La densidad noticiosa de las últimas semanas me ha obligado a posponer un comentario sobre el Informe de desarrollo humano de este año que apareció hace dos meses (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Mundi-Prensa, Madrid, Barcelona, México, 2000). Estos informes anuales, publicados desde 1990, son testimonios de los esfuerzos planetarios de la humanidad por superarse y suscitan siempre reflexiones pertinentes para la realidad mexicana.
Cada año el informe clasifica a los países según un indicador de “desarrollo humano” que combina datos económicos y sociales (esperanza de vida, salud, educación e ingreso); las calificaciones resultantes son bastante distintas de las que resultan de ordenarlos sólo según su ingreso por habitante. México ocupa este año el lugar 55 entre los 174 países considerados (el 52 según su PIB per cápita); retrocedimos cinco lugares respecto al año anterior y siete respecto a 1996. Atendiendo al puntaje que alcanza el país según el “índice de desarrollo humano” (0.784 este año), hemos descendido de los niveles por arriba de 0.800 que mantuvimos de 1992 a 1998. Viendo nuestra evolución en perspectiva más amplia, de 1975 al presente, nuestra calificación ha crecido a una tasa anual de 1.2%, ritmo igual al de Brasil, superior al de otros varios países latinoamericanos pero bastante inferior por ejemplo al de China (7.5%), Tailandia (4.9%) o Chile (4.2%).
Más que estas conclusiones sobre la calificación de México, de no fácil interpretación, interesa comentar la filosofía que inspira este año al Informe. Se recordará que cada año se elige un eje de análisis particular; esta vez se profundiza en la relación entre desarrollo humano y derechos humanos. Los autores explican que tanto las declaraciones de derechos humanos como las concepciones del “desarrollo humano” son expresiones de aspiraciones fundamentales de la humanidad, y se preguntan: ¿no deberíamos relacionar las unas con las otras y considerarlas conjuntamente como un ideal más amplio al que debemos tender? Derechos humanos y desarrollo humano son conceptos que desde ópticas diferentes convergen en el propósito de la superación de la especie, son armonizables y se enriquecen recíprocamente; el desarrollo humano proyecta el esquema formal y puntual de los derechos hacia el ámbito de la realización integral de las personas, y los derechos establecen normas claras y universales en las que fincar la búsqueda de la plenitud a la que aspiramos.
El Informe ofrece un buen resumen de las ancestrales aspiraciones de la humanidad bajo el prisma de la conquista gradual de la libertad, enumerando las siete “libertades” siguientes: libertad de la miseria para disfrutar de un nivel de vida decoroso; libertad de la injusticia y de las violaciones del Estado de derecho; libertad de tener un trabajo decoroso, sin explotación; libertad de toda discriminación por motivo de género, raza, origen étnico, nacionalidad o religión; libertad del temor, de las amenazas a la seguridad personal, de la tortura y la detención arbitraria; libertad de pensamiento y de expresión, completadas con las de participación y asociación; y libertad para desarrollar y materializar plenamente el potencial humano personal. Es fácil ver que estas libertades se articulan con los derechos humanos y, a la vez, comprender que estas aspiraciones rebasan los contenidos formales de los derechos correspondientes. El ámbito del desarrollo humano supera el de la exigibilidad jurídica; incluye, por ejemplo, vivencias y sentimientos que nos son fundamentales: confianza y seguridad, sentido de pertenencia a una comunidad y la alegría de compartir, encontrarse con los demás y construir un destino solidario.
Quien lea el Informe desde la perspectiva mexicana y nuestro actual momento político reparará, entre otras cosas, en las características con que se describe la democracia, concepto que empezamos ahora a analizar con seriedad: además de distinguir entre democracias “mayoritarias” en las que las políticas gubernamentales se ajustan a los requerimientos de las mayorías, y democracias “incluyentes” que toman en cuenta las diferencias étnicas, religiosas o regionales, el documento enumera varios rasgos fundamentales de estas últimas (más allá de la celebración de elecciones limpias): la formulación transparente de las políticas públicas, la existencia de medios informativos libres e independientes, la promoción de una sociedad civil abierta y participativa, la atención a los requerimientos y derechos de las minorías y la determinación del gobierno de “contener el poder corruptor de las grandes fortunas” (p.7). Si todos estos rasgos constituyen tareas aún pendientes para nuestra incipiente transición política, el último de ellos merece especial atención, dadas las complicidades entre el poder económico y el político a las que hemos estado acostumbrados, y el especial riesgo que acecha a un gobierno de corte empresarial, como dicen será el de Vicente Fox: el riesgo de confundir los intereses públicos con los privados en beneficio de estos últimos.
El lector mexicano del Informe que tenga especial interés por la educación encontrará también (p.194ss) que según las comparaciones internacionales México tiene una tasa de alfabetización de adultos superior a la de muchos países latinoamericanos pero inferior a las de Argentina (en 6 puntos), Chile (en 4), Costa Rica (en 5), Cuba (en 6) y Venezuela (en 1.2); estos países también registran una tasa superior, aunque con diferencias un poco menores, en la alfabetización de jóvenes. Todos los países mencionados nos superan por el porcentaje de niños que llegan al 5º grado de primaria, y todos (menos Chile) por el nivel de su gasto en educación medido como porcentaje del PIB. Tres de ellos, Costa Rica, Cuba y Venezuela, tienen un mayor gasto público en educación superior, indicador en el que por cierto Costa Rica nos supera en más de 50% y Venezuela en más de 100%. Es bueno recordar estos referentes latinoamericanos para ubicar con justeza nuestros avances educativos.
Termino con dos observaciones críticas. Como lo comenté en años anteriores (Proceso, 21.07.96 y 20.09.98), se advierte en el Informe de 2000 un cierto fatalismo ante las actuales directrices del desarrollo económico mundial. Los autores insisten en procurar salvaguardar la dignidad de las personas a través del proceso de globalización económica y alcanzar una razonable equidad tanto al interior de cada país como en el planeta, pero no señalan con claridad que los intereses del capital, sobre todo el trasnacional y el financiero, se han montado sobre la ola de la mundialización para ampliar más y más su dominio; si la globalización es inevitable, no lo son sus modalidades concretas. Nunca se cuestionan el hecho de que las grandes decisiones que regulan la economía mundial y definen su rumbo están siendo tomadas por actores anónimos ligados al gran capital y que no rinden cuentas a nadie.
En segundo lugar -y en relación con el eje de análisis adoptado este año– uno se pregunta si es justo calificar tan positivamente a los países más poderosos en el cumplimiento de los derechos humanos. Sin duda esas sociedades han alcanzado niveles muy aceptables de convivencia respetuosa y sus comportamientos se ajustan a las normas jurídicas y a la democracia formal; pero también es verdad que las violaciones de los derechos humanos de millones de personas en los países del Sur tienen como causa las políticas económicas y comerciales de los países altamente desarrollados; tampoco debiera pasarse en silencio el hecho de que algunos de estos países ocupan los primeros lugares en el comercio de armas o llevan a cabo sistemáticamente invasiones militares de países débiles para proteger sus intereses económicos. Resulta entonces sarcástico que se presenten como paradigmas de desarrollo humano países cuyos gobiernos democráticamente electos y regulados por sus sociedades a través del voto, son responsables de intolerables injusticias en el planeta. En vano se busca en el texto del Informe alguna alusión a estos aspectos.
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