Bajo el nuevo escenario político en el que el PRI perdió la Presidencia de la República y después la gubernatura de Chiapas, el diputado priísta Jaime Martínez Veloz, exintegrante de la Cocopa, y el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, experto en derecho Constitucional, coinciden en afirmar, por separado, que sólo con la voluntad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del próximo presidente Vicente Fox, se podrá llegar a la paz, que se vio rota en la entidad por la rebelión indígena de hace casi siete años.
Pero mientras el primero establece como condición que disminuya la presencia militar y se respeten los Acuerdos de San Andrés, contenidos en la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación, el jurista advierte que se debe prescindir de todo eso debido a los riesgos que, a su juicio, implican los acuerdos.
Y asegura que lo único que se debe hacer es reglamentar el artículo cuarto constitucional, y que el problema del EZLN “no se arregla con leyes ni con Cocopas, sino con entrevistas directas entre Vicente Fox y el subcomandante Marcos”.
Y ambos critican al presidente Ernesto Zedillo: Martínez Veloz, secretario de Programa, Gestión y Acción Social del PRI, lo acusa de vetar la iniciativa de la Cocopa, y Burgoa califica a su gobierno de “débil y temeroso, pues dejó crecer el conflicto por no haber actuado conforme a la Constitución”.
Por su parte, el próximo gobernador de Chiapas, el exsenador priísta y también exmiembro de la Cocopa, Pablo Salazar Mendiguchía, ratificó su compromiso de hacer valer los Acuerdos de San Andrés.
Salazar, candidato de la Alianza por Chiapas –integrada por ocho partidos de oposición–, derrotó al abanderado del PRI, Sami David David, por 5.6% de los votos emitidos el domingo 20 de agosto.
Su triunfo, reconoció, se caracterizó por el “voto cruzado”, porque en donde se creía que podía perder ganó y perdió en los lugares que tenía la seguridad de ganar. De acuerdo con informes del corresponsal Isaín Mandujano, en los lugares con fuerte presencia del EZLN triunfó el PRI y en aquellos donde se mueve el grupo paramilitar priísta Paz y Justicia, la oposición “barrió”.
Según las autoridades electorales, de 24 distritos 15 fueron para la Alianza; en tanto que de los 110 municipios donde hubo comicios, 58 favorecieron al PRI y 52 al bloque opositor. El índice de abstencionismo fue de 50.25%.
Testigo de los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, Salazar, quien renunció a la Cocopa el 14 de febrero de 1999, dice que el gobierno se comprometió a impulsar una reforma constitucional en la que se reconocería la autonomía de los pueblos indios, pero que después dio marcha atrás (Proceso 1166).
“La parte táctica que pudiera calificarse como un error fue la condición que la Cocopa puso para elaborar la iniciativa de ley. Nos convertimos en árbitro de la negociación y condicionamos la elaboración del documento a que fuera un texto definitivo.”
El próximo gobernador, que en su momento acusó al presidente Ernesto Zedillo de haber amenazado a la Cocopa con descalificar su iniciativa y de ejercer la mayoría priísta en el Congreso de la Unión, anunció que en cuanto llegue al cargo apoyará de inmediato el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.
La deuda
Entrevistado en sus oficinas del PRI, Martínez Veloz sostiene que después de las derrotas del 2 de julio y del 20 de agosto, “el partido no puede seguir con lo mismo. Y si quiere construir políticas comunes con los sectores de izquierda, tiene que demostrar en los hechos que está dispuesto a caminar con ellos, por lo que en el asunto de Chiapas debe dejar de lado tabúes, estereotipos y consignas, y meterse a fondo a pagar la deuda nacional que se tiene con los pueblos indígenas”.
Culpa a Fox y al PAN de confundir a la opinión pública en el sentido de que el presidente electo ha prometido enviar al Congreso la iniciativa de la Cocopa, la cual ya fue entregada hace tiempo a la Cámara de Diputados por el perredista Juan N. Guerra. Entonces, el problema es cómo construir el proceso para aprobarla.
“Como decía Heberto Castillo: ‘no hay que buscarle chiches a las lagartijas’, o sea que, si realmente se quieren dar muestras de resolver a fondo el conflicto chiapaneco, lo que se tiene que hacer es que el presidente Ernesto Zedillo retire su iniciativa, que es una contrapropuesta, pues se comprometió con la Cocopa a que nunca la iba a presentar y la envió a la Cámara de Senadores.”
Explica que con “la iniciativa del PAN sucede lo mismo, pues si bien está dentro de la Cocopa, no es la contraparte del EZLN, de ahí que exista el riesgo de que se vaya a hacer un mazacote del conjunto de las iniciativas de ley para ver qué sale de todas ellas, ya que también el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó la propia en torno de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas”.
Considera que el PRI debe definir su posición, es decir, “apoyar que se cumplan los Acuerdos de San Andrés si realmente como partido desea dar una muestra de acercamiento con los sectores progresistas y democráticos”.
Acepta que se pueden hacer observaciones a la iniciativa de la Cocopa relacionadas con la técnica jurídica, “siempre y cuando no se desnaturalice su espíritu, incluso se puede construir en el próximo Congreso un escenario que permita al EZLN intervenir en los aspectos que pudieran ser motivo de discusión”.
Según Martínez Veloz, en 1996 la iniciativa que se elaboró en San Cristóbal de las Casas fue “desvirtuada” por el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, “quien nos dijo textualmente que ‘no solamente había diferencias entre los priístas con esa iniciativa, sino que vino a verme un dirigente de un partido político nacional, que no es mi partido, a decirme que ellos no iban a apoyarla’; la Cocopa, que había dado su palabra al EZLN de que defendería la propuesta, estaba encabezada por el senador panista Luis H. Álvarez”.
Por ello señala que el PAN, ahora en el poder, debe hablar con toda claridad, porque “nosotros formulamos una iniciativa a la que, ciertamente, le faltan la exposición de motivos y los considerandos, pero eso es lo de menos, ya que está la justificación plena en términos históricos”.
Los acuerdos de San Andrés fueron firmados en mayo de 1996 por el EZLN, la parte gubernamental y la Cocopa. Sin embargo, pese al compromiso oficial de que “no se admitirían cambios”, casi al final de ese año Gobernación alegó que la iniciativa de ley elaborada por legisladores de todos los partidos tenía problemas de matiz, de técnica jurídica constitucional, lo que debería tomarse en cuenta para que no existieran conflictos futuros de interpretación.
A esto siguió la petición del presidente Zedillo de que se le otorgara un plazo de 15 días, a fin de asesorarse con expertos en derecho constitucional. Los asesores fueron Héctor Fix Zamudio, José Luis Soberanes, Sergio García Ramírez y, entre otros más, Ignacio Burgoa.
Con ese pretexto, según denunció la Cocopa en su momento, Gobernación elaboró una contrapropuesta, debido a la consideración de que lo redactado originalmente “divide al país, se quiere establecer una autonomía territorial, fueros especiales para los indígenas, que se pone en riesgo la soberanía nacional sobre los recursos naturales del subsuelo y que se pretende establecer un cuarto nivel de gobierno” (Proceso 1055).
A cuatro años de los sucesos, Martínez Veloz reconoce que hay sectores de derecha dentro del PRI y del PAN que van a “torpedear” cualquier posibilidad de acuerdo basada en la iniciativa de la Cocopa.
“No es tan fácil como están dando a entender Fox y los panistas. Todavía no atino en ver que el PAN tenga una posición muy clara al respecto, pues hay dirigentes del panismo que han dicho que mantendrán su iniciativa en el Congreso y que la de la Cocopa será una más a discutir.”
Dice que los Acuerdos de San Andrés son un conjunto de acciones que se tienen que realizar tanto en el plano local como en el nacional, que “ahora hay que tejer muy fino para cumplir con el deber moral y constitucional de defender nuestro trabajo; por eso dentro de mi partido lucho para generar una corriente favorable. El PRI no fue el que vetó a la iniciativa, sino el presidente de la República, pero en lugar de discutir con él, lo que hizo fue asumir la posición presidencial como acostumbró en muchos de los temas nacionales”.
Piensa que se debe abrir otra etapa de diálogo con el EZLN. “La obligación de darle salida al conflicto es del gobierno, encabezado ahora por Vicente Fox y el PAN, por ser el más fuerte, el cual debe construir el camino para que las reivindicaciones indígenas sean parte de la institucionalidad del Estado mexicano”.
Encapuchados y disfrazados
Contrario a la posición del legislador priísta y de Pablo Salazar, Ignacio Burgoa dice que “los de San Andrés no fueron acuerdos ni convenios, porque éstos se hacen con personas conocidas y en este caso los representantes del gobierno federal –encabezados por el actual senador electo del PRI, Marco Antonio Bernal– celebraron un presunto pacto con encapuchados y disfrazados, lo que jurídicamente los inhabilita”.
–Pero, ahora que el PRI ya no va a gobernar, ¿cuál es el futuro de Chiapas?
–Pues es necesario entablar negociaciones y rápidas con el EZLN, por el gobierno federal y el nuevo gobierno chiapaneco, para ver si se da la pacificación total.
–En todo esto está la iniciativa de la Cocopa, los Acuerdos de San Andrés, su asesoría al presidente Zedillo y el anuncio de Fox de que enviará la iniciativa, tal cual, al Congreso ¿Qué piensa usted?
–Lo que pasa es que yo siempre critiqué la famosa Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, porque no es ninguna ley, ya que lo aprobado por el Congreso a iniciativa del presidente Zedillo no obliga a nadie, sólo fue un conjunto de deseos.
“Ahora, con esta supuesta ley se creó la Cocopa, que es un cuerpo que ha estado trabajando para ver si logra la pacificación con el EZLN, pero no se ha arreglado nada; sigue la rebelión desde el punto de vista jurídico y pues ahora a ver qué hace Fox.”
Experto en derecho constitucional, Burgoa aclaró, tan pronto se dio a conocer públicamente el movimiento zapatista de Chiapas, que la conducta del EZLN entrañó desde un principio “el delito de rebelión tipificado en el artículo 132 del Código Penal Federal al atentar en contra de la seguridad interior del estado de Chiapas y, por consiguiente, de la nación”.
Y ahora sostiene que “a pesar de una aparente pacificación, el levantamiento en armas de los rebeldes ha permanecido latente, circunstancia que indica que la rebelión no ha terminado”.
Basado siempre en su interpretación de las leyes y del texto constitucional, asegura que el subcomandante Marcos, al declarar que su movimiento tendía a derrocar al gobierno constituido de México y a establecer en su lugar un “gobierno de transición”, rompió desde entonces el orden constitucional.
Así mismo, en su análisis Constitución, Estado de Derecho y Derecho a la Rebelión, observa que “las circunstancias violatorias enunciadas, y otras que sería prolijo mencionar, han desembocado en una situación que en el estado de Chiapas ha quebrantado el orden de derecho fundado en la Constitución y en las leyes ordinarias”.
En entrevista, Burgoa afirma que en materia de rebelión, el mismo gobierno nunca aplicó la ley, a lo que atribuye que el movimiento haya seguido creciendo. “Cuando la ley no se aplica crecen los problemas y los conflictos. Es el caso de Chiapas y de la UNAM, donde no se ha observado el derecho”.
Según él, si se hubiera aplicado la ley desde un principio no se tendría el problema, eso sin perjuicio de mejorar las condiciones de los pueblos indígenas, que, expresa, es un deber insoslayable de cualquier gobierno.
Para el especialista, la única forma de solucionar el problema de Chiapas es “cortando por lo sano” con esa situación de ilegalidad mediante un convenio que se base en el convencimiento y la reglamentación del artículo Cuarto constitucional, que debe iniciarse ante el Congreso de la Unión.
–¿Hay condiciones para que en el próximo sexenio la iniciativa de la Cocopa pueda ser aprobada?
–Hay que conocer el criterio de los nuevos legisladores.
–Usted mencionó en 1996 que esa iniciativa contenía algunos riesgos para el país, ¿cuáles son?
–La demanda de autonomía que hacen los pueblos indígenas está reconocida por el artículo Cuarto de la Constitución, no hay por qué, absolutamente, enmendar ya la Carta Magna, pues ese derecho, el respeto a las culturas y a las costumbres, lo prevé ese artículo.
“Lo que hay que hacer es una ley reglamentaria del artículo Cuarto constitucional en esa materia, y eso posiblemente lo haga Fox ya como presidente de la República.”
Afirma que hay que prescindir de los acuerdos de San Andrés, porque ni siquiera lo son: “¿Usted puede firmar un contrato con personas desconocidas? La verdad es que nadie que esté en sus cinco sentidos lo hace; lo que sucede es que los representantes del presidente Zedillo en San Andrés no supieron lo que hicieron, celebraron un convenio con gente del EZLN que nunca dio la cara y mientras no se dé eso con personas que se identifiquen, el contrato no existe”.
