Ernesto Villanueva
La decisión ciudadana expresada en las urnas el 2 de julio habrá de tener muchos efectos además, por supuesto, de mudar de partido en la Presidencia de la República. Uno de esos efectos es la reapertura de ese pospuesto debate sobre la reglamentación del derecho a la información y la consecuente reforma de los medios de comunicación. Recuérdese que durante 71 años el régimen priísta tuvo como instrumento de control y dominación un sistema de reglas no escritas de beneficios recíprocos entre una buena parte de los medios y el propio gobierno revolucionario e institucional.
El problema no es, por supuesto, que haya sido el PRI el que se haya beneficiado de manera ilegítima de esa pantanosa legislación en la materia, sino que es necesario desandar ese camino, de una vez por todas, para que nadie más, ni el PAN, el PRD o cualquier otro partido que llegue al poder, haga uso de esos conspicuos mecanismos para adormecer ese proceso hacia la democracia informativa que tanto requiere el país. Los mejores intereses de México deben primar sobre la utilidad política partidista de coyuntura en ésta y en todas las materias. Ése es, pues, el principal reto que tendremos por delante.
En esta jornada, el PAN puede hacer una contribución definitiva a la consolidación democrática de México, en tanto partido en el poder presidencial. Existen elementos suficientes como para pensar que la nueva fracción parlamentaria del PAN se mantendrá fiel a los principios de renovación democrática observados hasta ahora. Javier Corral y Heidi Storsberg, en la nueva legislatura, y Porfirio Muñoz Ledo, en el equipo presidencial, serán aliados importantes para impulsar ese tránsito de la obsolescencia jurídica a nuevas reglas claras y transparentes. Es verdad también que este proceso debe estar nutrido de consensos fundamentales entre la comunidad informativa: periodistas, empresarios, académicos, activistas sociales y ciudadanos deberán formar un frente común incluyente que brinde legitimidad democrática a este proceso.
Será necesario también legislar primeramente sólo aquellos puntos donde puedan encontrarse menores resistencias al cambio, de tal suerte que se evite la posibilidad de que la impugnación de uno o dos aspectos deje sin viabilidad legislativa otras cuestiones donde pudieran construirse coincidencias. Otra posibilidad sería también presentar proyectos legislativos por separado, cada uno con un sólo tema, de ese enorme universo de asignaturas pendientes que hay en esta materia tan vital.
¿Qué temas deben priorizarse y cuáles dejar para un segundo período? Parece ser un primer interrogante que habría que despejar. Entre los temas que podrían suscitar mayor grado de consenso entre los actores sociales se encuentran los siguientes:
a) Introducir la figura del secreto profesional del periodista como un derecho en nuestro régimen legal. En México esta figura no sólo no es un derecho, sino que se trata de un delito en los términos del Código de Procedimientos Penales y tampoco constituye, conforme al marco constitucional mexicano, un atentado a la libertad de expresión, pues el artículo 6º de la Constitución a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público” (las cursivas son mías). Se puede observar que la libertad de expresión puede ser objeto de una inquisición judicial o administrativa si provoca algún delito; en este caso, de manera absurda, invocar el secreto profesional para no declarar ante la autoridad judicial puede constituir un delito. En buena parte de los Estados democráticos de derecho, el secreto profesional del periodista, por el contrario, se encuentra debidamente protegido en el marco legal en aras de fortalecer el derecho a la información del público y no los intereses personales del periodista, como a veces se piensa. En Estados Unidos, 31 estados federados tienen leyes protectoras del secreto profesional. En algunos países, incluso, el secreto profesional es absoluto; es decir, no puede ser revelado en ningún caso. Dentro de estos países se encuentran Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Estados Unidos (California, Indiana, Minnesota, Nebraska y Nueva York), Estonia, Finlandia, Francia, Haití (lo que ya es mucho decir), Italia, Lituania, Malasia, Portugal, entre otros muchos más. La actual coyuntura política y el nivel de conscientización en amplio número de periodistas y ciudadanos facilitará, sin duda, que esta institución del derecho de la información pueda convertirse en norma de derecho interno.
b) Establecer una ley de acceso a la información. Es evidente que la operación de un sistema público de rendición de cuentas gubernamentales pasa necesariamente por una ley de acceso a las informaciones provenientes de los organismos gubernamentales y del Estado. ¿Bajo qué parámetros se concursan las obras públicas? ¿Cuántos asesores tiene el subsecretario de Gobernación y qué actividades llevan a cabo? ¿En qué medios y bajo qué criterios ha invertido el gobierno en actividades de comunicación social? Son apenas algunas de las cuestiones que podrían responderse con una ley sobre el particular, que contribuiría a un mejor escrutinio público del ejercicio del poder y a acotar los espacios de discrecionalidad del servidor público, que ha gozado hasta hoy. Sobra decir que en gran parte de los Estados democráticos de derecho existen leyes de acceso a la información. Para no ir tan lejos, Estados Unidos y Guatemala cuentan con normas al respecto, mientras México sigue todavía a la espera de mejores tiempos. Es razonable pensar que una propuesta en este sentido, que tiene únicamente al Estado como obligado, generaría simpatía entre ciudadanos, medios de comunicación y legisladores democráticos.
c) Transformar los medios del Poder Ejecutivo en medios públicos. En este caso, el grave divorcio entre la experiencia democrática internacional y la legislación mexicana es ofensivo. En este espacio se ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de preservar los medios existentes, siempre y cuando cambien para servir a la sociedad con las debidas garantías que da la ley para asegurar la participación ciudadana, prohibir el uso gubernamental de estos medios, optimizar el derecho a la información y brindar juicios y datos con calidad a la población. Baste tan sólo con referirse al caso de los medios públicos de Alemania o a la más cercana Public Broadcasting Service de Estados Unidos, para comprobar la distancia que separa al Instituto Mexicano de la Radio y a la agencia Notimex de esos medios verdaderamente al servicio del público por mandato de ley. Las ventajas de la reforma son evidentes. Nunca ha dicho el régimen priísta por qué ha sido mejor la estructura jurídica de Notimex que la de otras agencias estatales del mundo democrático, como la de Francia, tan sólo por citar un ejemplo.
d) Crear una ley de transparencia publicitaria. Es necesario terminar con el uso intensivo de los recursos públicos para satisfacer intereses ajenos al público, como se pudo observar con el señor Roberto Madrazo, en Tabasco, y la señora Rosario Robles, en la Ciudad de México, en este amplio período electoral que está por concluir. De igual forma deben establecerse reglas claras y objetivables para asignar publicidad gubernamental, teniendo como punto de partida (siendo evidentemente mejorable) el acuerdo para suministrar información y publicidad aprobado en la Cámara de Diputados en la actual legislatura. Esta medida brindaría seguridad jurídica a los medios para recibir publicidad estatal legítima en función de su influencia social (valorada con criterios racionales), ofrecería garantías a la sociedad para que los servidores públicos no se promuevan políticamente con cargo al erario y aseguraría que los contenidos publicitarios sean compatibles con los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se trata, pues, de una agenda mínima para el cambio democrático, que no debería ser ignorada en este próximo período legislativo.
(Comentarios: ernestvillanueva@hotmail.com)
