Tras la detención del ciudadano argentino Ricardo Miguel Cavallo –acusado de genocidio, tortura y terrorismo–, “México se enfrenta a una disyuntiva: o lo extradita a España o lo juzga en su territorio”.
Está “jurídicamente obligado” a ello por las leyes internacionales que ha suscrito, particularmente por la Convención Contra la Tortura. Estas leyes “son de aplicación precedente y prioritaria por encima de la legislación interna”.
Así, “México no está sólo obligado a colaborar (para que se juzguen esos delitos), sino a perseguirlos, tan obligado como España y la propia Argentina”.
Dejar en libertad a Cavallo o regresarlo a Argentina –donde no enfrenta acusación alguna– es, por tanto, “jurídicamente inviable”.
Habla un hombre que sabe lo que dice: Carlos Castresana, fiscal español, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y quien preparó las primeras denuncias que se presentaron ante la Audiencia Nacional de España contra la Junta Militar Argentina en mayo de 1996 y contra Augusto Pinochet el 4 de julio de ese año.
La primera denuncia pedía investigar el paradero de varios niños y la desaparición de más de 400 españoles durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). Los señalados fueron unos 50 altos oficiales argentinos, incluyendo a los miembros de la cúpula militar de ese país: Jorge Videla, Antonio Bussi, Leopoldo Galtieri y Emilio Massera. Este último, comandante en jefe de la Armada y bajo cuyas órdenes estuvo el capitán de corbeta Miguel Angel Carvallo, hoy detenido en México bajo su verdadero nombre de Ricardo Miguel.
Desde que preparó las denuncias, Castresana ha vivido con intensidad la reapertura de los casos que en Sudamérica parecían enterrados para siempre: la de los miembros de las Juntas militares de Argentina –cuyos casos se reabrieron, por lo que algunos oficiales están en prisión o en enfrentan juicio– y el del general chileno Augusto Pinochet, quien padeció un tormentoso proceso de extradición en Londres y hoy enfrenta el desafuero como senador vitalicio –preámbulo de un eventual juicio– en su propio país.
“México se puede encontrar en una posición análoga a la de Inglaterra con el general Pinochet. Es decir, al ser una reclamación por delitos de tortura, es de jurisdicción universal. De manera que la disyuntiva para México es entregarlo en un proceso de extradición a España o juzgarlo en México”, señala Castresana.
Las presiones políticas
A sus 43 años de edad, Castresana tiene un largo historial en la administración de justicia: abogado, juez y fiscal. Fue magistrado de la Audiencia de Madrid y fiscal en la Audiencia de Barcelona y en la Fiscalía Antidrogas. Actualmente es uno de los fiscales “anticorrupción”. Tiene a su cargo casos relevantes, como la investigación sobre el presunto fraude fiscal atribuido a Silvio Berlusconi en España.
En entrevista telefónica con Proceso, analiza el caso jurídico de Ricardo Miguel Cavallo, el empresario argentino que obtuvo en México la concesión del polémico Registro Nacional de Vehículos (Renave) y que, hoy se sabe, fue un cruel torturador del régimen militar argentino.
A pregunta expresa, Castresana comenta que el proceso de extradición puede demorar “cuando menos unos meses”, pues Cavallo tendría derechos de apelación en instancias superiores. “Se puede dar una tramitación compleja y larga como la de Pinochet. Y eso dependerá, en buena medida, de las leyes internas de México y de la actitud de sus autoridades”.
En entrevista con el reportero Agustín Vargas, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Eduardo Ibarrola Nicolín, señaló que España tiene hasta 45 días para presentar la solicitud de extradición por la vía diplomática. Cavallo podría presentar amparos en dos instancias: ante un juez de distrito y, si la resolución le es adversa, ante un Tribunal Colegiado de Distrito. Los jueces entregarán una recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ésta será la que, al final, decidirá si entrega o no a Cavallo a España u otro país.
El fiscal Castresana no oculta sus reservas ante este proceso legal. “En todos estos trámites puede pasar lo mismo que en el caso Pinochet: que interfieran una serie de factores políticos, económicos y diplomáticos”.
Señala que las autoridades argentinas pueden intentar protestar o presionar a los gobiernos de España y México para detener la extradición. Lo harían “no tanto porque Cavallo sea un personaje particularmente destacado, sino porque supone un precedente importante: lesionaría el mal entendido concepto de soberanía que pertenece al siglo XIX cuando en realidad estamos en el XXI”.
Explica: “Estamos ante el ejercicio de jurisdicción universal sobre una persona (Cavallo) que es reclamada desde un país donde no cometió delito alguno. El hecho de que la demanda de extradición se pueda tramitar y sea concedida sienta el precedente de que en el futuro se pueda aplicar a otros personajes mucho más importantes”.
Ésa, dice, es la real trascendencia de este caso.
Y es que, abunda, “tenemos que convencer a los gobernantes de que no pueden seguir con un concepto mal entendido de soberanía. Tenemos que acostumbrarlos a que las violaciones masivas de los derechos humanos no son ni serán nunca asuntos internos, sino de toda la comunidad internacional que tiene derecho y deber de perseguir estos crímenes”.
–Basado en su experiencia en la primera denuncia contra la Junta Militar ¿qué actitud percibió del gobierno argentino?
–De rechazo absoluto. El presidente Carlos Menem asumió una actitud agresiva. Recuerdo declaraciones suyas hasta ofensivas que intentaban ridiculizar nuestra iniciativa. Pero ésta se abrió paso contra todos los pronósticos.
Y es que, señala, desde marzo de 1996, cuando la Unión de Fiscales presentó la primera demanda, “nada ha vuelto a ser igual ni en Argentina ni en Chile”. Destaca que la detención del general Pinochet y el frustrado juicio para extraditarlo de Inglaterra a España “cambió completamente el panorama”. Menciona que, por ejemplo, en Argentina “se reabrieron procesos completamente cerrados y olvidados, como el robo de bebés; y se produjo de nuevo el encarcelamiento del general Videla –presidente del primer gobierno de la junta militar– y de otros altos oficiales.
“Hoy las reacciones son más sosegadas frente a la opinión pública, aunque por debajo de la mesa las relaciones entre los gobiernos ante estas iniciativas son más intensas.”
–¿Hay algún recurso legal que pueda usar el gobierno argentino para impedir la extradición?
–Entiendo que no. El gobierno argentino puede actuar en el terreno que domina: el político. Puede presionar tanto al gobierno español como al mexicano, que en esta extradición tendrían la última palabra.
Castresana, empero, lamenta que el derecho internacional no haya avanzado al nivel deseable para que las extradiciones sean resueltas solamente por los poderes judiciales de los distintos países. En alguna fase del procedimiento intervienen los gobiernos y el asunto deja de ser meramente jurídico y se convierte en político. “Quiero equivocarme, pero en ese terreno el gobierno argentino puede ejercer presiones o entrar en negociaciones. Ocurrió así con el caso de Pinochet y, por tanto, tampoco nos debe sorprender que ocurra ahora”.
Para él la salida es clara: “Que se deje trabajar a los jueces y que se eviten las interferencias políticas”.
Por lo pronto, el presidente argentino, Fernando De la Rúa podría abordar el tema con su homólogo mexicano, Ernesto Zedillo, durante la visita oficial a México, que tiene programada para el próximo 4 de septiembre.
Crimen y castigo
En sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público, Cavallo reconoció lo que había negado ante la prensa: que fue oficial de la Marina de Guerra Argentina con el grado de capitán de corbeta; que participó en labores de inteligencia en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –uno de los más abyectos centros de detención y tortura de la dictadura militar–; que usó en diferentes operaciones el alias de Miguel Angel Cavallo; que fue agregado naval de la embajada de Argentina en Francia; y que es acusado por diversas Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos como participante en labores de secuestro, tortura y homicidio.
Cavallo, empero, rechazó esas acusaciones y se dijo inocente.
Pero al menos cinco expresos políticos lo reconocieron en fotografías y relataron sus propias historias. Juan Gasparini –quien pasó 20 meses secuestrado en la ESMA– contó cómo Cavallo ejecutó a balazos a su esposa Mónica Jáuregui y a la amiga de ésta, Elba Elia Ardaya, el 1 de enero de 1977. Otros recuerdan cómo en abril de 1979 secuestró y torturó hasta darle muerte a Telma Jara de Cabezas, o cómo daba órdenes o adiestraba en tortura a otros oficiales.
Fue allí donde aprendió las técnicas para falsificar documentos y robar autos; y allí desde donde empezó a tejer las relaciones que –tras su retiro de la Marina en 1990– le permitieron ser un exitoso empresario que exportaba servicios a otros países y podía viajar al mundo entero. Incluso, estuvo en España en 1994, antes de que se iniciaran las demandas ante la Audiencia Nacional.
–¿Cómo podía entrar y salir de varios países? –se pregunta a Castresana.
–Había impunidad para él y para muchos que estaban en su misma situación. Hay que recordar que hubo la ley de Punto Final (amnistía) y los indultos de Menem en 1990. Eso les permitió dejar de ser perseguidos. Rehicieron sus vidas sin responder por sus delitos. Muchos cambiaron de país, otros cambiaron de identidad. Lo hicieron de tal manera que hoy se hace muy difícil identificarlos y perseguirlos cuando hay ya un proceso legal.
–¿Hay muchos Cavallos?
–Claro. Y no sólo en Argentina. Hay muchos desperdigados. Llevan una doble vida porque han dispuesto de tiempo y de dinero para ello. Es el mismo caso de los criminales nazis que nunca aparecieron y que han estado 30 o 40 años con identidades falsas y siempre con dinero.
Señala que “la experiencia nos enseña que los supuestos ‘salvapatrias’ no suelen cobrar sólo con sangre, sino también con dólares”.
De acuerdo con las primeras informaciones periodísticas, Cavallo estaría en la lista de oficiales argentinos que tienen ordenes de aprehensión libradas por el juez español Baltasar Garzón. Presumiblemente, aparecía en la lista de los más de 90 oficiales que dio a conocer tras una investigación de 1996 a 1999.
Sin embargo, tanto Eduardo Ibarrola como Juan Miguel Ponce Edmonson, director de Interpol-México, aseguraron que no existía orden de búsqueda o aprehensión contra Cavallo, ni en España ni en ningún otro país.
De hecho, dijeron, la detención del argentino en Cancún fue para determinar la veracidad de la denuncia hecha por el diario Reforma el jueves 24 y ante la posible falsificación de sus documentos migratorios.
Fue hasta las 15 horas del viernes 25 cuando las autoridades mexicanas recibieron la orden de aprehensión girada por el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Guillermo Ruiz Polanco.
Dos horas más tarde, la doctora Mourer habló de parte del juez instructor francés, Roger Leloire, para informar que enviarían una carta “rogatoria” con el fin de interrogar a Cavallo y, eventualmente, también iniciar un proceso de extradición a Francia. El instructor francés quiere investigar si el oficial argentino participó o tiene información sobre la muerte de 15 ciudadanos franceses en Argentina durante la dictadura militar, particularmente de las monjas Léonie Duquet y Alice Domon.
–Hipotéticamente, ¿qué ocurriría en España tras darse la extradición?
Responde Castresana: “El proceso en España está muy avanzado. Entre la entrega material (de Cavallo) por México y el juicio no pasarían más de tres o cuatro meses. El juicio tampoco sería muy largo pues se tienen elementos contundentes para sustentar la acusación.
–Es acusado de por lo menos tres asesinatos y de tortura, ¿qué sanción prevé la legislación española?
–Condena de 30 años por cada uno de los casos. Se pueden ir acumulando las penas. Si hay casos de tortura, la sanción puede ser de 100 años con cumplimiento de 30 años.
