Chiapas en el siglo XXI

Chiapas permanece anclada en el siglo XVIII, pero en seis años es posible llevarla al Siglo XXI.
Este día, 20 de agosto, se celebran las elecciones estatales para definir quién será el próximo gobernador de la entidad sureña. Por un lado, está Sami David, candidato por el PRI, y por otro Pablo Salazar Mendiguchía, candidato de la Alianza por Chiapas.
Por sus características socioeconómicas y políticas, Chiapas no parece caminar al mismo ritmo que el resto del país. La concentración del poder político en unos cuantos grupos, la brutal desigualdad, el sojuzgamiento de los pueblos indígenas, el nivel de racismo, la corrupción, la ausencia de vida institucional, la pobreza secular en un estado tan rico, son elementos fijos que durante mucho tiempo parecieron inamovibles. Algo positivo que nos han dejado las experiencias de los últimos meses es que no hay nada inamovible ante la voluntad de una sociedad.
De acuerdo con el escenario anterior, resultan explicables los últimos siete años que han sido especialmente turbulentos para la entidad. Recordemos el número de gobernadores, seis en total, que han desfilado por el Palacio de Gobierno y las razones de su salida.
A principios de 1993, Patrocinio González Blanco Garrido dejó el gobierno estatal para ocupar de manera efímera la Secretaría de Gobernación. En su lugar quedó Elmar Setzer, quien abandonó el cargo a principios de 1994 debido a la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le sucedió Javier López Moreno, quien hizo un buen papel y pudo conducir los destinos de la administración estatal hasta entregar la estafeta al nuevo gobernador electo Eduardo Robledo Rincón.
Este personaje no pudo sostenerse más allá de unos cuantos meses debido al cuestionamiento que se hizo de las elecciones en las que supuestamente resultó ganador. En el primer semestre de 1995, el gobierno interino recayó en las manos de Julio César Ruiz Ferro. El escándalo producido por Acteal, en diciembre de 1997, selló el destino de este gobernador y entró al relevo el que aún se ostenta como cabeza del Ejecutivo Estatal, Roberto Albores.
Ninguno de los gobernadores mencionados han tenido el tiempo, el espacio institucional o la voluntad política para ganarse la legitimidad que su cargo exige en las duras condiciones chiapanecas. A la falta de continuidad se suma la intervención del gobierno federal que en muchos aspectos ha intentado solucionar directamente los problemas de la entidad.
Procedentes de la Federación se han invertido vastos recursos económicos que, sin embargo, no parecen reflejarse en las condiciones de vida de los cientos de miles de chiapanecos sumidos en la pobreza y la marginación. El Ejecutivo Federal ha sido incapaz, además, de frenar la acción siniestra de algunos grupos de poder locales o de anular la actividad de grupos paramilitares o guardias blancas.
En este panorama, muchos políticos y analistas han querido ver en el surgimiento del EZLN, hace casi siete años, la causa de la inestabilidad que vive el estado. Lo cierto es que el EZLN no dio origen a las difíciles condiciones en las que viven muchos chiapanecos, sino al revés. La injusticia en la que viven los pueblos indígenas del país es un hecho aceptado y criticado por todos. ¿Por qué extrañarse entonces de que muchas comunidades hayan decidido convertirse a la causa zapatista? A pesar de los años transcurridos desde el levantamiento se ha hecho poco por solucionar esta grave injusticia secular. Los acuerdos de San Andrés aún esperan ser rescatados y discutidos en el cuerpo de ley que propuso la Comisión de Concordia y Pacificación en 1996.
Un rápido vistazo a la prensa nos redescubre que no faltan plumas que dirijan su tinta contra el EZLN, ya sea para desestimarlo o para señalarlo como una influencia negativa.
Aún en el desgaste que viven los zapatistas, es menester tener en cuenta sus aportes al avance democrático de los últimos años. Recordemos también que el país escogió la vía del diálogo para lograr que todos ellos se reinserten a la vida civil. En este contexto, es ocioso especular sobre la fuerza de los zapatistas; lo importante es avanzar en los cambios que nos permitan resolver pacíficamente el conflicto y dar a los pueblos indígenas la oportunidad de llevar una vida digna. Para aquellos que señalan al EZLN y le subrayan que a casi siete años de su aparición las condiciones de vida de los indígenas han empeorado, hay que decirles que están mirando el lado equivocado. Debían mirar hacia Los Pinos y preguntar por qué después de las decenas de miles de millones de pesos invertidos en la entidad y la acción de casi todas las secretarías de Estado, las condiciones de vida de los indígenas no han mejorado.
Hace cuatro años tuvimos la oportunidad de firmar una paz con dignidad y justicia con el EZLN y la echamos por la borda por el incumplimiento de la palabra gubernamental empeñada. Por esta razón, la Cocopa de aquella época no pudo llevar a buen puerto el barco. Hoy, por una vuelta del destino, varios de los entonces integrantes de aquella comisión volvemos a ser legisladores y en el caso de Pablo Salazar podría desempeñarse como gobernador de la entidad. De alguna manera podríamos decir que la Cocopa está de regreso y hay bases para pensar que se podría intentar terminar aquello que estuvo al alcance.
Hay un nuevo contexto nacional y muy probablemente uno local. El triunfo de Vicente Fox y el probable triunfo de Pablo Salazar son dos hechos que habrán de tenerse en cuenta para iniciar en la entidad la complicada reconstrucción de la vida institucional. Hasta la fecha, Vicente Fox ha sido, en la mayoría de las veces, simplón para referirse a Chiapas. Desde aquella ocasión en que aseguró que resolvería el conflicto en 15 minutos, no ha podido desarrollar una línea discursiva sólida hacia la compleja situación sureña.
En cambio, el posible triunfo de Pablo Salazar puede ser un buen signo para el estado. Su papel en la Cocopa fue sin duda relevante y su compromiso con el diálogo está fuera de toda duda. Sin temor a exagerar, se puede afirmar que su salida del PRI estuvo motivada en buena medida por su compromiso con la paz. Las urnas decidirán si la alianza de ocho partidos le permite llegar el Ejecutivo estatal. La alianza por Chiapas es una curiosa suma de izquierda con derecha. Necesaria en las condiciones de un estado que debe constituir, con el esfuerzo de todos, una vida institucional y un espacio para las libertades que hoy no existe.
El peligro para un proyecto amplio de recambio en la entidad son los grupos de poder más reaccionarios del país que encarnan en el gobernador Albores su adalid. Son bien conocidas las torpezas de quien es el interino y no debemos echar en saco roto las amenazas alboristas que ya ha subrayado el propio candidato Pablo Salazar contra su causa.
El deber del PRI y del presidente Zedillo es comprometerse con una elección limpia. Si se quiere allanar el camino hacia el futuro, también debería pensarse en retirar la propuesta presidencial en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas y así permitir al Congreso de la Unión la discusión de la presentada por la Cocopa. Una elección creíble y sin fraudes es la primera condición para empezar a resolver, en serio, la problemática chiapaneca.