Las elecciones del 20 de agosto en Chiapas transcurrieron finalmente sin sorpresas. Como lo confirmó el cómputo oficial de 100% de las casillas, los resultados fueron prácticamente idénticos a los del 2 de julio, lo que ilustra el carácter estructurado del movimiento democrático que ha venido transformando el estado en los últimos 10 años (Gráfica 1).
Pero los pasados comicios no solamente vienen a concluir el ciclo político que empezó en 1991, sino que dan inicio a una nueva era en el sistema político chiapaneco. A pesar de un grave conflicto armado, de la fuerte militarización y de la persistencia de numerosos problemas económicos, políticos y socioculturales, estas elecciones pacíficas han permitido una alternancia histórica.
Surgen ahora nuevos retos para la clase política local, para los actores sociales, para los zapatistas y para los chiapanecos en su conjunto. Ha llegado el tiempo de ocupar los espacios conquistados para construir relaciones políticas más democráticas, participativas y plurales.
Una victoria anunciada
El 20 de agosto, los chiapanecos confirmaron en las urnas su voluntad de cambio pacífico y democrático. En los comicios más reñidos de la historia local, la alianza opositora obtuvo 52.8% de los votos, cediéndole al PRI 46.7% del sufragio válido, es decir, resultados prácticamente idénticos a los del 2 de julio.
Como era de prever, la clave de estas elecciones fue efectivamente la participación ciudadana. Ciertamente, el abstencionismo aumentó ligeramente con respecto a las legislativas federales (pasando de 48.6% a 50.3%), lo que favoreció al tricolor. Sin embargo, la movilización ciudadana fue, finalmente, lo suficientemente importante para garantizar la victoria a la Alianza por Chiapas. De hecho, la única sorpresa de los comicios fue que –después de haber focalizado durante varios meses las pasiones políticas de los chiapanecos– éstos no hayan propiciado una mayor participación con respecto al 2 de julio.
Ello se debe a diversas y complejas razones, entre las que se pueden citar el escepticismo de la ciudadanía ante las elecciones y el desprestigio de las instituciones públicas locales, así como las tensiones políticas y la militarización en la zona de conflicto. No obstante, a pesar de que el EZLN finalmente no votó, por vez primera desde 1994 el abstencionismo fue sensiblemente inferior en los municipios indígenas (45%) que en el resto mestizo del estado (53%), inclusive en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde prácticamente alcanzó 55% (Compárense las gráficas 1 y 2).
Este fenómeno caracteriza a todas las regiones indígenas del estado, pero fue particularmente marcado en los municipios zoques (30% en promedio), que tuvieron la suerte de permanecer al margen del conflicto armado y muestran una de las transiciones democráticas más constantes del estado.
Esto vuelve a confirmar que la democratización electoral no se ha limitado a las regiones ladinas de Chiapas y que los indígenas –al igual que los mestizos– han asumido sus nuevos derechos cívicos-ciudadanos con gran responsabilidad. Pero la novedad más notable del 20 de agosto se registra en la zona de conflicto, formada por 34 municipios de las regiones Altos, Norte y Selva (32 de ellos predominatemente indígenas), que fueron afectados directamente por el levantamiento armado del EZLN en 1994.
Zapatismo y democratización electoral (1994-2000)
En efecto, a pesar del nuevo contexto político-electoral, los zapatistas se volvieron a abstener, debilitando con ello principalmente a la Alianza por Chiapas, que perdió las elecciones en la zona de conflicto, con 47% del voto válido contra 53% a favor del PRI. Esto no solamente se debe a la fuerte militarización –ya que paradójicamente la participación ciudadana fue más elevada en la zona de conflicto que en el resto del estado–, sino también al abstencionismo de los rebeldes, cuya estrategia ante las elecciones ha tenido consecuencias contradictorias sobre la transición política en los municipios con presencia zapatista. La gráfica 2 ilustra claramente las consecuencias del abstencionismo zapatista en la zona de conflicto.
En un primer tiempo, el levantamiento armado y las negociaciones en la catedral de San Cristóbal crearon una coyuntura excepcional, que pudo ser encauzada mediante los comicios generales de 1994. Al sumarse a la candidatura de Amado Avendaño –abogado y periodista de reconocida trayectoria como luchador social que se presentó bajo las siglas del PRD–, los zapatistas contribuyeron a derrumbar la hegemonía electoral del tricolor en el estado, cuyas fisuras se pueden detectar desde las elecciones de 1991.
Pero si a partir de entonces la oposición obtuvo prácticamente la mitad del sufragio válido en el estado, ésta aún estaba demasiado dividida y carecía de la experiencia electoral para encauzar un cambio cuya magnitud la rebasaba. Entre 1991 y 1994, el voto perredista aumentó en 700%, pasando de 6% a 35%, mientras que los sufragios para Acción Nacional y el PT crecieron en 176% y 346%, respectivamente. Sin hablar de las múltiples dificultades que enfrentaba en aquel entonces la naciente democracia mexicana (recuérdese que el IFE no conquistó su autonomía total con respecto al poder ejecutivo sino en 1996).
Sin embargo, mientras que la democratización electoral siguió avanzando en el resto del país, en Chiapas el conflicto armado la frenó. La zona de conflicto se militarizó cada vez más y, a partir de 1995, el EZLN se retiró del juego electoral y empezó a promover el abstencionismo entre sus filas. Con ello, los zapatistas debilitaron, paradójicamente, a la oposición, favoreciendo de paso indirectamente al PRI, que preservó el primer lugar en el estado a pesar de movilizar a menos de una cuarta parte de la ciudadanía.
Así, los sectores indígenas del PRD perdieron las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán, Huixtán, Las Margaritas, Pantelhó, Salto de Agua, Tila y Simojovel, que hubiesen conquistado sin dificultades un año antes, cuando sí votaron los rebeldes. En 1997, para manifestar su rechazo a la vía electoral, el EZLN incluso quemó 220 casillas en su zona de influencia, contribuyendo a incrementar aritméticamente un abstencionismo de por sí sumamente elevado (Gráfica 2).1
En resumidas cuentas, después de haber actuado como un catalizador de la transición política en 1994, la estrategia antielectoral de los zapatistas tendió a bloquearla en la zona de conflicto, particularmente en sus principales bastiones. En efecto, entre 1995 y 1998, la característica principal del voto en las secciones predominantemente zapatistas –donde el PRD había obtenido sus mejores resultados en 1994– fue un abstencionismo excepcionalmente elevado, que favoreció irónicamente al PRI.
En tierras zapatistas, voto por el PRI
Dentro de la nueva coyuntura abierta por la alternancia presidencial del pasado 2 de julio y por la candidatura a gobernador de un hombre aceptable para los rebeldes, se podía esperar un cambio de actitud del EZLN. Sin embargo, si bien pocos zapatistas parecen haber votado el 20 de agosto, lo cierto es que los rebeldes en su conjunto no cerraron filas para participar. Ello tuvo, una vez más, un efecto contradictorio en la zona de conflicto, donde el PRI preservó el primer lugar con 53% de los votos válidos (correspondiente a 27% de los inscritos en la lista nominal).
En efecto, lo más notable de las últimas elecciones en tierras zapatistas es un sensible incremento de la participación que –ahí donde se produjo– favoreció claramente a la Alianza por Chiapas. En promedio, dicha movilización ciudadana aumentó de 49% el último 2 de julio a 52% el 20 de agosto, lo que provocó una ligera disminución del voto priísta (0.7 puntos) y un pequeño avance de la oposición (+2.5 puntos). Un fenómeno que fue aún más marcado en las 157 secciones predominantemente zapatistas, donde la reducción del abstencionismo (-4.1 puntos) repercutió directamente sobre el voto priísta (-1.7 puntos) y favoreció a la alianza opositora (+3.6 puntos). Sin embargo, esta participación ciudadana “independiente” en la zona de conflicto –que provienen muy probablemente de sectores zapatistas que sí fueron a votar– no fue lo suficientemente importante como para otorgarle la victoria a Pablo Salazar Mendiguchía.
Así, aunque algunos rebeldes probablemente votaron a favor de la Alianza por Chiapas, ésta ganó las elecciones en la zona no zapatista del estado (donde obtuvo 55% en lugar del 47%), sin el apoyo del EZLN. No obstante, para poder gobernar el estado, Pablo Salazar también necesita el reconocimiento de los zapatistas. En efecto, a pesar de que hoy en día los rebeldes no son mayoría en la zona de conflicto, siguen siendo uno de los actores más importantes en el estado, con una considerable fuerza y capacidad organizativa. La paz no se construirá sin ellos. A su vez, si el EZLN se abstuvo nuevamente de votar, ahora deberá tomar cartas frente al nuevo contexto abierto por las históricas alternancias del 2 de julio y del 20 de agosto.
¿Hacia una salida política al conflicto armado?
Muchos observadores de la situación chiapaneca han interpretado los resultados de las pasadas elecciones como un voto a favor de la paz. Lo cierto es que la alternancia permitirá formar un gobierno de transición mucho más amplio, democrático y legítimo que los que ha tenido el estado en los últimos años. Sin lugar a dudas, ello contribuirá a propiciar nuevos espacios de diálogo y de negociación, que permitirán integrar a muchos sectores sociales anteriormente excluidos de la vida político-institucional.
Con respecto a la solución del conflicto armado, independientemente de su enorme complejidad, también se percibe un nuevo optimismo poselectoral, incluso entre varios asesores del EZLN. A pesar de que las condiciones socioeconómicas en la zona de conflicto no han dejado de agravarse en los últimos seis años, la situación política del país guarda escasa relación con el contexto que vio surgir la rebelión neozapatista. Cuando se levantaron en armas los zapatistas, México apenas consolidaba sus primeras conquistas democráticas. Hoy en día, el sistema político se ha abierto y transformado, para propiciar un juego político mucho más representativo y democrático.
Esto no significa que las cosas serán fáciles. Pablo Salazar ganó en 53 de los 111 municipios chiapanecos, pero solamente en 13 de los 34 municipios de la zona de conflicto. Como nos lo resumió el 20 de agosto una autoridad rebelde en el municipio autónomo de San Andrés Larráinzar, “aquí, la gente espera que gane Pablo, porque nadie quiere seguir con el gobierno de siempre. Pero quién sabe si alguien irá a votar por él. Es que tampoco le tenemos confianza a él. Ya no creemos en las palabras. Tenemos que ver hechos primero, tenemos que ver si realmente va a cumplir”. Y efectivamente, la oposición chiapaneca ganó la gubernatura gracias a las promesas de su candidato. Ahora, habrá que cumplirlas para poder empezar a reconstruir nuevas relaciones políticas en el estado, más equitativas, justas e incluyentes que en el pasado.
En resumidas cuentas, las elecciones no habrán resuelto por arte de magia los problemas de Chiapas. El conflicto no ha terminado, aunque se abren nuevas posibilidades para su solución. Ahora empiezan los verdaderos desafíos para el gobernador electo y para la ciudadanía chiapaneca. Entre ellos destaca la construcción de una sociedad más democrática, cuyos representantes políticos también tendrán que empezar a cumplir añejas y desgastadas promesas sociales, económicas y culturales.
* Sociólogo. Publicó recientemente, junto con Juan Pedro Viqueira, Democracia en tierras indígenas. Las elecciones en los Altos de Chiapas (1991-1998), CIESAS, El Colegio de México, IFE, México, 2000. Actualmente coordina, junto Edmundo Henríquez y Jan Rus, una nueva investigación sobre las elecciones de 2000 en los Altos de Chiapas.
1.- Véase al respecto, W. Sonnleitner: “Promesas y desencantos de una democratización electoral incipiente pero inacabada (1991-1998)”, en Democracia en tierras indígenas, Op.Cit., pp. 107-208.
