Los talk shows que han proliferado en la televisión mexicana, tanto en las empresas de cobertura nacional como en las de alcance regional, han abierto el viejo debate sobre los efectos de la pantalla casera en los hábitos y costumbres de la sociedad, particularmente en los menores y en los sectores más desprotegidos que carecen de alternativas económicas para optar por una televisión “a la carta”.
Se trata de un problema compartido, en el que la participación ciudadana se antoja esencial. En España la Asociación de Usuarios de la Comunicación, Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos, Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de Trabajadores y la Unión de Consumidores de España han expedido un manifiesto contra la “telebasura” cuyo contenido no tiene desperdicio:
“2. Los promotores de la telebasura, en su búsqueda de un ‘mínimo común denominador’ capaz de concitar grandes masas de espectadores ante la pantalla, utilizan cualquier tema de interés humano, cualquier acontecimiento político o social como mera excusa para desplegar lo que consideran elementos básicos de atracción de la audiencia: sexo, violencia, sensiblería, humor grueso, superstición, en muchos casos de forma sucesiva y recurrente dentro del mismo programa. Bajo una apariencia hipócrita de preocupación y denuncia, los programas de telebasura se regodean con el sufrimiento; con la muestra más sórdida de la condición humana; con la exhibición gratuita de sentimientos y comportamientos íntimos. Desencadenan una dinámica en la que el circense ‘más difícil todavía’ anuncia una espiral sin fin para sorprender al espectador. 3. La telebasura cuenta, también, con una serie de ingredientes básicos que la convierten en un factor de aculturización y desinformación, así como en un obstáculo para el desarrollo de una opinión pública libre y fundamentada: El reduccionismo, con explicaciones simplistas de los asuntos más complejos, fácilmente comprensibles, pero parciales o interesadas. Una variante de este reduccionismo es el gusto por las teorías conspiratorias de no se sabe qué poderes ocultos, que en muchos casos sirven de coartada a determinados personajes y grupos de presión en su labor de intoxicación. La demagogia, que suele presentar todas las opiniones como equivalentes por sí mismas, independientemente de los conocimientos sobre los que se sustentan o de sus fundamentos éticos. A ello contribuye la realización de supuestos debates y encuestas, que no son sino simulacros de los verdaderos debates y encuestas, y que lejos de arrojar luz sobre los problemas contribuyen a consolidar la idea del ‘todo vale’. También la demagogia cuenta con una variante: el despliegue de mensajes esotéricos, milagreros y paranormales, presentados de forma acrítica y en el mismo plano de realidad que los argumentos científicos. El desprecio por derechos fundamentales como el honor, la intimidad, el respeto, la veracidad o la presunción de inocencia, cuya conculcación no puede defenderse en ningún caso apelando a la libertad de expresión. Este desprecio desemboca en la realización de ‘juicios paralelos’; en el abuso del amarillismo y el escándalo; en la presentación de testimonios supuestamente verdaderos pero que en realidad provienen de ‘invitados profesionales’.”
Se supone que el estado de derecho debe proteger al ciudadano de cualquier agresión que sufra por parte de algún poder -y los medios son un poder ideológico, siguiendo el concepto acuñado por Jorge Carpizo- de manera tal que las libertades de expresión y de empresa no avasallen otros derechos fundamentales del ser humano. Si en principio los talk shows en el mundo entero tienen una naturaleza discutible, la versión mexicana de tales programas no puede ser más preocupante porque es posible advertir que sin ningún rubor se prima el interés mercantil sobre el interés del público, porque se aplica intensivamente la regla del mayor beneficio al menor esfuerzo y porque, con frecuencia, se engaña al telespectador violentando su derecho a la información. Peor aún, resulta grave que se fomente la aceptación social de conductas ilícitas y/o comunitariamente reprobables.
La televisión, por el contrario, debe ser un instrumento para la cohesión de la sociedad. Baste decir que se trata de la fuente principal de entretenimiento. A mayor acceso al espectro electromagnético propiedad originaria de la nación debe corresponder mayor responsabilidad social. No ha sido ciertamente el caso de la televisión mexicana hasta ahora. ¿Qué hacer ante este problema? ¿Debe dejarse que los contenidos de los programas de televisión se nutran conforme a las leyes del mercado? ¿Cómo encontrar, en todo caso, el equilibrio entre la libertad de empresa y los derechos fundamentales de los mexicanos? ¿Cómo lograr que la competencia de rentabilidad económica entre las televisoras no pase por los mejores intereses del público?
Las respuestas a estos interrogantes deben darse en dos direcciones. Por un lado, debe aplicarse la ley y, por otro, las empresas televisoras deben adoptar códigos deontológicos y contratar a un ombudsman interno o defensor del televidente. Ninguna de las cosas es una tarea sencilla, pero es posible. En el terreno legal las cosas son pantanosas. Y es que contra lo que pudiera parecer la aplicación de la ley vigente en México para regular los talk shows y programas similares no es una tarea sencilla ni menos aún suficiente, por dos razones.
Primera, porque el Consejo Nacional Radio y Televisión previsto en el artículo 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión para, entre otras cosas, “elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones” no ha sido creado en flagrante violación a la ley por parte del presidente de la República, a pesar de que los artículos 49, 50, 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones en Radio y Televisión detalla sus funciones con amplitud. Incluso en plena ficción jurídica el presidente Miguel de la Madrid tuvo el desparpajo de expedir el 21 de enero de 1986 el Decreto por el que se crea el Comité Asesor del Consejo Nacional de Radio y Televisión, con el carácter de órgano consultivo del Consejo, que obviamente jamás tuvo vida material.
Segundo, el artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión parece ser la norma exactamente aplicable al caso de los talk shows, que a la letra dice: “Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, también, todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminario de las razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos”.
La prohibición prevista en el artículo 63 de la LFRT es, sin embargo, de naturaleza simbólica. Y es que, ¿qué sucede si una televisora infringe el mencionado artículo 63? Prácticamente nada, pues aceptando incluso que el director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación ajustara su conducta a derecho, la sanción prevista consiste en una multa que va de 5 mil a 50 mil viejos pesos, según dispone el artículo 103 de la LFRT. Resulta explicable entonces que resulte mucho más atractivo para una empresa televisora violar la ley que observar la normatividad vigente.
Por otro lado, el camino ético puede ofrecer mayores niveles de eficacia y credibilidad si se despliegan las voluntades adecuadas en esa dirección. En diversos países (Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Reino Unido entre ellos) la industria de la radio y la televisión ha emitido una serie de códigos deontológicos sobre programación infantil, violencia y sexo dotados de elementos autorregulatorios; es decir, de ombudsman, consejos o defensores del televidente encargados de vigilar el cumplimiento de los códigos y de recibir quejas de la audiencia. (Los textos completos de los códigos pueden consultarse en nuestra obra Ética de la Radio y la Televisión. Reglas para una calidad de vida mediática. UIA-UNESCO.México. 2000.) Sin duda alguna, apostar por estas vías es apostar a la credibilidad, a la rentabilidad económica y al respeto a los ciudadanos. Sea como fuere, lo cierto, a final de cuentas, es que las cosas no pueden seguir sin cambio alguno. La sociedad organizada puede ayudar mucho para impulsar las reformas legales necesarias, en una visión de mínimos, así como fomentar los máximos a través de códigos deontológicos con la participación de las empresas televisoras y la sociedad sin interferencia del gobierno.
(Comentarios: ernestvillanueva@hotmail.com)
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