Seguridad nacional

A lo largo del siglo XX, las tareas de seguridad nacional se han visto inclinadas más hacia los intereses de grupos de poder que hacia los intereses de la nación. Los procesos de institucionalización en diversas áreas de la vida pública nunca incluyeron de manera sistemática tales tareas. Tampoco llegaron a estar integradas en una sola dependencia ni a ser coordinadas de manera metódica; permanecieron dispersas o duplicadas entre las fuerzas armadas y navales, las instituciones policiacas dependientes de la Secretaría de Gobernación y las policías judiciales. La llamada etapa de modernización de las tareas de seguridad nacional efectuada en el sexenio 1982-1988, cuando se creó el actual Cisen, fue en realidad un relevo de generaciones y de grupos políticos en esa estructura, más que un avance en su profesionalización; por tanto, fracturó a varios niveles la continuidad de las tareas, su memoria y su orientación.
Dado el giro de 180 grados que comenzaron a dar las políticas económicas del país en esa época y que se acentuaron durante los sexenios siguientes, las tareas de seguridad nacional se dispersaron de manera notable, comenzaron a debilitarse de modo constante y se pusieron al servicio de los nuevos grupos en el poder para vigilar de cerca a los elementos y cuadros del sistema político mismo, y no los procesos sociales, económicos y militares que dentro y fuera de nuestro territorio pudieran afectar la integridad de México.
Los levantamientos armados de 1994 en Chiapas y de 1966 en Guerrero y Oaxaca obligaron a varias instancias públicas a reconsiderar formas, sentidos y ubicación de las tareas de seguridad nacional. Pero no se trataba de un asunto de fácil solución. El narcotráfico, la corrupción en los cuerpos policiacos, el crimen organizado, la creciente inconformidad social, la escasez de recursos, la pobreza indetenible, los fraudes escandalosos en las altas esferas financieras y empresariales del país, eran demasiados obstáculos simultáneos para tareas de investigación y de inteligencia que no estaban aseguradas por una institucionalidad objetiva y firme.
En este contexto, y a reserva de comentar en futuras entregas otros aspectos de los ajustes, definiciones y lagunas por llenar en un proceso de verdadera institucionalización de estas tareas, la aparición de la Policía Federal Preventiva vino a ejemplificar que la inercia burocrática y el ejercicio del poder público como patrimonio de grupo no podían crear de la nada un nuevo orden disciplinario y eficaz. Si el gobierno próximo se propone crear algo sólido en las áreas de procuración de justicia y de seguridad, más allá de reproducir en México el FBI y de multiplicar la figura del zar estadunidense, habría que considerar también desde hoy el futuro, objetivos y actuación interna de la Policía Federal Preventiva. Varios datos tornan confusa la naturaleza de esta institución de seguridad.
Primero, se creó no a partir de un nuevo concepto de formación, capacitación y selección de elementos, sino a partir de la concurrencia de organizaciones policiales anteriores. Segundo, el nombramiento del primer comisionado, que fue el director anterior del Cisen, pareciera indicar que se trata de una nueva estructura de policía política y no expresamente de seguridad pública. Tercero, en la fracción IX del artículo cuarto de la Ley de la Policía Federal Preventiva se establece que tendrá también como atribución: “Obtener, analizar, estudiar y procesar información, así como poner en práctica métodos conducentes para la prevención de delitos, sea directamente o mediante los sistemas de coordinación previstos en otras leyes federales”. Parece natural que una institución así desempeñe labores de inteligencia, pero ¿se trata de una duplicación, multiplicación o coordinación de estas labores? ¿Incluye también, de manera predominante, información de policía política? O mejor, ¿se pretende que llegue a ser predominantemente una policía política?
Por otra parte, destaquemos que, desde su aparición, las policías Fiscal y de Migración se inconformaron y se ampararon en contra de que se les incorporara en la nueva institución; varias demandas de amparo promovidas individualmente “en contra de los actos del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos” han sido exitosas. También cabe observar la importancia que tienen los elementos provenientes de la Marina y del Ejército, más que los elementos provenientes de las anteriores organizaciones policiacas; por tanto, no siempre es clara ni suficiente la información dirigida a los mandos regionales. En ese sentido, resulta comprensible que no sea transparente el criterio que suele seguirse para evaluar el desempeño de los elementos que deben ser ascendidos o retirados de sus responsabilidades.
Un ejemplo de esto último son los ascensos que se están confiriendo este año. Según la fracción segunda del artículo 59 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el límite de edad para desempeñarse como Inspector General es de 58 años. Sin embargo, en los meses recientes, al menos 20 elementos han sido ascendidos a inspectores generales con una edad que rebasa el límite establecido en el Reglamento; algunos tienen 59 años y otros, incluso, 64. Además, en algunos casos se les confirió el ascenso a elementos que no habían participado aún en el Curso de Mando Superior que imparte el Instituto de Formación de la Policía Federal Preventiva. O debe modificarse el texto del Reglamento, porque así conviene a la institución y a sus elementos, o debe aclararse el criterio mediante el cual es posible alterarlo o adaptarlo cada vez que se desee.
Ignoro si el equipo de transición del próximo presidente logrará avanzar en la formulación de un proyecto más institucional, eficaz y transparente en estas áreas delicadas y preocupantes del país. Ignoro también si el próximo gobierno conseguirá al fin hacer de las tareas de seguridad una institución precisa y claramente evaluable. Por lo pronto, algunos de los ciudadanos debemos reconocer que nuestra relación personal con las tareas de seguridad nacional y de inteligencia militar sólo se han reducido, sin más inconveniencia ni incomodidades, al reparto salomónico de la intervención de nuestras líneas telefónicas. Dado lo insólito de nuestras instituciones públicas, es una molestia tan discreta y mesurada, que en verdad lo deberíamos agradecer.