Por falta de recursos, el gobierno de Rosario Robles endosará a la próxima administración capitalina la tarea de mejorar las condiciones salariales y laborales de los defensores de oficio del fuero común del Distrito Federal, así como de profesionalizar su trabajo.
A pesar de ser una institución con rango constitucional, imprescindible para garantizar el principio de igualdad jurídica y el derecho a la defensa, la defensoría de oficio no ha recibido hasta ahora, en efecto, el mismo respaldo institucional que los rubros de seguridad y de procuración de justicia.
Manuel Fuentes, consejero jurídico del GDF, así lo reconoce:
“El grueso de los recursos presupuestales los han absorbido la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del DF. Se han destinado a comprar más patrullas y a crear más agencias del Ministerio Público. En cambio, la dirección de Defensoría de Oficio sigue igual que hace 15 años.”
Entrevistado en su oficina del viejo ayuntamiento de la ciudad, el experto en derecho laboral dice que por trabajo igual corresponde por ley salario igual.
Pero también está consciente de la realidad financiera que agobia al GDF. “A este gobierno se le ataron las manos, lo que imposibilitó resolver cuestiones de fondo como el de la Defensoría de Oficio”.
El 5 de abril, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) envió a Rosario Robles la recomendación número 4/2000, en la que hacía notar, entre otras cosas, que la Defensoría de Oficio del DF “no cumple con el mandato constitucional de garantizar los derechos de defensa y acceso a la justicia a todos los gobernados”.
Con base en un diagnóstico elaborado por la Consejería General Jurídica del GDF y de un par de quejas recibidas a principios de año, de un particular y del juez 47 penal, Leonardo Pérez, respectivamente -el primero se quejó de la falta de asistencia profesional y el segundo de la ausencia del defensor en su juzgado- el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, llamó la atención a las autoridades capitalinas para fortalecer la defensoría de oficio, con la idea de reducir la desventaja que tiene frente al Ministerio Público y, de esa forma, favorecer la equidad entre las partes del proceso.
Recordó que en septiembre de 1995 envió al entonces jefe del DDF, Óscar Espinosa, un proyecto de Reforma a la Defensoría de Oficio del Fuero Común en el Distrito Federal, en el que proponía la transformación de esa institución en un organismo público descentralizado. No pasó nada.
Como tampoco tuvo efecto alguno la promulgación de una ley en la materia, en junio de 1997 ni, mucho menos, las reformas hechas a la misma en noviembre de 1998.
Elaborado en enero último por el titular de la Consejería, Manuel Fuentes, el informe reconocía que el servicio que presta la Defensoría de Oficio “no satisface los requerimientos mínimos de calidad, debido al número insuficiente de personal -defensores de oficio, peritos, secretarias, trabajadores sociales y pasantes- y la sobrecarga de trabajo”.
Ejemplificó: Un total de 33 defensores cubrían 74 agencias investigadoras del Ministerio Público, 11 direcciones generales y 36 juzgados cívicos. En otras palabras, cada defensor tenía bajo su responsabilidad la cobertura de ocho agencias investigadoras y patrocinaba a nueve personas diarias en promedio.
Más: 54 defensores tienen la encomienda de cubrir 66 juzgados penales de primera instancia y 36 los 40 juzgados de paz penales.
La carga de trabajo es impresionante: Cada defensor tiene que estar presente en dos o tres audiencias; presenta en los juzgados ofrecimientos de prueba, solicitudes de libertad, apelaciones, brinda asesoría, visita reclusorios, y, por si fuera poco, cubre juzgados que carecen de defensor adscrito.
En materia civil, la situación es similar: 58 defensores del área familiar atienden 40 juzgados, aunque el número de asuntos de cada uno es de 160 en promedio. Además, sólo existen 21 abogados para cubrir 61 juzgados civiles, 21 de arrendamiento y uno de inmatriculación judicial. En los 18 juzgados de paz civiles, se brinda únicamente asesoría.
El informe de la Consejería General Jurídica dio cuenta también de las limitaciones materiales en que labora el personal de la dirección de la Defensoría de Oficio.
Carecen de sitios de trabajo propios; computadoras e impresoras (en el área civil 58 defensores comparten siete computadoras); papelería y mobiliario, y apoyo secretarial suficiente.
Manuel Fuentes, comenta, en la entrevista, que, con todo y las limitaciones financieras, el GDF ha tratado de revertir y corregir todos esos vicios. “Esto era un desorden absoluto, se habían generado condiciones propicias para la corrupción”.
Como parte del proceso de saneamiento, el GDF comenzó por mejorar los salarios de defensores de oficio, peritos y apoderados legales. En diciembre de 1997, los defensores tipo “B” ganaban 2 mil 451 pesos y ahora perciben 7 mil 483 y los de tipo “A” pasaron de 2 mil 854 a 10 mil 103. El jefe de área pasó de 4 mil 050 a 12 mil 618 pesos. Un defensor de oficio del fuero federal percibe alrededor de 26 mil pesos netos.
Los salarios de peritos brincaron de 2 mil 254 a 10 mil 103 y de trabajadoras sociales de 2 mil 021 a 5 mil 145 pesos y los de los apoderados “A” de 2 mil 404 a 10 mil 103 pesos.
“Se ha avanzado en el ámbito salarial, aunque todavía no llegamos a lo óptimo. La idea es equiparar sus sueldos a los del Ministerio Público, el cual gana entre 24 y 26 mil pesos mensuales”, sostiene el Consejero General Jurídico del GDF.
El siguiente paso, dice, es darle vida propia a la institución. “Convertirlo en un organismo descentralizado, como opera actualmente el Instituto de Defensoría Pública del Fuero Federal”.
Los más pobres, indefensos
Sin pretender polemizar, Alicia Azzolini Bíncaz, coordinadora general de Asesores de la CDHDF, reconoce que el Gobierno de la ciudad ha solventado algunas irregularidades, pero “sigue sin entrarle aún al fondo”.
Coincide con Fuentes en que los gobiernos de la ciudad han centrado la atención en el problema de la seguridad y de la procuración de justicia, sin reparar en la importancia que tienen los defensores de oficio en el sistema jurídico de la ciudad.
Un dato ilustra esto último: Sólo en materia penal, 80% de la población recluida en las cárceles del Distrito Federal demanda por lo regular asistencia legal gratuita, la cual está consagrada en el artículo 20, fracción novena de la Constitución.
Son los que, por ley, tienen la obligación de asesorar, patrocinar y defender jurídicamente a los sectores sociales más desprotegidos de la sociedad. Un defensor de oficio en materia penal llega a tener en sus manos hasta 160 casos al mes.
Establece la Constitución: Desde el inicio de su proceso (el inculpado) será informado de los derechos que a su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.
-Las cárceles de la Ciudad de México están llenas de personas que por falta de recursos o de una buena defensa sigue en prisión. ¿Cree que se castiga la pobreza?
-Sí. Lamentablemente, en el sistema penal mexicano sucede eso. La forma en que ha operado hasta ahora la defensoría de oficio ha dejado prácticamente en estado de indefensión a mucha gente.
De 1995 a la fecha, la CDHDF ha recibido 205 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos, contra defensores de oficio.
Aunque la ley establece en el artículo 15 que el cargo de defensor se asignará previo examen de oposición y fija una serie de requisitos, como ser licenciado en derecho titulado y tener cuando menos un año de ejercicio profesional, Manuel Fuentes confiesa que de los 222 defensores adscritos en la actualidad al GDF el 35% son pasantes de Derecho. “Por ley, no los podemos correr”, dice el funcionario.
Y destaca que sólo cuentan con 10 peritos para apoyar el trabajo de los defensores.
“Esto no me satisface, pero casi nadie quiere trabajar en el gobierno por los bajos salarios que se pagan.”
Según Fuentes, la dirección de Defensoría de Oficio requiere cuando menos de 115 defensores, 19 peritos, 50 secretarias y 20 pasantes para poder funcionar en condiciones normales.
En los hechos, tampoco se ha cumplido con los preceptos legales que obligan a la PGJDF, el TSJDF y demás autoridades competentes a proporcionar espacios físicos adecuados, así como facilidades para la realización de su trabajo a los defensores de oficio.
El artículo 24 de la ley, señala, por ejemplo, que las autoridades de los centros preventivos y de readaptación social tendrán que habilitar locutorios adecuados, con condiciones suficientes de privacidad y comodidad para que el defensor de oficio pueda cumplir con sus funciones y dialogar libremente con el detenido.
Sin embargo, en el Reclusorio Oriente saltan a la vista las diferencias sobre las condiciones en que trabajan los agentes del Ministerio Público y los defensores de oficio. Las oficinas de los primeros están alfombradas, cuentan con suficientes escritorios, computadoras, y disponen de un ayudante de redacción y de una secretaria.
En cambio, el área de trabajo de los defensores de oficio es pequeña. Sólo hay espacio para dos escritorios y la tecnología todavía no llega. Las escasas computadoras que tienen son donadas. La jefatura de Defensoría de Oficio es el espacio más amplio: tiene cinco escritorios, una máquina de escribir, una computadora y una improvisada biblioteca, cuyos libros fueron donados, en su mayoría, por Teléfonos de México. Sólo cuenta con una línea telefónica y está limitada a llamadas locales.
El salario base quincenal de los defensores de oficio es de 1 mil 869 pesos. Por concepto de compensación por servicios a la defensa, reciben 2 mil 232; por previsión social múltiple, 40 pesos; por signación adicional, 949 pesos; por ayuda por servicio, 4 pesos, y por despensa, 32. Las guardias se pagan como día normal, 124 pesos. Las horas extras no se pagan.
En desventaja
José Gómez del Villar Martínez, adscrito al juzgado 55 penal y defensor de oficio de Erasmo Pérez Garnica El Cholo y de José Luis Martínez Delgado, asistente de Mario Bezares, dice, en entrevista, que la defensa de oficio se encuentra en franca desventaja frente al Ministerio Público. “Hay juicios en los que la fiscalía tiene el respaldo de siete Ministerios Públicos por un defensor de oficio”.
Aunque reconoce que desarrollan su trabajo con franca libertad, lamenta el poco respaldo institucional: “La bibliografía que tenemos está limitada a 11 libros, cuya edición más reciente data de 1989 y no corresponde a la actual teoría del delito”.
Se queja también de “coyotaje” y “hostigamiento” de los jueces. “Si somos aguerridos, los jueces piden nuestro cambio y los jefes con tal de llevar la fiesta en paz no nos respaldan”.
La situación que viven los defensores de oficio del fuero común contrasta con la que priva en el fuero federal. El Instituto de Defensoría de Oficio depende de la Consejería Jurídica Federal y los requisitos para ingresar son menos laxos. Tienen que acreditar tres años de experiencia profesional y someterse a un riguroso examen psicológico.
“Nosotros no sólo damos asesoría jurídica, también tenemos que saber escuchar y entender a las personas que requieren de nuestros servicios”, dice Martín Medina Galindo, premiado como el mejor defensor público de 1999.
Entrevistado en su minúscula oficina del Reclusorio Sur, menciona que 80% de los internos procesados solicita los servicios de la defensoría, sin importar su condición social.
-¿Qué pasa con los procesados que no tienen para pagar una fianza?
-El Instituto Federal de Defensoría Pública celebró convenios con empresas afianzadoras para que puedan gozar del beneficio de la libertad. La justicia no castiga a la pobreza.
A diferencia de la sobrecarga de trabajo que tienen los defensores del fuero común, los defensores federales llegan a manejar entre 10 y 15 asuntos al mes. “Aquí la carga de asuntos no representa problema alguno, lo difícil es la complejidad de los casos, debido a que, en ocasiones, tenemos que estudiar hasta 20 tomos de un solo caso”.
-¿Qué pasa cuando un narcotraficante o un secuestrador solicita que lo defiendan?
-No podemos negarnos a cumplir con una enmienda constitucional. Además, el que va a juzgar, en última instancia, es el juez. Nuestra función es recopilar todo tipo de pruebas y ofrecerlas al juzgado. Y esto se hace en todas las instancias legales.
-¿A usted lo ha tratado de sobornar algún narcotraficante o influyente?
-No, las personas a las que se refiere buscan regularmente el patrocinio de un defensor particular.
-¿Se ha reflejado en su trabajo el incremento de la delincuencia?
-Sí, se advierte un leve crecimiento.
Esta situación la atribuye, en parte, a las recientes reformas a la legislación penal que castigan con mayor rigor delitos como la portación de arma prohibida.
-¿No está de acuerdo, entonces, con el endurecimiento de la ley?
-No. Ponía el ejemplo de la portación de arma porque mucha gente la tiene como instrumento de defensa y no para delinquir. Entonces, no puede castigarse de la misma forma una y otra cosa.
Egresado de la facultad de derecho de la UNAM, orgulloso padre de una hija que sigue sus pasos en la abogacía y con 14 años de ejercicio profesional, Martín Medina considera que el endurecimiento de las leyes se ha reflejado en el crecimiento de la población penitenciaria.
-¿Qué casos atienden más los defensores de oficio del fuero federal?
-Los relacionados con delitos contra la salud y portación de arma prohibida.
-A ustedes se les ha satanizado o, bien, se les ha menospreciado. ¿Siente que ya se tiene otra percepción?
-Por un caso, a veces se generaliza. Pero de lo que sí estoy seguro es que se ha trabajado arduamente para mejorar este servicio.
-¿Por qué sigue usted aquí, cuando bien podría contratarse en un despacho privado y de esa forma mejorar su situación?
-En mi caso, el dinero no significa tener éxito en la vida. Me siento satisfecho de servir a las personas. Prefiero la satisfacción de resolver el problema legal de una persona de escasos recursos. Aquí he tenido a familias enteras, llorando. A veces, tenemos que hacer de psicólogos.
