DURANGO, DGO.- El secretario de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Herminio Blanco, y altos funcionarios del Banco Nacional de México (Banamex) están acusados de cometer irregularidades y actos ilegales en la disputa de dos empresas mineras.
Se trata del litigio que enfrentan las compañías Romer y Bacis-Argenta por la posesión y explotación del lote minero denominado Segunda Ampliación La Purísima -rico en oro y plata- ubicado en el municipio de Santa María de Otáez.
Aunque el conflicto surgió hace 10 años, el pleito continúa porque, de acuerdo con una de las partes, el secretario de Comercio se niega a emitir una resolución, a pesar de que dispone de informes y peritajes técnicos ordenados por la propia Secofi (en poder de Proceso) que descalifican las acciones legales emprendidas por los socios de Romer, S.A.
Por la otra parte, el conflicto alcanzó al accionista mayoritario de Banamex, Roberto Hernández, y a Alfredo Harp Helú -así como a varios ejecutivos menores del banco-, acusados a su vez por Romer de simular el otorgamiento de un crédito de 5 millones de pesos que sirvió de base para que sus propiedades fueran embargadas.
Ésta es la historia:
En 1990, los accionistas de Romer -fundada en 1979 por el empresario alemán Gerhard Mertins, acusado en 1984 de tráfico de armas y del asesinato del periodista Manuel Buendía- denunciaron que la empresa Bacis-Argenta les invadió el lote minero Segunda Ampliación La Purísima.
A pesar de que, según Bacis-Argenta, los herederos de las acciones de Gerhard Mertins no cuentan con título para explotar minerales -sólo dispondrían de una concesión de exploración, vencida en 1995-, aquéllos le reclaman el pago de 123 millones de dólares por la cantidad de oro y plata que, dicen, ha explotado indebidamente durante una década.
Bacis-Argenta, representada por Jaime Gutiérrez Núñez, consejero de Banamex, ha interpuesto diversos amparos para no cancelar los trabajos de las minas. En tanto que los accionistas de Romer, encabezados actualmente por Rafael Valdés Suárez, han recurrido a demandas legales y presiones para que Secofi falle en su favor con el fin de cobrar la indemnización por el presunto saqueo de minereales.
Sin embargo, en vez de buscar una solución, el secretario de Comercio “se ha convertido en un obstáculo”, señala Jaime Gutiérrez. Y en la primera entrevista que concede a un medio de información, añade:
“Pienso que los señores de Romer tienen atemorizado al doctor Herminio Blanco. No entiendo por qué no se toma una decisión que ponga fin a este conflicto, si ha quedado demostrado técnica y jurídicamente quién tiene la razón.”
En 1994, Maximiliano Silerio Esparza, entonces gobernador de Durango, pidió el apoyo del presidente Ernesto Zedillo para resolver el problema. El expediente del caso fue turnado a la Secofi, dependencia que ahora regula y fomenta la actividad minera del país.
Para determinar si existía o no la invasión atribuida a Bacis-Argenta, en 1994 la Secofi, por medio de la Dirección General de Minas, ordenó un estudio técnico en el lote minero reclamado. Los peritos Rodolfo Sáenz Reyes y Sabino Rivera Mora concluyeron:
No se encontró en el terreno el punto de partida del lote Segunda Ampliación de La Purísima, título 185623, de acuerdo con los resultados de los trabajos realizados para el desahogo de la prueba pericial topográfica (…) Por lo tanto, no fue posible que los peritos determinaran el volumen de los minerales que, se expresa, fueron ilegalmente extraídos, como tampoco efectuar un muestreo sistemático que precise las contenidas o la Ley de dicho mineral.
La Secofi no tomó una decisión. Transcurrieron cuatro años en medio de demandas, amparos y controversias técnicas y jurídicas, hasta que la Secofi puso en duda el estudio que realizaron sus peritos. Solicitó entonces a la Facultad de Minas, Metalurgia y Geología de Guanajuato -una de las más prestigiadas en la materia- realizar un nuevo peritaje.
El 5 de mayo de 1998, la Universidad de Guanajuato dio a conocer sus conclusiones:
… La invasión del lote Segunda Ampliación de la Purísima no se puede determinar al no tener las referencias que permitan comprobar la invasión. Al no identificar el p.p. (punto de partida) del lote, se determinó no continuar con los trabajos topográficos, ya que no tiene sentido realizarlos; además, el trabajo de la Prueba Pericial Topográfica realizada por los peritos de la Dirección General de Minas de la Secofi cuenta con la información suficiente por el excelente trabajo pericial topográfico…
Un mes después, el 22 de junio de 1998, cuando se esperaba que la Secofi emitiera una respuesta definitiva, la dependencia incurrió, según Jaime Gutiérrez, en una clara contradicción: mientras que por una parte impuso a Bacis-Argenta una multa de 2 mil días de salario mínimo por invasión, por la otra comunicó a Romer que el lote minero que reclama no tiene punto de partida, debido a lo cual no es posible determinar si hay o no invasión y saqueo de minerales.
Los primeros pleitos
En 1979, el empresario alemán Gerhard Mertins llegó a Durango con la etiqueta de millonario. Su fortuna deslumbró a quien más tarde se convertiría en su acérrimo enemigo: Enrique Rosales Moreno.
Rosales Moreno -mexicano que luego se nacionalizó estadunidense- había intentado convencer a una veintena de inversionistas de Estados Unidos sobre la riqueza en oro y plata que había en su mina de Santa María de Otáez, hasta que se topó con Mertins. Al conocer el proyecto, éste decidió invertir.
Mertins y Rosales entablaron amistad y fundaron la minera Romer, S.A. El empresario alemán invirtió 2.5 millones de dólares en dicha compañía y ambos emprendieron la explotación de los fundos mineros La Prieta y La Purísima, ubicados a unos 150 kilómetros de la capital duranguense.
Sin embargo, los problemas en la minera Romer surgieron cuando Mertins ordenó hacer unos estudios en la mina y concluyó que había sido engañado por Rosales Moreno, quien, a finales de los años setenta ya enfrentaba unas 70 demandas por fraude contra bancos de Estados Unidos. (Proceso 594.)
La relación entre ambos tronó tras el crimen de Manuel Buendía. En varias ocasiones, el periodista chiapaneco asesinado en 1984 había escrito en su columna Red Privada que Mertins estaba involucrado en el tráfico de armas. Mertins consideró que fue Rosales Moreno quien reveló a Buendía datos sobre su pasado nazi y sus vínculos con el negocio de las armas.
Más tarde, Mertins fue expulsado de México. Pero antes de salir del país confió la custodia de la empresa a sus empleados Víctor Salas Gamero y Raúl Berlanga Valdés.
Cuenta Jaime Gutiérrez, presidente del consejo de administración de Bacis-Argenta, que estas dos personas fungieron como prestanombres de Mertins y tiempo después lo despojaron de sus acciones, y remataron varias propiedades del empresario alemán, entre otras, un rancho y el casco de la hacienda de La Ferrería.
En 1985 demandaron a Enrique Rosales Moreno -el que presuntamente engaño a Mertins- por un fraude de 200 mil dólares contra la empresa, pero Rosales contrademandó y los tres fueron a parar a la cárcel.
El empresario alemán murió hace aproximadamente un lustro, y Enrique Rosales Moreno vive en Estados Unidos, retirado de los negocios.
Pero la historia de engaños, fraudes y demandas continúa entre los socios de Romer. Ahora el accionista Víctor Salas Gamero demandó a Raúl Berlanga, presidente del consejo de administración de la compañía, por fraude.
De acuerdo con la versión de Jaime Gutiérrez, la causa de este nuevo litigio es que Raúl Berlanga no ha cubierto a Salas Gamero varios pagarés por millones de dólares. El compromiso del primero consistiría en hacer efectivos dichos pagarés cuando ganaran el pleito contra Bacis- Argenta, que en ese momento tendría que desembolsar 123 millones de dólares como indemnización por el supuesto saqueo de oro y plata.
Pero en lugar de esperar a que las autoridades definan cuál de las dos empresas tiene la razón, Salas Gamero interpuso la demanda contra su socio.
Más fraudes
Luego de la expulsión de Gerhard Mertins (1990), los socios de Romer, presuntamente, solicitaron un préstamo a Banamex por 5 millones de pesos actuales para la exploración y explotación de sus fundos mineros, dejando en garantía las minas, entre ellas la Segunda Ampliación La Purísima.
Al no liquidar el financiamiento, el banco procedió al embargo de diversos bienes de Raúl Berlanga Valdés. En el prolongado litigio, Jaime Gutiérrez, consejero regional de Banamex -quien ya había sido demandado por la supuesta invasión del lote minero Segunda Ampliación La Purísima-, compró al banco la deuda de Romer en 3 millones de dólares. Esta operación fue cuestionada por Raúl Berlanga, pues acusó a Gutiérrez de pretender quedarse con las propiedades dadas en garantía, entre ellas, el fundo minero en conflicto.
Según consta en documentos en poder del reportero, para salvar el lote minero que motivó la demanda contra Jaime Gutiérrez, Raúl Berlanga Valdés vendió los derechos de la Segunda Ampliación La Purísima a su sobrino Alfredo Rafael Valdés Suárez.
Aunque se hallaba impedido por la ley debido a que el lote minero estaba dado en prenda, la operación se efectuó en completo sigilo y fue autorizada por la Secofi el 28 de diciembre de 1994, dice Gutiérrez.
Así, la deuda de Romer -que actualmente suma unos 4.5 millones de dólares con los intereses- es reclamada por la compañía Bacis-Argenta, cuyos socios interpusieron otra demanda contra Romer por fraude al vender los derechos de la Segunda Ampliación La Purísima, a pesar de que esta propiedad estaba gravada por Banamex.
Jaime Gutiérrez afirma que Banamex le ofreció la venta de la deuda de Romer para no seguir perdiendo tiempo en el pedregoso camino del litigio.
-¿Esta operación fue legal?
-Es práctica común en los bancos. La deuda ya estaba en litigio. Llegué a un acuerdo con el banco y la compré. Ahora es la minera Bacis-Argenta la que continúa el pleito para cobrar el adeudo. Por lo pronto, siguen embargadas las propiedades de Romer, menos el lote minero en disputa que fue transferido a Suárez Valdés con el consentimiento de Secofi.
El reportero buscó a los representantes de la empresa Romer para conocer su punto de vista. En la Dirección General de Minas de la Secofi, José Manuel Cisneros, secretario particular del director Ignacio Navarro, respondió que ignoraba dónde localizarlos.
En un desplegado publicado en el número 1234 de Proceso, la empresa Romer, por medio de su representante común-legal, Ricardo Alberto Berlanga Valdés, niega haber recibido el préstamo de Banamex y asegura:
… En febrero de 1990, Banamex simuló otorgar un crédito refaccionario por 5 millones de pesos (actuales) a Minera Romer, que en realidad el banco usó para cubrir pasivos, con lo que violó las disposiciones legales en la materia y dio inicio a una serie de maniobras contra mi representada.
Ante el incumplimiento del pago del crédito refaccionario, Banamex demandó a Minera Romer a través del despacho de Alfredo Bracho Barbosa. En octubre de 1992, se dictó resolución para embargar bienes de Romer y se acudió a un ostentoso operativo policiaco para ejecutar la orden…
Banamex y (Jaime) Gutiérrez Núñez llevan años litigando inútilmente en contra de Romer, ya que los tribunales colegiados -de Durango y Torreón- han terminado por darle la razón a mi representada en todos los casos. Se trata, más que nada, de maniobras para dilatar la respuesta judicial a las demandas que hemos interpuesto por el delito flagrante de robo que comete la minera Bacis representada por Gutiérrez Núñez, a través de una invasión subterránea que le ha permitido sustraer más de 1 millón 300 mil toneladas de minerales conservadoramente…
Al presentar denuncia penal por los hechos expuestos, pedimos igualmente que se cite a declarar a José Jaime Gutiérrez, David Barbosa Maldonado; igualmente pedimos que se cite a Fernando Corvera Caraza y a Emilio Heredia García, funcionarios del Banco de México.
Pedimos que comparezcan los más altos directivos de Banamex y Accival, Roberto Hernández Ramírez y Alfredo Harp Helú…
Esto, porque, según los alegatos de Romer, en la presunta simulación del crédito -deuda posteriormente comprada por Jaime Gutiérrez- hubo violación al secreto bancario, falso testimonio, tráfico de influencias y fraude específico.
La denuncia penal fue presentada ante la Procuraduría de Durango.
A la defensa de la minera Romer se han sumado algunos empresarios, como Alejandro Gurza Obregón, el poderoso e influyente inversionista de La Laguna.
En recientes declaraciones al diario La Opinión de Torreón, Gurza Obregón dijo ser uno de los afectados por la invasión que perpetró la minera Bacis-Argenta en el predio Segunda Ampliación La Purísima y -según la reportera Silvia Ayala- pidió que las autoridades “paren en seco a este grupo minero”.
Se le pregunta a Jaime Gutiérrez cómo se involucró Alejandro Gurza en el conflicto.
Responde:
“Ignoro por qué el señor Alejandro Gurza ha tomado partido en este conflicto; él no tiene ninguna relación con la industria minera; nunca en su vida ha sido minero. Seguramente es el nuevo Mertins que encontraron los socios de Romer.”
