En pleno cierre del ejercicio fiscal y a escasos 90 días de entregar el mando a su sucesor –Andrés Manuel López Obrador–, el gobierno de Rosario Robles se encuentra en aprietos: no le cuadran las cifras, ya que arrastra un déficit de casi 3 mil millones de pesos.
A fin de tapar ese boquete en las finanzas –que en 1999 ascendía a 6 mil millones aproximadamente–, Robles dispuso, desde el pasado 31 de julio, una serie de medidas para reducir el gasto.
Estas acciones culminarán la próxima semana con el despido de 40% del personal contratado por honorarios, unos 20 mil trabajadores más o menos. Una de las áreas que más resentirá el recorte es la propia oficina de la Jefatura de Gobierno, pues ahí laboran no menos de 400 personas bajo esa condición.
Otra es la Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social que, con el apoyo de Robles, se convirtió en refugio de exceuístas, brigadistas del sol y cegeacheros afines al PRD.
Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Armando López Fernández, secretario de Finanzas, informó a la plana mayor de la administración capitalina que, “a partir del 1 de agosto del año en curso, las licitaciones públicas que se encuentren en proceso de adjudicación y que se encuentren financiadas con recursos fiscales quedan suspendidas”. También, que “los recursos fiscales que al 31 de julio no se hayan comprometido, es decir, que no cuenten con un contrato o documento en el que se establezca el compromiso de pago por parte de la unidad ejecutora de gasto, quedarán a disposición de la Secretaría de Finanzas”.
En el oficio circular número 194, el responsable de las finanzas capitalinas dejó en claro, igualmente, que la Contraloría General se encargará de verificar “el cumplimiento de las obligaciones que en materia de gasto se instruyen”, con fundamento en el artículo 34, fracciones IX y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
La Secretaría de Finanzas determinó aplicar otras medidas colaterales. Por ejemplo, ordenó que no se ocupen las plazas de las plantillas autorizadas del personal operativo y de estructura ni las vacantes que en lo sucesivo pudieran generarse.
Además, canceló renivelaciones y ascensos de personal, y recomendó corregir “incongruencias”, así como reconsiderar la puesta en marcha de nuevos programas propuestos por las unidades ejecutoras de gasto que impliquen una mayor erogación de recursos fiscales. Se prohibió “aumentar prestaciones al personal operativo” y “crear nuevas prestaciones”.
Los únicos gastos que quedaron a salvo de los ajustes fueron los destinados a garantizar la prestación de servicios básicos, como la compra de medicamentos, combustible, vestuario, alimentación de personas, teléfono, energía eléctrica, agua potable, arrendamientos y ejercicio de recursos inherentes a la nómina.
También la libraron los proyectos financiados con recursos provenientes de transferencias federales o de crédito.
“Esto se acabó”, dijo Rosario Robles durante una reunión de trabajo con su gabinete en pleno, efectuada a finales de julio pasado.
Alerta desde el 98
En los resultados de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa había puesto en alerta al Gobierno del Distrito Federal en torno del peligroso debilitamiento en el capítulo de ingresos tributarios. En ese año se recaudaron casi 500 millones de pesos menos que lo programado.
Y la misma tendencia se observó en el primer semestre de este año. Según el informe de avance programático presupuestal, los ingresos propios del sector central fueron 5.9% inferiores a los estimados. Se habían previsto 14 mil 301 millones de pesos, pero sólo se obtuvieron 13 mil 456 millones.
La mitad de las 12 principales fuentes de ingresos del sector central tuvo entradas inferiores a las programadas al comenzar el ejercicio.
Los impuestos y derechos presentaron las siguientes disminuciones: agua, 1.9%; control vehicular, 7.4%; predial, 2.9% (el pago anualizado tuvo el mayor impacto al bajar 15%, aunque el pago bimestral del impuesto compensó el efecto al registrar un crecimiento de 7.4%); tenencia local, 5.4%, y nóminas, 23.1%.
Los que aumentaron: tenencia federal, 6.5%; servicios médicos, 104.4%; Registro Público, 55.3%; autos usados, 70.6%; Registro Civil, 27.5%; adquisición de inmuebles, 17.6%, y otros, 21.2%.
La Secretaría de Finanzas explica en el Informe de Avance Programático Presupuestal que la caída del impuesto predial tiene que ver con algunas medidas adoptadas en beneficio de los contribuyentes, las cuales implicaron un sacrificio fiscal de 50.3 millones de pesos.
Se refiere al descuento de 8% aplicado a los contribuyentes que realizaron su pago por adelantado, a los apoyos fiscales brindados a 1.2 millones de personas y a la “falta de alineamiento de los valores catastrales con los valores de suelo reales y construcciones”, así como a la desactualización del padrón.
Un ejemplo de esto último: Entre enero y junio, casi 100 mil personas cumplieron con su obligación fiscal, pero no aparecen en el padrón de causantes.
Además, la Secretaría de Finanzas anda también a la caza de contribuyentes morosos. Tiene detectadas 125 mil 995 adeudos correspondientes al período 1993-1997.
La principal fuente de recursos propios del gobierno, el impuesto de 2% sobre nóminas, mantuvo la curva descendente en el primer semestre al registrar una caída en los pagos del orden de 23.1%, en comparación con el mismo período del ejercicio de 1999.
Según la Secretaría de Finanzas, la razón estriba en que se dejaron de hacer alrededor de 411 mil 261 pagos del ejercicio fiscal 1999-2000. Entre los causantes morosos se encuentran varias entidades del sector paraestatal del propio gobierno que no han cubierto adeudos correspondientes al período 1997-1999, por lo cual se hicieron 132 requerimientos.
Los ingresos por derechos durante el primer semestre del año muestran también un decremento de 3.9% en comparación con el mismo período del ejercicio de 1999. Se dejaron de percibir casi 90 millones de pesos respecto de la estimación original.
Y los ingresos por productos (alquiler de servicios de policías auxiliar y bancaria e industrial, intereses de valores, créditos y bonos, planta de asfalto, venta de hologramas y otros) y aprovechamientos (multas de tránsito y administrativas, recuperación de impuestos federales, uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales, venta de bases para licitaciones públicas y otros) cayeron 15.2 y 41.7%, respectivamente.
Durante el primer semestre del año, el gobierno obtuvo, en suma, ingresos por 27 mil 415 millones de pesos, 13 mil 456 millones de los cuales provinieron de contribuciones (49.1%); 10 mil 39 millones, de participaciones en ingresos federales (36.6%); 2 mil 424 millones, de ingresos propios de organismos y empresas (8.8%), y mil 495 millones 600 mil pesos, de transferencias del gobierno federal (5.5%).
En cambio, el gasto fue de 24 mil 480 millones de pesos: 18 mil 159 millones de pesos (74.2% del total) se destinaron a gasto corriente (pago de salarios y gastos de administración); 4 mil 719 millones (19.3%) se aplicaron a gastos de capital (obra pública), y mil 597 millones (6.5%) se destinaron al pago del servicio de la deuda.
Aunque los ingresos del primer semestre fueron mayores que los gastos, sigue existiendo un déficit de aproximadamente 3 mil millones de pesos debido a que el déficit que se arrastra desde 1999 es de unos 6 mil millones de pesos.
Entre las unidades ejecutoras del gasto, la Jefatura de Gobierno tuvo la más alta ampliación presupuestal, según consigna el informe semestral de la Secretaría de Finanzas.
Su presupuesto original fue de casi 378 millones, pero en sólo seis meses tuvo una ampliación de 52.6% –unos 190 millones de pesos más–, con el único propósito, a decir de la Secretaría de Finanzas, de “mantener debidamente informada a la población”.
Justo en ese período, previo a las elecciones locales, el Gobierno del Distrito Federal lanzó los promocionales de la obra de gobierno, con la imagen de Rosario Robles por delante.
Con un déficit de casi 3 mil millones de pesos a cuestas y a costa de semiparalizar la maquinaria gubernamental en plena recta final, la jefa de Gobierno pondrá en marcha a partir del 1 de septiembre entrante la última parte del paquete de medidas restrictivas orientadas a adelgazar el gasto, con el despido obligado de la planta laboral contratada por honorarios.
