Carlos Castillo Peraza
Todo cambio de régimen político produce cierto número de daños. Es evidente que al terminar un tipo de gobierno y comenzar otro, hay perjudicados. No necesariamente por la vía del justo castigo o de la torpe venganza. Sencillamente porque dejan de tener lugar en lo que surge. Un amigo uruguayo me comentaba, con perspicaz ironía, que la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) ocasionó al Uruguay un problema de desempleo, porque varias decenas de ciudadanos de la llamada República Oriental vieron cerrarse las llaves de los rublos que fluían hacia las bolsas de los “permanentes” del partido tercermundista hermano. Los “cesantes” no sabían hacer otra cosa que “política”. Por algún tiempo al menos, no fueron empleables. Y, para un país escaso de población y puestos de trabajo, la pérdida fue proporcionalmente relevante.
Fue memorable otra crisis de naturaleza análoga poco después de la caída del ominoso muro de Berlín. Varios miles de perros, entrenados para olfatear, perseguir, acosar, derribar, herir y hasta matar fugitivos de aquel paraíso se quedaron sin pitanza. Los caudales de las sociedades protectoras de animales no alcanzaban para salvarlos de la muerte y, sobre todo, aquellas bestias no podían ser reeducadas para otros menesteres menos tétricos o más amables. De nada sirvieron los gritos de los canófilos más apasionados. Los feroces cuadrúpedos pasaron casi todos a lo que un poeta llamó “el cielo de los perros”, donde ejerce de san Pedro el legendario trashumante Roque, también santo, patrono de todo género, raza y condición de chuchos y gozques.
La derrota del PRI en la contienda presidencial equivale a uno de esos cambios que traen desgracias a algunos. Especialmente a quienes fueron parte del antiguo régimen. Curiosamente, son los tecnócratas priístas los mejor pertrechados para afrontar el eventual despido, como lo demostró don Martín Werner, quien ya goza de las mieles de su propia privatización y no precisamente en algún pálido firmamento para cánidos, sino en una poderosa firma neoyorquina de finanzas.
Y es que aquellos tan denostados priístas llevan en la mochila títulos universitarios, destrezas y relaciones suficientes para salvarse de cualquier accidente laboral en senderos del sector público o de la burocracia partidista. Quizá mañana los políticos que hoy los maldicen tengan que contratarlos para salvar al PRI, después de haberlos insultado en nombre de un “rollo” que ya no convence a nadie, que se cae de viejo y que dice exactamente lo contrario de lo que los propios políticos aprobaron y defendieron, a los pies del pastor sexenal.
Los peor armados para enfrentar el desierto de la desocupación política son los “grillos” de oficio y las cortes más o menos numerosas que giraban y cobraban a su alrededor: secretarios, auxiliares, asesores, choferes, asistentes, aláteres de todo pelo… Seguramente entre éstos serán quinteados los casi 2 mil de cuyo despido inminente ya comenzó a hablar doña Dulce María Sauri de Sierra, en pleno espíritu neoliberal de “recorte de personal” y con muy tecnocráticos criterios de “productividad”. Doña Dulce, de algún modo, encabeza la sindicatura de una quiebra. Tendrá que limitar gastos y “eficientar” procedimientos, como cualquier empresario en apuros, con la desventaja de que no puede acudir a la suspensión de pagos.
Y es que, a partir de septiembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI contará casi únicamente con el cheque asignado a su partido por el Instituto Federal Electoral. Las Secretarías de Estado y las diversas dependencias oficiales, lo mismo que las empresas estatales, no podrán ser viveros de “comisionados” ni fuentes subterráneas de aportaciones pecuniarias. Seguramente no serán muchos los empresarios que ahora ceben la tesorería priísta, o que recojan náufragos incapaces de desempeñar un oficio o una profesión rentables. No hay que olvidar, en este ámbito, que quien se quede con el PRI recibirá el citado cheque y que esto tiene su importancia para una cultura partidista cuya fórmula precisa es “el que paga manda”. Tampoco habrá consulados ni representaciones en el extranjero para consolar afligidos o disidentes. Ni delegaciones estatales de todo grado para compensar desamparados de diversa jerarquía. La futura presidencia nacional del PRI también puede verse como la titularidad de una chequera finita que podría ser la única disponible. ¿Cómo será el tránsito de Creso a Scrooge que muy probablemente tendrá que darse en los hábitos, los usos y las costumbres de quienes queden a cargo de administrar la escasez? Habrá que hacer estadísticas comparativas de presencias y ausencias -antes y después del 2 de julio, respectivamente- en los buenos restaurantes de la capital de la República. Luego, en los de medio pelo. Y más adelante cruzar los datos. Va a ser fantástico. Algunas gerencias de ventas van a ver mermados sus beneficios los próximos meses, si es que el nuevo gobierno impone austeridades a sus noveles huestes. ¿Habrá plantones ante Hacienda con el noble propósito de preservar la planta productiva y de conservar “plazas” priístas?
Así que, “grillerío” en mal trance aparte, también puede haber damnificados entre los restauranteros, los hoteleros, los sastres, los joyeros, los vinateros, los anticuarios, los galeristas, los cantantes, los consultores y los peluqueros, por sólo citar algunos de los oficios más requeridos por el segmento superior de los neodesocupados o de los empobrecidos. Y probablemente la epidemia afecte a fonderos, torteros, taqueros, boleros, billeteros, tabaqueros, barberos y jugueros por lo que atañe a los sectores medios y bajos de la gran tribu en desbandada. Habrá que ver las próximas cifras del INEGI en lo que se refiere a la contracción de la demanda.
Pero quizá el ámbito donde el mal del año contagiará y perjudicará a tantos que podría llegar a ser calificado de pandemia (¿o panzootia?), es el de los medios de información. En especial, el de los impresos. Sería extraño que éstos siguieran recibiendo páginas pagadas para dar a conocer -¿a quiénes?- los discursos de secretarios, subsecretarios y delegados de cuanta dependencia se ocurra, en cuanta circunstancia se produzca.
¿Qué será, por sólo citar dos casos, uno en la Ciudad de México y otro en la de Mérida, de diarios como Excélsior y Por Esto!, respectivamente? ¿Se les seguirán apuntando en el hielo los adeudos de impuestos, de cuotas del Seguro Social y el Infonavit, de cuentas pendientes con la Comisión Federal de Electricidad, con la vieja Pipsa y con Nafin, los intereses moratorios, las multas y demás recargos? ¿Cómo completarán sus ingresos los “periodistas” que recibían comisiones por publicidad conseguida en las “direcciones de comunicación” de oficinas públicas federales, y hasta tenían sus propias “agencias”? ¿Qué harán los innumerables pasquines que hicieron del chantaje y la zalamería alternados un eficaz método de conseguir “gacetillas”, suscripciones, “pautas” y planas pagadas? ¿De dónde, si el nuevo gobierno cambia radical y debidamente las prácticas en estos terrenos, saldrán los fondos para subsidiar diarios, semanarios y publicaciones de ocasión que no colocan ejemplar alguno, que tiran a la basura o venden a las cartoneras cuanto imprimen o cuyo número de lectores no da para justificar anuncios obligatorios del Estado?
¿En qué país democrático el Estado se anuncia del modo y en el volumen que lo ha hecho el mexicano hasta ahora? ¿Cuál será la reacción de los probables damnificados frente a lo que viene, para tratar de salvarse? ¿Atacarán al gobierno que les levante la canasta? ¿Por cuánto tiempo podrán sostener la embestida si, en efecto, la autoridad les cierra sus arcas y aguanta el chaparrón hasta que la falta de compradores haga morir de lógica inanición a empresas mercantiles, cuando no corruptas, que no tienen por qué ser mantenidas por los contribuyentes? ¿Nos darán a conocer las nuevas autoridades en qué publicaciones y por qué razón se invirtió antaño y a fondo perdido una buena parte de nuestros impuestos? ¿Cuáles serán los criterios, de ahora en adelante, para encauzar dineros públicos hacia los medios impresos privados? ¿Qué publicaciones incurrieron en irregularidades financieras o crediticias, por indecencia empresarial o por concesión oficial, y andan en “la panza del Fobaproa”, cobijadas en sus propias denuncias contra la supuesta “ley mordaza” o en su capacidad de exhibir a antiguos cómplices? ¿A cuáles se les han condonado deudas fiscales o bancarias, por qué y… por quiénes? ¿Qué porcentaje de publicidad estatal o gubernamental sostiene a diarios o revistas inviables? ¿Cuántas de las publicaciones “culturales” no lo son y gozan de subsidio oficial? ¿Qué publicaciones “de derecha” o, lo que es peor, “de izquierda democrática” sólo se sostienen gracias a la publicidad gubernamental?
He aquí otros posibles damnificados del 2 de julio. Y una oportunidad para limpiar un terreno que poco o nada tiene que ver con la libertad de expresión ni con la democracia, sino que es una burla a la primera y un estorbo para la segunda. Si es que no un campo fértil para la acción penal. ¡Ya!
