El escándalo del Registro Nacional de Vehículos (Renave) –que estalló con la detención de su director general Ricardo Cavallo– no sólo agravó la situación de ese organismo, repudiado por los ciudadanos y por los gobernadores de varios estados, incluidos algunos priístas, sino que salpicó a varias dependencias del gobierno federal, además de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), su principal impulsora.
En efecto, con el ánimo de defenderse y diluir responsabilidades, la Secofi informó el jueves 24 que las Secretarías de Gobernación, de la Contraloría, de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República, forman parte del Comité Consultivo del Renave.
La Secofi intentó arrastrar, incluso, al procurador capitalino Samuel del Villar, a quien el subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria al Comercio Exterior, Raúl Ramos Tercero, invitó el 17 a formar parte de un grupo de trabajo en materia de Renave con funcionarios de la Secofi y de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, encabezado por el subsecretario Jorge Tello Peón.
Pero, sin duda, el más afectado resultó el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, quien sistemáticamente defendió la creación y la forma de funcionar del Renave porque representaba –decía– la posibilidad de combatir la corrupción y la impunidad de las bandas de robacoches, el segundo delito más rentable en México.
“Este registro ha sido diseñado, precisamente, para ayudar a los ciudadanos a proteger su patrimonio, sus vehículos, en contra de robos o que sean víctimas de un fraude al comprar un vehículo que es ilegal. Los que están en contra del Renave, o les falta información, y para eso estamos platicando con gobernadores, organizaciones empresariales y comunidades, o son voces que se oponen a que en ese sector exista el estado de derecho y que se acabe la impunidad”, señaló el 7 de agosto.
Remarcó: “El Renave significa estado de derecho, significa luchar contra la impunidad, contra la corrupción”.
Sin embargo, ese control se lo entregó a una empresa cuyo director general, Ricardo Miguel Cavallo, fue denunciado en Argentina por los presuntos delitos de tortura, robo de autos y falsificación de documentos, cometidos durante las dictaduras militares, y por los mismos motivos el juez español Baltasar Garzón abrió un proceso en su contra. El jueves 24, día en que el diario Reforma dio a conocer sus antecedentes, Cavallo fue detenido por la Interpol de México.
Pocas horas después, visiblemente nervioso, el subsecretario Ramos Tercero leyó un comunicado de prensa, en el que se afirma que la Secofi sólo tuvo la responsabilidad de seleccionar a la empresa ganadora de la concesión.
“La decisión de contratar al señor Cavallo, como en cualquier empresa, fue de los accionistas de la Concesionaria Renave S.A. de C.V. La dependencia ha sido informada por la concesionaria que el señor Ricardo Cavallo solicitó licencia para clarificar su situación jurídica, y que fue designado en su lugar el señor Guillermo Bilbao.”
Además, estableció que “el prospecto descriptivo de la concesión se hizo del conocimiento de los participantes en el Comité Consultivo del Registro: las Secretarías de Gobernación, de la Contraloría, de Hacienda, de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República… Finalmente, la estructura de la concesión fue aprobada por la Comisión Federal de Competencia”.
En la Secofi se había elaborado previamente otro comunicado de prensa, que después se desechó, en el que deja ver que prácticamente ordenó a la empresa separar del cargo a Cavallo: “En tanto se clarifica la situación jurídica de Ricardo Cavallo, la Secretaría ha solicitado su retiro de la dirección general de Concesionaria Renave.
“Así mismo –decía el primer boletín–, Secofi ha solicitado a las autoridades migratorias y jurídicas competentes en México, que precisen si el señor Cavallo o algún otro funcionario extranjero de Concesionaria Renave tiene algún problema judicial en cualquier país.”
Ramos Tercero, antes de aparecer ante los periodistas para limitarse a leer el boletín, se había reunido con Henry Davis, propietario de una de las empresas que integran el Renave, en el piso 11 de la torre de Secofi, en la colonia Condesa.
El escándalo de Cavallo sorprendió a Herminio Blanco en Japón, desde donde buscó deslindarse del problema. Entrevistado por José Gutiérrez Vivó en Monitor, aclaró que cuando se otorgó la concesión “esa empresa no había definido quién sería su director general. Lo decidieron después de ganar la concesión”.
Sin embargo, el comunicado de prensa de ese día señala que la Secofi recibió una lista con los nombres y antecedentes profesionales de 210 personas integrantes de todas las empresas concursantes, donde fue incluido el señor Cavallo, quien en el período 1995-1999 participó en el diseño, desarrollo, instalación y puesta en marcha, entre otros, de proyectos como los siguientes: en El Salvador, en la operación de base de datos y de la administración de Registro Nacional Automotor, en la emisión de la tarjeta de circulación y comprobante de pago anual de impuesto automotor, y en la operación de la administración de la base de datos nacional de conductores y emisión de licencias de conducir, y en Argentina se involucró en la operación y la emisión de licencia de conducir de la provincia de Mendoza.
Sin entrar en detalles, Herminio Blanco cuestionó el trabajo periodístico de Reforma y deslizó una insinuación: “El que se haga este tipo de investigaciones sobre una persona deja al descubierto los grandes intereses que están detrás… Esa gran investigación periodística demuestra que hemos tocado intereses particulares, como es el robo del vehículos, segundo delito más rentable en el país”:
La licitación
Desde hace cinco años, por lo menos –tiempo que duró el diseño del Renave–, Herminio Blanco y Raúl Ramos Tercero, encargados de otorgar la concesión del Registro Nacional de Vehículos, tenían conocimiento de las actividades empresariales de Ricardo Cavallo.
En particular, Ramos Tercero, en su calidad de subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior, fue quien asumió directamente la responsabilidad de organizar la licitación que derivó en el otorgamiento de la concesión para la prestación del servicio público del Renave a Henry Davis –exdirector de la cadena de tiendas Aurrerá–, asociado con la empresa argentina Telsud y la francesa Gemplus Industrial.
Todo empezó el 2 de diciembre de 1997, cuando la fracción parlamentaria del PAN presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de ley para la creación del Registro Nacional de Vehículos. La firmaron Carlos Medina Plascencia, José Francisco Paoli Bolio, Juan Miguel Alcántara Soria, Rogelio Sada Zambrano, Santiago Creel Miranda y Felipe de Jesús Preciado Coronado.
La iniciativa fue sometida a consideración del resto de los diputados, quienes le hicieron algunas adiciones y modificaron algunos aspectos antes de ser aprobada. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1998, para entrar en vigor un día después.
La licitación del Renave, sin embargo, se llevó a cabo antes de que existiera el reglamento de la ley correspondiente, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2000, es decir, ocho meses después de haberse otorgado la concesión a Henry Davis y sus socios.
En efecto, el 27 de agosto de 1999 se llevó a cabo la ceremonia de fallo del concurso para el otorgamiento de la concesión del Renave. Desde ese día, algunos de los concursantes manifestaron su inconformidad respecto de la forma en que se llevó a cabo el proceso de licitación, pues consideraron que se favoreció a Henry Davis Signoret, asociado con las empresas Talsud y Gemplus Industrial.
El 25 de julio último, por ejemplo, José Yamil Hallal, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), advirtió que pediría una investigación sobre Herminio Blanco, como probable responsable de actos de corrupción al otorgar “licitaciones oscuras”, como la del Renave.
En el acta oficial de la ceremonia en que se otorgó la concesión del Renave –de la cual Proceso obtuvo una copia–, Henry Davis, Talsud y Gemplus cotizaron un precio máximo ponderado de 43 pesos por trámite de registro, pero solamente 18 pesos por el registro de automóviles usados.
Sin embargo, al ponerse en práctica el registro, la tarifa para automóviles nuevos ascendió a 546 pesos y 115 por los usados.
El abuso en la fijación de esas tarifas quedó demostrado por el propio Herminio Blanco: De tajo –y ante las presiones sociales y políticas en su contra–, anunció el lunes 21 de agosto que, efectivamente, las tarifas del Renave podrían modificarse, cuando anteriormente sostenía que era la tarifa más baja que se había registrado, y de ahí que se decidiera darle la concesión a Henry Davis y sus socios.
Y anunció que para el registro de vehículos usados la tarifa se reducía 50%, y reveló que en algunos estados el cobro podría ser de sólo 25 pesos, pues ése es el costo real que la concesionaria Renave estimó para recuperar la inversión.
Es decir, la Secofi había autorizado deliberadamente a los concesionarios cobrar un sobreprecio de 75% en las tarifas.
El concurso de licitación exigía que los participantes –además de someterse a un contrato de confidencialidad, que los obliga a no revelar información alguna sobre el proceso, aun después de su conclusión– se sometieran a varios requisitos. Establecia, por ejemplo, que los aspirantes no podían inconformarse con el fallo ante la Secodam, en los términos que establece la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, no obstante que se trata de una de las concesiones para la prestación de servicios más importante en toda la historia de México, pues se manejaron cifras superiores a 2 mil millones de pesos de ingresos para la empresa ganadora.
A los concursantes, además, no se les aclaró ni notificó la posibilidad de cobrar más al margen de la ley por concepto del registro de automóviles usados, ya que de lo contrario las otras empresas que licitaron hubieran cotizado un peso para ganar el concurso y después cobrar lo que quisieran.
También se ocultó el hecho de que se dejaría a terceros determinar el precio final al público, lo que permitió que dicho precio se disparara hasta en mil 200%.
La tabla de los criterios de ponderación del precio máximo para el cobro del registro revela que la empresa ganadora cotizó en 18 pesos el cobro para el registro de automóviles usados y comenzó cobrando 100 pesos más IVA. Así, había un ingreso adicional a favor de la concesionaria por más de 798 millones de pesos, derivado del sobreprecio de 57 pesos para un padrón de aproximadamente 14 millones de vehículos en todo el país.
De los seis concursantes, cinco fueron declarados solventes técnicamente por la Secofi (la propuesta económica presentada conjuntamente por las empresas Niveles y Microscopios fue desechada por no ser solvente técnicamente, a juicio de la autoridad), pero fueron descartados por presentar precios más altos que, paradójicamente, resultaron menores a los que cobraba en realidad el concesionario:
1.- Autofinanciamiento Mexico-GE Capital-IT Solution México: 90.03 pesos.
2.- Sinca Inbursa, Sociedad de Inversión de Capitales, Asociación Mexicana Automovilística, Sistemas y Computadores de Gestión y Multix: 84.90 pesos.
3.- Conauto, Grupo Andanac, Servicios Especiales de Ventas Automotrices, Prestadora de Servicios Mexicana, Tracomex y Unisys de México: 68.72 pesos.
4.- Henry Davis, Talsud, Gemplus Industrial: 43.00 pesos
5.- Siemens, S.A.: 83.30 pesos.
A las 10 horas del 27 de agosto de 1999, reunidos en el auditorio de la Torre Ejecutiva de Secofi, firmaron el acta correspondiente, entre otros, Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Comercio; Gustavo Saavedra Ordorika, director general de Industrias de la Secofi; Antonio Canchola Castro, director de Asuntos Jurídicos, y Marco Antonio Cardoso Taboada, de atención ciudadana y responsabilidades de la Contraloría interna de la Secodam. Mauricio Oropeza Estrada, corredor público número 14 del Distrito Federal, fue el fedatario del otorgamiento de la concesión del Renave.
Como agentes financieros de la licitación participaron la Casa de Bolsa Bancomer, el Grupo de Economistas Asociados y el despacho de abogados Creell-García Cuéllar y Muggenburg, S.C.
La turbulencia ya existente, agravada por el escándalo Cavallo, no fue suficiente para amilanar a Herminio Blanco y a Raúl Ramos Tercero. Los funcionarios dejaron en claro que la dependencia insistirá en que se aplique el Renave en todo el país: “La Secretaría tiene como responsabilidad que se cumpla esta ley (del Renave), lo que implica continuar con el diálogo constante que sostiene con los gobernadores y la jefa del Gobierno del Distrito Federal, así como supervisar la operación de la concesionaria”.
Hasta el jueves 24, Raúl Ramos Tercero, en compañía de Ricardo Cavallo, se había reunido por los menos con 17 gobernadores para tratar de convencerlos de las bondades del Renave, para que lo adoptaran a la brevedad posible.
