Cercado por la vía penal y por la vía administrativa, Óscar Espinosa Villarreal no tiene forma de evadir su comparecencia ante los impartidores de justicia.
En el primer caso, el juez 61 Penal, Eugenio Ramírez, libró, el viernes 11, una orden de arraigo preventiva a solicitud de la Procuraduría capitalina. Con ello, agentes de la Policía Judicial iniciaron en forma la persecución de Espinosa, acusado del presunto delito de peculado por 420 millones de pesos cometido en agravio de la hacienda pública local.
Además, el último regente de la Ciudad de México y exsecretario de Turismo enfrenta dos procesos disciplinarios administrativos promovidos por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal -II-2066/2000 y III-2667/2000- por haber dispuesto indebidamente de recursos de la partida presupuestal 3605 durante su gestión al frente del DDF.
De proceder ambos recursos, Espinosa podría ser inhabilitado para volver a ocupar cargo alguno en las administraciones públicas federal y local hasta por un período de 20 años, amén de ser castigado con una multa superior a los 230 millones de pesos.
Por si fuera poco, Espinosa tiene en su contra el antecedente inmediato de su exoficial mayor en el DDF y en la Secretaría de Turismo, Manuel Merino García, quien acaba de perder la batalla legal en los tribunales para evitar la cárcel, convirtiéndose así en prófugo de la justicia.
Y todavía no se resuelve en definitiva el asunto de su inhabilitación y la sanción económica que le impuso la Contraloría del GDF por las mismas faltas por las que se acusa a su exjefe.
Enredado en el mismo asunto, Javier Beristáin Iturbide, exsecretario de Finanzas del DDF y actual director de Afore XXI del Seguro Social, enfrenta también dos procesos administrativos en la Contraloría Interna del GDF.
Desde hace dos años, Óscar Espinosa supo que, tarde o temprano, se vería envuelto en líos con la justicia por haber autorizado indebidamente la disposición de recursos de la partida presupuestal denominada “Otros Gastos de Información y Difusión”.
En agosto de 1988, cuando la Contraloría del GDF ultimaba detalles del proceso penal que instruiría contra Merino García y “contra quienes resulten responsables”, por el presunto delito de peculado, Espinosa envió a uno de sus allegados para hablar con el entonces contralor capitalino, Gastón Luken Garza, con el propósito de conocer pormenores y alcances de la querella.
-Óscar está muy preocupado por lo de Merino, ¿qué hay ahí, cuál es la bronca? -dijo el enviado.
Luken Garza le explicó:
“Tú eres funcionario y sabes cómo se maneja esto. ¿Tú dejarías un boquete sin comprobar? Merino no entregó documentación alguna del dinero que utilizó de la partida 3605 ‘Otros Gastos de Información y Difusión’. A eso se reduce todo.”
Le informó que aun cuando Merino entregara en ese momento el soporte documental de la disposición de recursos, “no terminarían ahí sus problemas”, porque violó disposiciones del Código Financiero y del Presupuesto de Egresos del DF.
Disipadas las dudas, el enviado de Espinosa se despidió y prometió reunirse de nuevo con Luken. El encuentro nunca se realizó.
La Contraloría del GDF continuó, entonces, con el proceso disciplinario administrativo contra Merino -el CG DRS 40/1645/98-, como presunto responsable de haber causado daños a la hacienda pública capitalina durante el ejercicio fiscal de 1997. Posteriormente, le abrió otro proceso similar, por los ejercicios de 1995 y 1996.
Durante la fase de desahogo, Luken había instruido al entonces director de Auditoría, Roberto Muñoz Leos, para que pusiera al tanto de su situación a Merino García, que ya era oficial mayor en Turismo.
Después de un primer intento fallido, Muñoz Leos logró finalmente hablar con Merino en sus oficinas de Polanco. Ahí le informó del procedimiento administrativo que se le había abierto en la Contraloría por presuntas irregularidades cometidas en su paso por la Oficialía Mayor del DDF y le solicitó que acreditara los gastos de la partida 3605.
Según los testimonios obtenidos por el reportero, Merino respondió: “Miren, no nos hagamos pendejos, la lana se gastó y se seguirá gastando. El gobierno tiene necesidad de disponer de dinero”.
-Está bien, ¿pero dónde están los comprobantes -insistió Muñoz Leos.
El oficial mayor de Sectur, insistió: “Ustedes saben cómo se maneja esto; hay cosas que no se pueden comprobar”.
A pesar de sus intentos legales por frenar el procedimiento administrativo -“por incompetencia constitucional y jurisdiccional por declaratoria”- la Contraloría resolvió el caso el 3 de septiembre con un castigo sin precedente: lo inhabilitó por 20 años para ocupar cargos en la administración pública local y le aplicó una multa de 235 millones 322 mil 672 pesos.
Pero no fue todo. Al día siguiente, la Contraloría presentó denuncia formal de hechos en la Procuraduría capitalina “contra quien o quienes resulten responsables” del quebranto patrimonial.
Desde la clandestinidad, por la orden de aprehensión que se había librado en su contra, Merino buscó protección de la justicia y, en relación con la sanción administrativa, al menos, logró, el 10 de marzo de 1999, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocara -por cuatro votos a favor y uno en contra- el castigo impuesto por la Contraloría.
La voz discordante fue la de la magistrada Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo -desde enero pasado, magistrada presidenta del TCA-, quien consideró que el fallo de la Contraloría era legal.
En entrevista con Proceso, expone las razones de su voto: “Merino objetó dos cosas: la incompetencia de la Contraloría por haberle iniciado un juicio administrativo y la sanción impuesta. En el primer caso, se demostró que la Contraloría sí era competente para iniciar el procedimiento y, en el segundo punto, la mayoría de los magistrados consideró que no era correcta la imposición del castigo. Yo diferí -y difiero- de ese punto de vista porque me parece que sí procede la sanción y la inhabilitación”.
Ante ese revés, la Contraloría presentó ante el Tribunal Colegiado de Circuito un recurso de revisión administrativa el 14 de abril último. El 17 de mayo se le dio entrada y quedó registrado en la toca número RSA8/2000. Los magistrados de la Décima Sala definirán próximamente si se revoca o no el castigo impuesto a Merino.
En la parte penal, Merino no tiene escapatoria. El 11 de julio, el juez cuarto penal le negó el amparo en definitiva, con lo que no podrá librarse de la cárcel. La resolución del juzgador es inatacable.
La autorización de Espinosa
Cuando la Contraloría del GDF encontró que Merino había incurrido en las mismas irregularidades durante los ejercicios fiscales de 1995 y 1996, el curso de la investigación se centró en dos personajes centrales de toda esta historia: Óscar Espinosa y Javier Beristáin.
Y es que entre los documentos ofrecidos a la Contraloría por otro de los implicados, Jorge Federico Meade García de León, exdirector general de Programación y Presupuesto, Luken Garza se encontró con una copia certificada de un acuerdo del 5 de enero de 1995, firmado por Espinosa Villarreal, por medio del cual se facultaba al entonces oficial mayor del DDF a ejercer los recursos de la partida 3605.
Luken se dedicó entonces a buscar el original del documento porque sabía que así obtendría un elemento de prueba contundente para proceder, penal y administrativamente, contra el Espinosa Villarreal. Pero, hasta su salida de la Contraloría, el 15 de octubre de 1999, no apareció.
Lo más que pudo saber Luken fue que Beristáin redactó el oficio a solicitud expresa de Espinosa. En un encuentro casual, el propio Beristáin confió al funcionario capitalino que recibió instrucciones precisas de Espinosa de encontrar una fórmula para disponer de los recursos de esa partida.
“Había que agilizar los recursos”, dijo.
La salida de Luken no detuvo la investigación y el 22 de febrero último, su sucesor, León Alazraki, ratificó ante la Procuraduría capitalina la denuncia de hechos formal contra Espinosa.
Adujo el funcionario de la Contraloría:
“Durante el ejercicio presupuestal de 1995, Manuel Merino García, oficial mayor del entonces Departamento del Distrito Federal, firmó diversos recibos, los cuales fueron autorizados por Óscar Espinosa Villarreal, jefe del Departamento del Distrito Federal, con la pretensión de comprobar el ejercicio del gasto público, relativo a la partida presupuestal 3605 (Otros Gastos de Difusión e Información), pero dichos recibos no reúnen los requisitos que establece el Código Financiero ni el Manual de Procedimientos de la Administración del Ejercicio Presupuestal vigente en 1995, por lo que no pueden considerarse como documento justificante ni comprobante.”
Alazraki puntualizó: “Los recibos firmados por Merino tienen su origen en el oficio de fecha 5 de enero de 1995, suscrito por Espinosa y que, al proceder de esa forma, el exregente capitalino estaba, en realidad, autorizando la no comprobación del gasto, propiciando la no identificación de los recursos públicos y la inadecuada integración de las Cuentas por Liquidar Certificadas”.
El asunto no paró ahí. En la parte administrativa, la Contraloría abrió dos procedimientos disciplinarios administrativos contra Espinosa por la misma falta: ejercicio indebido de recursos durante su gestión. Uno de ellos corresponde al período de 1997 y el otro comprende los ejercicios de 1995 y 1996.
Ambos procesos -2066/2000 y III-2667/2000- se ventilan actualmente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque Espinosa interpuso un recurso de inconformidad cuando la dirección de Cuenta Pública de la Contraloría lo citó para las audiencias de ley.
La Contraloría apeló y la Sala Ordinaria del TCA no ha llamado a ninguna de las partes hasta ahora. El juicio II-2066/2000 está a cargo de la magistrada Laura Emilia Aceves Gutiérrez, y el III-2667/2000, del magistrado Octavio Saldaña Hernández.
Interrogada sobre el particular, Victoria Eugenia Quiroz, presidenta del Tribunal, confirma que los juicios contra Espinosa no han pasado de la primera instancia, por lo que desconoce el curso que han seguido.
Lo que sí tiene claro -“porque yo lo firmé”- es que el exregente capitalino pidió al Tribunal, por conducto de sus abogados, copia certificada del expediente de Merino. “No se autorizó la entrega porque el señor Espinosa no tiene acreditada personalidad jurídica en ese caso”.
Recuerda también que Espinosa hizo un segundo intento por conseguir el expediente de su exoficial mayor al gestionar la entrega de copias simples, sin éxito. “Tengo entendido que por ahí promovió un juicio administrativo, pero ese asunto no ha llegado a mis manos.
-¿Legalmente, pueden entregarse copias simples a un particular?
-Si no tiene personalidad, por supuesto que no.
-¿Espinosa puede ser sancionado igual que Merino?
-Puede ser, pero no sabemos. Cada sala tiene su criterio.
Aunque aclara que si los términos de los procedimientos administrativos contra Espinosa son equivalentes a los de Merino, podría inhabilitársele y aplicársele una multa similar. Originalmente, fue inhabilitado 20 años y sancionado económicamente con 235 millones de pesos, aunque el Tribunal Colegiado está por resolver si convalida o revoca la sanción.
Excompañeros en el DDF y en Sectur, y presuntos responsables del delito de peculado en las averiguaciones previas AB/HPSP/322-99-090 y A/HPSP/446/98-10, Espinosa y Merino comparten el mismo abogado en la vía administrativa, Samuel Durán Perales.
En la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso se desahogan, así mismo, los juicios de procedimiento, el III-2169/2000 y el III-2168/2000, instruidos por la Contraloría contra Javier Beristáin por el mismo asunto. El primero fue presentado el 29 de febrero pasado y está a cargo de la magistrada Lucila Silva Guerrero y, el segundo, del magistrado José Luis Moctezuma Orozco.
En medio de una situación jurídica complicada, Espinosa no resistió más la presión y el lunes 7 solicitó al presidente Zedillo licencia por tiempo indefinido como secretario de Turismo con el propósito de preparar su defensa legal: “Quiero ponerme ya en las manos de un juez que se apegue al debido proceso, que me permita presentar pruebas y alegatos y que juzgue al margen del linchamiento público que se ha orquestado en mi contra en los medios de comunicación”, dijo Espinosa en un comunicado leído por su vocero.
Y enfatizó: “Me niego a seguir sometido al juicio de quienes de antemano me condenan”.
Un día después, luego de que el procurador capitalino, Samuel del Villar, ofreció una conferencia de prensa en la que explicó que al pedir la licencia, Espinosa no perdía su fuero constitucional, por lo que no se podía proceder judicialmente en su contra, Espinosa Villarreal rectificó y presentó su renuncia.
Después, ya no se supo más de él.
El jueves 10 debió comparecer ante la Fiscalía para Servidores Públicos de la PGJDF, pero no asistió. Como tampoco presidió la junta del Consejo Directivo de la Fundación UNAM, de la que era presidente hasta ese día.
Un día antes de concluir su mandato, el 4 de diciembre de 1997, cuando el entonces oficial mayor del DDF pretendió tapar el hoyo en la partida 3605, al hacer un reembolso, Espinosa confió a los reporteros que cubrieron sus actividades durante el trienio 1994-1997:
“Estoy contento porque he cumplido con mis responsabilidades hasta el límite de mi capacidad y siempre con lealtad. De manera que sí salgo con la frente en alto. Contento, sonriente, aunque a algunos no les guste.”
