La estrategia del adiós” es la cabeza con la cual Proceso (No. 1240) tituló el reportaje firmado por Rodolfo Montes sobre el plan de los comunicadores de la Presidencia de la República para coordinar una campaña mediática-publicitaria que deje a buen recaudo la imagen del presidente Ernesto Zedillo.
La idea es posicionar en el ánimo de la opinión pública tres asertos: a) “México es un país de instituciones sólidas”; b) “El gobierno cumplió con los principales compromisos establecidos al inicio de la gestión”, y c) “La entrega de la administración se hace con estabilidad, orden y transparencia, rindiendo cuentas claras”.
Sobre el particular, es posible advertir inconsistencias tanto en el contenido de los mensajes como en los fines que se persiguen. En efecto, los mensajes no se apegan a la verdad y, por el contrario, contienen importantes dosis de falsedad. Primer mensaje: ¿México es un país de instituciones sólidas como afirmaría la campaña presidencial? No parece ser la percepción de los electores ni del presidente electo. Si fueran sólidas, ¿por qué se ha decidido transformar la Procuraduría General de la República en una Fiscalía independiente para acotar la politización del Ministerio Público que hoy es empleado del presidente? Si fueran sólidas, ¿por qué se propone eliminar la Secretaría de la Contraloría, ese absurdo jurídico a través del cual el Ejecutivo se vigila a sí mismo?
Y así se podrían enumerar diversas instituciones, ajenas por entero a los estándares democráticos internacionales, que se requiere desmontar para hacer posible un cambio de régimen y no sólo de gobierno. Y son esas instituciones autoritarias las que el señor Zedillo no sólo no modernizó en su momento, sino que ahora busca ponderarlas mediáticamente. No. No hay instituciones sólidas como regla general, sino como excepción, entre ellas el Instituto Federal Electoral, producto del consenso entre todas las fracciones parlamentarias. Ni, incluso, en este punto alguien podría afirmar que la creación del IFE fue una concesión graciosa del señor Ernesto Zedillo.
Segundo mensaje: ¿El gobierno cumplió con los principales compromisos establecidos al inicio de la gestión? Se trata también de un aserto difícil de probar. Baste decir tan sólo que el señor Ernesto Zedillo no ha cumplido el principal cometido de todo Poder Ejecutivo en un Estado democrático de derecho: cumplir y hacer cumplir la ley. Nada más y nada menos. Desde mucho antes del 2 de julio, en este espacio se ha documentado la violación impune que ha hecho el presidente Zedillo del Estado de derecho. El debate, por ejemplo, sobre la calidad de los talks shows hubiera transitado por otro sendero si el presidente hubiese cumplido su obligación constitucional de ejecutar la ley. La inexistencia del Consejo Nacional de Radio y Televisión, previsto en la Ley Federal de Radio y Televisión y detallado en el Reglamento respectivo -que debería conocer de la clasificación de los programas de radio y televisión-, constituye un atentado presidencial a lo previsto en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que alguien sugiera ahora que ejecutar la ley es una potestad y no una obligación del Ejecutivo. ¿Con qué autoridad puede ahora el señor Zedillo sostener que ha cumplido si no lo ha hecho con la parte medular? Qué decir de sus compromisos en el Plan Nacional de Desarrollo precisamente para hacer optimizar la cultura jurídica, o de brindar autonomía al INEGI o de establecer medidas para garantizar el acceso a la información pública. Nada.
Tercer mensaje: ¿La entrega de la administración se hace con estabilidad, orden y transparencia, rindiendo cuentas claras? Probablemente sí, probablemente no. Se trata, en todo caso, de un asunto que se deslindará en su oportunidad a través de las auditorías elaboradas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados y de las auditorías que decida llevar a cabo el nuevo gobierno, después del 1 de diciembre. No es ético ni jurídicamente reconocible que la Presidencia de la República haga semejante afirmación ex ante. Alabanza en boca propia es vituperio, dice la conseja con razón. Pero si es posible advertir verdades a medias o, de plano, claras falsedades en los mensajes de la campaña presidencial, también es lamentable que se utilicen los recursos públicos para fines privados.
El señor Marco Provencio le dijo al reportero: “Si nos fijamos bien, no hay un solo anuncio, uno solo, sobre las obras y acciones de Ernesto Zedillo en el que aparezcan funcionarios públicos, por ejemplo, el secretario de Hacienda con el presidente. No los hay. En muchos de los anuncios, en televisión, en la radio y en la prensa escrita, se subraya el esfuerzo de todos los mexicanos, de toda la sociedad para conseguir las metas trazadas. Entonces, estos mensajes son claramente institucionales y no personalizados. No estamos posicionando a nadie”.
Efectivamente, no posicionan a ningún colaborador del presidente, sino al propio presidente, a su gobierno. Se queda, pues, con todo el crédito. Sobra decir que el único beneficiado en estos mensajes es el presidente Ernesto Zedillo, quien con esa decisión discrecional de autopromoverse confirma la necesidad de regular y transparentar la publicidad oficial para que nunca más pase una situación similar. Y es que no es para menos.
En realidad, ¿alguien en su sano juicio cree que invertir los recursos de la sociedad en esa campaña tiene un interés público? ¿Cuál es el beneficio específico que recibe la sociedad -no la imagen del presidente Zedillo- con esos mensajes? ¿Es legítimo, aunque sea legal por el momento, que haya una distracción de recursos, en un país con tantas carencias económicas, para escuchar en los medios las bondades del gobierno de Ernesto Zedillo? El propósito de los mensajes no tiene relación alguna con las inquietudes de la sociedad por el porvenir y la reforma democrática; antes bien, pretenden generar un ambiente artificial para evitar, si eso es posible, que el presidente Zedillo inicie el largo camino empedrado de agravios y facturas por cobrar, dentro y fuera del régimen al que sirvió. ¿Sería sano para el país extenderle una patente de impunidad a Ernesto Zedillo por cumplir con su obligación el 2 de julio? Ése es el punto que habremos de observar después del 1 de diciembre.
(Comentarios: ernestvillanueva@hotmail.com)
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