Hay optimismo en buena parte de la sociedad mexicana; a partir del 2 de julio se han despertado expectativas de cambio en muchos ámbitos de la vida nacional. La coyuntura política, enmarcada, además, en el inicio de un nuevo siglo, invita a meditar con seriedad sobre el futuro que nos espera.
Por esto resulta particularmente oportuna la aparición del libro México 2030. Nuevo siglo, nuevo país (Fondo de Cultura Económica, 2000), en el que 22 especialistas, bajo la coordinación de Julio A. Millán y Antonio Alonso Concheiro, ofrecen una reflexión profunda y documentada sobre los futuros en el largo plazo de nuestra patria. Como es usual en los estudios prospectivos, se manejan y combinan los futuros deseables y los posibles, se construyen escenarios alternativos con base en determinados supuestos, y se entreveran proyecciones cuantitativas y ponderaciones cualitativas basadas en hechos “portadores de futuro” y en el criterio y la experiencia de personas conocedoras.
Imposible resumir aquí los análisis de 650 páginas que exploran las cuatro grandes transiciones de largo plazo que enfrenta México -demográfica, económica, social y política- y el complejo interjuego de todas ellas entre sí y con el entorno internacional. Cada lector enfocará su lectura al tema de su interés, pues la obra explora muy variados territorios: demografía, economía, sistema financiero, mercados internacionales, transporte, industria, telecomunicaciones, medio ambiente y recursos naturales, no menos que aspectos sociales y políticos, como educación y salud, ciencia y tecnología y cambios en los valores de la sociedad. Comentaré sólo un capítulo sobre el futuro de la educación, elaborado por Jorge Elizondo y Daniel Reséndiz, confiando en no simplificar demasiado su contenido al tener que prescindir de los cuidadosos matices del texto original.
En el año 2030 -que está tan cerca como lo estuvo el 2000 en el no tan lejano 1970-, el país tendrá entre 125 millones y 135 millones de habitantes, pero la estructura de su población habrá variado profundamente: la de 5 a 29 años de edad ya no representará, como ahora, 54% del total, sino sólo de 32 a 36%, por lo que la demanda de educación formal se habrá reducido de 42 millones a 32 o 36 millones. En cambio, el grupo que demanda empleo, el de 25 a 64 años, casi se habrá duplicado, pasando de 30 millones a 58 millones de personas. La productividad de los trabajadores se habrá duplicado y, si nos va bien, el PIB se habrá multiplicado tres o cuatro veces.
Aunque económicamente es probable que alcancemos en 2030 el nivel que tienen actualmente muchos países europeos, si no modificamos las actuales tendencias de evolución del sistema educativo habrá una brecha que limitará nuestro desarrollo, calidad de vida y productividad. La población de los países europeos tiene ahora niveles de Educación Media Superior (EMS) y Educación Superior (ES) seis veces superiores a los de México; y será en estos dos niveles del sistema escolar y en el factor fundamental de la calidad donde se centrarán nuestros retos. Mientras actualmente en Europa 72% de los jóvenes de 15 a 20 años asiste a la escuela, en México lo hace sólo 31%: no asiste 50% de los de 15 años, 75% de los de 18 y 91% de los de 20.
Aunque este rezago tiene complejas explicaciones por nuestra historia y por el bárbaro crecimiento demográfico de las últimas seis décadas (simplemente en el lapso de mi vida personal de 73 años la población del país se ha multiplicado por seis, lo que significa que se han construido otros cinco Méxicos, que han reclamado un inmenso esfuerzo en todos los órdenes), también hubo errores en la política educativa, errores que ahora tendremos que pagar. Si entre 1970 y 1986 la matrícula total creció a una tasa promedio anual de 10.3%, en el período 1986-1992 esa tasa se abatió a 0.7%; a partir de 1993 ha crecido a 3.7% anual. En este rezago reciente -y más ampliamente, añado yo, en el mito oficial de los últimos gobiernos, incluyendo el actual, de que el país no podía dedicar a su educación más de 4.5 o 5% de su PIB-, se generó el difícil reto que ahora enfrentamos. La frase con que Fernando Solana se refiere (p. 24) al desarrollo económico “48 años de desarrollo (1934-1982) y 17 de estancamiento (1983-2000)” puede aplicarse, aunque con matices, también al desarrollo educativo.
Los autores construyen tres escenarios de la evolución del sistema educativo a 2030, manejando diferentes hipótesis de eficiencia y de absorción de la demanda en los diferentes niveles escolares; al hacerlo advierten del alto grado de incertidumbre de estas proyecciones debido a su nivel agregado y, sobre todo, a los imponderables factores cualitativos. El escenario A es el inercial, que asume las actuales tendencias: para 2010 toda la población de 15 años completará su secundaria, pero la matrícula se desgranará en los niveles ulteriores; en 2030 sólo 23.6% de la población de 25 a 34 años de edad habrá terminado la educación media superior y 22.9% la superior. En el escenario B se intensifica la universalización de la EMS (logrando una absorción de la demanda y una eficiencia terminal de 95%), de modo que el porcentaje de la población de 25 a 34 años que cuente con este nivel escolar se eleve a 36.6%; se impulsa, además, la educación superior y se amplían considerablemente las carreras cortas de dos años hasta que absorban 50% de la demanda de este nivel; se logra que 41.1% tengan educación superior. En el C se hace lo mismo, pero anticipando las metas de 2030 al año 2010, aunque con menor absorción de la demanda; el porcentaje de la población de 25 a 34 años con EMS se eleva a 53.3% y con ES a 38.1%.
La conclusión más obvia que se desprende de estos escenarios es que en las decisiones que se tomen respecto al desarrollo de la EMS y ES en el sexenio de Vicente Fox (y que deberán continuarse en el siguiente) se decidirá si el país logrará contar con un total, en los 30 años, de 25.6 millones de egresados de EMS (escenario A) o con 40.7 o con 48.6 millones (escenarios B y C). y elevar el volumen acumulado de egresados de ES de 10.4 millones (escenario A) a 17.5 o 18.5 (B y C).
Estas proyecciones ofrecen un marco inicial para discutir el futuro de la educación nacional, discusión que debe profundizar en los problemas de equidad y de calidad (cuya solución requiere incidir también en los procesos educativos de la base), en la disponibilidad del presupuesto requerido y su aplicación eficiente, y, sobre todo, en los condicionamientos culturales y mentales que supone una semejante transformación del sistema educativo. Como toda crisis, también ésta trae incluida su oportunidad: la matrícula total, después de crecer entre 10 y 20% hasta 2008, descenderá, por la reducción demográfica, entre 2 y 10% por debajo de la que teníamos en 1997. Si el PIB creciera entre 3 y 4% anual en promedio y se mantuviera un nivel de gasto educativo del mismo rango del actual, ya por 2008 dispondríamos de un gasto por alumno algo mayor que el presente, y en 2030 de 3 a 3.5 veces más que el actual. Disponer de más dinero facilitará el logro de las metas, siempre y cuando sepamos utilizarlo con inteligencia.
Los autores añaden un conjunto de rasgos, que consideran deseables, que irá adquiriendo la educación mexicana en el futuro: tendrá profesores sustancialmente mejores y bien pagados; habrá más recursos para el mejoramiento de la calidad; la supervisión será efectiva y profesional; se realizarán evaluaciones externas en todos los niveles escolares; la descentralización será cada vez mayor; los padres de familia intervendrán más en la vida de las escuelas de enseñanza básica y apoyarán el aprendizaje de sus hijos; además, habrá mayor concordancia entre lo que se aprende en los niveles posbásicos y las necesidades del mercado laboral (lo que implica mayor diversificación de las modalidades); abundarán las facilidades de actualización para trabajadores y profesionistas; los subsidios públicos a la enseñanza superior se vincularán con el desempeño de las instituciones (medido éste por el número y la calidad de sus graduados, equidad de oportunidades y otros indicadores); se ampliarán las facilidades de becas y créditos, y habrá instancias efectivas de rendimiento de cuentas de funcionarios, directores de plantel y maestros. También señalan los autores otros cambios esperables, como la evolución favorable de las condiciones de convivencia; una mejor programación en los medios de comunicación privados y públicos; un ambiente general de mayor honestidad, tolerancia y respeto, y un clima de estímulo al trabajo productivo y responsable.
Estos cambios, se advierte con razón, no se alcanzarán mecánicamente; exigirán “actos de voluntad, ingenio, racionalidad y laboriosidad, muchos de ellos a contrapelo de nuestros rasgos culturales del presente” (p. 366), principalmente el hábito de autoexigencia en los profesores de todos los niveles escolares. Las transformaciones serán difíciles, “dado el poder de negociación que da la magnitud de los gremios respectivos”, o sea el poder del SNTE, pero hay también “motivos para el optimismo” basados en “la racionalidad y la ética de amplios sectores de mexicanos, entre los que, sin duda, estarán incluidos los educadores”.
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