El presidente electo Vicente Fox asumirá las riendas de este país no sólo acotado políticamente por no contar con la mayoría en el Congreso ni con la hegemonía panista en los gobiernos estatales, sino que también será un presidente obligado a pactar nuevos equilibrios, siempre delicados, con los factores reales del poder militar.
En menos de un mes, tres entrevistas con un alto mando del Estado Mayor Presidencial (EMP) y una reunión privada con el secretario de la Defensa Nacional bastaron para doblegar, por un lado, la reticencia inicial de Vicente Fox a aceptar los servicios de seguridad personal del EMP y, por otro, prodigar, desde ya, un trato diferenciado al Ejército Mexicano, como siempre lo tuvo con los “regímenes emanados de la Revolución”. De hecho, el militar es el único sector que no contará con intermediación política alguna por parte del equipo foxista, como sí la hay en otros ámbitos (economía, sector social, las Iglesias, etcétera).
Las pretensiones de cambio y transparencia políticos se ven empañadas ante los indicios que muestran una tendencia a conservar las cosas en el interior de las Fuerzas Armadas tal y como están: lo bueno y lo menos bueno. Lo novedoso ha sido la manifestación más abierta, múltiple y variada de otras expresiones de dentro y de fuera de la institución armada, que difieren con la línea de autoridad y rompen el mito sobre su homogeneidad y uniformidad políticas.
Así, presenciamos a un general consolidado en la estructura del EMP, que se declara públicamente guadalupano y con los méritos suficientes para ser secretario de la Defensa; voces de analistas y oficiales que pugnan y proponen cambios estructurales de las Fuerzas Armadas que incluyen la apertura del sector civil hacia su interior llegando a la misma titularidad de la Sedena; y las expresiones no tan disimuladas de grupos o corrientes que se sienten víctimas de los actuales altos mandos, que, por su parte y ante la derrota del PRI, sienten amenazadas sus posiciones dentro de la institución.
El coctel no es fácil de digerir para los pocos expertos sobre el tema que hay en nuestro país. Lo que sí es evidente y preocupante es la contradicción de Vicente Fox, quien modifica sus posiciones iniciales, pasando de la temeridad a la inmovilidad política en este tema. Primero fue la reunión “secreta” con cinco generales (presumiblemente de División) y que dio a conocer en Washington, expresando que ello le dejó en claro que “el Ejército no pertenece a ningún partido político” (La Jornada, 21 de marzo de 2000). Y luego, el entonces candidato lanzó aquel “exhorto” al secretario de la Defensa a fin de que permitiese que “cada soldado emita su voto libremente, sin presiones de ningún tipo” (Reforma, 5 de mayo de 2000).
Después del 2 de julio, Fox deja de “jugársela” y sostiene sólo en el discurso su oferta de cambio político que alcanza incluso “al Ejército” (Proceso, 1239). Con la divisa de que cree que “la seguridad del país está en buenas manos”, está obviando el déficit que existe en esa materia, particularmente en los últimos años.
Fox entiende la seguridad en un sentido muy amplio y parece ignorar varios expedientes abiertos en materia de defensa que, cuando menos, deben ser revisados y discutidos pública y abiertamente en una sociedad democrática: la justicia castrense (que dista mucho de ser imparcial, toda vez que predomina la intervención del alto mando) y el fuero militar; la rendición de cuentas en materia presupuestal y financiera (recuérdese que el Ejército tiene un banco que ha sido apuntalado por Hacienda desde hace tiempo); la conveniencia de mantener el servicio militar obligatorio a fin de integrar el servicio profesional de las armas; la propuesta de dar vida a la institución de la Guardia Nacional que prevé la Constitución; la redefinición de las misiones militares que implican actividades de inteligencia (el Ejército cuenta con una escuela especializada desde 1996, además de tener, cuando menos, tres cuerpos que realizan estas actividades), o bien, la utilización del Ejército apartada de los supuestos constitucionales (en tiempos de paz no se entiende su presencia masiva en Chiapas o su intervención, con o sin uniforme, en funciones y tareas policiacas); o la creación de unidades de élite a cargo de la Sedena que operan tanto en el aire como en el mar (lo famosos GAFES y GANFES) que han suscitado diversas críticas tanto desde el punto de vista operacional como en su desempeño (en agosto de 1998, 14 elementos de los GAFES fueron arrestados por corrupción y tráfico de indocumentados).
Mención aparte merece la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico en la que participan, en forma directa, más de 20 mil elementos, y, más aún, asuntos tan importantes como la violación a los derechos humanos; la cooperación militar con otros países, en especial con Estados Unidos (por ejemplo, el adiestramiento de oficiales mexicanos en los últimos tres años ha sido de mil, 622 y 703 elementos en 1998, 1999 y 2000, respectivamente), o bien, las relaciones comerciales en este rubro: compra y venta de armas y equipo.
Parte de estos temas apenas han sido esbozados públicamente por los analistas y algunos militares retirados y en activo. Sin embargo, la atención parece haberse centrado en la mera posibilidad de nombrar a un civil como titular de la Sedena y en el destino del EMP.
Sobre este último organismo tan peculiar, hay que decirlo, parece que se niega a ser sometido a cualquier tipo de escrutinio analítico, así sea desde la academia y menos desde la tribuna periodística.
Irregular desde su creación en 1946, ordenada por Miguel Alemán antes de su toma de posesión, el origen del EMP se debe a un contexto histórico-político muy diferente del momento que vive el país. Esto fue el resultado de un pacto político fundacional de intercambio, quid pro quo, propio del esquema fuertemente clientelar que observó el sistema político mexicano hasta hace dos decenios. Por un lado, se aseguraba la presencia militar alrededor de la institución presidencial, ya de carácter civil, y, por el otro, se conformaba un contrapeso también militar a las Fuerzas Armadas que tenía como misión preservar dicha institución, más que la persona. De este modo, la supremacía del poder civil se sobrepuso finalmente a las fuerzas caudillistas luego de un arduo proceso de institucionalización de un Ejército que se forjó al término de la Revolución.
En esta perspectiva, el EMP surge como una instancia de seguridad adicional dentro de una nueva era de poder civil del Estado mexicano. No fue una concesión gratuita, como ahora se nos quiere hacer ver por los voceros oficiosos del sector castrense que abogan acríticamente por la permanencia ad infinitum de dicho cuerpo armado.
Por ello, resulta preciso ponderar un organismo que gira en torno de la persona del presidente y que acusa problemas estructurales al menos desde hace 30 años, observando características propias de lo que ya se empieza a llamar como “antiguo régimen”: la transmisión del mando responde más a la hegemonía de un grupo o camarilla que a un sistema institucional de escalafón meritorio; privilegios a oficiales que se distinguen con mucho de las prerrogativas institucionales de sus contrapartes del ejército regular; y, en particular, su peso específico en términos políticos que convierte a sus elementos prácticamente en intocables.
A la luz de su intervención poco clara en acontecimientos, por mencionar sólo un par de casos, como el asesinato de Colosio (23 de marzo de 1994) y el operativo para arrestar a Joaquín Hernández Galicia, La Quina (10 de enero de 1989), se puede argumentar válidamente por una revisión a fondo de sus funciones, sus fines, y determinar si el esquema y las razones que le dieron vida al EMP siguen vigentes o se han agotado. La seguridad presidencial, también hay que decirlo en forma clara, admite más de una fórmula de protección cuyos ejemplos abundan en otros regímenes presidenciales.
Los partidos políticos, en tanto instituciones de interés público, han sido particularmente omisos o ambiguos en el tratamiento de estos temas en las plataformas electorales. Tal vez éste sea el momento de retomar, con un nuevo impulso, la discusión abierta, seria, ponderada y tolerante de todos estos aspectos que, en estricto rigor, formarán parte de la agenda de defensa para los próximos años.
De hacer efectiva la oferta de cambio y transparencia que los llevó al poder, el equipo de Fox y él mismo deben tomar conciencia de la importancia de debatir esta agenda. Si bien en materia económica están dispuestos a “darse el lujo de equivocarse” (Derbez dixit, La Jornada, 6 de agosto de 2000), en los temas de defensa y seguridad ni siquiera es dable pensar en actuar con un método de acierto-error para avanzar en la aplicación de una política determinada. De la estabilidad institucional interna de las Fuerzas Armadas depende también la estabilidad del país. De ahí la importancia de abrir y democratizar el debate sobre la modernización del Ejército. La historia nos muestra con creces que los titubeos y la inacción en este rubro se pagan muy caro. En todo caso, y siguiendo su estilo personal, cabe preguntarse ante quién ofrecerá disculpas Fox por las omisiones que ya se vislumbran en su relación con los militares.
*Analista en temas de seguridad y defensa, maestro en ciencia política por la London School of Economics.
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