Más allá del evidente jaque a la intención de sellar la tumba del Banco Unión para preservar su fetidez, planteado con la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la recta final del sexenio zedillista enfrenta la fuga de otro cadáver en proceso de descomposición: el Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI).
Digamos que un segundo antes de la señal para el ataque final de los sepultureros, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados decidió realizar una inesperada autopsia que toparía, en principio, con tres irregularidades:
–La intermediaria de desarrollo desvió partidas presupuestales, con etiqueta de subsidios, destinadas al pago de pasivos, para utilizarlas en calidad de gasto corriente.
–Se liquidó a un segmento del personal sindicalizado con prestaciones muy por encima de las estipuladas en la ley.
–A la quiebra del banco, se donó gran parte de los activos que por ley debían ser rematados por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones Financieras del Gobierno Federal (Fideliq), al Sistema de Administración Tributaria.
La paradoja del caso es que el escenario planteado parece de risa frente a los pecados que precipitaron el final de la instancia financiera… cuyo costo para el erario, es decir, para el país, alcanzó 12 mil 500 millones de pesos…
… por más que la recomendación concreta, con cargo a la nueva Legislatura, era iniciar nuevas auditorías para fincar responsabilidades a los funcionarios públicos que a juicio de los legisladores “actuaron con dolo, negligencia y omisión”.
La historia es larga.
Habría que señalar, en principio, que en su agonía el banco de desarrollo enfrentaba pérdidas mensuales de 200 millones de pesos ante el crecimiento de su cartera vencida a niveles equivalentes a 95% de la vigente. Digamos que de cada 100 clientes sólo cinco estaban más o menos al corriente del pago de sus préstamos.
El capital negativo de la intermediaria, fruto del desequilibrio entre sus activos y pasivos, ascendía a diciembre de 1997, cuando se decidió su liquidación, a 3 mil 400 millones de pesos.
Entre los deudores de la instancia destinada a fortalecer la actividad mercantil en el país, había lo mismo empresas constructoras de vivienda y carreteras privadas de cuota, que cadenas de cines, gobiernos municipales o administradoras de lienzos charros.
Ahora que de pronto resultó que el BNCI, cuyo último director fue el actual presidente de la Cofetel, Jorge Nicolín, apoyó la construcción de centrales de abasto sin opción para el ingreso de camiones, o centrales camioneras de carga sin bodegas de abasto al lado.
Naturalmente, inservible la infraestructura, lo último que se les ocurrió a los responsables fue pagar los préstamos, acumulándose intereses sobre intereses en un alud que, de pronto, amagó con sepultar al banco, con la novedad de que incautar las obras para asumirlas como ración en pago, llegó a representar la posibilidad de un quebranto mayor al de los préstamos en juego.
Más aún, si el BNCI se hubiese quedado con los elefantes blancos, le saldría más caro preservarlos de la corrosión y el óxido que vender el espacio como terreno.
Lo inaudito del caso es que llegada la hora de apretarse el cinturón, hete aquí que el Consejo de Administración ordenaría abandonar su lujosa sede en renta en pleno Paseo de la Reforma… con la novedad de que se alquiló un edificio más caro en la zona sur del Periférico.
Y ni modo de reclamarle al director general, Saúl Trejo Reyes, quien presumía de su compadrazgo con el presidente Ernesto Zedillo… por más que la catarata de dislates había corrido a cargo de Roberto Diéguez.
Ahora que en otra cápsula para la colección de Ripley, se dio el caso de que 15 días antes de cerrarse las cortinas del banco, se publicaría un aviso a la clientela para que se apresurara a recoger sus depósitos… por más que la red de 41 sucursales se le vendería al Banco Bital.
Lo cierto es que el presupuesto de 1998, es decir, al año siguiente de la desaparición física del BNCI, se reclamaría una última partida presupuestal para el barril sin fondo, ésta de 2 mil 600 millones de pesos, presuntamente para la liquidación de las últimas deudas pendientes…
Se apareció el muertito.
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