Señor director:
En el número 1240 del semanario a su cargo, el señor Raúl Monge firma un reportaje bajo el título: Oscar Espinosa juega sus últimas cartas para evitar la cárcel, en el cual etiqueta, a su gusto, a mi organización, Antorcha Popular, como “grupo social de presión”, y la acusa de haber gozado de “todo tipo de privilegios” durante la gestión de Parcero López y Merino Castrejón, delegado en Gustavo A. Madero y oficial mayor de Gobierno, respectivamente, durante la gestión de Espinosa Villarreal.
Y a renglón seguido, el señor Monge asienta una serie de afirmaciones que a su juicio constituyen pruebas imbatibles de tan temerarias acusaciones. Es necesario refutarlas una a una:
1. Antorcha Popular tenía en la nómina delegacional cuadros de la agrupación. El señor Monge no se toma la molestia de informar quiénes eran “los cuadros” de Antorcha que cobraban en la delegación –se entiende que como aviadores–, a cuánto ascendían sus honorarios y bajo qué cargos los “justificaban”, ni mucho menos publica el “informador” la fuente de dicha información. Simplemente, Monge dixit, y hay que creer su dicho como artículo de fe. Pues bien, el lector debe saber que el reportero miente, y si no presenta pruebas de su aseveración es porque no existen, dado que se trata de una falacia total.
2. “Eduardo González, dirigente antorchista, pretendió cobrar por seis de 17 compañeros contratados eventualmente por la delegación”. Obsérvese bien: “pretendió cobrar”, no se dice “cobró”. Si pretendió y no le pagaron, ¿no demostraría ese hecho que Antorcha no “gozaba de todo tipo de privilegios”? Y si cobró indebidamente, y el dinero no llegó a sus destinatarios, ¿por qué no lo afirma así Raúl Monge? Porque también en ese caso se trata de una calumnia y nada más. Eduardo González y otros dirigentes antorchistas exigían en aquellas épocas, y lo siguen haciendo, que la delegación les pague a tiempo a los trabajadores eventuales del GDF afiliados a nuestra agrupación, porque las autoridades de entonces, como las actuales, no conformes con asignarles salarios de hambre, les retrasan hasta por dos meses el pago. Pero los dirigentes antorchistas jamás se han apropiado ni de cinco centavos destinados a los trabajadores, ni los han suplantado en el cobro. Miente Monge.
3. “Antorcha solicitó al delegado dos autobuses para viajar a Acapulco y a San Juan de los Lagos”. Y, bien, ¿en dónde está el delito? ¿No está establecido en la Constitución el derecho de petición? ¿Considera Monge o quienes están detrás de él que a los colonos pobres no se les debe permitir ni siquiera solicitar, so pena de ser tachados de inmediato de privilegiados y de grupos de presión? Tales razonamientos sólo son propios de los enemigos de la organización popular.
4. “La organización había solicitado apoyo para la construcción de un auditorio en la colonia Tlacaélel, Cuautepec. Sólo el proyecto costaba 300 mil pesos”. Lo dicho: los pobres sólo deben pedir, si acaso, láminas de cartón; ¿cómo osan solicitar un auditorio? Monge engaña a los lectores manipulando la información. El auditorio que, según él, prueba los “privilegios”, nunca fue construido, ni proyectado, pero además la cotización del proyecto, como cualquiera lo entiende, no la hicieron los peticionarios.
5. “Para la construcción de la casa de la cultura infantil, Antorcha recibió de la delegación 7 millares de tabicón pesado, así como arena y cemento”. ¡Vaya si eran privilegiados esos antorchistas! ¡Les dieron material para iniciar la construcción de un centro de atención infantil comunitario, de esos que reconoce el DIF, en los que cursan preeescolar la mayoría de los niños pobres de esta ciudad! El material al que Monge hace referencia, terriblemente escandalizado, fue usado para lo que se pidió y existe la construcción en obra negra, pero permanece inconclusa porque el actual gobierno delegacional no ha querido entregar material para que se concluya.
Para Antorcha no existió durante la gestión de Espinosa Villarreal el trato privilegiado que le atribuye Raúl Monge. Las “razones” que éste esgrime para argumentar ese supuesto trato, bien leídas, no son sino reclamos en contra de toda petición de los grupos marginados y en contra, desde luego, de la satisfacción de esas peticiones. De donde no resulta difícil colegir a nombre de quién habla Raúl Monge. ¿Quién ha sentido la “presión” de Antorcha y quién estaría interesado en hacer creer a la opinión pública que en el pasado nuestra organización recibió trato privilegiado para, de esa manera, justificar una negativa rotunda a resolver las demandas legítimas de los habitantes de las colonias pobres de Cuautepec? Nada más ni nada menos que el actual delegado político de Gustavo A. Madero, Víctor Quintana Silveyra. A él favorece el reportaje que escribió Raúl Monge sobre cosas que desconoce, las cuáles jamás se tomó la molestia de verificar in situ.
Ahí están, para quien quiera visitarlos, el jardín de niños inconcluso de la colonia Tlacaélel; ahí está el espacio en otros tiempo destinado a auditorio, como un espacio inútil porque el actual delegado de Gustavo A. Madero, lo mismo que su antecesor, no aceptó autorizar ni la construcción de un muro, que es indispensable para que tal área se aproveche. ¿Será que Quintana Silveyra quiere compensar, no autorizando nada, lo que a su juicio fue un trato privilegiado para los colonos pobres de Cuautepec? ¿Corresponden tales criterios a un gobierno que se dice democrático y para todos?
Atentamente
Ingeniero Homero Aguirre Enríquez
Responsable de Prensa y Propaganda
del Movimiento Antorchista
Respuesta del reportero
Señor director:
En relación con los dos primeros puntos de la carta del señor Homero Aguirre, puntualizo que el 24 de octubre de 1997 el coordinador administrativo de la zona 10, Manuel T. Espinosa Martínez, hizo llegar una tarjeta al entonces delegado José Merino Castrejón en los siguientes términos: “Relación del personal del grupo Antorcha Popular que entraron a trabajar del 1 de junio al 30 de septiembre y que descansaron la primera quincena de octubre”. Entre ellos se encuentran Roberto González López, Enrique Partida López, Jesús Morales Carmona, Víctor y Roberto González Carmona y Antonio Domínguez Flores.
Según la misma tarjeta, “el día 23 se presentó personal de esta subdelegación en la casa del señor Eduardo González a las 20:00 horas para informarle que faltaban seis personas por cobrar la primera quincena de octubre. El señor González informó que no mandaba gente a cobrar porque los señores de la Contraloría los trataban como ‘delincuentes’”.
La tarjeta concluye: “El señor González cobró por los señores Jesús Morales Casimiro, Alfredo Valentín Pérez, José T. Flores Sánchez, Homero López Martínez, Pedro Zamudio Hernández y Gonzalo Pasarán Flores”.
Respecto al tercer punto, aclaro que nadie cuestiona la legalidad de pedir dos autobuses. El hecho es que a los antorchistas les fueron entregados con presteza, aun cuando el mensaje que se hizo llegar al delegado Merino Castrejón consigna que, en ese momento, acceder a la solicitud estaba fuera del alcance de las autoridades por “las restricciones presupuestales que enfrentamos”.
Por lo que se refiere a las obras solicitadas, el texto publicado no dice si se realizaron o no. Se limita a consignar las demandas de Antorcha Popular. El señor Aguirre omite señalar, en cambio, que la delegación pagó el costo de tres anteproyectos “a fin de concertar y definir los requerimientos y necesidades reales del grupo” (no de la población), según indica el oficio hecho llegar al delegado, de fecha 15 de agosto de 1997.
Además, la construcción del auditorio reclamado implicaba una serie de obras adicionales –que tendrían que costearse con recursos del erario– porque, según se reportó al delegado, el terreno tiene una “superficie accidentada”, el tipo de suelo es “de mediana compresibilidad”, el uso de suelo “es habitacional” y se carece de “equipamiento urbano” y de servicios.
Estos son, señor director, sólo algunos ejemplos, debidamente documentados, del trato privilegiado que tuvo Antorcha Popular durante la gestión de Espinosa Villarreal. Quisiera agregar que, entre 1992 y 1997, esa organización recibió 21 terrenos en cinco delegaciones, con una superficie superior a los 169 mil metros cuadrados, como se publicó en Proceso 1152, donde igualmente se indicó –sin que entonces hubiera réplica alguna– que dicha agrupación creció “al amparo del PRI” y que “presionaba” al nuevo gobierno perredista.
Atentamente
Raúl Monge
