A poco más de 100 días de concluir la primera administración perredista en la capital, Rosario Robles gobierna con un equipo de colaboradores distinto al que empezó con Cuauhtémoc Cárdenas.
Entre despidos disfrazados de “relevos institucionales”, renuncias voluntarias, rotaciones, intereses políticos, promociones y salidas obligadas por diferencias personales, incompetencia y pugnas interpartidistas, la polémica jefa de Gobierno del DF ha realizado, en sólo 11 meses, no menos de 40 cambios en la estructura de mando del aparato gubernamental.
El último de ellos se produjo en la Oficialía Mayor por la que han desfilado dos funcionarios en lo que va del gobierno perredista: Jesús González Schmal y Porfirio Barbosa. A este último lo sustituyó, el miércoles 9, Ricardo Pascoe, exdelegado en Benito Juárez y una de las víctimas del “factor Fox” en las elecciones del 2 de julio. Quiso repetir en el cargo y perdió.
Aunque las autoridades capitalinas disfrazaron la salida de uno de los sobrevivientes del equipo cardenista como parte de un “relevo institucional”, lo cierto es que el michoacano –quien había iniciado como director general de Regularización Territorial– nunca inspiró confianza a la jefa de Gobierno.
Prueba de ello es que apenas tuvo las riendas de la ciudad, el 30 de septiembre de 1999, acotó las funciones de Barbosa y las delegó en el actual secretario de Finanzas, Armando López, quien antes de ocupar ese cargo era secretario particular de Cárdenas.
Barbosa y Robles hicieron evidentes sus diferencias cuando disputaron, soterradamente, el puesto de Cárdenas. Pero cuando el pleito amenazó con crear una crisis interna, el excandidato presidencial paró en seco a Barbosa al declarar públicamente que no reunía los requisitos de ley para sucederlo.
Contra su voluntad, Robles lo mantuvo hasta que se cansó del desaseo con que manejó algunos asuntos.
Por ejemplo, apenas unos días después de haber relevado en el cargo a González Schmal, Barbosa incurrió en irregularidades administrativas en la compra de patrullas (Proceso 1238).
La Contraloría General del GDF detectó, por ejemplo, que la licitación establecía la compra de 210 unidades, no de 199 como se hizo; que los plazos de la convocatoria se redujeron a 11 días sin justificación alguna; que no se encontró evidencia alguna de la presunta evaluación hecha por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) a los vehículos; que sólo se habían recibido 96 patrullas, que se carecía de la orden de pedido, facturas, de las correspondientes Cuentas por Liquidar Certificadas y de dictámenes.
Pero lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los primeros vehículos entregados a la Secretaría de Seguridad Pública fueron facturados a nombre de la distribuidora Águilas Automotriz, la cual tenía apenas un mes de haber sido abierta. Y que esa agencia pertenecía a Francisco Medina, el mismo dueño de Automotriz Jiquilpan, la segunda agencia seleccionada por General Motors para proporcionar las patrullas a la SSP.
El órgano fiscalizador del GDF encontró también anomalías en la Caja de Previsión de la Policía (Caprepoli) en el ejercicio fiscal de 1998. En ese entonces, Barbosa era presidente del Consejo de Administración.
Problemas con pagos, bonos de riesgo y entrega de uniformes generaron también varios brotes de inconformidad en el GDF, sobre todo en las filas de la policía.
Barbosa no ha sido el único funcionario que ha dejado el GDF por diferencias personales con Robles: en cuanto Rosario ocupó el lugar de Cárdenas, presentaron sus renuncias de inmediato, de manera institucional, René Bejarano, director general de Gobierno y actual brazo derecho del jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador; Antonio Ortiz Salinas, secretario de Finanzas, y Mauro González Luna, consejero legal.
El lugar de Bejarano fue ocupado por Francisco Garduño Yáñez, quien antes de llegar a la dirección de Gobierno había transitado por las subdelegaciones jurídicas y de Gobierno de las delegaciones Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Xochimilco. López Fernández suplió a Ortiz Salinas y Manuel Fuentes a González Luna.
Postulado por el PRD para pelear por la Presidencia de la República –por tercera ocasión consecutiva–, Cárdenas dejó la jefatura del GDF 15 meses antes de concluir su gestión. Con él se fueron dos de sus principales asesores, Lucas de la Garza y Julio Moguel; tres secretarios de despacho, Ortiz Salinas, González Luna, y, más tarde, Gastón Luken Garza. Pedro Ettiene, subsecretario de Coordinación Metropolitana, también se fue como coordinador de giras de la campaña presidencial del candidato del PRD.
Cambios y más cambios
Rosario Robles rearmó la Coordinación de Asesores, con Enrique Flota al frente, y llenó los huecos en Finanzas y la Contraloría General, con Armando López y con León Alazraki.
El desfile de funcionarios en la administración perredista ha sido permanente. Con Cárdenas comenzó apenas unos días después de haber tomado posesión, cuando se hicieron públicos los oscuros antecedentes de dos funcionarios policiacos: Jesús Carrola, el jefe de la policía judicial del DF (Proceso 684), y Héctor Carega Estrambasaguas, director general de Servicios de Apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y exmiembro del Batallón Olimpia que participó en la masacre de Tlatelolco en 1968.
Por diversas circunstancias, a partir de entonces se produjeron una serie de movimientos.
En mayo de 1998, Jesús Flores Palafox dejó su lugar en la delegación Gustavo A. Madero a José de Jesús Zambrano Grijalva, quien era procurador social.
Después, Leticia Calzada renunció a la Secretaría de Desarrollo Económico por diferencias con José Luis Manzo Yépez, hombre cercano a Cárdenas. Su lugar fue ocupado por Francisco Cano Escalante.
Víctima de las pugnas entre los gobiernos federal y local, Carlos Tornero Díaz tuvo que dejar la Dirección de Reclusorios y Centros de Readaptación Social. Fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo por supuestas irregularidades en su empleo anterior: un hospital psiquiátrico localizado en el estado de Morelos. Lo sustituyó Jaime Álvarez Ramos, contra quien la Contraloría General del propio GDF inició también un procedimiento administrativo por presuntas anomalías que lo obligaron a abandonar el cargo temporalmente.
Gracias a la presión de Leonel Godoy, exsubsecretario de Gobierno y actual secretario de Gobierno, se reincorporó a su puesto sin ningún problema.
Por incompetencia, salió luego Rafael Suárez Vázquez, secretario de Turismo. Agustín Arroyo Legaspi lo relevó en el cargo.
Lo mismo pasó con Rodolfo Debernardi Debernardi, un exmilitar habilitado por Cárdenas como secretario de Seguridad Pública. Al no rendir los resultados esperados, fue cesado y su lugar fue ocupado por el exrector de la Universidad de las Américas, plantel Ciudad de México, Alejandro Gertz Manero.
La guillotina pasó también por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y por el Registro Público de la Propiedad. En el primer caso, rodó la cabeza de Pedro Luis Benítez Esparza –lo sustituyó Raúl Apaolaza–, y, en el segundo, la de Raúl Castellanos.
Los nuevos
Con Rosario Robles al mando del GDF, exlíderes ceuístas entraron el primer círculo del poder. Antonio Santos, uno de los que no había tenido cabida al principio, fue recompensado y lo hizo su secretario particular.
Previamente, había tejido fino para colocar a Carlos Imaz, su brazo derecho, en la presidencia del PRD capitalino. Y a Adolfo Llubere, quien ocupaba un cargo menor en la Coordinación General de Participación Ciudadana y Gestión Social, lo hizo su coordinador de giras. Otro exceuísta, Óscar Moreno, suplió a Imaz en la Coordinación General, aunque luego fue removido y pasó a engrosar las filas de los “asesores” privilegiados de Rosario.
El ascenso de Robles también trajo cambios. Leonel Godoy se quedó en la Secretaría de Gobierno; Javier González Garza, exvocero de Cárdenas y exprocurador social, fue nombrado subsecretario de Gobierno, y Eugenio Robles Agüayo –hombre de confianza de la jefa del GDF– relevó a Juan Zúñiga Ortiz en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas.
En las delegaciones políticas sólo la mitad del equipo original ha logrado sortear con éxito la “tormenta” perredista. Por la delegación Gustavo A. Madero han desfilado, por ejemplo, tres funcionarios.
En la delegación Benito Juárez, Ricardo Pascoe renunció con la idea de ganar la elección del 2 de julio y repetir en el cargo, pero se la arrebató el PAN. Su lugar fue ocupado por Eduardo Morales, subdelegado jurídico y de gobierno en Álvaro Obregón.
Por motivos de salud, Arnoldo Martínez Verdugo dejó su lugar en la delegación Coyoacán a Laura Itzel Castillo. En Gustavo A. Madero, Palafox fue relevado por Jesús Zambrano, quien al irse a la Secretaría General del CEN del PRD, abrió un hueco para que llegara Víctor Quintana. En Iztapalapa, Ramón Sosamontes Herreramoro sustituyó a Elio Villaseñor Gómez, a quien las “tribus” perredistas nunca le permitieron gobernar.
En Milpa Alta, Juan Nicasio Guerra Ochoa, exsubdelegado jurídico en Iztapalapa, sustituyó a Francisco Chavira Olivos.
Iván García Solís ascendió de subdelegado jurídico a delegado en Venustiano Carranza en lugar de Sosamontes, quien, a su vez, fue enviado a Iztapalapa.
El deseo de crecer políticamente causó nuevas fisuras al equipo de la llamada “dama de hierro”, quien hace unos días pagó 1 millón 56 mil pesos más IVA a la cadena de radio Núcleo Radio Mil, por tiempo aire de su programa Todas las Voces. Esa cantidad cubrió el gasto de los primeros cinco meses del año –del 3 de enero al 29 de mayo–, durante los cuales se transmitieron en vivo 22 programas.
Y es que varios miembros de su gabinete renunciaron para buscar cargos de elección popular.
Alejandro Encinas Rodríguez dejó la Secretaría de Medio Ambiente para contender por la jefatura delegacional de Álvaro Obregón. Su lugar fue ocupado por Aarón Mastache.
Uno de los comodines de la administración perredista ha sido el excamachista Joel Ortega Cuevas. Comenzó como director de Servicios de Transportes Eléctricos (STE), y hasta antes de su renuncia era secretario de Transportes y Vialidad. Entró con instrucciones de limpiar el desorden que había dejado su antecesor, Jorge Martínez y Almaraz. Al irse en busca de la jefatura delegacional en Gustavo A. Madero, el hueco fue cubierto por Francisco Diez Casillas.
Ni la Dirección General de Comunicación Social se ha salvado: empezó Javier González Garza, siguió Pablo Marentes y, desde el inicio de la etapa rosarista, está Agustín Granados.
