El título de este artículo es copia del de un libro de Jacques Julliard acerca de lo sucedido en los países que otrora estuvieron juntos bajo el nombre de Yugoslavia y la férula de Josip Broz, mejor conocido como el mariscal Tito. La obra comienza con una declaración: “Me decidí a escribir este breve ensayo impulsado por un doble sentimiento de urgencia y de indignación”. La premura tenía que ver con algo coyuntural: en 1994 todavía parecía posible evitar a aquella región del globo la barbarie que se barruntaba y perfilaba para sus habitantes, y que ya comenzaba a precisarse a borbotones de sangre. La rabia era fruto del choque de la conciencia con lo intolerable: el abuso del poder encarnado en violencia contra los diferentes por razones de raza, cultura o religión.
La reflexión viene a cuento porque, de un lado, corren condenas y rechazos de todo grado y orden contra la “intolerancia”, puestos en el tapete incluso por el presidente de la República, quien se sintió obligado a hacer un llamado a la “tolerancia”. Por otra parte, parecería que el criterio que debe prevalecer en una democracia es que todo tendría que ser tolerable y nada habría de ser razón suficiente para indignarse. Paul Ricoeur, víctima de la intolerancia izquierdista del 68 francés, señala a este respecto que cuando en una sociedad nadie sabe ni se atreve a decir qué escala de valores puede guiarlo, sólo queda apelar a aquellas cosas o hechos que nos son “intolerables”, pues a partir de esto es que se vuelve posible descubrir las causas que nos superan y comprometerse con éstas. Es así como la persona recupera el lenguaje de la convicción, añade, y abandona el puesto de fugitivo o de espectador.
Volvamos a lo del fascismo. Quizá una de las características que permiten distinguir a un régimen de esa especie, de uno democrático, se encuentra en un aparentemente pequeño aspecto del Derecho: bajo el autoritarismo o el totalitarismo, todos somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia; en democracia, las cosas son exactamente al contrario: todos somos inocentes hasta que se pruebe que somos culpables. Por tanto, es intolerable que alguien proclame y sostenga que un sospechoso está obligado a demostrar su inocencia. Y es tal afirmación la que, si quienes la transcribieron no erraron, acaba de reiterar el recién electo jefe de Gobierno del Distrito Federal, don Andrés Manuel López Obrador. La profirió –por segunda vez en pocos meses– en relación con el caso Espinosa Villarreal. Así que, según quien ocupará el cargo más alto de la administración capitalina, el sospechoso o acusado es el que ha de demostrar su inocencia, y no el acusador la culpabilidad de aquél. Esto lleva a una barbaridad legal, ética y humana, típica de los regímenes fascistas: basta que la autoridad sospeche de alguien para que éste resulte condenado; el proceso judicial queda así reducido a un trámite sin sentido, puesto que es obvio, público y notorio que es imposible probar que no se ha hecho algo. El señor Espinosa Villarreal, desde este punto de vista, desaparece por las mismas razones por las que se exilian o huyen los súbditos de un gobierno fascista: saber que se es sospechoso o que se ha sido acusado equivale a ir a la cárcel. Sin ese temor, no habrían corrido tantos polacos o tantos checos a Occidente, ni tantos chilenos habrían –en tiempos de Pinochet– emprendido el viaje a México.
También el niño no nacido, cuya ejecución se pretende legalizar, se ve en un caso análogo: para no ser ultimado, habría de probar que es inocente de cualquier acusación o sospecha. Con el inconveniente insuperable de que está completamente imposibilitado para siquiera intentarlo. En este ámbito, habría de pensarse que el peor acto de intolerancia hacia un ser humano es declararlo legalmente suprimible o matable. Hasta el violador goza de mejores condiciones para emprender su defensa y, si dispone de un abogado astuto o perspicaz, no sólo se salvará de cualquier pena, sino que, matable el hijo que engendró, tendrá incentivos para reincidir en la medida que la ley convertirá a las mujeres en algo parecido a una prenda wash and wear. Que el agresor violador sea un indeseable no lo hará legalmente eliminable. En cambio, el niño no deseado sí lo será. ¿Habrá que recordar que, antes de llevarlos a las cámaras de gas, los judíos, los gitanos, los comunistas y los cristianos fueron declarados indeseables por los nazis?
También prospera la idea de legalizar el aborto en los casos que, gracias a la ciencia, se sepa que el niño no nacido viene con defectos o enfermedades graves. La hipótesis es que tal vida no sería humana y, por tanto, sí suprimible. Al respecto, cabe evocar también las ideas y procedimientos que prevalecieron bajo el régimen nazi: los enfermos mentales, los viejos, los incurables, los que no tenían los ojos o la nariz de acuerdo con los patrones legales que permitían identificar a los verdaderos seres humanos, eran candidatos seguros a la muerte. Espeluznan todavía los catálogos cromáticos y angulares que utilizaban los médicos para cribar a los humanos de los no humanos, y decidir inapelablemente la supresión de quienes no llenaban las características de humanidad, destinados al matadero legal. Que el hitlerismo se practique intrauterinamente no lo hace menos bárbaro ni más democrático. Martine Aubry, la nada beata ministro del Trabajo de Francia, acaba de hablar, en este asunto, de “eugenismo”, término que se emplea para describir las intolerables prácticas hitlerianas.
Además, ¿no nos parecen razonables las exigencias de los enfermos víctimas del sida, quienes exigen que, pese a los elevados costo de las medicinas que requieren para alargar sus vidas, las instituciones públicas de salud les brinden tales fármacos? Si esto es razonable, ¿por qué sería excesivo exigir que la seguridad social asuma el costo de salvar las vidas de los seres humanos que todavía no salen del seno de sus madres? ¿Sería más caro para los contribuyentes un Fobaproa para la vida que un IPAB para ahorradores y deudores?
Es del más puro tinte fascista entregar la vida de unos a la libertad de otros. Lo es así mismo convertir a las víctimas y a quienes toman el partido de éstas, en agresores de la libertad de los fuertes, cuando son en realidad los defensores de la vida de los débiles; lo es así mismo transformar en intolerantes fanáticos a quienes luchan por la vida y en tolerantes demócratas y humanitarios a quienes, para salvaguardar la libertad de unos, olvidan, soslayan o minimizan la vida de otros.
¿Habrá que volver a decir que el intolerante fascismo germinó en la tolerante democracia que no se atrevió a gritar que aquél era intolerable?
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