Julio Aranda
El secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, no debe retardar más su intervención “directa y decidida” para aplicar “todo el imperio de la ley” en el conflicto más largo de la industria minera del país, entre las empresas Romer y Bacis-Argenta, en el que, durante más de 11 años, han estado involucrados funcionarios federales, servidores públicos de Durango y el Banco Nacional de México.
De lo contrario, dicen socios de Romer, Herminio Blanco toleraría el mayor robo en la industria minera, calculado en 156 millones de dólares, por la sustracción de más de 1 millón 300 mil toneladas de minerales, en especial oro y plata. El expediente es del conocimiento del presidente Ernesto Zedillo desde hace dos años, y se entregará a Vicente Fox.
Víctor Salas Gamero, Alejandro Gurza Obregón y Ricardo Alberto Berlanga Valdés, socios y representante legal de Romer, respectivamente, hablaron con el reportero la mañana del miércoles 2 para refutar las acusaciones del presidente de Bacis-Argenta, José Jaime Gutiérrez Núñez, publicadas en el número anterior de Proceso. Curiosamente, Gutiérrez Núñez también acusó a Herminio Blanco, pero por favorecer a los propietarios de Romer.
Las versiones de los integrantes de Romer son parte del alargado conflicto por la invasión del fundo 2da. Ampliación La Purísima en el municipio de Santa María de Otáez, Durango, documentado por este semanario desde que Gerhard Mertins, fundador de la empresa junto con Enrique Rosales Moreno, fue implicado en el homicidio del periodista Manuel Buendía (Proceso 552, 555, 594, 595 y 1145).
De entrada, Salas Gamero califica como “una gran mentira” que sean prestanombres o herederos de la concesión para exploración y explotación del fundo minero que perteneció a Mertins.
Adquirimos los derechos en San Antonio, Texas, en el consulado de México, en 1994. Se pagaron los impuestos respectivos.
Ricardo Berlanga Valdés rechaza el presunto vencimiento, desde 1995, de la concesión de exploración. “En ese año presentamos los trabajos para llevar la exploración y explotación del fundo. La Dirección de Minas de Secofi no ha dado trámite de cambio de lote de exploración a explotación por el conflicto legal con Bacis-Argenta”.
La Ley Minera precisa que un lote de exploración y explotación confiere todo el derecho a los minerales que ahí existen.
Salas Gamero y Gurza Obregón aseguraron que la Secofi ha intervenido desde hace seis años en el conflicto y que prueba de ello es la resolución que el 1 de junio de 1994 emitió el director general de Minas, José Villanueva Lagar, para comunicar a Minas Argenta que sus obras y trabajos subterráneos en el fundo Ampliación Número Tres del Santo Niño invaden el lote 2da. Ampliación de La Purísima, propiedad de Romer S.A., razón por la cual “deberá suspender la realización de tales obras a efecto de no hacerse acreedora de las sanciones” que impone la Ley Minera.
“Esa resolución, ratificada el 22 de diciembre de 1998, es la prueba contundente de la intervención de Secofi. En esa razón legal se ubicó con toda precisión el punto de partida que comprueba que Bacis-Argenta nos está robando subterráneamente”, señala Gurza Obregón, quien aclara que ingresó como socio de la empresa hace dos años.
“Los engaños y mentiras de Gutiérrez Núñez llegan a tal grado, que dice que la cantidad que tendrá que pagar será de 123 millones de dólares, cuando, en realidad, son 156 millones”, sostiene el empresario de la región de La Laguna, quien revela que en diversas ocasiones han tratado de sostener un acuerdo con Jaime Gutiérrez, “pero nunca ha accedido. Siempre se ha mostrado renuente porque sabe que está robando protegido por alguien muy influyente, que no da la cara”.
Sistemáticamente, agrega Berlanga Valdés, Gutiérrez Núñez ha desafiado las resoluciones de la Secofi mediante 21 amparos interpuestos en los últimos 10 años, en los cuales los tribunales federales en Durango y Torreón dieron la razón a Romer. Es una estrategia “para dilatar la acción legal y así seguir robando. En todos los amparos, Gutiérrez reclama los mismos actos a pesar de que ya fueron juzgados”.
Dice que una de las muestras del poder de Jaime Gutiérrez se produjo en 1994 “con el arreglo truculento con los peritos de la Dirección de Minas, que emitieron una resolución ridícula diciendo que no hay punto de partida, a pesar de que dicha dependencia tiene seis expedientes de lotes y mineras vecinas, que tienen ligado el punto de partida al fundo de Bacis-Argenta”, dice el apoderado legal.
Cuando la Dirección de Minas ordenó la continuación de la prueba, luego de la resolución del 1 de junio de 1994, “la gente de Gutiérrez no sólo había extraído mineral del nivel 14, sino que se siguió hasta el 18. Los inspectores de Secofi vieron cómo el personal de Bacis-Argenta estaba tapando los túneles delante de nosotros. Vimos cómo querían borrar la evidencia del robo”.
Alejandro Gurza señala que Gutiérrez Núñez utiliza mecanismos ilegales para impedir el levantamiento de la última prueba topográfica ordenada por la Dirección de Minas para comprobar la invasión desde donde la compañía de Jaime Gutiérrez roba al lote 2da. Ampliación de La Purísima. Después de ese trámite vendría una nueva inspección para cuantificar el mineral extraído por Bacis-Argenta y, así, determinar con precisión lo que debe al ingeniero Alfredo Rafael Valdés Suárez.
“Esa prueba se quiso hacer el 18 de julio pasado, pero Jaime Gutiérrez y sus abogados la interrumpieron con dolo. En sus actas, los inspectores de Secofi detallaron cómo fueron taponadas recientemente las entradas a la mina. Hubo otra ocasión en que personal de Bacis-Argenta, armado con AK-47 y rifles, no nos dejó entrar a la mina. Es necesario que la Secofi obtenga el respaldo de la fuerza pública para ejecutar las inspecciones que sean necesarias y, de esa forma, detener el saqueo contra el ingeniero Alfredo Rafael Valdés Suárez.”
El caso de Banamex
A los socios de Romer les inquieta la implicación de Banamex en el conflicto (Proceso 1145 y 1239).
“Hasta el más ingenuo puede deducir que Jaime Gutiérrez cayó, entre otros delitos, en tráfico de influencias en la compra de la deuda que, dicen, Romer tenía por 3 millones con Banamex. Gutiérrez es consejero regional de Banamex y Alfredo Bracho Barbosa, apoderado jurídico y jefe del despacho donde trabaja David Barbosa Maldonado, primo de él. Alfredo Bracho fue secretario general de Gobierno con el gobernador Maximiliano Silerio Esparza y, en su momento, representante jurídico de Raúl Berlanga y de Minera Romer”, dicen.
En la anterior edición de este semanario, Jaime Gutiérrez aseguró que la compra de deuda “es una práctica común en los bancos”. Gurza refuta: “La deuda de un particular o una empresa puede ser adquirida en primer lugar por otra institución de crédito, siempre y cuando exista la autorización del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, lo que no obtuvo en tiempo Banamex”.
Ricardo Alberto Berlanga Valdés recuerda que Banamex, luego de simular en 1990 la entrega de un crédito refaccionario para la exploración y explotación de la mina, ofreció una solución “e incluso ya teníamos un arreglo. Pero todo eso repentinamente cambió. Banamex nos embargó y abrió el camino a su consejero regional para tratar de arrebatarnos los derechos del fundo que le pertenece actualmente al ingeniero Alfredo Rafael Valdés Suárez”.
De hecho, Romer mantiene una denuncia penal por la simulación del crédito, tráfico de influencias, violación al secreto bancario, entre otras cosas, y pide la comparecencia de Roberto Hernández, director de Banamex, y Alfredo Harp Helú, director del grupo Accival-Banamex, además de funcionarios de Banamex en Durango, abogados del Banco de México y “demás que resulten responsables”.
El añejo conflicto entre Romer y Bacis-Argenta “es un hecho histórico en la minería mexicana, y representa un daño grave para los pequeños y medianos mineros, que debe avergonzar a las autoridades, pues no pueden actuar contra los responsables Alfredo Bracho Barbosa, su despacho, Jaime Gutiérrez y lo que él representa”, dicen los aclarantes.
Concluyen: “Es muy extraño que la Secofi y el resto de las autoridades no hayan ejercido el imperio de la ley y pongan a cada quien en su lugar en este asunto.
“Es imperativo que se continúe inmediatamente con la inspección ordenada para detener el robo que permanece impune hasta hoy. Y, además, cuantificar el mineral robado para que la Dirección General de Minas lo recupere de acuerdo con la ley y sancione a los responsables”.
