Úrsula Weiser
Una serie de irregularidades en la investigación realizada por la exprocuradora suiza Carla del Ponte ha puesto en duda la legalidad del procedimiento que congeló las millonarias cuentas de Raúl Salinas en Suiza, en noviembre de 1995.
Los recortes de prensa enviados a Proceso por Raúl Salinas incluyen una nota publicada por el diario suizo Basler Zeitung, según la cual la investigación estuvo plagada de vicios desde el principio, entre los que se incluyen: falta de competencia, pago a testigos, declaraciones falsas y testigos anónimos, así como errores en gran parte de los procedimientos.
La debilidad de los argumentos en contra del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el proceso que se le seguía en Suiza por narcotráfico y lavado de dinero, ha despertado especulaciones en Zurich respecto del interés de la exprocuradora y actual fiscal especial del Tribunal Contra Crímenes de Guerra de La Haya, en Holanda, en confiscar los fondos de Raúl Salinas sin hacer mayores averiguaciones.
Hace poco más de un año, el 2 de julio de 1999, la corte suiza anuló la orden de confiscación de las cuentas porque las indagaciones se sustentaban en delitos referentes al narcotráfico y lavado de dinero, para los cuales, según el último fallo de la corte, la Procuraduría no tenía competencia.
La semana pasada, la prensa suiza cuestionó todo el proceso con titulares como: “El tesoro más preciado de Del Ponte pierde su brillo”, haciendo énfasis en lo que califican como “un escandaloso fracaso” para la exprocuradora, y en el hecho de que la corte ya ha solicitado su regreso inmediato desde Holanda para que explique las múltiples irregularidades del caso.
El texto señala, en primer término, que a pesar de que la Procuraduría suiza se desistió de continuar el juicio en ausencia a Raúl Salinas, hace casi dos años, debido a que la justicia mexicana ya había abierto su propia investigación bajo los mismos cargos, sí insistió en que los fondos permanecieran retenidos en Suiza.
La defensa de Raúl Salinas objetó en numerosas ocasiones que no se respetara la forma en que el procedimiento debía realizarse y acusó a la Procuraduría suiza de violar el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos porque le fue negado el derecho a ser escuchado; mientras que la totalidad de la investigación suiza, que señalaba a Raúl Salinas como una figura central del narcotráfico en México, estaba sustentada en las declaraciones de 11 testigos.
La Procuraduría suiza, por su parte, se justificó aduciendo las particularidades del caso, como por ejemplo el hecho de que ocho de los 11 testigos declararon de forma anónima porque “identificarlos pondría en peligro su vida y su integridad física”.
Las notas periodísticas publicadas el miércoles 5 de julio señalan la existencia de documentos que prueban que las declaraciones de los testigos en Estados Unidos fueron condicionadas a reducciones de condenas para algunos de ellos y que, incluso, otros más fueron retribuidos económicamente por declarar directamente en contra de Raúl Salinas. De hecho, la defensa aportó en dos ocasiones evidencia que probaba falsedad de declaraciones de algunos de los testigos. Las investigaciones de la Procuraduría suiza no presentaron ningún testimonio o argumento que favoreciera en forma alguna al hermano del expresidente. La defensa objetó que la Procuraduría sencillamente no había permitido que se presentaran otros testimonios en favor de su cliente.
El reportero Balz Bruppacher, autor de la investigación y corresponsal de la agencia AP en Suiza, señala haber encontrado múltiples discordancias y contradicciones en la correspondencia entre la Procuraduría y la defensa de Salinas, aunque de ésta no menciona nada en concreto. Lo que sí subraya es que, al parecer, las cuentas jamás le salieron a la Procuraduría, pues las cantidades que aparecen en los recibos que presentó como pruebas no se ajustan a las cifras que manejó posteriormente.
Por su parte, el actual director de la investigación, Paul Perraudin, se ha negado tanto a calificar el trabajo realizado por Carla del Ponte, como a referirse a detalles particulares del caso. Por un lado, pareciera que no quiere verse forzado a comenzar la investigación desde cero, pero tampoco ha tomado una determinación sobre el destino de los fondos confiscados por Del Ponte.
Sin embargo, Perraudin (también especialista en delitos financieros internacionales) sí admitió la necesidad de complementar la indagación, y ha dicho que próximamente se reunirá con especialistas y autoridades, tanto en México como en Estados Unidos, con el propósito de acordar los procedimientos y la forma en que deberán continuar las investigaciones. También afirmó que está previsto un careo entre Raúl Salinas y los testigos.
Mientras tanto, la costosa investigación que encabeza ahora Perraudin, debe lidiar una batalla contra el tiempo debido a que los delitos de los que se acusa a Raúl Salinas pueden prescribir en Suiza. El lavado de dinero, por ejemplo, prescribe después de siete años y medio.
Por lo pronto, los abogados de Raúl Salinas, quienes siempre han negado que el dinero de las cuentas provenga del narcotráfico, han solicitado ya la anulación y el reembolso de los fondos congelados, y para cuando éstos hayan agotado todos los recursos legales con que cuentan, puede que el margen de tiempo para completar las investigaciones sea ya muy estrecho.
Lo que parece haber causado gran irritación en la prensa suiza es que fue precisamente el caso Salinas el que influyó en el ascenso de Carla del Ponte al Tribunal de La Haya y también fue trampolín para que el entonces fiscal especial contra delitos de narcotráfico, Valentin Roschacher, la sucediera como procurador.
En cualquier caso, el verdadero origen de los más de 100 millones de dólares confiscados a Raúl Salinas es aún desconocido.
