Iván Illich, ese gran cazador de brujas modernas, al buscar una herramienta conceptual que le permitiera englobar los tres bienes fundamentales de la vida comunitaria: la sobrevivencia, la equidad y la autonomía creadora, volvió al viejo y olvidado concepto tomista de la proporcionalidad.
Para Illich, esta categoría se encuentra en el ethos de cada comunidad y se expresa por su acuerdo con el cosmos. Es aquello que les pertenece, que se vive de diferente manera de comunidad en comunidad, pero que tiene un mismo sentido: el límite, la moderación; hasta donde es permitido hacer algo; vivir dentro de los límites para mantener las relaciones armónicas entre los seres que habitan el común y entre esos seres y el mundo que los rodea.
“Ese ordenamiento cósmico o proporcional -como señala bien Jorge F. Márquez Muñoz- es aquel sobre el se puede juzgar; sirve de apoyo para decir qué es el bien y qué el mal, qué es natural y qué no lo es (…) La proporcionalidad social es la que afirma las relaciones justas entre personas; mientras que la proporcionalidad cósmica afirma la existencia de un orden que antecede al hombre, un orden natural”, sagrado, que no se puede violentar. El mundo griego lo llamaba hybris, un concepto que Heráclito definió con una preciosa metáfora: “El hombre no sobrepasará sus límites, si no las Herinas que guardan la Justicia sabrán castigarlo”.
Por desgracia, las sociedades modernas, las sociedades económicas, han perdido el sentido de la proporción; son sociedades desproporcionadas, es decir, sociedades en las que sus estructuras productivas, basadas en la industria y la tecnología, han interpuesto entre nuestra percepción y lo real un montón de capas de virtualidad que nos hacen falsear nuestro sentido de la proporción y nos impiden vivir dentro de la moderación y el límite.
En ellas el bien y el mal se vuelven imperceptibles, cuestiones triviales; el ser humano deja de ser una persona para convertirse en un individuo sometido a las leyes económicas, y el ámbito natural y sagrado se vuelve una resistencia a vencer; todo es intercambiable, tocable, escudriñable; todo se puede hacer o todo se puede prohibir. Ya no hay ámbito de comunidad, un commons, para el cual los derechos de las costumbres y de los usos consagraban formas específicas de respeto a la comunidad; en donde una parte del entorno, que está más allá de los individuos, era una realidad sagrada a la cual se accedía no para explotarla y producir mercancías, sino para usarla, dentro de los límites de la proporción, en función de la subsistencia familiar y del común.
La desproporción reina por todas partes en la ciudad económica y las formas desarmónicas que produce surgen de la vida social como salitre de las paredes.
Recientemente, una de las muchas formas de la desarmonía que vivimos ha acaparado los medios de comunicación: la de la penalización excesiva del aborto en Guanajuato.
A ningún ámbito de comunidad se le hubiera ocurrido la idea ni de despenalizar el aborto ni de penalizarlo en exceso. Las gestaciones y las interrupciones de la gestación estarían regidas por la proporción cuyas leyes no estaban escritas, sino inscritas en las percepciones de la propia vida común.
Proteger la vida de un ser que ha sido engendrado forma parte del bien: es vida que pide llegar al mundo para ser acogida y desarrollarse en plenitud dentro de la comunidad en la que nace; sacrificarla por motivos de violación, de malformación o de peligro de la madre, forma parte de un mal menor, cuyo objeto es la protección de la sobrevivencia de los miembros de la comunidad que ya habitan en ella.
Por desgracia, en un mundo desproporcionado, ese equilibrio se ha roto. Quienes pugnan por la despenalización del aborto han reducido al ser humano a un mero producto determinado no por la voluntad de una madre, sino por las leyes económicas del bienestar.
Me explico: en un mundo económico, cuyo sistema de “valores” está en función de la capacidad productiva y el bienestar, despenalizar el aborto no es otorgarle a la madre el derecho de decidir, puesto que su elección estará condicionada por la desproporción del “valor” económico con el que está alienada su libertad. Tan es así que la propia ciudad económica llama al ser en potencia que lleva el vientre de la madre, al niño en formación, “producto”. Es ahí donde el Estado, que suple el ámbito del commons y en el cual perviven algunos elementos del límite y de la moderación, legisla para proteger el derecho a la vida del niño que está en gestación y cuyo fin último, su voluntad de vida, es llegar a ser un ser humano dentro de la comunidad en donde vive la madre.
Quienes, como en el caso de los legisladores de Guanajuato, pretenden penalizar hasta los casos de excepción (el aborto por violación), han reducido a la mujer a un ente sin decisión en el orden social, a una mera urna, a un puro producto económico que simplemente ha sido mal usado, e invaden un territorio que pertenece a la conciencia de la mujer como persona y al mundo religioso. Olvidan que el Estado como vestigio del commons está para servir al bien común, y proteger, en este caso, a la mujer violada que, como la naturaleza, antecede al niño que quiere nacer, y que ha sido ultrajada por alguien que ha roto la proporción y el límite de la vida.
De la misma forma en que en casos normales de embarazo el Estado debe proteger al ser más débil, al niño que quiere nacer; en casos excepcionales, como el de una violación, debe proteger al ser de la comunidad que ha sido violentado en su persona. Romper estos límites es generar una desproporción y, como está sucediendo, una desarmonía en los restos del común que aún perviven en nuestras sociedades económicas.
El ámbito de la conciencia, en los casos de excepción, no puede ser invadido por el Estado, pertenece a la mujer que ha sido violentada en su persona y, si es creyente, al acompañamiento de la Iglesia que debe ayudarla en su discernimiento. El Estado, en todo caso, debe proporcionarle ayuda a la mujer en su decisión y castigar al violador no sólo con largos años de prisión, sino, además, para reparar su falta, con la obligación de trabajar para que su salario sirva al sostenimiento de su víctima por un determinado número de años, si la mujer decide abortar, y de por vida, si la mujer decide tener al niño.
Una legislación de este orden permitiría recuperar algo de la proporcionalidad en un mundo económico y mantener en los límites las desmesuras de los proabortistas y de los puritanos del aborto.
Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés.
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