A raíz de los magros resultados obtenidos el 2 de julio y del reacomodo de fuerzas políticas en la Ciudad de México, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) ponderan, con sus matices, la necesidad de replantear sus relaciones con grupos, organizaciones, corrientes y sectores sociales que tradicionalmente habían funcionado como fábricas de votos.
La idea es, según autoridades del Gobierno del Distrito Federal, dirigentes políticos y líderes sociales priístas y perredistas, firmar cuanto antes el acta de defunción del esquema de trabajo de corte clientelar, corporativista, que ahora resultó insuficiente para refrendar triunfos o para hacer ganar a sus candidatos a puestos de elección popular.
Francisco Garduño, director de Gobierno del DF, dice: “La lección es clara: Las autoridades deben actuar como verdaderos estadistas y dejar de actuar como dirigentes partidistas. En lugar de privilegiar a grupos corporativistas, a organizaciones sociales demandantes de vivienda, de comida, de ropa y de predios, deben encauzar su trabajo a desarrollar políticas que se traduzcan en beneficio de las mayorías, no de unos cuantos”.
Advierte: “No podemos administrar el presente con conductas del pasado”.
Carlos Ímaz, dirigente del PRD en el DF, apuntala: “Quedó claro que el voto no puede construirse ya con base en el chantaje, en la migaja, en la coacción. De ahora en adelante, tendrá que disputarse en el terreno de la política pública, de las definiciones, de la penetración de los mensajes y de las propuestas partidistas”.
Manuel Aguilera, exdirigente del PRI, cuya fuerza descansó precisamente en el corporativismo, y fallido aspirante al Senado, afirma, lacónico: “La relación con los sectores, con los grupos sociales, tendrá que cambiar y éstos tendrán que adaptarse a menos que deseen independizarse”.
Alejandra Barrios, dirigente de la Asociación Legítima Cívica y Comercial, de filiación priísta, define: “La relación con el PRI continuará, pero el partido tiene que ayudarnos. No puede darnos la espalda ahora”.
Hasta antes de los sismos de 1985, el PRI había mantenido bajo control a la mayoría de los grupos sociales organizados en la capital del país. A cambio de prebendas de todo tipo -espacios en vía pública, licencias, concesiones, terrenos, dinero y regalos- y de cargos públicos o puestos de representación popular, compró lealtades y utilizó, con fines electorales y, no pocas veces, como fuerza de choque, a esa importante base social.
Bajo el amparo del PRI, líderes de comerciantes ambulantes, como Guillermina Rico, quien falleció hace un par de años, y Alejandra Barrios, se apoderaron de las calles del centro y, posteriormente, extendieron sus dominios a otros puntos de la capital. Ambas llegaron a ser incluso diputadas locales suplentes en la Asamblea Legislativa.
Con el apoyo de funcionarios capitalinos y líderes priístas, surgieron luego nuevos grupos de presión en la ciudad, como los microbuseros, invasores de tierras, porros, pepenadores, entre otros muchos, que también recibieron cuotas de poder, a cambio de votos y lealtades.
La hegemonía priísta está plasmada hasta en la vida interna de la burocracia capitalina. Por ejemplo, el artículo 22, fracción VI, de los estatutos internos del SUTGDF, referente a las obligaciones y derechos de los trabajadores, dice a la letra:
Quedan exceptuados del derecho de ser electos para cualquier puesto de dirección o de representación sindical los miembros del sindicato que militen en partidos políticos de oposición a los principios de la Revolución Mexicana o estén en contra de los postulados ideológicos del sindicato.
Además, el artículo 16 establece que es obligación de los trabajadores ajustarse a las “normas” que dicten sus centrales, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Y, por si fuera poco, el artículo 67 obliga a la Secretaría de Acción Política a “divulgar entre los trabajadores los principios ideológicos de la Revolución Mexicana”, a “incrementar la afiliación o reafiliación al PRI”, y a “promover la participación directa e indirecta de todos y cada uno de los miembros del sindicato en las actividades del PRI”.
En recompensa por su lealtad partidista, el SUTGDF recibió hasta las elecciones de 1997 dos espacios políticos, uno en la Asamblea Legislativa y, el otro, en la Cámara de Diputados. Ahora sólo tuvo uno y lo perdió.
El romance del PRI con la mayoría de los grupos organizados decayó en 1985, después del terremoto que semidestruyó la metrópoli. Ante el vacío de poder que privó en la ciudad en los días subsecuentes a la tragedia, una serie de organizaciones populares -agrupadas en la Coordinadora Única de Damnificados (CUD)- asumieron la iniciativa y no sólo encabezaron las labores de rescate, sino las de entrega de la ayuda internacional.
Los grupos aprovecharon luego el descrédito de las autoridades federales y capitalinas para emprender, con financiamiento internacional, las tareas de reconstrucción de vivienda de manera paralela al trabajo gubernamental.
La activa participación de esa nueva corriente social en la vida política del DF y su posterior incorporación a los partidos opositores la resintió el PRI. Su estructura corporativa comenzó debilitarse y las consecuencias no se hicieron esperar.
En las elecciones presidenciales de 1988, Carlos Salinas de Gortari sólo obtuvo 27.53% de la votación total. En las elecciones intermedias de 1991, el PRI enderezó la nave y volvió a afianzarse como primera fuerza política al ganar todas las diputaciones locales y federales en disputa. Con el mismo esquema de trabajo clientelar, el predominio priísta en la ciudad se mantuvo en las presidenciales de 1994, con la mayoría absoluta del PRI en la ALDF.
En los años subsecuentes, los partidos minoritarios, con una fuerza creciente entonces, lograron arrancarle al PRI la promesa de acelerar el proceso de reforma política integral en el DF. Estos acuerdos se concretaron de manera gradual: La primera fase consistió en sustituir las juntas de vecinos por los comités vecinales; la segunda, en la elección del jefe de Gobierno (1997) y, la tercera, en la elección de los 16 jefes delegacionales (2000).
También el PRD
A la par de los cambios en el marco legal de la capital, las organizaciones sociales adheridas al PRD también sufrieron una metamorfosis. Algunas de ellas comenzaron incluso a adoptar los mismos esquemas clientelares, corporativos, utilizados por el PRI.
Después de la exitosa experiencia del 85 en la construcción de vivienda popular, grupos como la Asamblea de Barrios (AB), la Unión Popular Nueva Tenochtitlán (UPNT) y el Frente Popular Francisco Villa (FPFV), por ejemplo, continuaron con esa labor aunque con un par de variantes.
Aparte de fundar sus propias empresas constructoras, exigen a las autoridades capitalinas que la desincorporación de bienes propiedad del Gobierno del DF y los títulos de propiedad no salgan a nombre de los usufructuarios de las viviendas, sino de las organizaciones o cooperativas de vivienda. De esa forma, evitan fugas de cuadros y aseguran un control absoluto. Ni Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento, ni Rosario Robles, ahora, han logrado modificar ese esquema.
A pesar de que los propios estatutos prohíben la afiliación grupal, dentro del PRD existen líderes que controlan importantes grupos de comerciantes ambulantes, de transportistas, de taxistas, de solicitantes de vivienda, de deudores de la banca y de trabajadores informales que repiten los viejos esquemas del PRI.
En su libro, La élite en crisis, problemas organizativos, indeterminación ideológica y deficiencia programáticas, el politólogo Marco Aurelio Sánchez, resume: “En la práctica, el PRD se convirtió en una federación sumamente heterogénea de grupos que se integraron bajo el acuerdo (tácito, no explícito) de compartir subsidio y, sobre todo, líder moral. De esta suerte, se propició el crecimiento de una militancia clientelar de asociaciones de colonos y campesinos que reprodujeron dentro del partido los viejos vicios del corporativismo…”.
El peso de estos grupos, que en algunos casos derivaron en corrientes internas, fue determinante para impulsar la candidatura a la Jefatura de Gobierno del DF de Cárdenas. Pero una vez que ganó, con carro completo, los grupos comenzaron a reclamar su tajada de poder. Esta situación provocó incluso un arranque tardío de Cárdenas.
Pablo Moctezuma Barragán, delegado en Azcapotzalco, cuenta su experiencia personal:
“Dentro del PRD existen organizaciones sociales que han sabido guardar distancia de las corrientes predominantes, pero también existen grupos de solicitantes de vivienda, de ambulantes, de bicitaxis que operan bajo el viejo esquema priísta: la presión, el chantaje, la transa.”
Cuenta que al principio de su administración, el sindicato realizó siete paros en la delegación con argumentos artificiales, pues lo que pretendían en realidad era que la delegación contratara a un proveedor de su preferencia. “Por supuesto que no acepté ningún tipo de chantaje”.
Carlos Ímaz, líder del PRD en el DF, prefiere no generalizar, aunque advierte: “Los partidos que no cambien su esquema de trabajo van hacia su extinción. El mensaje está claro: la política estará en otro terreno, en la ciudadanizada, en el respeto a los derechos individuales”.
-¿Cómo cambiar cuando usted es víctima de las propias corrientes internas de su partido?
-No me siento acorralado, soy hombre libre.
Además, añade, en el PRD hay una militancia cercana a los 360 mil afiliados, lo que rebasa con mucho el ámbito de cualquier organización social que defienda una lucha específica.
Impulsado por la jefa de Gobierno a la dirigencia de su partido en la Ciudad de México, Ímaz pone el acento en la necesidad de preservar el tejido social, la organización, que trabaje, sin condiciones de ninguna especie, en proyectos de interés comunitario.
“El problema no está en la organización, sino en los mecanismos que adoptan algunos grupos”, dice.
Sin embargo, la selección de candidatos a puestos de elección popular reflejó otra cosa. Un ejemplo: El grupo a Pleno Sol, formado por exceuístas, trató de imponer a Salvador Martínez Della Rocca como jefe delegacional en Tlalpan. La propuesta fue vetada por Andrés Manuel López Obrador y entonces la Corriente de Izquierda Democrática (CID), de René Bejarano, propuso a Carlota Botey. El alto mando perredista movió los hilos para cerrarle el paso a Bejarano y se tomó la decisión entonces de postular a Gilberto López y Rivas.
Encargado de sofocar la presión social en la ciudad, Francisco Garduño, director de Gobierno del DF, dice que la política gubernamental ha estado orientada a desterrar prácticas corporativistas, con la solución de problemas de manera individual.
“El PRD debe gobernar para todas las ideologías, para todos los colores, y con el imperio de la ley en la mano, no con los estatutos del partido.”
Una de las delegaciones con mayor presencia de organizaciones de comerciantes informales es la Venustiano Carranza, que ganó el PAN. Aunque el PRD impugnó ante las autoridades correspondientes el resultado de la votación, Guadalupe Morales confía en que el Tribunal Electoral refrendará su triunfo.
Y sobre la relación que tendrá con los grupos del PRD y del PRI, advierte de antemano: “Nada. No tenemos por qué negociar con quienes usufructúan con la necesidad”.
Explica que tenderá “la mano a quien lo necesite y actuaré con mano dura contra el abuso, contra el chantaje, contra la presión artificial. No vamos a entrar en componendas, en negociaciones, vamos a aplicar la autoridad porque mi compromiso es con el ciudadano, no con el grupo”.
Alejandra Barrios, una de las viejas lideresas del comercio ambulante con corredores comerciales en el Centro Histórico y distintos puntos de la capital, fija su postura: “Si el programa de la nueva jefa delegacional (Dolores Padierna) beneficia a mi gente, jalo con ella, porque me ha costado mucho trabajo que reconozcan mi liderazgo. No me opongo a negociar, soy materia dispuesta para negociar sean panistas o perredistas”.
Sin contacto con su partido, el PRI, después de las elecciones del 2 de julio, Barrios advierte que defenderá su liderazgo a como dé lugar, con o sin el apoyo de su partido.
Constructor de una parte del “nuevo PRI” en la capital, Manuel Aguilera dice que las organizaciones gremiales seguirán sobreviviendo. “A los comerciantes ambulantes no se les puede fumigar así nomás”.
-¿Prevé usted problemas después del 5 de diciembre?
-Espero que no. Los enfrentamientos provienen normalmente de la ausencia de flexibilidad, de la incomprensión de la autoridad. El gobierno debe ofrecer una opción viable a estos grupos para que sigan ganándose la vida.
Dirigente del Movimiento Gremial Unificado de México (Mogum), uno de las agrupaciones de comerciantes priístas más grandes en la capital, Ignacio Contreras, ve con reservas el futuro de los grupos gremiales:
“El escenario está un poquito complicado. Será sumamente difícil la relación con las nuevas autoridades.”
