, cuando quiso volver al lugar de la masacre y honrar la memoria de sus padres y hermanos, no se atreve a romper los vínculos con su familia adoptiva, a la que considera también la suya.
Entre los reencuentros felices documentados por el informe se encuentra el que se produjo entre Ana Galindo y su familia. En 1982, durante un operativo del Ejército en San Gaspar Chajul, la niña de tres años fue capturada y trasladada a la ciudad de Guatemala. Una entidad protestante la concedió en adopción y la envió a vivir con una familia a Estados Unidos. Su madre pasó más de 15 años sin saber de ella. Recientemente regresó a reencontrarla en su aldea, luego de contactarla por medio de otro joven adoptado en Estados Unidos y también originario de Guatemala. El reencuentro ofreció una serie de dificultades. Ana, quien ahora se llama Sara, no habla Ixil, su lengua materna, ni castellano.
Muchos de los efectos psicosociales de estas desapariciones prolongadas fueron recogidos por el Informe de la Arquidiócesis, pese a que no era su intención. Rasgos de culpabilidad, depresiones, incertidumbre y enfermedades físicas son algunos de los efectos más evidentes. Madres y padres que se consideran culpables por haber huido hacia la dirección contraria que lo hicieron sus hijos al momento de la llegada del Ejército a su aldea, o por haber dejado solos a sus hijos durante un tiempo en la montaña.
En la actualidad, sostiene el documento, aun cuando las hostilidades han cesado, los efectos de las desapariciones forzadas agravadas por las sustracciones, retenciones y adopciones ilegales, continúan. Igualmente las acciones de los agresores permanecen impunes. Esta impunidad viola la personalidad jurídica de las víctimas, el derecho a conocer la verdad sobre su familia, su cultura original, y atenta contra los derechos de la familia y la patria potestad de los padres.
El estudio concluye que se hace indispensable integrar una Comisión Nacional de Niños Desaparecidos. Sostiene que la ley ya prevé la búsqueda y reunificación de las familias como parte del resarcimiento a la población civil atrapada por la guerra.
El presidente Alfonso Portillo, quien acudió al acto de entrega oficial del informe, aseguró que su gobierno cumpliría con su parte en la integración de este grupo dedicado a buscar a los desaparecidos.
Sin embargo, según el mismo informe, se constata que los esfuerzos oficiales aún no son suficientes para aliviar los dolores causados por la guerra.
