A 120 días de dejar la Secretaría de Turismo y, por ende, de perder el fuero constitucional, Óscar Espinosa Villarreal busca afanosamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo libre del juicio penal -el miércoles 2 interpuso un recurso de revisión- que promueve en su contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el presunto delito de peculado de 420 millones de pesos cometido durante su último año de gestión en el gobierno de la capital.
Frustrado su intento de frenar el juicio de procedencia que se le sigue en la Cámara de Diputados a solicitud de la PGJDF y rechazada su solicitud de amparo provisional -en primera instancia- contra actos de la Sección Instructora que reclama su desafuero, el exjefe del DDF decidió cambiar su estrategia de defensa y asumir él mismo la contraofensiva.
Así, el 31 de julio, apenas unos días después de que la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa, Rosalba Becerril Velázquez, declaró improcedente el juicio de amparo promovido por Espinosa -el artículo 111 constitucional establece que todas las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados, durante un juicio de procedencia, son inatacables-, Espinosa hizo pública, en conferencia de prensa, su declaración de bienes patrimoniales, según la cual “sólo” tiene un poco más de 15 millones de pesos.
Y descargó su ira contra el PRD y las autoridades capitalinas: “Si un funcionario perredista realiza el pago de servicios que nunca fueron entregados, o contratos sin licitación, se trata sólo de una anomalía. Pero si ellos sospechan -tan sólo sospechan- que esas anomalías las pudo cometer un priista, entonces definitivamente lo condenan sin pruebas como corrupto”.
Enérgico, advirtió: “No estoy dispuesto a dejar que el cambio político se mida por el número o el tamaño de los escándalos”.
“Ni mi familia ni yo -remachó- tenemos como prioridad en la vida acumular riquezas. Lo que tenemos es fruto del trabajo honesto y suficiente para sustentar nuestro nivel de vida y ofrecernos seguridad ante imprevistos.”
Un par de días después, en el diario Reforma, apareció en las páginas centrales un desplegado, de dos planas, con más de 11 mil nombres ilegibles a simple vista por lo minúsculo de la letra. Dirigido “a la opinión pública”; el desplegado, que fue pagado presumiblemente por Raquel Dávila, compañera de estudios de Espinosa en la Facultad de Economía, dice textualmente:
“Quienes suscribimos esta publicación conocemos la trayectoria de Óscar Espinosa Villarreal y sabemos que es un hombre recto y honorable. Por ello, creemos en su inocencia y confiamos en que si el proceso se apega a lo que establece la ley, y quienes intervienen en él se mantienen apartados de consignas políticas, Óscar Espinosa Villarreal será exonerado.”
Entre los firmantes aparecen excolaboradores, amigos personales y funcionarios federales, como Fernando Peña Garavito, exdirector de Servicios al Transporte del DDF y quien enfrenta también un proceso penal por peculado; Alfredo Elías Ayub, exdirector de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); José Madariaga, expresidente de la Asociación de Banqueros; Jesús Salazar Toledano, exsecretario general del DDF y actual director de Prestaciones del ISSSTE; y Cristina Alcayaga, coordinadora de Comunicación Social de la Sagar.
Hay, entre los burócratas, políticos y exfuncionarios, como José Córdoba Montoya -jefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Salinas-, personajes de la cultura y de la televisión: Raúl Anguiano, Miguel A. de la Madrid, Sandalio Sáenz de la Maza, José Alfredo Santos Asseo, Pedro Vázquez Colmenares, Daniela Romo, Rafael Reyes Arce, Raúl Trejo, Miguel Torruco, Hilda Aguirre e Ignacio Ovalle.
Llama igualmente la atención que, sin apellidos, en la lista se repiten más de una vez los nombres de “Miguel”, “Miguel Ángel”, “José”, “Juan” y “Juan Carlos”.
Cercado legalmente, pues, Espinosa hace uso de todos los recursos a su alcance.
La historia y las pruebas
El miércoles 2, el secretario de Turismo interpuso un recurso de revisión en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con el propósito de echar abajo el dictamen emitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que encabeza el panista Juan Marcos Gutiérrez.
El pasado 22 de junio, el órgano legislativo determinó que sí procede destituir de su cargo a Espinosa para poder procesarlo.
Según el exdirector de Nacional Financiera y arquitecto financiero de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo en 1994, la Sección Instructora incurrió en múltiples violaciones al procedimiento legal que debe seguir durante un juicio de procedencia, amén de negarle la oportunidad de aportar pruebas de descargo.
Las sospechas sobre presuntas irregularidades de Espinosa Villarreal nacieron durante las sesiones de trabajo de las comisiones de Enlace designadas, en el último año de gestión de Espinosa, por los funcionarios entrantes y salientes, toda vez que la administración cardenista recibió información sesgada e inconsistente sobre la forma como se aplicaron los recursos en 1997.
Y cobraron forma cuando descubrieron que los días 4 y 5 de diciembre de ese año el exoficial mayor del DDF, Manuel Merino -prófugo de la justicia-, hizo dos reembolsos de última hora a la Tesorería capitalina por un total de 134 millones 730 mil pesos.
En la información que el secretario de Turismo abrió en su página Web aduce que Merino nunca realizó tales depósitos y asegura que el dinero se concentró en la Tesorería porque no fue utilizado. Esos recursos correspondían a la partida 3605, denominada “Otros Gastos de Información y Difusión”.
Pero las auditorías practicadas por la Contraloría General del actual Gobierno del Distrito Federal (GDF) desmienten al funcionario federal. La primera, que se efectuó el 29 de abril de 1998, concluyó con el siguiente dictamen:
De la revisión efectuada a la partida 3605, se observó que, con cargo a la unidad PCO2 (Servicio a las dependencias), existió un presupuesto original de 100 millones de pesos, con afectaciones de aumento de 134 millones.
En el transcurso del ejercicio se elaboraron 24 Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo a la partida 3605, cuya suma es de 215 millones de pesos. Las cuentas fueron elaboradas por la Dirección de Política Presupuestal y autorizadas por la Dirección de Programación y Presupuesto, y todas ellas mencionan como beneficiaria a la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal.
Todas las cuentas por liquidar certificadas fueron comprobadas por Manuel Merino García con recibos simples, sin membrete ni folio, y con la leyenda “Gastos Originados en eventos con los Medios de Comunicación.
Y contra lo dicho por Espinosa, la auditoría puntualizaba que el reembolso de 134 millones 730 mil pesos fue hecho por Merino García y que el dinero quedó amparado en los recibos 069795, 070601, 070602, 070603 y 070604.
Con base en estos elementos, el entonces contralor del GDF, Gastón Luken Garza, profundizó en la investigación, y el 6 de julio de 1998 ordenó auditar la misma partida, pero ahora de los ejercicios presupuestales de 1995 y 1996. Un par de meses después, el 7 de septiembre, el director de Auditoría Financiera Operacional “B”, Fernando Ortiz Marín, entregó los resultados del arqueo, que reflejaban el mismo problema del ejercicio de 1997.
Al revisar el programa AA (Administración) de 1995, encontró que el presupuesto original se modificó de 70 millones 222 mil 100 pesos a 88 millones, y que durante el ejercicio “se elaboraron 13 cuentas por liquidar certificadas con cargo a la partida 3605. Estas cuentas tenían también como único beneficiario al exoficial mayor del DDF, Manuel Merino”. Estas operaciones se repitieron en el ejercicio de gasto de 1996.
Cuando el propio Merino supo que la Procuraduría capitalina tenía su expediente, tomó sus precauciones y, a sabiendas de que el GDF carecía de copias de la documentación comprobatoria de la partida 3605, solicitó al GDF copias de la misma, como una forma de ampararse frente a cualquier acción de carácter penal.
En el desahogo del proceso administrativo que la Contraloría inició contra Merino y que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo invalidó por un error de procedimiento del órgano fiscalizador, el entonces director general de Programación y Presupuesto, Jorge Federico Meade, ofreció, en descargo de culpa, copia certificada de un acuerdo del 5 de enero de 1995 firmado por Óscar Espinosa que facultaba al entonces oficial mayor del DDF a ejercer los recursos de la partida 3605.
Dice textualmente el documento, de cuya existencia y validez dan cuenta en sus declaraciones ministeriales varios excolaboradores de Espinosa:
Le comunico a usted que he tenido a bien determinar el agilizar los procedimientos y actos administrativos vinculados con los mencionados servicios, disponiendo que, en lo sucesivo, el ejercicio de la partida que se indica, se realice conforme a lo siguiente:
Cada erogación que se haga con cargo a la partida 3605 “Otros Gastos de Difusión e Información” será realizada directamente por usted (Merino), por lo que deberá firmar el recibo correspondiente para ser presentado posteriormente ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, a fin de que sea ésta la dependencia que expida, firme y tramite las cuentas por liquidar certificadas respectivas, con cargo a la unidad “Servicio a las dependencias”.
Con base en este oficio, la Procuraduría capitalina sustentó la acusación penal contra el secretario de Turismo por la probable comisión del delito de peculado en perjuicio de la hacienda local.
Otros involucrados
Además, cuatro de sus principales colaboradores, el exoficial mayor y el exdirector de Servicios al Transporte, así como los exdelegados en Gustavo A. Madero, se encuentran también en líos con la justicia por el mismo delito.
Manuel Merino huyó antes de ser detenido; Fernando Peña fue encarcelado, pero salió libre con las reservas de ley, y José Parcero López y José Merino Castrejón son prófugos de la justicia.
Pero no es todo.
La Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF (CMHALDF) detectó un sinfín de irregularidades de orden financiero, contable y administrativo durante el último año de la administración de Espinosa.
De las 137 auditorías practicadas por el órgano fiscalizador del gobierno de la ciudad, se desprendieron mil 182 recomendaciones, algunas de las cuales se tradujeron en sanciones de tipo administrativo, resarcitorio y penal contra excolaboradores de Espinosa.
La PGJDF libró, por ejemplo, 73 órdenes de aprehensión contra igual número de exservidores públicos que trabajaron, de 1995 a 1997, en la delegación Gustavo A. Madero. Se les atribuyen diversas faltas.
Y es que buena parte de los recursos se canalizaron a satisfacer las demandas de grupos sociales de presión -del PRD y del PRI, indistintamente-, según se desprende de documentos en poder del reportero.
Durante la gestión compartida de Parcero López y Merino Castrejón, estas agrupaciones gozaron, en efecto, de todo tipo de privilegios.
Antorcha Popular, uno de los brazos urbanos de la organización priista Antorcha Campesina, tenía en la nómina delegacional a cuadros de la agrupación. El 24 de octubre de 1997, Eduardo González, uno de sus principales dirigentes, pretendió cobrar por seis de 17 compañeros contratados eventualmente por la delegación.
El 12 de agosto, Antorcha solicitó al entonces delegado dos autobuses para viajar a Acapulco y a San Juan de los Lagos.
Días antes, la organización había solicitado apoyo a Merino Castrejón para construir un auditorio en el predio ubicado en la calle de Aztlán, esquina con Moctezuma, colonia Tlacaelel, en Cuautepec. Sólo el proyecto ejecutivo costaba 300 mil pesos.
En la tarjeta que se hizo llegar al funcionario del DDF, se añadió: “Asunto prioritario”.
Para la construcción de la Casa de la Cultura Infantil, Antorcha recibió de la delegación, los días 18 y 19 de julio de 1997, siete millares de tabicón pesado, así como arena y cemento.
La Unión Democrática de Colonias Populares (UDCPAC), que dirigía Antonio Delgado Rangel, también se vio beneficiada. Sólo en 1997 recibió 120 mil 195 pesos con 50 centavos. El dinero se gastó en los siguientes rubros:
Compra de media prótesis para la señora Graciela Rangel Marín; pago de renta de autobuses; actualización de permisos; utensilios deportivos; piñatas y pavos; festividades, gasolina y pagos de recetas médicas, grupos musicales y casetas de traslado.
Hasta la tierra fue a parar a manos de grupos sociales:
Por ejemplo, el 9 de septiembre de 1997, el entonces secretario general de Gobierno del DDF, Jesús Salazar Toledano, envió a Merino Castrejón una tarjeta informativa con la relación de terrenos del DDF que “han sido desincorporados o están en proceso de desincorporación y que solicita la Coordinadora Democrática Popular Asamblea de Barrios de la Ciudad de México le sean asignados, previo convenio con la organización”, la cual, por cierto, pertenece al PRD.
Con recursos de la delegación, también se financiaron eventos sociales de los dirigentes perredistas. El 12 de junio de 1997, Edgar Torres (Asamblea de Barrios) solicitó un salón en el Deportivo 18 de Marzo “para un evento de la Asamblea para mil o mil 500 personas que se realizará el 28 de junio a partir de las 20:00 horas”.
Además, pidió sillas, mesas, refrescos y un conjunto musical y mariachi.
Al final de su carta, el dirigente perredista solicitaba una audiencia con el delegado (Merino Castrejón) para tratar la reubicación de un tianguis, así como materiales de construcción.
El expediente de Rodolfo Pichardo Mendoza, diputado local saliente del PRD, registra las siguientes peticiones: apoyo económico de 20 mil pesos para los habitantes del predio Guadalupe Victoria número 210, colonia Martín Carrera; permiso temporal para la instalación de dos casetas en Poniente número 5, colonia Cuchilla del Tesoro; demolición y retiro de cascajo en Poniente número 5, manzana 15 lote 20, colonia Cuchilla del Tesoro; regularización del padrón de comerciantes; apoyo para un evento, y 70 tablones, 700 sillas, lonas, sonido y mariachis dentro de “la aduana del pulque”.
Con Parcero López al frente de la demarcación, el manejo financiero, contable y administrativo fue un caos. La CMHALDF y la Contraloría General del GDF probaron que los recursos presupuestales sirvieron para abultar fortunas personales, familiares y de contratistas íntimamente ligados a los funcionarios en turno.
En los arqueos efectuados entre 1995 y 1997 aparecen: operaciones con empresas fantasma; contratos de obra y de servicios otorgados fuera de la norma; alteraciones contables; gastos sin justificar; adquisiciones ficticias; usurpación de profesión; asignación de predios del GDF a particulares, y contratación de familiares con sueldos por encima de los autorizados.
Y en esa red de corrupción se veían implicados, desde entonces, por omisión y por comisión, los exdelegados José Parcero López y José Merino Castrejón.
El acta administrativa de entrega-recepción que ambos firmaron el 2 de septiembre de 1988 muestra cómo Merino Castrejón tapó las tropelías de Parcero. Tuvieron que pasar dos años para que la PGJDF librara las órdenes de aprehensión contra ambos exfuncionarios del DDF.
Hace unos días, agentes de la Policía Judicial detuvieron a 29 exservidores públicos de 73 que están involucrados en diversas irregularidades, como desvío de fondos, gastos sin comprobar, ejercicio indebido del servicio público, hasta usurpación de profesión. Hasta ahora, sólo una persona ha recuperado la libertad por falta de elementos inculpatorios.
El lunes 31, Espinosa, notablemente nervioso, declaró a Joaquín López Dóriga, en el espacio noticioso de Televisa: “No toqué un peso que no era mío. No tengo nada que temer, salvo las vejaciones, las arbitrariedades que se han cometido con algunos de nuestros colaboradores. A uno de ellos (Peña Garavito) llegaron a su casa con encapuchados a patearla. Eso sí me da temor, pero el asunto se ventila en la justicia y con un juez que demostrará que soy inocente”.
