Como los muertos de Rulfo que siguen platicando desde sus tumbas, los fantasmas del PRI deambularán entre nosotros por algún tiempo. Sepultado el partido oficial y su control formal del poder, su alma en pena reaparecerá en las formas sutiles de administrar los recursos y manejar a las personas o en la conciencia que tenían los gobernantes de que el país les pertenecía. Perversidades instintivas que llegaron a sernos connaturales.
Me refiero hoy a una de estas perversidades que agravia uno de los derechos básicos de la ciudadanía y nos afecta especialmente a los investigadores: la manera como las autoridades educativas han manejado tradicionalmente la verdad sobre la educación nacional. Seguramente esta manera de concebir la información como propiedad y manipularla a conveniencia ha sido común a las demás Secretarías del Ejecutivo, y el autoritarismo y la prepotencia en relación con la verdad fue una característica de todos los gobiernos de la larga era priísta.
Las políticas educativas debieran basarse en la verdad; ocultar ésta o tergiversarla es blindarse al nuevo conocimiento y a la crítica, fuentes fundamentales de la rectificación de los errores, independientemente de que la ley (LGE, art. 29-31) mande a las autoridades recabar información veraz sobre el desarrollo educativo nacional y publicarla con honestidad.
Aduzco tres casos recientes que muestran la peculiar actitud priísta hacia la información, que ha afectado a este sexenio como a los anteriores, y de la que conviene tomar conciencia si hemos de transitar hacia otro estilo de gestión de la vida pública nacional.
El 30 de marzo último, en pleno debate electoral, el presidente Zedillo pretendió mostrar que su gobierno había otorgado una alta prioridad a la educación superior y sostuvo que el gasto federal dedicado a este nivel se había incrementado 35% durante su sexenio. Un comunicado del Observatorio Ciudadano de la Educación (La Jornada, 20 de junio) demostró la falsedad de esta afirmación: en este sexenio el gasto federal en educación superior estuvo lejos de experimentar un notable crecimiento, mídase como se mida: en pesos constantes, o como porcentaje del PIB, o como proporción del total del gasto educativo federal, o como gasto por institución o como gasto por alumno. A precios constantes el gasto en enseñanza superior se había mantenido hasta 1999 en el mismo nivel que el primer año del sexenio; apenas en 2000 se advirtió 10% de aumento. Como porcentaje del PIB bajó de 0.66 a 0.56%; como proporción del gasto educativo federal disminuyó de 16.4 a 13.4%; y no es de extrañar que el gasto por alumno resulte menor por tener que distribuirse entre más estudiantes (17% más que en 1994), así como entre más instituciones públicas de enseñanza superior (pues se crearon 75 más durante el sexenio).
Es obvio que el presidente no elabora personalmente sus estimaciones; pide los datos que requiere a los equipos especializados del gobierno. ¿Fue la SEP la que le pasó al presidente un dato tan burdamente falso? ¿Por qué se pretendió engañar deliberadamente a los ciudadanos?
Los otros dos casos los tomo, como ejemplos, de una publicación de la SEP (Perfil de la educación en México, 3ª. edición, 2000) que en diversos temas trasluce un acusado triunfalismo. El primero se refiere a un asunto fundamental: la evolución del gasto federal educativo, del que se presenta una imagen glamorosa a base de seleccionar intencionadamente algunas cifras: “durante la última década”, se afirma, el gasto federal ha mostrado “una clara tendencia a la alza” en términos reales, no obstante la caída por la crisis de 1994, y “el gasto ejercido en 1998 fue en términos reales 9% superior al nivel de 1994” (p. 123); se compara 1998 con 1978, año respecto al cual se afirma un incremento de 55%; en el mismo lapso de los últimos 20 años, se dice, el gasto por habitante (respecto a la población de 3 a 25 años) creció en 72%. Así mismo se asienta complacientemente que respecto al PIB el gasto público en educación se ha elevado: si en 1978 representaba 4.8%, en 1999 se espera que llegue al 5.1% (incremento de tres décimas en 20 años, bastante insignificante por lo demás), y se destaca que esta cifra es “del mismo orden de cerca de la mitad de los países miembros de la OCDE”. Analizando críticamente la construcción del texto, uno se pregunta por qué se seleccionan determinados períodos de comparación -a veces 10 años, a veces 20- y se esquivan comparaciones que resulten desfavorables a la actual administración.
Esta imagen alegre del financiamiento educativo se desmorona cuando los mismos datos se analizan fríamente. Dos investigadores, Carlos Muñoz Izquierdo y Alejandro Márquez Jiménez, en un estudio reciente (El sistema educativo nacional en el quinquenio 1995-1999, en: Umbral XXI (UIA), No. 30, Invierno 1999, pp. 27 ss.), comparan los cinco primeros años del gobierno de Zedillo (1995-1999) con los cinco primeros del de Salinas (1989-1993), lo que parece justo y equitativo. De esta comparación resulta una imagen bastante distinta: el gasto educativo público ha aumentado en el sexenio zedillista efectivamente en 25.6% (todas las comparaciones son en términos reales y las cifras se deflactaron mediante el índice del salario mínimo calculado por el grupo GEA con base en la información del INEGI y Banco de México), pero en el quinquenio de Salinas aumentó casi tres veces más (en 74.4%); el incremento del gasto por alumno en el quinquenio de Zedillo ha sido de sólo 18.3%, cuando en el período salinista fue de 71.1%, y el gasto educativo por habitante ha aumentado 23.1% contra 67.1% bajo Salinas. El estudio muestra además que en 1999 la proporción del PIB estimada para el gasto nacional en educación (5.1%) es la misma de 1994, en tanto que en el quinquenio salinista se elevó de 3.3 a 5.0%. La conclusión es que en el actual gobierno, visto en perspectiva histórica, hubo una disminución en el crecimiento de los recursos federales para la educación; una imagen de las finanzas educativas, por tanto, enteramente distinta que más bien habría que asumir con honestidad para analizar sus causas. La SEP no publica datos falsos (al menos son los únicos que tenemos), sólo los presenta truculentamente; uno no sabe qué es peor.
Por lo demás, las diferencias entre ambos períodos serían aún mayores si se incluyera el año 1994, último del sexenio de Salinas, en el que los indicadores del gasto educativo fueron muy altos; fue hasta 1999 cuando se recuperaron en general esos niveles.
El otro caso se refiere a la evolución de los salarios de los maestros. La misma publicación de la SEP ejemplifica la evolución favorable que han tenido las percepciones de los profesores y se ufana de que, de 1998 a 1999, hubo un aumento de 20%; como la composición de los ingresos de los maestros es muy compleja, refiere sus estimaciones a dos situaciones concretas: el salario de un maestro del Distrito Federal con plaza inicial y el de otro con nivel A de Carrera Magisterial. La publicación afirma que el promedio ponderado de los sueldos del magisterio del Distrito Federal “prácticamente igualó en mayo de 1998 el máximo histórico en el mes de mayo de 1994” (p.115) y presenta dos gráficas que enfatizan visualmente los incrementos distorsionando la dimensión vertical (el efecto “El Greco”). En este mismo tono eufórico el subsecretario de Planeación y Coordinación declaró recientemente, en el contexto de las movilizaciones magisteriales, que “los maestros mexicanos son los mejor pagados en los países de la OCDE, en términos relativos” (La Jornada, 8 de junio), lo que francamente a muchos maestros sonó a grosería.
Con los mismos datos de esa publicación de la SEP y para las mismas categorías salariales, Muñoz y Márquez llegan a conclusiones completamente diferentes: “El salario real percibido por los maestros en 1998 es inferior al de 1994 (en casi 15% según sus cálculos) y muy semejante al que les correspondió en 1992” (p.32). Además señalan que en el quinquenio 1989-1993 los sueldos de los maestros tuvieron un incremento aproximado de 54%, lo cual contrasta con la disminución experimentada en el último quinquenio. Esto permite comprender las razones de los profesores que vinieron a protestar a la capital.
En varias ocasiones he señalado otros casos de ocultamiento o manipulación sutil de la información sobre la realidad de nuestra educación: el triunfalismo de un reciente informe internacional de la SEP (26 de marzo de 2000), la manera mañosa e incompleta de presentar los resultados de las pruebas nacionales de aprendizaje (21 de mayo de 2000), el silencio sobre las pruebas internacionales en las que el país ha participado (16.07.00) y la falta de evaluación del programa de actualización del magisterio (5.03.00). Son manifestaciones del mismo uso político de la información. Es lamentable que basten unos cuantos funcionarios con esta mentalidad para empañar la imagen de una administración que en muchos aspectos ha tenido méritos indiscutibles como en este mismo lugar lo he gustosamente reconocido.
También en sexenios anteriores hubo manipulación informativa; bien lo sabemos los investigadores más viejos; ha sido un hábito de todos los gobiernos “revolucionarios”. De hecho la complacencia de las autoridades resultaba efímera e infantil pues el nuevo gobierno lo primero que hacía era presentar un diagnóstico crítico y señalar con dedo flamígero las deficiencias hábilmente ocultadas. El juego era aceptado como una de tantas burlas priístas a los ciudadanos y como la estratagema del régimen para renovarse.
Ahora queremos que las cosas cambien; que haya veracidad y transparencia, respeto a la verdad y a la inteligencia; que empiece otro estilo de gobierno. Los fantasmas seguirán rondando por algún tiempo; pronto habrán de regresar al silencio de sus sepulcros.
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