Sara Pantoja y Agustín Vargas Medina
El lucro desmedido en la prestación de un servicio público -sin beneficio aparente para los millones de poseedores de vehículos- es el objetivo principal del nuevo Registro Nacional de Vehículos (Renave).
Concesionado a particulares desde 1999, el Renave comenzó desde junio último a levantar el registro de más de 14 millones de autos usados y aproximadamente 600 mil nuevos. Ello representará un negocio de casi mil 850 millones de pesos para finales de este año, lo cual multiplicaría cuatro veces la inversión inicial de 400 millones de pesos que realizó la empresa ganadora.
Con el cobro inicial de 100 pesos más IVA por el registro de los autos usados que circulan en el territorio nacional, se obtendrán casi mil 610 millones de pesos, mientras que por el cobro de 375 pesos más IVA para los vehículos nuevos -los que circulan a partir del 2 de mayo de 2000- se generarían alrededor de 240 millones de pesos al año.
A ello se agregarían los ingresos por los movimientos de altas y bajas de vehículos, por la venta de los mismos y por el cambio de propietario. Es decir, será una fuente inagotable de recursos para los concesionarios del Renave.
El 2 de junio de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Registro Nacional de Vehículos, la cual establece que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) tiene la facultad de concesionar ese servicio público. Ante esto, la Comisión Federal de Competencia (CFC) no tuvo ninguna objeción.
Durante 1999, más de 95 empresas nacionales y extranjeras participaron en la licitación, y la concesión fue otorgada por el director general de Industrias de la Secofi, Gustavo Saavedra Ordorika, al grupo representado por Henry Davis Signoret, exfuncionario del Grupo Cifra -una de las cadenas de tiendas departamentales y de autoservicio más grandes del país- con fuertes nexos en el sector comercial y gubernamental.
Tres empresas integran al Renave: Aplicaciones Informáticas S.A. de C.V., de capital totalmente mexicano; Talsud S.A., empresa argentina que inició la operación de registros vehiculares en El Salvador, Uruguay y Argentina; y Gemplus Industrial S.A. de C. V., filial de una empresa francesa líder mundial en la emisión de tarjetas inteligentes.
El convenio se firmó por 10 años, con la posibilidad de, a juicio de la Secofi, prorrogarlo hasta por un plazo igual al original si es que el concesionario cumple con las condiciones previstas y lo solicita a más tardar tres años antes de su conclusión.
“Concesión engañosa”
Sin embargo, las reacciones de empresarios, transportistas y especialistas en cuestiones jurídicas son de rechazo hacia el registro. Lo califican de “oscuro”, “anticonstitucional” e, incluso, hablan de buscar amparos contra tal medida.
Eduardo López Betancourt, abogado especialista en derecho constitucional y fiscal, explica que la inconstitucionalidad de la Ley del Registro Nacional de Vehículos se sustenta en el artículo 14 de la Constitución, pues dice que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo.
La ley del Renave “es violatoria de una garantía individual que se está aplicando a todos los que adquirieron vehículos antes de la aparición de ese ordenamiento jurídico, cuando no era obligatorio. Definitivamente no se les puede aplicar.
“Eso implicaría que se concediera el amparo (a los particulares) en forma absoluta, porque se les tiene que regular conforme a lo establecido cuando adquirieron su vehículo.”
Argumenta, también, que el cobro por la inscripción en el Renave es un impuesto escondido para los propietarios de automotores, además de que es desproporcionado en relación con el valor de los vehículos. Eso también es violatorio de la Constitución, dice.
El artículo 31 constitucional en su fracción IV señala que los impuestos deben establecerse tomando en cuenta la proporcionalidad. No es posible, comenta el especialista, que quieran aplicar la misma tasa a un vehículo de lujo que cuesta 100 mil dólares, que a un vehículo que vale 10 mil pesos.
Por otro lado, según la Ley del Registro Nacional de Vehículos, los gobiernos de los estados deberán brindar la información necesaria al Renave para obtener los datos de los autos existentes.
Ante esto, López Betancourt comenta que el carácter irregular de dicha ley ya está saltando a la vista, debido a la inconformidad que ha generado en algunos estados de la República, como Sinaloa, por el cobro de inscripción de los vehículos en el Renave.
“Pretender obligar a los estados a acatar esa ley para beneficio de los concesionarios, también viola la Constitución. Se requiere un convenio de colaboración entre las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda, lo cual en este caso tampoco se ha visto… Ésta es una ley hacendaria y como tal debe tener la aceptación por convenio con cada entidad.”
El Congreso de la Unión aprobó la Ley del Registro Nacional de Vehículos el 15 de abril de 1998, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio del mismo año.
Según López Betancourt, el Renave sustituyó al antiguo Registro Federal de Vehículos (RFV), creado el 30 de diciembre de 1977 durante la administración de José López Portillo, con el propósito de llevar un registro y un control fiscal de los vehículos que circulaban en el territorio nacional. Dejó de operar en 1989. Estaba considerado como una auténtica fuente de corrupción, pues a los propietarios de vehículos que pretendían llevar a cabo algún trámite, literalmente les hacían ver su suerte.
López Betancourt indica que ahora hay dos características preocupantes: que la concesión se entrega a un particular bajo una formalidad “engañosa, mentirosa”, y con el poder de manejar datos confidenciales de los particulares, derecho que sólo corresponde al Estado.
El otro aspecto es la incertidumbre en el costo de los servicios que ofrece el Renave, pues la concesionaria puede incrementarlos a conveniencia.
Según el Renave, lo que se busca con el registro es proteger el patrimonio de los propietarios y brindar mayor seguridad al acreditar la propiedad de los vehículos, reducir el comercio de unidades ilegales, facilitar la identificación de vehículos en caso de accidente o robo, garantizar la legalidad para vender o comprar un vehículo usado y tramitar el cobro de un seguro.
Sin embargo, el sistema del Renave ha sido probado únicamente en El Salvador y los propios funcionarios desconocen sus resultados para reducir el robo de vehículos.
López Betancourt considera que tales irregularidades y lagunas legales deberían provocar la intervención de las comisiones de derechos humanos e, incluso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el próximo Congreso de la Unión.
“La medida más eficaz está al alcance de los diputados y senadores que van a tomar posesión el 1 de septiembre; que ellos sean conscientes y que actúen como representantes del pueblo para derogar una ley y una disposición que es perjudicial para el pueblo de México.”
Bajo sospecha
Transportistas de algunos estados del país ya manifestaron su desacuerdo con el Renave. Aseguran que no pagarán el costo del registro.
Pero la Secofi ya salió al paso. Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad y Servicios a la Industria y el Comercio Exterior, advirtió que las empresas comerciales de automóviles que no cumplan con su obligación en el Renave se harán acreedoras a multas de entre 500 y mil salarios mínimos, mientras que los particulares renuentes tendrán que pagar de 20 a 50 salarios mínimos.
Y ésta es una prueba más de irregularidad, dice el especialista, ya que, según el Código Fiscal de la Federación, las multas solamente pueden ser cobradas por la Secretaría de Hacienda. Así, “la presencia de la Secretaría de Comercio y de una empresa que ha sido beneficiada por esa dependencia no tiene ningún valor”.
El martes 25, José Yamil Hallal, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), acusó al actual secretario de Comercio, Herminio Blanco, de ser eventual responsable de actos de corrupción al otorgar “licitaciones oscuras y poco transparentes”. Cuestionó, además, la discrecionalidad para dar y quitar beneficios “bajo criterios del mejor postor. No lo digo yo, sino las organizaciones que participaron en las licitaciones, las cuales consideraron que no fue lo transparente que tuvo que haber sido. Organizaciones como la Asociación de Automóviles y los que participaron en la misma licitación se sienten defraudados”.
Exigió que se aclare cómo y por qué se dio la concesión a una empresa particular, cuando la propia autoridad tiene la infraestructura y el personal para aplicar la medida.
Según el Título de Concesión, el Renave pagó a la Secofi 11 millones 300 mil pesos, más IVA. Además, le entregó una carta de crédito a favor de la Tesorería de la Federación por 8 millones de pesos, como garantía del cumplimiento.
Cada año que pase de funcionamiento del Renave, pagará la cantidad que resulte de multiplicar 9 millones de pesos, más IVA, por uno más el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los 12 meses posteriores a la firma del Título.
Para el segundo año de funcionamiento, el Concesionario deberá pagar la cantidad en moneda nacional que resulte de multiplicar 8 millones de pesos más IVA, y así sucesivamente, hasta el término de la concesión.
Las “bondades”
En entrevista, el director general del Renave, Ricardo Cavallo, señala que según una prueba piloto que se hizo en Hidalgo y San Luis Potosí, casi la mitad de la población, sobre todo la de más edad, conoce el registro, sabe para qué es y lo asocia inmediatamente con el registro anterior (el Federal de Vehículos). Los usuarios más jóvenes lo ignoran, asegura.
Explica que con el registro anterior, el trámite podría llevar horas y con el Renave no dura más de 10 minutos, ya que existen “más de 3 mil 700 puntos de atención en todo el país”.
En cuanto a la revisión del vehículo, señala que hay más de 200 sitios en todo el país, y que servirá como una medida estadística, donde, al azar y bajo un sistema de cómputo, se compararán los papeles del vehículo con los números correspondientes de la unidad registrada, para evitar cualquier inconsistencia en los datos.
Explica que el Renave no debe tener contacto directo con el público, incluso está prohibido entregarle directamente a los propietarios la constancia de inscripción al Renave, sino a través de correo, “para hacer mínimo cualquier tipo de corrupción que pudiera existir”.
Explica que una vez que el usuario registra su vehículo y paga el trámite respectivo, no debe pagar más, a menos que haga un cambio de propietario. El trato con las armadoras y comercializadoras de vehículos es más directo, pues deben enviar la información de todos los vehículos que fabrican y salen a la circulación -no los que exportan- para, así, evitar una posible evasión fiscal.
Y en el caso de que el Renave detecte anomalías en un vehículo o en algunas de sus partes, “no tiene facultad para detener a nadie ni para ir contra nadie. Ése es el trabajo de las autoridades procuradoras de justicia”.
Relata que en el proceso de licitación se tomó en cuenta quién cobraría el menor precio al público para dar el servicio. “Nuestra oferta fue 43% más barata que la segunda opción.
-¿Qué va a pasar con aquellas personas que no registren su auto en los plazos que se fijaron?
-Se les impondrá una multa que no es muy alta, entre 500 y mil salarios mínimos
Otra de las “bondades” del Renave consiste en ofrecer un registro del estado de los vehículos. Éste servirá para que quien quiera comprar algún vehículo cuente con una herramienta más para saber que ese auto le pertenece a la persona que lo quiere vender y que no tiene ningún embargo o deuda.
Y en materia de seguridad, dice que cuenta con un sistema telefónico para denunciar el hurto, que está conectado con las aseguradoras, las cuales se sirven de la base de datos para confirmar que el auto robado es realmente de quien lo denuncia.
