A la solicitud, en calidad jurídica de queja, que desde mediados de julio de 1999 le hicieron al presidente Ernesto Zedillo para que obligara a la Secretaría de Hacienda a entregar a la Cámara de Diputados toda la información sobre las operaciones activas y pasivas del Banco Unión –negada obstinadamente al auditor Michael Mackey–, en el marco de las auditorías al Fobaproa, el jefe del Ejecutivo respondió así, el 23 de julio de ese año, a los diputados:
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público carece de atribuciones legales para instruir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o al interventor de Banco Unión, S.A., para que –fuera de los supuestos establecidos en las leyes– entreguen información que por disposición legal está sujeta a conservarse en secreto.”
En la queja interpuesta por la Cámara, enviada directamente a la residencia oficial de Los Pinos, los diputados reclamaban que el secretario de Hacienda no mostraba ninguna voluntad para proporcionarles la información requerida sobre créditos y depósitos de Banco Unión y decían, inclusive, que la actitud prepotente y de rotunda negativa de José Angel Gurría podría constituir “algún ilícito sancionado por las disposiciones penales”.
Pero Zedillo lo defendió en su respuesta, que hizo mediante el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco: “Dicho servidor público se ha apegado al estricto cumplimiento de las disposiciones legales”.
Días antes, el propio secretario de Hacienda se mofaba del anuncio de los diputados de que, como último recurso, para obtener la información solicitada, llegarían a entablar un juicio de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolviera el caso.
Beligerante, decía Gurría: “Sería muy interesante saber por qué algún diputado escogió esta frase o estas expresiones. Quizá –dijo en alusión al diputado panista Fauzi Hamdan, quien la había utilizado– pensó que hablando de ‘controversia constitucional’, el Ejecutivo iba a amedrentarse o iba a sentir que estaba siendo amenazado. Si lo usaron como una amenaza, pues realmente es muy lamentable; no funciona. El Ejecutivo reaccionará de acuerdo y con estricto apego a la ley, independientemente de cuáles sean las actitudes que adopten los señores legisladores de la oposición”.
Lo cierto es que poco más de un año después, con el fallo de la Corte que da la razón a la Cámara de Diputados, tanto el presidente Zedillo como Gurría tendrán que pasar sobre sus propios dichos y actitudes. Y tan histórica fue la resolución de la Corte como insólita la prisa con que respondió el presidente, hecho que le mereció el disgusto y el reclamo de algunos miembros del PRI: apenas unas horas después de dictado el fallo, el jueves 24, ordenó a Gurría y a Eduardo Fernández, presidente de la CNBV, entregar la información requerida por la Cámara sobre los diversos fideicomisos de Banco Unión.
Y es que no era gratuita la insistencia de los diputados por contar con la información de esa institución: durante los meses que duró su investigación sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Mackey topó siempre con una negativa rotunda de todo el sector oficial –el interventor del banco, la CNBV y la propia SHCP– para obtener la información de los fideicomisos del banco que fue de Carlos Cabal Peniche.
No les quedaban dudas a los diputados, que contrataron al auditor canadiense, de que con esa actitud las autoridades pretendían “ocultar los manejos financieros ilícitos y (el) uso de subterfugios a los que recurrió Banco Unión para evadir la exacta aplicación de la ley”, como se lo hicieron saber al propio Zedillo a mediados de julio del 99.
En concreto, decían, la negativa oficial no tenía otra razón más que ocultar las operaciones que se hicieron en ese banco mediante las cuales se dispusieron fondos, entre 1993 y 1994 –cuando Cabal Peniche estaba al frente del banco– para financiar las campañas políticas de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo.
Y otra: de acuerdo con la ley del IPAB –el sustituto del Fobaproa–, si se comprobaba que los recursos desviados al PRI habían causado daño patrimonial al banco, el partido tendría que devolver el dinero. El secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, decía públicamente que los créditos que Cabal Peniche reconocía haber dado al PRI para financiar sus campañas electorales, “no podrán ser quebrantados y deberán ser cubiertos por quienes hubiesen obtenido el beneficio de este tipo de operaciones”.
Por eso la negativa de las autoridades para dar información sobre Banco Unión. El problema fue que el exbanquero, que sigue preso en Australia, dio a conocer que, en efecto, mediante sus bancos Unión y Cremi, transfirió cuantiosos recursos al PRI. A principios de junio de 1999, reveló que otorgó 5 millones de dólares, en 1994, para la campaña electoral de Ernesto Zedillo, adicionales a otros 20 millones de dólares que facilitó para las campañas de Colosio y Madrazo.
En medio del escándalo que causaron sus declaraciones, quisieron desmentirlo lo mismo el presidente Zedillo que diversos políticos del PRI, pero Cabal insistió, desde su encierro en Australia que de los fideicomisos instituidos en Banco Unión salieron 47.2 millones de pesos para las campañas priístas, y que muchas de esas operaciones se realizaron cuando ya estaba intervenido el banco por la CNBV.
El propio Cabal lo explicó así a Proceso, a mediados de julio: “La intervención administrativa de los bancos sucedió el 26 de julio de 1994. Entre mayo y agosto, 14 millones 619 mil 965 (de pesos) fueron pagados al PRI y a proveedores del PRI luego de recibir presión por parte de funcionarios del PRI. Aproximadamente la mitad (de esa cantidad) fue pagada antes de la intervención y la (otra) mitad después de esa fecha. Los 14.6 millones de pesos incluyen el millón de pesos que doné en lo personal a la Cuenta del Fideicomiso del PRI número 1718-0 de Banca Cremi. Durante junio, julio y agosto, el Banco Unión pagó 5 millones 172 mil 49 pesos y Banca Cremi 7 millones 41 mil 178 pesos al PRI, a grupos del PRI y a proveedores del PRI. Otro millón 406 mil 708 pesos fue pagado en junio y julio luego de solicitudes hechas por Carlos Salomón, quien era entonces asesor de prensa del (actual) presidente. Esto fue para pagar relojes, llaveros, agendas, portaplumas, reglas y destapadores del PRI.”
Al detallar las presiones que el partido y el gobierno ejercieron para que entregara el dinero, Cabal aseguraba que Zedillo lo invitó a conversar con él el 12 de enero de 1994, en las oficinas del PRI a la una y media de la tarde, y de inmediato lo remitió con Oscar Espinosa Villarreal para que acordaran los términos en que se entregarían los 5 millones de pesos para la campaña presidencial. Cabal prometió el dinero para los próximos meses. Sucedió el asesinato de Colosio y Cabal dice que perdió el interés en seguir financiando al PRI porque “Zedillo no era de mi preferencia política”. Y como el dinero no llegaba a las arcas del PRI, “funcionarios de la oficina de Espinosa comenzaron a llamar a los gerentes del banco para presionar a que se entregaran los recursos”.
Agrega: “Como dije arriba, la gente que hacía las llamadas era de la oficina de Espinosa. Mencioné antes la presión que ejerció Carlos Salomón. Pero también los principales funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria ejercían presión sobre las supuestas irregularidades bancarias; entre ellos Eduardo Fernández (presidente de la CNB); el vicepresidente jurídico de esa Comisión, Pedro Zamora, y el jefe del grupo auditor, de apellido Camargo. Yo sentía que era un movimiento de pinzas, con presión creciente por parte de los auditores y de los funcionarios del PRI para entregar el dinero”.
Más: “La mayor parte de los ‘5 millones de Zedillo’ fue pagada por los bancos después de la intervención, que por órdenes del subsecretario Guillermo Ortiz se ocultó durante varias semanas para no dañar la imagen del PRI antes de las elecciones presidenciales de ese año. Ahora creo firmemente que la presión que se me aplicó para los ‘5 millones de Zedillo’ pudo haber sido deliberada y planeada con meses de anticipación. Creo que muestra que las intervenciones de Banco Unión y Banca Cremi pudieron haber sido hechas con el propósito de facilitar al gobierno un acceso directo a los fondos de los bancos”.
Más allá de las palabras, Cabal exhibía pruebas a Proceso. Envió copia del contrato mediante el cual el PRI instituye en Banco Unión el Fideicomiso 2929-4, del que salieron, entre el 22 de julio de 1993 y el 8 de agosto de 1994, 47 millones 178 mil pesos, cantidad que, sumados los intereses y restados los honorarios y el IVA sobre éstos, dan 50 millones 72 mil 717 pesos.
En un cuadro oficial de Banco Unión (el título: “Aplicación de recursos. Partido Revolucionario Institucional. Fideicomiso 2929-4. Del 22-07-93 al 08-08-94”) se da cuenta de cómo se repartieron los recursos del fideicomiso: a la Tesorería General del CEN del PRI, 10 millones de pesos, el 04-10-93; a la Secretaría de Finanzas, 15 millones de pesos, el 05-11-93; a la Tesorería General del CEN del PRI, 15 millones, el 03-12-93.
Es decir, antes y durante la campaña de Colosio: 40 millones. Y mientras Zedillo fue candidato: a la Secretaría de Finanzas, 9 millones, el 12-05-94, y, también a la Secretaría de Finanzas, 1 millón de pesos, el 31-05-94. Total: 10 millones.
La resolución de la Corte permitirá a los diputados, pero ahora, a los de la Legislatura LVIII, que entra en funciones este viernes 1º, conocer no sólo estas operaciones, sino de las formas en que Unión y Cabal se hacían de dinero ilícito.
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