En la lucha contra la delincuencia común, las administraciones estatales del PAN y del PRD no han tenido mejores resultados que las del PRI, según se desprende de la más reciente radiografía sobre seguridad pública hecha por la Secretaría de Gobernación.
En cualquier caso, la delincuencia sólo ha aprovechado el anacronismo y la corrupción imperantes en los cuerpos policiacos, así como la dispersión de esfuerzos institucionales y la ausencia de políticas públicas claras en materia de seguridad pública.
Así, sin oposición real enfrente, los delincuentes han actuado con holgura en los 2 mil 438 municipios mexicanos.
Durante el año pasado, de acuerdo con el estudio gubernamental Incidencia delictiva nacional 1999, se cometieron 3 mil 611 delitos diarios en promedio, sin incluir los del fuero federal ni la “cifra negra” –delitos no denunciados–, que llegan a triplicar las estadísticas policiacas.
Bastan dichas cifras, sin embargo, para deducir que el año pasado por lo menos 150 personas fueron víctimas, cada hora, de la inseguridad en el país.
Otro hecho: por cada mil habitantes se cometieron al menos 14 actos ilícitos.
Los delitos contra el patrimonio se llevaron el primer lugar: hubo en el año 711 mil 591 denuncias al respecto, 53.98% del total. Y de esos delitos contra el patrimonio el robo fue el más recurrente, con 507 mil 367 denuncias, 38.49% del total.
Con un gobierno perredista a partir de diciembre de 1997, el Distrito Federal registró en 1999 el número de delitos más alto del país: 233 mil 192, equivalentes a 17.69% del total nacional.
Le siguieron: el Estado de México, gobernado por el PRI, con 187 mil 331 (14.21%); Jalisco y Baja California, con gobiernos panistas, tuvieron, respectivamente, 81 mil 487 (6.18%) y 68 mil 40 delitos (5.16%).
Aunque Baja California, Yucatán y Baja California Sur registraron menos delitos que el Distrito Federal, superaron a esta entidad en el porcentaje de actos delictivos por número de habitantes.
Baja California Sur, arrancada al PRI por el PRD en febrero de 1999, y con una población de apenas 375 mil 494 personas, registró 33 delitos por cada mil habitantes. Y a pesar de que el número de hechos delictivos sólo fue de 12 mil 377, el porcentaje por cantidad de habitantes fue de 3.30%, el más elevado del territorio nacional.
Con casi cuatro veces más población –2 millones 112 mil 140–, el estado norteño de Baja California, gobernada por el PAN desde 1989, tuvo, a su vez, 32 delitos por cada mil habitantes. Su porcentaje: 3.22%.
Situado ya como el tercer estado de la República con la mayor proporción de hechos violentos por número de habitantes, Yucatán –bajo el sello del PRI– reportó la comisión de 47 mil 957 delitos, cifra que, al ser confrontada con la de los pobladores del estado –1 millón 556 mil 622–, da un promedio de 3.08%.
En cambio, en el Distrito Federal se cometieron 27 delitos por cada mil personas. Con sus 8.5 millones de habitantes, la capital mexicana cerró así el año de 1999 en cuarto lugar, con un porcentaje de 2.75%.
Diseñado por la Secretaría de Gobernación a partir de información proporcionada por las procuradurías generales de Justicia de cada una de las 32 entidades del país, el mapa delictivo nacional muestra, tal cual, sin maquillajes, el rotundo fracaso en la lucha contra la delincuencia de tres proyectos distintos en materia de seguridad pública, correspondientes a las tres principales fuerzas políticas del país: PRI, PAN y PRD.
Las deficiencias
Moisés Moreno Hernández, presidente del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales y exsubprocurador en las procuradurías capitalina y General de la República, sostiene que, a pesar de la cuantiosa inversión en ese rubro y no obstante el endurecimiento de la legislación penal, México carece todavía de los medios de reacción adecuados para combatir la delincuencia organizada.
“Hasta ahora no se cuenta con una política criminal integral y coherente para enfrentar a las bandas criminales”, dice.
En su artículo “Delincuencia organizada y medios de control en México” publicado en el número 68 de la revista Bien Común y Gobierno (editada por la fundación Rafael Preciado Hernández), el especialista sostiene que la política criminal es, a menudo, “pendular” y “vacilante”. No es clara ni consistente.
A su juicio, las instituciones encargadas de combatir la delincuencia organizada enfrentan los mismos problemas identificados en los órganos de gobierno responsables de velar por la seguridad de los mexicanos: falta de especialización y de profesionalización; administración ineficaz; corrupción; ausencia de coordinación; ausencia de corresponsabilidad y de un sistema nacional de información, y, para rematar, carencia de una verdadera política criminal.
Después de casi 12 años consecutivos de probar todo tipo de acciones –inclusión de mandos militares en tareas de seguridad, incrementos presupuestales, campañas de saneamiento y de moralización, cambios de mandos, convenios de colaboración, endurecimiento de las legislaciones penales y presencia de nuevos cuerpos de vigilancia, como la Policía Federal Preventiva y la Policía Ministerial–, ni la administración federal ni los gobiernos estatales de PRI, PAN y PRD han logrado aminorar entre sus gobernados el temor a ser asaltado, secuestrado, ultrajado o ejecutado.
Sin tomar en cuenta las cifras negras de la delincuencia, la Secretaría de Gobernación reportó en el índice nacional delictivo correspondiente a 1999 la comisión de 1 millón 318 mil 240 delitos, apenas 1% menos que en 1998, lo que, sin embargo, logró romper la curva ascendente que se mantenía desde hace 12 años por lo menos.
Pero el número de figuras delictivas no descendió respecto de 1998: se identificaron los mismos 61 tipos.
Según las denuncias formalmente presentadas ante los órganos estatales de procuración de justicia, se cometieron contra el patrimonio, 711 mil 591 delitos; contra la vida e integridad corporal, 288 mil 5; diversos (seguridad del Estado, impartición de justicia, salud, economía pública, leyes de inhumaciones y exhumaciones, encubrimiento), 124 mil 994; contra la paz y la seguridad de las personas, 107 mil 890; en relación con la sexualidad, 19 mil 701; el honor, 17 mil 306; la seguridad pública, 11 mil 485; las vías de comunicación, 10 mil 751; la familia y el estado civil, 10 mil 737; la falsedad (contra la fe pública), 4 mil 977; la libertad (privación ilegal de la libertad, secuestro y rapto), 4 mil 52; faltas de servidores públicos, 3 mil 835; de la autoridad, mil 480, y contra la moral pública, mil 436.
Los 10 de mayor impacto fueron: robo (507 mil 367); lesiones (220 mil 482); otros diversos (123 mil 621); daños (103 mil 749); otros contra la paz y seguridad de las personas (49 mil 263); amenazas (47 mil 5); fraude (42 mil 380); otros contra la vida e integridad corporal (31 mil 459); homicidio (31 mil 263), y abuso de confianza (19 mil 306).
Con menos de 1% de recurrencia, aparecen: evasión de presos; peculado; lenocinio; contra la seguridad del Estado; ejercicio indebido del servicio público; inhumación y exhumación; incesto; contra la economía pública; oposición a que se realicen obras; provocación de un delito; violación de correspondencia; otros contra la autoridad; quebrantamiento de sanción; falsificación de moneda; enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia.
Por entidades y número de delitos denunciados, la Secretaría de Gobernación ubicó al Distrito Federal (PRD) en primer sitio, con 17.69%, seguido de los estados de México (PRI), Jalisco (PAN) y Baja California (PAN), con 14.21%, 6.18% y 5.16%, respectivamente.
Gobernada por el PAN desde 1991, la tierra natal del presidente electo, Guanajuato, aparece en séptimo sitio, con 48 mil 145 delitos; esto es 3.65% del total nacional.
Entre los 10 primeros estados con mayores índices delictivos se hallan también Veracruz, Chihuahua, Puebla, Yucatán y San Luis Potosí, todos gobernados por administraciones emanadas del PRI.
En cambio, los estados con menor incidencia delictiva durante 1999 fueron: Durango, Chiapas, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala.
Las entidades
El pasado 26 de julio, en su encuentro con el presidente electo, el gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, vendió a Vicente Fox la idea de que esa entidad cuenta con el programa modelo de seguridad pública en el país, fundado en los resultados del combate a la delincuencia.
Las estadísticas muestran, ciertamente, un notable descenso en algunos tipos delictivos. Por ejemplo, el secuestro, que es de competencia federal, manifiesta una curva decreciente: En 1997, se denunciaron 112; en 1998, 49; en 1999, 31, y en este año, hasta junio pasado, sumaban 17.
Ilícitos del fuero común, como robo de autos y homicidios dolosos, tienden a la baja. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación Social de Jalisco, en 1997 se reportaron 801 asesinatos; en 1998 fueron 612; en 1999, disminuyeron a 545, y hasta el primer semestre del año se habían producido 218 crímenes.
En contraparte, los robos a negocios y los asaltos bancarios se han incrementado, así como los asesinatos vinculados con el narcotráfico. Sólo en el primer semestre del año, 47 personas han sido ejecutadas.
Aún así, Daniel Ituarte Reynaud, secretario de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco, dice, ufano: “Estoy contento con los resultados alcanzados hasta ahora. Los índices delictivos han disminuido y la gente confía en nosotros”.
Entrevistado en Guadalajara por el corresponsal Felipe Cobián, el funcionario policiaco se refiere al éxito obtenido en el programa de rehabilitación social, al bajar el índice de reincidencia de 35% en 1998 a 1.06% en 1999. “Usted me dirá ‘cómo le hicieron’, y no se trata más que de detectar al interno con derecho a la preliberación, observar sus habilidades y buscarle un sitio de trabajo fijo, con el aval del empleador. Éstos son logros que no tiene el gobierno federal”.
Jesús Mendoza Mejía, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, difiere del responsable de la seguridad en el estado de Jalisco. “Las cosas siguen igual, no ha habido avances, y la prueba es que ya son cinco procuradores los que pasan por el gobierno del estado”.
Reprueba, incluso, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social porque, en su opinión, sólo fomenta el burocratismo y no resuelve los problemas de fondo.
Por su parte, el gobierno perredista del Distrito Federal ha logrado reducir la delincuencia, pero muy levemente. En 1997, se cometieron en promedio 465 delitos diarios, y en 1999 la cifra correspondiente fue de 437.
Y de las conductas delictivas que más agravian a la ciudadanía, el robo a transeúnte no sólo fue el único que no cedió, sino que aumentó. En 1999, la Procuraduría General de Justicia capitalina registró 135 robos diarios, 15.85% más que en 1997.
En cambio, bajaron porcentualmente el homicidio doloso; las lesiones dolosas; y los robos a vehículos, al transporte y a casas habitación.
La radiografía de Gobernación muestra, también, regiones del país donde no se nota la mano de la justicia. Por ejemplo, en Baja California la inseguridad no ha disminuido después de 11 años de gobiernos panistas.
Sede de bandas dedicadas al tráfico de drogas, como la de los Arellano Félix, Baja California lleva este año 14 secuestros, 12 en Tijuana y 2 en Mexicali. Además, de 1996 a la fecha han aumentado los homicidios y los robos de autos.
Otro estado norteño que se debate en la violencia es Chihuahua. Gobernado actualmente por el PRI, esta entidad ocupó el noveno sitio de incidencia delictiva en el mapa de la criminalidad, con 50 mil 987 delitos; esto es, 1.83% del total nacional.
Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades estatales son los delitos del fuero federal, pues sólo en Ciudad Juárez se han registrado 28 ejecuciones ligadas al narcotráfico y se tienen reportes de por lo menos 200 desapariciones y asesinatos de mujeres.
Gustavo Elizondo, alcalde de Ciudad Juárez, refiere que, a pesar de haber bajado 25% la delincuencia común, la presencia del narcotráfico ha trastocado la seguridad pública. Hay, dice, el registro de 130 mil adictos y de 3 mil personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal por comprar o vender drogas.
En entrevista con el corresponsal Alejandro Gutiérrez, el presidente municipal dice, convencido: “Nosotros le hemos declarado la guerra al narcotráfico, con todas las consecuencias que ello implica. Los juarenses no le van a reclamar al presidente de la República ni al gobernador, sino a mí. Y yo no puedo eximirme de la responsabilidad que me toca en esta lucha”.
Francisco Molina –exprocurador general de Justicia de Chihuahua, excomisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas y actual miembro del equipo de transición de Vicente Fox en materia de seguridad pública– afirma que los gobiernos panistas son los que han encabezado la pelea más abierta y frontal contra el narcotráfico.
“Los gobiernos del PAN han actuado con camisa de fuerza ante las estructuras políticas del país, pero aun así han ofrecido resultados concretos”, subraya.
El martes 15, en una reunión con representantes populares del PAN efectuada en Jurica, Querétaro, el senador panista aseguró que las instituciones de seguridad y de justicia en el país “están acabadas”.
Y un par de días después, luego de reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, Molina ratificó su posición en el sentido de que las políticas actuales en materia de seguridad han sido un absoluto fracaso.
Razón no le falta: No obstante, la fuerte inyección de recursos a ese rubro de 1997 a la fecha –un aumento de alrededor de 400%–, los índices delictivos sólo han bajado cerca de 4%, y, en general, de cada 100 delitos únicamente 10 terminan el proceso legal con sentencias condenatorias.
