Agustín Ambriz y Julio Aranda
CUERNAVACA, MOR.- En una acción que se considera el preludio de la nueva relación entre los partidos políticos durante el próximo gobierno federal, PRI y PRD unieron fuerzas para atar de manos al próximo gobernador panista Sergio Estrada Cajigal.
En dos sesiones, los diputados priistas y perredistas del Congreso local reformaron 51 artículos -casi la tercera parte- de la Constitución para cercenarle al Ejecutivo -hecho inimaginado dentro del derrotado régimen priista- funciones de gobierno como el derecho al veto; la discrecionalidad para manejar los fondos públicos; la exclusividad de reformar la carta magna; la designación o remoción de los integrantes de su gabinete y la libertad para ausentarse por más de 15 días injustificados.
El martes 25 de julio, PRI y PRD aprobaron por mayoría el primer paquete de 23 enmiendas y el jueves 3 de agosto se aprobó un nuevo paquete de reformas a 28 artículos de la Constitución y algunos preceptos de la Ley Orgánica y el Reglamento Interno del Congreso local.
Producto de estas reformas, por ley, PRI y PRD tendrán el control del próximo Congreso, pese a que el PAN los superará en número de diputados. En la actual Legislatura el PRI y el PRD tienen en total 24 de 30 diputados (12 y 12 respectivamente), mientras que el PAN sólo tiene cinco, más uno independiente. En octubre, la composición será: 15 diputados para el PAN, 12 para el PRI y tres para el PRD.
Las bancadas del PRI y del PRD consiguieron reformas que impedirán al PAN dominar en las votaciones para la aprobación de futuras reformas o la creación de leyes. La votación será por mayoría calificada (las dos terceras partes de los diputados) y no por mayoría absoluta (la mitad más uno) como se disponía hasta el viernes 4.
Igualmente, controlarán el manejo de los recursos para gastos de los diferentes grupos parlamentarios, ya que se aumentó de 3 a 15% del presupuesto del Congreso. Los recursos se repartirían así: de manera igualitaria 70%, y 30% restante en proporción al número de diputados de cada partido.
Respecto de la integración de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, de Puntos Constitucionales y Legislación -las más importantes-, la reforma dispone que la designación de sus presidentes surgirá de las propuestas que respectivamente hagan las bancadas de la segunda y tercera minoría, es decir el PRI y el PRD.
Las reformas se aprobaron sin mucha resistencia del Comité Directivo Estatal del PAN y de sus diputados locales. Inclusive sólo asistieron a la sesión cuatro diputados de la bancada porque su lideresa, Erika Cortés Martínez, se fue a estudiar un diplomado en el extranjero, lo cual suscitó suspicacias sobre el enfrentamiento que su grupo político mantiene con el gobernador electo.
“Poder a los ciudadanos”
Las modificaciones constitucionales no son nuevas. Se trata de las diferentes iniciativas que las fracciones del Congreso, incluido el PAN, vienen aportando desde 1996 para la reforma de Estado y cuyo objetivo central es, precisamente, acotar el poder del Ejecutivo.
En el primer paquete se reformaron los artículos: 19-bis, 23, 33, 40, 43, 44, 53, 55, 56, 63, 70, 71, 74,75, 78, 79, 79-B, 84, 109, 134, 136, 137, 139, relacionados con los capítulos de los derechos políticos ciudadanos y las facultades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y municipal, entre los que habrá, cuando menos en el papel, una nueva relación.
Por ejemplo, la modificación del artículo 19-bis acaba con la exclusividad del gobernador para reformar la Constitución. Ahora, cualquier ciudadano podrá presentar iniciativas de reformas en temas constitucionales que directamente les afecten, además de recurrir -con menos laberintos legales- a las otras instancias de participación política ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular.
El nuevo contenido de la fracción III de este artículo establece que, mediante el mecanismo de la iniciativa popular, 5% de los ciudadanos en edad de votar podrán presentar iniciativas de reformas a la Constitución, y competerá al Congreso, al Ejecutivo y a los ayuntamientos recibirlos, tramitarlos y darles seguimiento. Los solicitantes invariablemente deberán tener una respuesta en un plazo no mayor de 60 días hábiles.
Por otro lado, el artículo 63 señala que el Congreso podrá nombrar un gobernador interino cuando el propietario se ausente más de 15 días sin justificación. Y el 137 incluye al gobernador entre los funcionarios del gabinete susceptibles de juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
En el segundo paquete se reformaron los siguientes artículos: 11, 19, 32, 40, 41, 46. 51, 52, 61, 68, 70, 72, 79-A, 85-D, 86, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118-bis y 145, la mayoría relacionados con las facultades y atribuciones de los municipios. Igualmente están en la fila algunas modificaciones a la Ley Orgánica que, de aprobarse sin modificaciones, colocarían al PAN en desventaja de poder a pesar de que será la primera fuerza política en la próxima Legislatura.
La revancha
-Se sirvieron con la cuchara grande-, dice el diputado local electo, Antonio Tallabs Ortega, para quien la alianza entre PRI y PRD es una revancha por la baja votación y los cargos políticos que obtuvieron en las elecciones de gobernador, diputados y 33 presidentes municipales.
Tallabs comenta que inicialmente el PRD se había sentado a negociar posiciones con el PAN, pero que prefirió aliarse con el PRI por los beneficios que obtendría.
“El PRD sólo tendrá tres diputados locales y, por ambición, su dirigencia estatal le apostó a tener más de lo que en realidad merece si se unía a su hermano mayor, el PRI. Es una unión perversa promovida por José Luis Correa, el dirigente moral de lo que queda del PRD estatal, y aceptada por un PRI herido de muerte luego de la aplastante derrota.”
-¿Que le ofreció el PAN al PRD? ¿Por qué no aceptaron?
-Apenas estabamos en negociaciones, buscando puntos de acuerdo. El PRD jugó con dos cartas: platicó con el PAN al tiempo que lo hizo con el PRI para sacar la mayor tajada y, obviamente, se fue con quien más le convino.
Priistas y perredistas argumentan que el PAN incurre en incongruencias, pues varias de las reformas fueron propuestas propias. Tallabs confirma la propiedad de algunas de ellas, pero cuestiona el mecanismo a que se recurrió para comenzar a votar y aprobar las reformas.
“El PAN se enteró de las reformas un día antes de que se sometieran a votación. Eso es intransigente y autoritario. No hay diálogo.”
Reconoce que no hay canales de comunicación entre el gobernador electo y los dirigentes de los partidos opositores, pero asegura que ha sido responsabilidad de PRI y PRD por carecer de un líder con capacidad de negociar. Explica que después de la derrota de ambos partidos se desató la lucha entre las corrientes internas por el control de sus partidos, y no hay con quién dialogar.
“Resulta irónico que, ante la ausencia de un puente de acuerdos, sea el gobernador Arturo García Rubí quien está de mediador en las negociaciones de la reforma.”
La diputada priista Laura Ocampo refuta al panista. En su opinión, el PAN y el gobernador electo son los que no han querido dialogar.
-Los que están actuando por revanchismo son los del PAN, porque las reformas eran algo que ya se venía trabajando y programando desde hace cinco años. En la memoria de las sesiones uno puede ver que los propios panistas se pronunciaron por “atarle las manos” al Ejecutivo y ahora no quieren.
-Lo que el PAN cuestiona es el método de aprobación ¿No fue autoritario?
-Por supuesto que no. Si el PAN siempre ha juzgado de autoritarias y antidemocráticas las leyes del régimen priista, por qué ahora que pregona el cambio se resiste a reformarlas. Eso es incongruente, es no querer soltar los beneficios que tanto criticaban. El problema es que no han sabido tejer fino.
Según la clase política local, las reformas son una respuesta del PRI y el PRD ante el desinterés de Estrada Cajigal para tender puentes de negociación.
Estrada Cajigal se reunió con Vicente Fox el jueves 27 de julio en la Ciudad de México. Al salir comentó:
“Hablamos de que habrá que cooperar mucho con Morelos. Me va ayudar poniéndome a disposición del estado a algunas personas especializadas y hablamos de la cooperación de algunas embajadas para atender este asunto.”
Hasta ahora, en la lista de personas que podrían integrarse a su gabinete sólo figura el exprocurador general de la República Antonio Lozano, que apareció en el escenario político local en la madrugada del 3 de julio, cuando las autoridades electorales reconocieron el triunfo del candidato panista.
El círculo cercano de los colaboradores de Estrada Cajigal es muy estrecho. Sus hombres de confianza son Alfonso Pedrosa Ugarte, Luis Edgardo Gómez Pineda, Luis Javier Camargo Seeman y Claudia Marisca Vega, ninguno con militancia panista ni con la residencia de 10 años que marca la ley para ocupar cargos en el gabinete.
